Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

tamente. Necesitaríamos más tiempo para analizarlas más detalladamente, pero lo que sí indican
las críticas es que el alejamiento del proceso de construcción europea en el caso de las mujeres es,
si cabe, de mayor amplitud y relevancia mirado en el conjunto de la ciudadanía.
Una observación más sobre la problematicidad de la ciudadanía, y que también fue objeto de crítica
en dicha reunión, se refiere a los Derechos Humanos y a que en el proyecto se diga que “La
Unión procurará adherirse al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y
de las libertades fundamentales”. Cierto es que “procurará adherirse” causa perplejidad, que quizás
se pueda comprender atendiendo a cómo interpretar lo recogido en el mismo artículo en el
punto 3: “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios
generales”. ¿Acaso no se adhirieron todos los países al Convenio Europeo y, por tanto, hay
que esperar a que lo hagan? O, si no es así, donde está el problema. Quizás sean principios generales
y “procurará adherirse” solo se comprende en el encaje de una construcción europea tensionada
por avanzar en el ámbito jurídico-político comunitario y las constituciones de los distintos
Estados, y que remiten a problemas con el Tribunal de Justicia Europeo y con el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. No está muy claro, para mí por lo menos, cómo se articulan derechos humanos
y derechos de ciudadanía, más allá de responder a un proceso de juridificación progresiva
de los derechos, y que también se refleja en el tratamiento de los derechos culturales y del derecho
a la cultura como derechos humanos en la Carta de Derechos fundamentales de la UE.
Como digo, la vía que parece seguirse es la que sólo tiene presente la juridificación de las cuestiones
fundamentales.
Por último apenas indicar que tal vez donde mejor se detectan los dilemas y tensiones que impregnan
la construcción de la UE, donde se constata que la cultura es política y que la propia comprensión
de la cultura está cambiando hacia una visión más igualitaria, la encontramos cuando se
considera el déficit simbólico y se examina la política cultural y las directrices que orientaron en los
últimos años la idea de la “Europa de la Cultura”. Muy revelador resulta, en este sentido, el análisis
que lleva a cabo Lourdes Méndez (2003) de los textos, debates y documentos internacionales
e institucionales europeos sobre la cultura y la dificultad, ambigüedad o ausencia de definición de
lo que se entiende por cultura, derecho a la cultura, derechos culturales, democracia cultural, democratización
de la cultura y los problemas para conseguir un consenso. Quizás eso explique por
qué en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, la cultura no está muy presente. Sólo
aparece en tres ocasiones la palabra cultura: en el Preámbulo, en el art. 22 y en el 25. Como han
indicado algunas personas analistas de la Carta, ni siquiera recoge o menciona la Declaración
Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, ni la Declaración de Ministros del Consejo de
Europa relativa a la diversidad cultural (dic. 2000) lo que lleva a afirmar que “no sólo no existe
una estructura interna armónica en el reconocimiento de los derechos (culturales), de la conexión
entre el Derecho y la Cultura, sino que la mayor parte de los derechos que de ella deberían derivarse
fueron succionados por el nimio artículo 22, quedando trasladados al olvido. Tendrá, conti-
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