Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

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24.04.2013 Views

ilidades del varón de sostener a su familia, el modelo se mantiene en algunos segmentos del mercado de trabajo que se consideran la norma, pero buena parte de los nuevos puestos de trabajo que se crean no tienen acceso a los derechos sociales previos. Esto afecta en medida desproporcionada a las mujeres que ocupan puestos de trabajo a tiempo parcial, temporales, en el sector informal, o que interrumpen su carrera laboral para cuidar de otras personas, y se ven castigadas en sus ingresos actuales, en sus futuras pensiones y en otros beneficios sociales. 4. Sesgo privatizador. Surge de la suposición de que el sector privado es inherentemente más eficiente que el sector público y se produce no sólo cuando se da una privatización de empresas y agencias públicas, sino también cuando el sector público subcontrata servicios fuera, o cuando se exige que los servicios públicos operen con criterios del sector privado. Dicho sesgo aparece cuando se usan falsas medidas de “eficiencia” que no tienen en cuenta los costes y beneficios fuera del mercado, ni la transferencia de los costes reales a los hogares a través de una intensificación del trabajo no remunerado. Esta tendencia tiene implicaciones para la organización de la reproducción social y supone una reducción de la protección social y el recurso al suministro privado de quien se lo puede permitir a través de pensiones privadas, seguros privados de salud, educación privada o residencias privadas. Esto ocurre cuando la política macroeconómica se diseña para minimizar el papel del sector público en el suministro de bienes y servicios. De esta forma aumenta el poder de las instituciones financieras y aumenta la dependencia de las mujeres respecto de su pareja masculina con lo que se intensifican otros sesgos del modelo (Elson 2002). La privatización está asignando la reproducción social a la esfera privada de varias maneras. A través de la vuelta a su lugar “natural”, el hogar, siendo atendida por el trabajo no pagado de las mujeres; a través de trabajadoras domésticas dentro del hogar; o con la compra de bienes y servicios en el mercado. Este proyecto de privatización produce mayores demandas en las mujeres como cuidadoras en la familia y la comunidad, y como trabajadoras en el mercado de trabajo. Las mujeres pasan más tiempo en el trabajo no remunerado que los hombres, al tiempo que a medida que las condiciones materiales de la familia tradicional se están erosionando, cada vez más mujeres suministran una contribución vital al estándar de vida de sus familias a través de un ingreso salarial. Como señala Isabella Bakker, la reprivatización está intensificando las exigencias materiales y discursivas sobre la familia mientras mina las condiciones materiales y discursivas que podrían apoyar esas exigencias: se asume y anima a una mayor responsabilidad en el cuidado y a una contribución financiera de las mujeres a través de la fuerza de trabajo, sin embargo la dependencia, particularmente la dependencia de las mujeres respecto a la familia (o al estado) se considera anómala o enfermiza. Otro efecto negativo de este sesgo es que refuerza el individualismo frente a la solidaridad social. El discurso dominante habla de “clientes” más que de “ciudadanos”, considera los pro- 124

lemas de desempleo y de pobreza como asuntos individuales que provienen de defectos individuales y que requieren medidas para que los individuos sean autosuficientes, desconsiderando que son problemas estructurales con un alto contenido de género. Finalmente, la privatización de los trabajos de cuidados está desarrollando un aumento de la brecha entre mujeres. La retirada del estado en la provisión de servicios de cuidado ha producido que mujeres de clase media recurran a las trabajadoras domésticas, que cada vez más son mujeres inmigrantes, como solución de compromiso para poder compaginar su trabajo remunerado con las tareas reproductivas. Esto ha creado nuevas diferencias de clase, raza y etnia a medida que esas mujeres compran y explotan los servicios domésticos de otras mujeres que vienen de las regiones pobres del mundo (Bakker 2003). 5. Sesgo de clase favorable a los intereses del capital frente al trabajo. Aunque autoras como Diane Elson o Nilüfer Çagatay tratan este aspecto fuera de los sesgos señalados (deflacionario, favorable al cabeza de familia y privatizador), afirman que existen beneficiarios de los sesgos anteriores y que estos son las entidades financieras y las familias ricas, quienes ganan con altos tipos de interés, baja inflación y poco gasto estatal. Sin embargo, se puede considerar que el sesgo de clase es también un componente sustancial del modelo. Las familias ricas reciben pocas transferencias, hacen un menor uso del gasto en servicios básicos, quieren pagar pocos impuestos y sus ingresos dependen en gran medida de las rentas reales de sus activos. Cuando reciben rentas salariales suelen provenir de las instituciones financieras. La posición de las empresas multinacionales es menos clara. Por un lado se benefician del gasto público a través de los contratos y de la provisión de infraestructuras que les facilitan su actividad. Además se benefician de los incentivos fiscales ofrecidos por el Estado. Su necesidad de préstamos no es importante porque utilizan sus beneficios para las reinversiones y unos tipos de interés altos no les perjudican especialmente. Sus beneficios dependen de las posibilidades de ventas al conjunto de los hogares, luego les interesa que no disminuya el nivel de consumo por lo que pueden ver con buenos ojos el gasto público. Tienen por tanto una posición ambigua. El capital financiero, por su parte, desea una alta remuneración por sus préstamos. Si la economía no crece por encima de la tasa de interés, la relación entre deuda e ingresos aumentará y puede que a las instituciones financieras les preocupe la posibilidad de los gobiernos de pagar el servicio de la deuda ya que habrá que utilizar una mayor parte de los ingresos para pagar este servicio. No querrán que el Estado siga manteniendo otros gastos ni que recurra a expandir la oferta de dinero para no originar inflación ni depreciación. Pueden considerar que el país tiene más riesgo y aumentar más sus tipos de interés lo que agravará el problema. Si la regulación lo permite ejercitarán la opción de salida y retirarán los préstamos maduros. Si, como sucedió durante la crisis asiática de 1997, la recomendación del FMI a los gobiernos afectados es la de dar prioridad a mantener la “credibilidad financiera” a corto plazo manteniendo que el pago del servicio de la deuda debe priorizarse respecto a otros intereses, 125

