Biografías y Evocaciones - Banco de Reservas

COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Vo l u m e n III | BIOGRAFÍAS Y EVOCACIONES
Aún cuando temporalmente pudiera ser suspendida la plenitud de su práctica efectividad
por los efectos deprimentes de una acción de fuerza –tal y como acontece bajo el régimen
de todo gobierno de facto y sucedió bajo el régimen militar de ocupación–, la existencia de
un orden constitucional es uno de los requisitos inmanentes a la subsistencia del Estado. Sin
desdecirse o retractar sus profesados principios, los nacionalistas de entonces no podíamos
sustentar esa teoría bajo el régimen de una dictadura foránea y más luego repudiarla bajo
el régimen de un gobierno dominicano.
El 15 de marzo de 1924 tuvo efecto el proceso electoral que sirvió para devolverles a los
dominicanos, condicionalmente, la usurpada potestad de instituir su propio gobierno. Como
consecuencia de la consumación de tal proceso, las circunstancias de la vida nacional habían
cambiado; pero no, a la par, el orden jurídico preestablecido. Ya no se trataba, claro está, de
defender y preservar la perdurabilidad del Estado Dominicano contra los abusivos desafueros
de una intervención extranjera. Ahora se trataba de preservar y defender la perdurabilidad
del orden institucional contra las desaforadas veleidades de los políticos dominicanos.
Cuando el pueblo concurre al debate comicial, todo sufragante necesita saber a ciencia y
conciencia quién es el candidato cuya elección se pretende asegurar mediante el mecanismo
de su voto, para el ejercicio de cuál función tal candidato es postulado y la duración del
período inherente a su función.
La Constitución, bajo cuyo régimen fueron realizadas las elecciones generales del 15 de
marzo de 1924 –la Constitución de 1908– establecía el sistema de elección indirecta (segundo
grado) para la designación a través de los Colegios Electorales de los funcionarios electivos;
y de conformidad con las disposiciones de dicha ley substantiva, que los hacía compromisarios
de la decisión popular manifestada en la referida competencia comicial, unos Colegios
favorecieron con su voto al General Horacio Vázquez y otros al Lic. Francisco J. Peynado,
resultando electo el primero de los mencionados candidatos 1 .
¿Cuál era, cabe preguntar, el período funcional que debía agotar el Presidente electo?,
La Constitución vigente a la sazón –la de 1908– responde, categóricamente, esa cuestión.
Ella fijaba, explícitamente, la duración del período presidencial mediante las disposiciones
del canon que a continuación se transcribe íntegramente:
“Art. 47. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien desempeñará
estas funciones por SEIS AÑOS y será elegido por el VOTO INDIRECTO y en la forma
que determine la ley”.
Tres meses después de haber sido elegido Presidente el General Horacio Vázquez, en
junio 13 de 1924, la Asamblea Constituyente sancionó un nuevo texto constitucional; y según
se copia más abajo, uno de los cánones de la nueva ley substantiva redujo la duración del
período del comisionado para ejercer las funciones del Poder Ejecutivo:
“Art. 44. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido
cada CUATRO AÑOS por voto directo”.
A la luz de los principios (en toda comunidad civilizada más importantes que la misma
ley escrita), esa reducción no le era aplicable al período, preestablecido, del Presidente Vázquez.
No le era aplicable, porque ya éste había sido elegido en marzo bajo el imperio de la
anterior Constitución, cuyas disposiciones lo habían investido de legítima autoridad para
1 Como la Constitución vigente –1908– suprimió la función de Vicepresidente, los Colegios Electorales sólo dieron
sus votos a los respectivos candidatos a la Presidencia. Los partidos que se disputaron el poder no postularon, por la
misma razón expuesta, ningún candidato a la Vicepresidencia.
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