Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

artículo, prohibiendo el trato discriminatorio. En este artículo viene contemplada como igualdad
en la ley y en la aplicación de la ley transformándose así en un derecho subjetivo fundamental accionable
y protegible en vía de amparo. Además la Constitución obliga a los poderes públicos a
promover “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas”
(art. 9.2). Por mor de la igualdad se configura un deber de promoción cuyos destinatarios son los
poderes públicos a los que se ordena no sólo que utilicen sus potestades para procurar una configuración
más igualitaria de la sociedad sino que procedan a desarrollar las actuaciones positivas
necesarias que ordena este art. 9.2 CE. Esta ha sido la causa de que así se hayan definido las acciones
positivas que permitan a las mujeres tener el mismo estatus que los hombres.
Como apunta Pérez Royo la finalidad que persigue una Constitución es posibilitar la construcción
jurídica de un orden político, que aparece como una fórmula sencilla pero extremadamente dificultosa
en su puesta en práctica. Y ello es así “porque la construcción de ese orden no puede hacerse
de cualquier manera, sino que tiene que hacerse jurídicamente, es decir, con base en el principio
de igualdad. Y la igualdad no es un principio de orden, sino de todo lo contrario” (2). La organización
social es más simple con un orden establecido por la fuerza de la potestas o en base
a diferencias consideradas naturales y, por tanto, fuera del control humano, frente a las que los
hombres pueden intentar regularlas, controlarlas, pero no rebelarse contra ellas. Es por ello que
los hombres definieron como naturales las características que hacían de las mujeres seres incapaces
para lo público.
Esta valoración está tan arraigada que siempre o casi siempre, concedamos el beneficio de la excepción
porque alguna debe haber, que se habla de conceder derechos a las mujeres surgen voces
de alarma como si se pusieran en peligro los cimientos sobre los que nuestra sociedad o civilización
se asienta. Y en cierto sentido no les falta razón a los sobresaltados porque desde que el
mundo lo es a las mujeres se les ha asignado un papel determinado por la otra mitad de la
Humanidad que se ha otorgado el derecho de definir lo que es justo, igual, coherente… Este desorden
social ha legalizado el asesinato de las mujeres, los abortos selectivos, la negación de los
derechos y aberraciones tales como que, al negarles el derecho al voto, se las equiparaba a los
hombres desposeídos del mismo por ser menores, haber sido declarados incapaces (locos, etc.) o
haber cometido alguno de los delitos que llevaban acarreada la pena de privación del derecho al
voto.
Pero, eso sí, las mujeres mantenían el fuego del hogar. Como diría M. Gallego (1999), los hombres
definieron de manera interesada la separación de ámbitos, público y privado, asignaron valores,
interesadamente también, y elaboraron, también interesadamente, los argumentos que servían
para excluir a las mujeres de todo lo que significara autoridad. De algún modo lo hicieron
para salvaguardar sus intereses particulares (apoyo afectivo, servicio doméstico, herencia, etc.) y
(2) PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons. 1999, 6ª edición, pág. 95.
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