Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

derarlo estrictamente un contrato, propiciando el divorcio (Fraisse,& Perrot, 1993). Ningún otro régimen
hasta el momento, según el filósofo Burke, se había atrevido a transgredir la jerarquía natural
de los sexos, hasta el extremo de que esta ruptura podía considerarse como el punto de partida
de la ruptura total de los valores que hasta entonces habían regido el funcionamiento de la sociedad
occidental.
En gran medida Edmund Burke acertó en sus aseveraciones. La Revolución, al menos en la letra,
propiciaba a las mujeres el derecho a ser individuos y el derecho a ejercer los derechos inalienables
a la "libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión". De esta forma, al menos
formalmente, toda mujer, igual que todo hombre, tenía el derecho de expresar libremente sus opiniones,
tomar sus propias decisiones y disfrutar de plena seguridad como persona y el derecho a
la propiedad.
Así, la Asamblea Constituyente aprobó una ley en la que se garantizaba los mismos derechos en
la herencia de bienes, aboliendo los privilegios de los varones en este sentido. En cuanto a la
Constitución de septiembre de 1791, definía el acceso a los derechos civiles en los mismos términos
para los hombres que para las mujeres. Se reconocía el derecho de las mujeres a ejercer
como testigo en actos públicos y establecer contratos (1792). Igualmente, a partir de 1793 se les
permitía participar en las propiedades comunales y en la primera versión del nuevo Código Civil
presentado en la Convención en 1793, las madres tenían las mismas prerrogativas que los padres
en el ejercicio de la patria potestad (Sledziewski 1993).
Pero fue a partir de la ley de septiembre de 1792, referente al divorcio, cuando se consideró al esposo
y a la esposa estrictamente en los mismos términos, estableciendo para ambos iguales derechos
y un procedimiento común en caso de divorcio. De esta forma, el contrato de matrimonio civil
estaba basado en la idea de que ambas partes eran igualmente responsables y capaces ante
la ley, por lo que el matrimonio, y las obligaciones correspondientes debían establecerse por mutuo
consentimiento. Si esto no se producía, se podía disolver el vínculo, incluso sin acudir a los tribunales.
La ley permitía el divorcio en los términos de mutuo consenso o mutua incompatibilidad.
En caso de desacuerdo, los tribunales podían intervenir pero solo a partir de los intentos previos
de alcanzar un compromiso entre ambos cónyuges.
La importancia de estas leyes debe considerarse como trascendental. Por primera vez en la historia,
las mujeres son consideradas como auténticas ciudadanas, esto es como seres racionales, libres
y capaces de ejercer el autogobierno. Sin embargo, estos derechos civiles no significaban el
reconocimiento de los derechos políticos, aunque de hecho a lo largo del proceso revolucionario
la participación de las mujeres en el debate político fue muy relevante.
No obstante, la inmensa mayoría de los revolucionarios, incluyendo los jacobinos, favorecieron la
vuelta al hogar de aquellas mujeres que habían participado en los foros públicos. La respuesta inmediata
por parte de voces tan cualificadas como las de Olimpia de Gouges, Condorcet o Mary
Wollstonecraft no se hizo esperar: Condorcet estaba fundamentalmente interesado en los derechos
jurídicos de las mujeres, Gouges en los derechos políticos y Wollstonecraft en los derechos sociales.
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