Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde
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gualdades, para lo que acordó incluir a la sociedad civil en un estudio sobre el terreno (2). En ese estudio participaron funcionarios y funcionarias del Banco, de los gobiernos, y de organizaciones no gubernamentales en una muestra de países representativos de América Latina, Asia y África que habían tenido programas de ajuste estructural. Aunque el Banco posteriormente se distanció de los resultados de los estudios, la Red Internacional de la Sociedad Civil para la Revisión Participativa de las Políticas de Ajuste Estructural (SAPRIN 2002) decidió publicar una evaluación conjunta de los estudios. En esta evaluación se abordan también aspectos de género, aunque el impacto del ajuste en las mujeres se ha venido documentando desde finales de la década de los años 80. Hay distintas formas por las que el ajuste ha contribuido a un mayor empobrecimiento y al aumento de la desigualdad en las poblaciones donde se ha aplicado. En primer lugar, los efectos de la liberalización comercial sobre la industria y el empleo nacionales. La eliminación de las barreras a las importaciones que se ha justificado en términos de competencia y eficiencia, se han aplicado sin sentar las bases de unas empresas nacionales competitivas, por lo que se ha producido la quiebra de empresas nacionales y la destrucción de empleo formal. En segundo lugar, la reforma del sector financiero, cuyas altas tasas de interés y la exigencia de garantías estrictas han debilitado especialmente a las pequeñas empresas, y a las mujeres y productores indígenas de las áreas rurales. La mayoría de los préstamos se han dirigido al sector exportador y a actividades no productivas. En la medida que las empresas del sector exportador no tienen, en su mayoría, fuertes lazos con las empresas y productores nacionales, su capacidad de promover el crecimiento y el empleo es pequeña por lo que no han compensado los efectos de la liberalización comercial. En tercer lugar, las reformas en el sector agropecuario, diseñadas para incrementar las exportaciones y mejorar los ingresos de quienes trabajan en la agricultura, han llevado a una reducción de la disponibilidad de tierras arables para el cultivo destinado al mercado interno y, por tanto, han minado la seguridad alimentaria y han marginado a las comunidades pobres de las áreas rurales. Estas reformas han aumentado la carga de trabajo que tienen las mujeres, han incrementado los costos de los insumos y han hecho más difícil para quien no se dedica a la agricultura de exportación el acceso a los recursos productivos. Los cultivos de subsistencia se realizan en tierras (2) Participaron 30 ONG y coaliciones de ONG de distintos países del mundo que dispusieron de información sobre una amplia gama de documentos del Banco sobre el país y sus préstamos, e información de los gobiernos en cuanto a la política macroeconómica, resultados esperados de las políticas de ajuste macroeconómico y sectorial, etc. Los países donde se realizaron investigaciones conjuntas fueron Bangladesh, Ecuador, El Salvador, Ghana, Hungría, Uganda y Zimbabwe, pero se realizaron también investigaciones independientes por parte de la sociedad civil en México y Filipinas utilizando la misma metodología. 120
más alejadas y menos fértiles con lo que disminuyen los rendimientos agrícolas de cultivos que suelen estar, por lo menos en África, en manos de las mujeres. En cuarto lugar, el impacto de la reforma del mercado laboral que ha traído consigo que las empresas tengan mayor poder de decisión en la determinación de los niveles salariales y de empleo. El poder adquisitivo de los salarios se ha reducido y la distribución del ingreso se ha hecho más desigual. Ha disminuido la participación de los salarios en el producto mientras aumentaba la de los beneficios, se han generalizado contratos precarios sin prestaciones sociales y con una disminución de los derechos sindicales. En un momento en que las mujeres están accediendo de forma importante al mercado de trabajo, esta situación les coloca en peor posición de negociación al tener menos posibilidades de encontrar buenos empleos. Finalmente, el impacto de la privatización de los servicios públicos y la reforma del gasto público. La privatización de los servicios ha conducido a un aumento importante de las tarifas en el suministro de agua y electricidad que ha presionado a las familias más pobres. Se ha redefinido el papel del estado en materia de bienestar social de forma que, en vez de suministrar y garantizar un acceso universal a servicios como la educación y la salud, se plantea su focalización en los sectores marginales. Esto ha supuesto una reducción de los recursos asignados a estos sectores, la aplicación de tasas para recuperar costos o generar ingresos, y una descentralización de la provisión de los servicios que se realiza sin asignar suficientes recursos. La reducción de gastos en salud y educación ha empeorado la calidad de los mismos, la introducción de cuotas escolares ha disparado la deserción escolar, y el pago de los servicios de salud ha tenido como consecuencia que un creciente número de personas recurra a automedicarse y a recibir cuidados en casa, acudiendo a la atención médica sólo cuando sus enfermedades son graves. La reducción de los servicios y su privatización afectan de manera específica y más grave a las mujeres pobres, ya que la existencia de tasas escolares fomenta la deserción escolar femenina; además, las mujeres se hacen cargo con su trabajo reproductivo de intentar superar las limitaciones de los servicios y acuden, en menor medida, a los centros sanitarios cuando suben los costes. El Banco Mundial defiende que las ganancias macroeconómicas obtenidas compensan las pérdidas que a corto plazo puedan producirse para ciertos sectores de la población, ya que el ajuste pone a los países en la senda de un crecimiento sostenible, pero eso es discutible ya que las pérdidas para los sectores más pobres no han sido de corto plazo y después de dos décadas de ajuste se puede señalar que las políticas planteadas no reducen la pobreza y la desigualdad sino que la aumentan. 121
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En cuarto lugar, el impacto de la reforma del mercado laboral que ha traído consigo que las empresas<br />
tengan mayor poder de decisión en la determinación de los niveles salariales y de empleo.<br />
El poder adquisitivo de los salarios se ha reducido y la distribución del ingreso se ha hecho más<br />
desigual. Ha disminuido la participación de los salarios en el producto mientras aumentaba la de<br />
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Finalmente, el impacto de la privatización de los servicios públicos y la reforma del gasto público.<br />
La privatización de los servicios ha conducido a un aumento importante de las tarifas en el suministro<br />
de agua y electricidad que ha presionado a las familias más pobres. Se ha redefinido el papel<br />
del estado en materia de bienestar social de forma que, en vez de suministrar y garantizar un<br />
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educación ha empeorado la calidad de los mismos, la introducción de cuotas escolares ha disparado<br />
la deserción escolar, y el pago de los servicios de salud ha tenido como consecuencia que un<br />
creciente número de personas recurra a automedicarse y a recibir cuidados en casa, acudiendo a<br />
la atención médica sólo cuando sus enfermedades son graves. La reducción de los servicios y su<br />
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de tasas escolares fomenta la deserción escolar femenina; además, las mujeres se hacen cargo<br />
con su trabajo reproductivo de intentar superar las limitaciones de los servicios y acuden, en menor<br />
medida, a los centros sanitarios cuando suben los costes.<br />
El Banco Mundial defiende que las ganancias macroeconómicas obtenidas compensan las pérdidas<br />
que a corto plazo puedan producirse para ciertos sectores de la población, ya que el ajuste<br />
pone a los países en la senda de un crecimiento sostenible, pero eso es discutible ya que las pérdidas<br />
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se puede señalar que las políticas planteadas no reducen la pobreza y la desigualdad sino que<br />
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