Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

despierta la actividad política en clara disonancia con el número de hombres dispuestos a asumirla.
En nuestra opinión la confusión que se produce entre militancia partidista y falta de criterio, en
definitiva de libertad de pensamiento y de actuación, casa mal con la organización de un sistema
social que deja la administración de los recursos en manos de sus políticos y políticas y que confunde
la no militancia con la ausencia de opción ideológica, cuestión a la par que dudosa en la
práctica y contradictoria por cuanto el propio texto constitucional, en su artículo 6, se refiere a los
partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política, que expresan el
pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Sin militancia
en los partidos políticos estos no existirían. ¿Cómo es posible castigar ésta, penalizarla o
prohibirla para poder desempeñar determinadas funciones u ostentar cargos políticos?
En segundo término, el Gobierno democrático es, entre las formas de gobierno, la más conforme
con la idea de que la ciudadanía es la que realmente posee la titularidad del poder político. Así
lo expresó Lincoln al definir la democracia como “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”, en clara referencia a la célebre definición del despotismo ilustrado “Todo para el pueblo
pero sin el pueblo”. Si en Grecia se aplicó durante un tiempo para definir el gobierno en el que
participaban directamente todos los ciudadanos (sólo los hombres. Ni las mujeres, ni los niños y
niñas, ni las personas esclavas tenían tal condición) en la época moderna, de democracia representativa,
las elecciones consagran el mantenimiento de dicha titularidad.
Pese a los siglos transcurridos cuando la democracia se articula en torno a la soberanía popular y
se impone el sufragio universal sobre el censitario, la palabra “universal” se utiliza para expresar
que todos los hombres han conquistado el derecho a participar en los asuntos públicos mediante
el voto, haciendo abstracción en el universal de las mujeres. Éstas se incorporaron escalonadamente
al derecho de sufragio por causas que en nada se parecen a las que llevaron a sus padres,
hermanos, maridos, hijos, a obtener el derecho al voto. Es significativa la exclusión porque la participación
política, como derecho a participar en los asuntos públicos, tiene su expresión mínima y
máxima a la vez en el derecho al voto. De esta forma la democracia empezó diferenciando a las
mujeres.
Finalmente, la igualdad, es una de las palabras importantes al hablar de derechos desde las primeras
declaraciones y, más aún, al hablar de seres humanos. En sí mismo no debería presentar
problemas de comprensión y así sucede en el mundo inanimado en donde el desconocimiento, por
parte de los seres humanos o su consideración de irrelevancia en los procesos de dominación han
difuminado la diferencia entre igualdad e identidad. Entre las personas ha sido la ley la encargada
de establecer los límites de la igualdad separando y diferenciando, primero, tratando de
igualar, después.
La igualdad, en nuestra Constitución, es un valor y un principio (art. 1.1), y al ser uno de los “valores
superiores” del ordenamiento jurídico español se sitúa no sólo en el campo de la igualdad
formal sino también en el de la igualdad sustancial. Esta igualdad forma parte de numerosos preceptos
constitucionales recalcando la generalidad de un derecho y se proclama positivamente en
el art. 14 con el predicado “los españoles son iguales ante la ley”, y negativamente, en el mismo
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