Biografías y Evocaciones - Banco de Reservas

COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Vo l u m e n III | BIOGRAFÍAS Y EVOCACIONES
La vista se inició el 3 de diciembre de 1849, en la sala “donde tiene sus audiencias el
Ayuntamiento de esta capital”.
El Presidente del Tribunal Militar, General Machado, ordena la comparecencia del reo
que se presenta fuertemente escoltado, pero “libre de grillos”. El Consejo de la Defensa,
elegido por el propio acusado, fue integrado por los jurisconsultos Francisco Javier Faulau,
sobrino político del Arzobispo don Tomás de Portes e Infante, R. Caminero, hermano del ex
Ministro de Relaciones Exteriores don José María Caminero, y Lic. Félix María del Monte,
Presidente a la sazón de la Cámara de Representantes.
Como acusador Fiscal actuó el General Francisco del Rosario Sánchez, escogido sin duda
para desempeñar ese ingrato papel con el propósito de que la voz de la acusación resonara
ante la opinión pública revestida de la autoridad moral que podía adquirir en labios de un
prócer de esa jerarquía, famoso ya como Defensor Público y aclamado por todas las clases
sociales como el héroe del pronunciamiento de la Puerta del Conde.
La audiencia se inició con la pregunta de ritual dirigida por el Presidente del Consejo
de Guerra al acusado, quien contestó con firmeza:
—Antonio Duvergé, de 43 años, General de División.
El acusador Fiscal interrumpió al reo para pedir al Tribunal que el Lic. Félix M. del
Monte fuese excluido del Consejo de la Defensa, alegando, como motivo de la recusación,
que “el Lic. del Monte, siendo miembro de la Cámara, goza de inmunidad y no puede ser
apremiado en caso de falta”. Hubo entonces un receso para que el Consejo de Guerra deliberara
sobre el incidente. Fue resuelto recurrir en consulta al Ministro de Justicia. Manuel
Joaquín del Monte, titular de ese Ministerio, contestó al Presidente del Tribunal con un oficio
del siguiente tenor: “Si Ud. lo juzga conveniente, diríjase al Ministro de la Guerra, por ser
el General Duvergé militar, a fin de que este gran funcionario le dé el curso previsto por la
ley”. La respuesta del Ministro de Guerra y Marina, General Juan Esteban Aybar, fue leída
al reanudarse la audiencia el mismo día 3 de diciembre a las tres de la tarde. Decía así:
“Ministerio de Guerra y Marina, Santo Domingo, 3 de diciembre de 1849. Nº 245. Señor
Presidente: En contestación al oficio de Ud., fha. de hoy, que acabo de recibir en este instante;
como la autoridad a quien está encomendada la vigilancia sobre los Consejos de Guerra, le diré:
que los Arts. 88 y 89 de la Constitución traen las terminantes disposiciones siguientes: “Art. 88.
Los miembros de los Cuerpos Colegisladores son inviolables en sus opiniones y votos emitidos
en el ejercicio de su encargo. Art. 89. Los miembros de los Cuerpos Colegisladores no pueden
ser arrestados, ni procesados durante las sesiones, sin permiso de su respectivo cuerpo, a
no ser hallados in fraganti; pero en este caso, y en el de ser procesados, o arrestados, cuando
estuviesen cerradas las sesiones legislativas, se deberá dar cuenta lo más pronto posible al
respectivo cuerpo para su conocimiento y resolución”. Del contenido de estos dos artículos,
se evidencia claramente que un Conservador, o representante, no sólo puede ser arrestado,
durante las sesiones del Congreso, cuando es hallado in fraganti, sino también fuera de ellas
en todos los casos, como cualquier particular, sin más distinción en el último que la obligación
de dar cuenta lo más pronto posible al cuerpo a que pertenezca; pues que su inviolabilidad no
le escuda sino por sus opiniones y votos emitidos en su clase de diputado. En mi concepto,
pues, Señor Presidente, tan aplicable es el Art. 200 del Código Penal Militar al Diputado F.
María del Monte, Conservador por esta Provincia, como a cualquiera otro simple defensor;
supuesto que la Comisión Especial no habría de aplicárselo nunca, sino en caso de falta
cometida durante la audiencia, y en este caso debe reputarse in fraganti. En resumen, todo el
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