Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde
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Ante la interpretación del CC, calificada de “fundamentalista” por D. Rousseau, mantenida en la decisión de 14 de enero de 1989 en la que recuerda la decisión de 1982, no quedaba otro camino que la modificación mediante la reforma constitucional de los artículos que definían el principio de igualdad (12). En 1993 se retoma la iniciativa de impulsar la participación política de las mujeres constituyéndose la “Organización de mujeres por la paridad” que propuso reformas en el ámbito electoral formuladas jurídicamente. La candidatura socialista al Parlamento Europeo de 1994 se había configurado alternando mujer/hombre. Durante las legislativas de 1995 los tres principales candidatos prometieron establecer cuotas para aquellos escrutinios que se realizasen con el sistema proporcional. El Presidente J. Chirac creó el “Observatorio de la paridad entre hombres y mujeres” como órgano de investigación y consulta. Todo ello condujo a la propuesta de reforma constitucional propiciada por el Gobierno y el Presidente de la República que afectaba a los artículos 3 y 4 y que fue aprobada en julio de 1999, tras intensos debates en los medios de comunicación y en el seno de la propia Asamblea Nacional. El resultado fue las adiciones de un nuevo apartado al artículo 3 de la Constitución “La ley favorece el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a las funciones electivas” y al artículo 4 relativo a los partidos políticos en el sentido de que “contribuyen a la aplicación del principio enunciado en la última línea del artículo 3 en las condiciones previstas por la ley” (13). Esta reforma se concretó en la Ley 2000-493, de 6 de junio, tendente a favorecer el acceso igual de mujeres y hombres a los mandatos electorales y funciones electivas. Esta ley afecta a tres tipos de materias: a) Configuración de las listas electorales En las elecciones que se desarrollan por escrutinio de lista, la diferencia entre el número de personas candidatas de cada sexo, no puede ser superior a uno. A fin de evitar el riesgo de que las personas candidatas de un sexo determinado —la legislación pensaba en las mujeres— fuesen colocadas de tal manera que su elección deviniera imposible, esta ley prevé una serie de prescripciones. Por una parte las listas presentadas en elecciones de escrutinio proporcional a dos vueltas deben comprender un número igual de personas candidatas de cada sexo en el seno de cada grupo de 6 candidatos/candidatas en el orden en que figuran en las listas. Por otra, en las elecciones nacionales de escrutino proporcional a una vuelta (elecciones senatoriales cuando sean más de tres las personas senadoras a elegir y en las elecciones al Parlamento Europeo) cada lista debe estar compuesta alternando candidaturas de uno y otro sexo. (12) ROUSSEAU, D. vide “Los derechos de la mujer y la Constitución francesa”, en Mujer y Constitución en España, VVAA, op.cit. pág. 106. (13) ROUSSEAU, D. op.cit, pág. 103 y ss. y FAVOREU, L. “Principio de igualdad y representación política de las mu- jeres. Cuotas, paridad y Constitución”. REDC, año 17, nº 50,1997. De ambos artículos se han tomado los datos sobre la reforma constitucional y sus antecedentes. 180
) Aceptación de las candidaturas Disposiciones relativas a las declaraciones de aceptación de candidaturas. En las mismas deberá figurar el nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y profesión. c) Subvenciones electorales Disposiciones relativas a las ayudas concedidas a los partidos o grupos políticos, disminuyendo éstas cuando no adecúen sus listas a los porcentajes que la ley establece. Por último, la ley prevé que el Gobierno presente una evaluación de esta ley al Parlamento en el año 2002 y, con posterioridad a esta primera presentación, cada tres años (14). En Italia se produjo un primer intento con la Ley 25/03/1993 que establecía que en los municipios de menos de 15.000 habitantes “en las listas de candidatos ninguno de los dos sexos puede estar “normalmente” representado en medida superior a los dos tercios”. La proporción no fue respetada en un municipio de la región de Molise y las elecciones fueron impugnadas por un elector. La Corte Constitucional, considerando que si bien las acciones positivas (15) sobre la paridad hombre/mujer en el trabajo y en apoyo del empresariado femenino pueden ser adoptadas para eliminar situaciones de inferioridad social o económica como premisa para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, “no pueden incidir directamente en el contenido mismo de esos derechos”, sino que deben tender a promover la igualdad de los puntos de partida. En el tema del electorado pasivo, cualquier diferenciación en razón de sexo sólo puede ser considerada como “objetivamente discriminatoria”. Este Tribunal estimó que de los artículos 3 y 51 se sigue la absoluta igualdad entre sexos a la hora de acceder a los cargos de elección, de tal modo que el sexo no puede establecerse como requisito de elegibilidad y, en consecuencia, tampoco puede exigirse para ser candidato e integrar una lista electoral. Las medidas propuestas