y Registros de la Propiedad

— — 69
Síntesis cronológica de la evolución del
Notariado Nacional y Registros de la Propiedad
desde 1830 a 1930
Explicación. —
En estos días cumple nuestro país, la primera centuria de su vida
institucional.
A pesar de estar singularizada la actuación de esta Revista por la
difusión de cuestiones jurídico
- notariales,
hemos creído oportuno, ante
tan fausto acontecimiento, rememorar, en ligera síntesis informativa,
las épocas pasadas de nuestra profesión, con lo que será dado contemplar
el enorme adelanto alcanzado en el lapso de tiempo transcurrido desde
que nuestro país surgió con personalidad propia en la vida de los pueblos.
Sin una regla orgánica que determinara su actuación, el Notariado
Nacional se ha desenvuelto con altura y honestidad ejemplares, creciendo
así en el prestigio y la consideración generales.
Nuestro trabajo, hecho dentro de los límites que señala el tiempo
disponible para ello, sólo tiene, como hemos dicho, carácter informativo.
Y esto aun en forma ligera, pues muchos aspectos glosados apresurada
mente, merecerían el análisis detenido del estudioso.
Dejando así explicado el alcance de esta información, creemos de
estricta justicia destacar la labor desarrollada al respecto, por dos dis
tinguidos colegas, los señores Osear Jover y Raúl Rial, quienes han co
laborado eficientemente en esta reseña y a los cuales expresamos desde
ya nuestro reconocimiento.
Referencias. —
Para la redacción de esta síntesis histórica han sido consultadas las
siguientes obras:
Memorias del Colegio Notarial,
Manual del Escribano, de Eduardo Garcías.
Legislación Notarial, de Ulises W. Riestra,
— Goyena. Leyes y Decretos.
Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes y de Senadores.
Michot. —
Origine du Notariat.

Fernández Casado. —
Ortiz de Zúñiga. —
— — 70
Tratado de Notaría.
Biblioteca de Escribanos.
Hemos solicitado informes a las siguientes Oficinas e Instituciones :
Alta Corte de Justicia.
Juzgado de lo Civil de 1er. Turno.
Registros de Hipotecas, Embargos, Arrendamientos, Traslaciones
de Dominio, Comercio.
A todos los que en esas oficinas, han facilitado nuestra tarea, les
quedamos reconocidos por
sus atenciones.
El Notariado y su evolución universal. —
I
Las Sociedades, de todas las épocas, sintieron la necesidad de con
servar las convenciones relativas a los intereses públicos y privados;
convenciones en las que descansan los derechos de las personas y que
determinan sus relaciones jurídicas, que constituyen
tos básicos del orden. social.
En la más remota antigüedad,
uno de los elemen
los diversos actos realizados por las
personas no tenían otro medio de constatación que la memoria del hom
bre y por lo tanto su conservación era tan fugaz como la vida humana.
II
La civilización, fuente permanente de nuevas necesidades, arbitra los
medios de llenarlas.
Paralelamente con el desarrollo de las relaciones del hombre; con
el progreso de la cultura en sus diversos aspectos, nace la escritura:
entonces se dispone del medio de conservar perdurablemente las relacio
nes de los individuos y de determinar a sus descendientes sus derechos
y obligaciones en el orden social como continuadores de sus personas ju
rídicas.
Pero la constatación escrita de las convenciones, de los contratos,
etc., no constituye una garantía suficiente: es menester precaverse sobre
posibles pérdidas, adulteraciones, sustituciones, etc., de los documentos
suscritos por las »
personas.
Eso se obtenía de distintos modos en las diversas etapas de la civi
lización.
En los tiempos del absolutismo, en que el jefe de estado se arrogaba
todos los .atributos de la potestad pública, era él quien autenticaba las
convenciones de los particulares que previamente asentaban por escrito
ciertas personas que se llamaron "escribas" entre los egipcios, hebreos,