ilidades del varón de sostener a su familia, el modelo se mantiene en algunos segmentos del<br />

mercado de trabajo que se consideran la norma, pero buena parte de los nuevos puestos de<br />

trabajo que se crean no tienen acceso a los derechos sociales previos. Esto afecta en medida<br />

desproporcionada a las mujeres que ocupan puestos de trabajo a tiempo parcial, temporales,<br />

en el sector informal, o que interrumpen su carrera laboral para cuidar de otras personas, y se<br />

ven castigadas en sus ingresos actuales, en sus futuras pensiones y en otros beneficios sociales.<br />

4. Sesgo privatizador. Surge de la suposición de que el sector privado es inherentemente más<br />

eficiente que el sector público y se produce no sólo cuando se da una privatización de empresas<br />

y agencias públicas, sino también cuando el sector público subcontrata servicios fuera,<br />

o cuando se exige que los servicios públicos operen con criterios del sector privado. Dicho<br />

sesgo aparece cuando se usan falsas medidas de “eficiencia” que no tienen en cuenta los costes<br />

y beneficios fuera del mercado, ni la transferencia de los costes reales a los hogares a través<br />

de una intensificación del trabajo no remunerado.<br />

Esta tendencia tiene implicaciones para la organización de la reproducción social y supone<br />

una reducción de la protección social y el recurso al suministro privado de quien se lo puede<br />

permitir a través de pensiones privadas, seguros privados de salud, educación privada o residencias<br />

privadas. Esto ocurre cuando la política macroeconómica se diseña para minimizar<br />

el papel del sector público en el suministro de bienes y servicios. De esta forma aumenta el poder<br />

de las instituciones financieras y aumenta la dependencia de las mujeres respecto de su<br />

pareja masculina con lo que se intensifican otros sesgos del modelo (Elson 2002).<br />

La privatización está asignando la reproducción social a la esfera privada de varias maneras.<br />

A través de la vuelta a su lugar “natural”, el hogar, siendo atendida por el trabajo no pagado<br />

de las mujeres; a través de trabajadoras domésticas dentro del hogar; o con la compra de<br />

bienes y servicios en el mercado.<br />

Este proyecto de privatización produce mayores demandas en las mujeres como cuidadoras<br />

en la familia y la comunidad, y como trabajadoras en el mercado de trabajo. Las mujeres pasan<br />

más tiempo en el trabajo no remunerado que los hombres, al tiempo que a medida que<br />

las condiciones materiales de la familia tradicional se están erosionando, cada vez más mujeres<br />

suministran una contribución vital al estándar de vida de sus familias a través de un ingreso<br />

salarial.<br />

Como señala Isabella Bakker, la reprivatización está intensificando las exigencias materiales<br />

y discursivas sobre la familia mientras mina las condiciones materiales y discursivas que podrían<br />

apoyar esas exigencias: se asume y anima a una mayor responsabilidad en el cuidado<br />

y a una contribución financiera de las mujeres a través de la fuerza de trabajo, sin embargo<br />

la dependencia, particularmente la dependencia de las mujeres respecto a la familia (o al estado)<br />

se considera anómala o enfermiza.<br />

Otro efecto negativo de este sesgo es que refuerza el individualismo frente a la solidaridad social.<br />

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