no parecen coherentes con el artículo 3 de la Constitución ya que “no se proponen eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar determinados resultados sino que les atribuyen directamente esos resultados” (FJ 6). De acuerdo con los fundamentos expresados la ley fue declarada contraria a la Constitución (16). (14) Este informe debe contener, además, un estudio detallado de la evolución de la feminización de las elecciones cantonales, senatoriales y municipales no afectadas por esta ley, de los órganos deliberantes en las estructuras interco- munales y de los ejecutivos locales. (15) Como las que proponen las leyes 10.04.1991 y 25.02.1992 (16) Como apunta Biglino: “No deja de ser paradójico que alguno de los preceptos constitucionales que se concibie- ron desde la proclamación del Estado social como garantía de la participación política de las mujeres hayan sido utili- zados por algunos TC para declarar inconstitucionales las cuotas”, op.cit. pág. 411. Es interesante el juicio que dicha sentencia le mereció a Simonetta Sotgiu, Magistrada y Vicepresidenta de la Comisión Nacional de igualdad y para la igualdad de oportunidades, en un artículo publicado en Giustizia civile anno XLV Fac 11-1995, Milano, titulado “La Corte Costituzionale e le donne: tutela ma non potere al sesso debole”. Para la Magistrada Sotgin el TC italiano ha querido censurar la tutela preferencial aboliendo una disposición fundamental au- todiscriminatoria del sexo más débil y tutelando así, de hecho, al sexo más fuerte. 181
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) Aceptación de las candidaturas<br />
Disposiciones relativas a las declaraciones de aceptación de candidaturas. En las mismas deberá<br />
figurar el nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y profesión.<br />
c) Subvenciones electorales<br />
Disposiciones relativas a las ayudas concedidas a los partidos o grupos políticos, disminuyendo<br />
éstas cuando no adecúen sus listas a los porcentajes que la ley establece.<br />
Por último, la ley prevé que el Gobierno presente una evaluación de esta ley al Parlamento en el<br />
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En Italia se produjo un primer intento con la Ley 25/03/1993 que establecía que en los municipios<br />
de menos de 15.000 habitantes “en las listas de candidatos ninguno de los dos sexos puede<br />
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en un municipio de la región de Molise y las elecciones fueron impugnadas por un elector.<br />
La Corte Constitucional, considerando que si bien las acciones positivas (15) sobre la paridad<br />
hombre/mujer en el trabajo y en apoyo del empresariado femenino pueden ser adoptadas para<br />
eliminar situaciones de inferioridad social o económica como premisa para el pleno ejercicio de<br />
los derechos fundamentales, “no pueden incidir directamente en el contenido mismo de esos derechos”,<br />
sino que deben tender a promover la igualdad de los puntos de partida. En el tema del electorado<br />
pasivo, cualquier diferenciación en razón de sexo sólo puede ser considerada como “objetivamente<br />
discriminatoria”.<br />
Este Tribunal estimó que de los artículos 3 y 51 se sigue la absoluta igualdad entre sexos a la hora<br />
de acceder a los cargos de elección, de tal modo que el sexo no puede establecerse como requisito<br />
de elegibilidad y, en consecuencia, tampoco puede exigirse para ser candidato e integrar una<br />
lista electoral. Las medidas propuestas no parecen coherentes con el artículo 3 de la Constitución<br />
ya que “no se proponen eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar determinados<br />
resultados sino que les atribuyen directamente esos resultados” (FJ 6). De acuerdo con los fundamentos<br />
expresados la ley fue declarada contraria a la Constitución (16).<br />
(14) Este informe debe contener, además, un estudio detallado de la evolución de la feminización de las elecciones<br />
cantonales, senatoriales y municipales no afectadas por esta ley, de los órganos deliberantes en las estructuras interco-<br />
munales y de los ejecutivos locales.<br />
(15) Como las que proponen las leyes 10.04.1991 y 25.02.1992<br />
(16) Como apunta Biglino: “No deja de ser paradójico que alguno de los preceptos constitucionales que se concibie-<br />
ron desde la proclamación del Estado social como garantía de la participación política de las mujeres hayan sido utili-<br />
zados por algunos TC para declarar inconstitucionales las cuotas”, op.cit. pág. 411.<br />
Es interesante el juicio que dicha sentencia le mereció a Simonetta Sotgiu, Magistrada y Vicepresidenta de la Comisión<br />
Nacional de igualdad y para la igualdad de oportunidades, en un artículo publicado en Giustizia civile anno XLV Fac<br />
11-1995, Milano, titulado “La Corte Costituzionale e le donne: tutela ma non potere al sesso debole”. Para la<br />
Magistrada Sotgin el TC italiano ha querido censurar la tutela preferencial aboliendo una disposición fundamental au-<br />
todiscriminatoria del sexo más débil y tutelando así, de hecho, al sexo más fuerte.<br />
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