■
— — 71
fenicios, griegos y que en Roma habían de recibir diversas denominacio
nes.
En la época de la Europa teocrática, son los sacerdotes los que auten
tican los instrumentos privados.
III
Andando el tiempo se crean Cortes de justicia más o menos organi
zadas, a las que con el ejercicio de la jurisdicción contenciosa les será acor
dada, también, el de la voluntaria, quedando así, largo tiempo, confundida
la administración de justicia con la facultad de autenticar las conven
ciones privadas.
IV
Se dice comunmente que la función del escribano fué conocida por
las primeras civilizaciones del mundq. Sin embargo, esto no es rigurosa
mente exacto. Es cierto, como dice Baudry, que "en los primeros tiem
pos que siguieron al descubrimiento de la escritura, las personas ignoran
tes que querían obtener la constatación por escrito de sus convenciones
se dirigían, naturalmente, a aquellos que practicaban el arte gráfico";
pero no es menos cierto que la intervención de estas personas no añadía
valor alguno al acto en que intervenían y que éste recién adquiría carác
ter público una vez registrado por el Jefe del Estado (Rey, Emperador,
Señor, etc.), por las Cortes Delegadas, por los Tribunales municipales,
etc., según el lugar y la época.
Marculfe conservó el formulario de un proceso verbal en el que se
solicitaba la autenticación de un documento privado en la época en que
aún funcionaba el Instituto notarial con las prerrogativas que más tarde
se le acordarían, y que, dada su originalidad, insertamos a continuación.
"Tal día, de tal año, bajo el reinado de tal rey, en presencia de tal
honorable defensor y de toda la curia de la Ciudad: un tal hombre ilustre
se presenta como demandante y dice: Os ruego, buen defensor y
a vos
otros igualmente honorables curiales y magistrados municipales, que
ordenéis que los Registros municipales me sean abiertos ; deseo consolidar
por su inserción en los registros municipales, el acto que tengo en las
manos. El defensor y sus curiales respondían : Exponed el objeto de vues
tra demanda. El demandante contestaba: Tal hombre venerable me ha
dado por escrito un mandato para hacer inscribir en los registros muni
cipales, de acuerdo con la costumbre, tal acto de donación, testamento
o cesión, consentido por él a favor de la iglesia o individuo, para que
surta efecto sea desde el momento o desde su fallecimiento. El defensor
insistía: Mostradnos el mandato que decís tener por escrito, a efecto de
darle lectura de inmediato. El mandato estaba concebido así: Té ruego
hagas inscribir en los Registros municipales tal donación, testamento o

cesión que he hecho. . . A
- 72
—
ese efecto te doy este mandato para que obres
conforme a los poderes que contiene; en consecuencia, todo lo que hagas
será aprobado por mí. Terminada esta lectura, el defensor decía: Hemos
oído la lectura del mandato. Leednos el acto de donación, testamento o
cesión que decís tener y que
sea inserto en los registros como lo deseáis.
El demandante respondía: Te agradezco excelente defensor el ordenar
que se me comuniquen los Registros públicos a fin de que pueda inscribir
la donación que acabo de leer. A lo que el defensor decía: Reconocemos
como perfecto este título de donación, testamento o cesión y el mandato de
que sois portador nos consta que está firmado y confirmado por manos de
"hombres buenos" y ordenamos su inscripción en los registros públicos, a
fin de que se reconozca. Cuando el acto haya side. transcripto y firmado
por nosotros tomará autenticidad según la costumbre".
De forma que a pesar de que antiguamente existían personas encarga
das de escribir las convenciones privadas, éstas no adquirían carácter pú
blico por su intervención, sino que era necesario un acto posterior, general
mente su inserción en los registros públicos en la forma de que ilustra am
pliamente el proceso que antecede.
Según la opinión más generalmente admitida, fué Luis IX el que por
una ordenanza dictada en 1270 instituyó por primera vez 60 notarios para
el prebostazgo de París con funciones parecidas a las que desempeñan los
actuales escribanos.
Y Felipe el Hermoso, nieto de Luis IX, había de legar su nombre, tam
bién a la historia del Notariado al dictar la ordenanza de 1304, que por su
importancia mereció ser llamada el primer Código notarial, y en la que, por
vez primera, se obliga a los escribanos a insertar los actos que autorizaban
en un cuaderno o protocolo.
V
En España la reglamentación de la función notarial no se verificó sino
hasta el siglo XIII, desempeñando hasta entonces las tareas de autenticar
las convenciones los miembros del clero.
En efecto es en el Fuero Real, que se reglamentan detalladamente las
funciones de los escribanos, no habiéndose establecido nada, en forma con
creta, en el Fuero Juzgo. Pero aquel cuerpo de leyes había de ser deroga
do muy poco tiempo después de haber sido puesto en vigencia.
En el inmortal Código de las Partidas se reglamentó minuciosamente
la función notarial, determinándose las condiciones que debían adornar a
los que quisieran ejercerla, como asimismo la forma en que debían ha
cerlo.
La Ley II, tít. XIX, Part. 3.^, al establecer las condiciones personales
que debían reunir los escribanos, disponía: "Leales e buenos e entendidos
deuen ser los escriuanos de la Corte del Rey, e que sepan bien escruir; de

