Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

“La máxima participación de las mujeres, en igualdad de
condiciones que los hombres, en todos los campos es
indispensable para el desarrollo pleno y completo
de todos los países, el bienestar del mundo
y el logro de la paz” (CEDAW UN 1979).
1. Introducción
Política, democracia e igualdad son tres palabras que se insertan en la historia. Las dos primeras
son de origen griego y como tales con un significado propio, en este caso, aplicado al ámbito de
las relaciones humanas, y la tercera, la igualdad, término de comparación que, en un determinado
momento histórico, adquirió la relevancia de expresar esta aspiración humana como lema revolucionario,
principio y derecho fundamental.
Aunque se me ofreció la posibilidad de cambiar el título, no lo hice por considerarlo adecuado a
la finalidad de estas Jornadas y porque me parece interesante utilizar esta conjunción de palabras
y llevar a cabo un análisis etimológico que me propongo hacer a continuación.
En primer lugar y en su origen el término “política” expresaba la actividad desarrollada en la ciudad
(polis) griega para el gobierno de la misma, y “democracia” era la forma de gobierno en la
que intervenía todo el pueblo (demos = pueblo, cratos = poder). Con la evolución propia que supone
el paso del tiempo, hablar hoy de política y de aquellas personas que se dedican a ella,
plantea una cierta confusión entre algo que es necesario pero que, a la vez, no es estimable. Si
bien es cierto que —una de las muchas definiciones que se han dado— política es “la actividad
desarrollada por los órganos del Estado con el fin de conseguir el interés público para el mayor
número de miembros de la nación” (1), también lo es que cuando se quiere que una persona realice
una actividad en la que se desea sea libre, imparcial, honesta, etc., con frecuencia se consideran
excluidas aquellas personas que han desempeñado un cargo público o político y si se les
nombra al menos se critica su designación por esta causa.
De hecho, la Constitución prohíbe expresamente la militancia en partidos políticos de Jueces,
Magistrados y Fiscales (art. 127 CE). Ello unido a los requisitos que la Carta Magna establece
para Jueces y Magistrados: “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente
al imperio de la ley” (art. 117 CE) y para el Ministerio Fiscal: “legalidad e imparcialidad” (art.
124.2) hacen pensar que política y quienes se dedican a ella no concilian estas cualidades. Esta
circunstancia no es privativa de nuestro Estado, lo que dice mucho de la poca consideración que
(1) Diccionario básico jurídico. Comares. Granada, 2004.
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