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DISPOSICIONES CENERALES 231
los principios con arreglo a los cuales se articulan sus re­
I{las.
La primera norma prescribe que tanto la Nación como
las provincias, deberán establecer en las respectivas capitales
y en cada territorio, registros que funcionarán bajo
la superintendencia de la autoridad judicial competente.
Quiere esto último decir, que la exacta aplicación de las disposiciones
que gobernarán ese organismo ha de hallarse bajo
la superintendencia de la autoridad judicial, a la que se confía
dicha vigilancia, pero sin que ello implique restar a la autoridad
administrativa local el nombramiento de empleados, régimen
de gastos, percepción de rentas, etc. Como lo recuerda
111 nota, no es otro el sistema de las leyes alemanas y el de
la ley y reglamento franceses para Alsacia-Lorena.
Se consignan luego, las secciones que comprenderá el
Rel{istro y en esa enumeración podrá notarse que mientras
incluimos como primera la del estado civil que no figuraba
en la ley de Bibiloni, eliminamos la última categoría de ésta:
la referente a registro de propiedad de ganados y máquinas
loeomóviles. lIacemos de ella un registro aparte del que se
relaciona con las personas y los derechos reales sobre inmuehles,
pero dándole una amplitud mayor en lo que hace a las
máquinas, al suprimirles toda calificación para concordar el
registro de ellas, con la amplitud que atribuímos a la prenda
sin desplazamiento, en el libro IV.
Acerca del Registro Civil, la importancia que él asume
dentro del Código explica que figure en primer término.
Por otra parte, si con el propósito que puntualizaremos
luego, de crear un organismo que comprenda el conjunto
de las inscripciones del país, proyectamos la formación de
IIn archivo general, es indudable que no podría faltar en él,
lá más fundamental de ellas.
Establecidas las secciones, un artículo consigna con
clar-idad el propósito de la ley: crear el Registro, como una
sola unidad en toda la Nación. No hay duda de que la naturaleza
de las inscripciones obligará a establecer sedes distintas,
y como consecuencia las actas y documentos deberán
llevarse no tan sólo en las capitales, sino también en
cada municipio de sus respectivos estados, en otros tantos
volúmenes, pero esa división local no será óbice para que