Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

la Constitución en nada se asemeja al pactado, posteriormente, por las fuerzas políticas como consecuencia
de acontecimientos ajenos a la vida constitucional y democrática o la reforma del
Senado. También se ha criticado calificando como de precepto inconstitucional (Y. Gómez, 1987)
la postergación de las mujeres en la sucesión a la Corona en el caso de que el hombre no sea el
primogénito. Son ya muchas las voces que reclaman la reforma de la Constitución Española en los
aspectos indicados, a los que cabría añadir los proyectados desde el feminismo académico y militante
y, en estos momentos, desde el Gobierno estatal y desde sus homólogos autonómicos, ya se
ha iniciado una revisión por algunas autonomías de sus Estatutos (Euskadi, Cataluña, Comunidad
Valenciana), y desde el Estado se está impulsando la revisión de la Constitución.
En cualquier caso la aprobación de leyes que comporten acciones positivas o cambios en el contenido
de los preceptos electorales para introducir la paridad no estimamos requiera la reforma
constitucional. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que no toda diferencia de trato es
inconstitucional, lo que hace es establecer determinadas exigencias que quien legisla debe respetar
a fin de que la diferenciación sea admisible: que la finalidad sea “discernible y legítima”, que
las diferencias sean acordes con la misma y que no expresen “desproporciones manifiestas”.
El Tribunal Constitucional reconoce la constitucionalidad de medidas de acción positiva fundadas
en el sexo para superar la situación de desigualdad de origen histórico alejándose de la idea simplista
de que cualquier diferenciación normativa basada en el sexo (como categoría sospechosa)
es por ello discriminatoria. Por el contrario, en un sistema de derechos como el nuestro, que se articula
en torno al principio de dignidad, la clave para determinar si una diferenciación normativa
es o no discriminatoria se halla no tanto en el tratamiento jurídico-formal diferente sino en su función
y, como dicen las feministas, lo que puede causar indignidad es la falta de poder (23).
3.1 PROPUESTA DE REFORMA
DE LAS LEYES ELECTORALES
EN EL ESTADO ESPAÑOL
3.1.1 REFORMA LOREG
Pese a que los debates en España en torno a la participación de mujeres en los puestos de decisión
se iniciaron a partir de 1992, la presentación de propuestas formales para incluir criterios paritarios
en la legislación electoral no tuvo lugar hasta noviembre de 2001 en que el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley (en adelante PPL) de reforma de la Ley
(23) A lo largo de este trabajo he acudido, con frecuencia, al feminismo como referente de autoridad. Creo que ya es
hora de reivindicar para el movimiento feminista no sólo su poder transformador sino su acervo doctrinal.
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