— li
manera que las cartas que ellos fizieren, que bien semeje que de la Corte
del Rey sale, e que las fazen omes de buen entendimiento e deuen bauer
en sí todas las otras bondades que dezimos en la segunda partida,
en las
leyes que fablan de los escriuanos, en el título de los Oficiles de la Corte o
casa del Rey. Otrozí dezimos que los escriuanos públicos que son pues
tos en las cibdades, o en las Villas, o en otros lugares, que deuen ser omes
libres e Christianos de buena fama. E otro sí deuen ser sabedores de es-
criuir bien, e entendidos en el arte de escriuanía, de manera que sepan
bien tomar las razones, o las posturas que los omes pusieren entre sí ante
ello». E deuen ser omes de poridad, de guisa por los testamentos, e las
otras cosas que les fueren mandadas escreuir en poridad, que las nom des
cubran en ninguna manera, fuera ende si fueren a daño del Rey o del Reyno.
E demás decimos, que deuen ser vezinos de aquellos lugares onde fue
ren escriuanos, porque conozcan mejor los omes entre quienes fizieren las
cartas: deuen ser legos, por que han de facer cartas de . pesquizas. ."
El nombramiento de escribano correspondía al poder real. La ley IIT,
tite. XIX, Part. 3.% decía : "Poner escriuano es cosa que pertenece a em
perador o Rey. E esto es porque es tanto como uno de los ramos del se
ñorío de reynos".
Las condiciones que debían tenerse para atender despachos de escri
bano, las determinaba la Ley IV, del tít. XIX de la Part. 3.*, que establecía :
"Probados deuen ser los escriuanos, cuando los aduzcan ante el Rey, si son
sabidores de escriuir e si han en sí las bondades que decimos en la Ley
ante que ésta".
Las pruebas, según dispone la misma Ley, se rendían ante los enten
didos de la Corte si se trataba de aspirantes al título de escribanos del Rey,
si se trataba de aspirantes a escribanía de Ciudad o Villa, el Rey se aseso
raba por los "omes buenos" de aquellos lugares.
Según se deduce de lo que antecede, las condiciones que habían de
acreditarse son la moralidad y la suficiencia, además de la edad que era de
25 años y que nunca admitía dispensa. Por lo tanto, pocas eran las apti
tudes que debían reunir los aspirantes a notarías ; generalmente no era
más que una práctica por espacio de cuatro años en una escribanía, lo que
hacía decir a Ortiz de Zúñiga en su Biblioteca de Escribanos : "Sin exigírseles
los estudios preparatorios, tan necesarios para emprender cual
quier carrera, ni la instrucción de las partes de la jurisprudencia teórica y
práctica que tienen relación con su ejercicio; sin obligárseles más que a
acreditar, y no de una manera evidente, una pasantía que suele producir
sólo hombres rutinarios, ciegos imitadores de fórmulas muchas veces ab
surdas y perjudiciales; sin otro examen que algunas insignificantes pre
guntas sobre la práctica de los instrumentos y de la sustanciación, y sin
más escuela que ese pernicioso y funesto aprendizaje de la curia, más ade
cuado para despertar mañosas arterías, que "para adquirir ideas exactas de
la moral y la justicia. .
."

—
— 74
VI
El notariado en nuestro país.
Viniendo al estudio de las leyes que rigieron el notariado en nuestro
país, debemos hacer presente que en él, durante la época colonial y aún
después de la Independencia nacional, rigieron las leyes de la madre patria.
"La Institución, dice Fernández Casado, fué transportada a aquellas
con todos los defectos de la Peninsular. Lo mismo
apartadas regiones,
que aquí, se introdujo la funesta enajenación de los Oficios de la fe pública,
y allí existieron los notarios de Indias como aquí los notarios de Reinos."
Los lineamientos generales del Notariado Español y
su constitución
intrínseca, pueden apreciarse bien en las primeras leyes nacionales que se
relacionan con el Notariado.
Desde el primero de enero de mil ochocientos veintisiete quedaron su
primidos en toda la Provincia Oriental los cabildos que hasta entonces fun
cionaban.
Como consecuencia de ello, la Ley promulgada el 9 de abril de 1827,
dispuso que en todas las Ciudades y Villas donde habían existido Cabildos,
o donde el Gobierno lo tuviese por conveniente, habría un escribano públi
co que llenase las funciones de ese destino.
Así como en las Leyes de Partidas se entendía que la función notarial
era "tanto como uno de los ramos del señorío del Reyno'',
en nuestro País
se entendió, también, que la función notarial constituía un cargo público
y que por lo tanto la designación para el mismo correspondía al Gobierno.
(Art. 2.' de la Ley citada) .
Las condiciones que debían acreditarse eran también, moralidad y bue
nas costumbres, que se hacía mediante una información judicial, y compe
tencia que se acreditaba con un simple examen ante el Juez de Primera
Instancia. Acreditadas estas condiciones el Gobierno expedía despacho
de escribano, fijando el signo que había de usar en sus actos.
Por ley de 28 de Junio de 1858, se determinó la forma en que debía lle
varse el Protocolo, cómo debía hacerse la visita respectiva por el Tribunal
Superior de Justicia y las obligaciones del Escribano con relación a aquél.
Esta ley impuso a los Escribanos la obligación de llevar Protocolo ce
rrado en la forma que se hace actualmente, rubricado por las autoridades
judiciales, etc.
Alguna de estas disposiciones pasaron a integrar el decreto-ley de 31 d»;
Diciembre de 1878, que como se sabe es el que reglamenta las funciones del
Notariado.
Al relacionar otras leyes relativas al Notariado, debemos constatar

— — 75
que cada una alcanzó a llenar las necesidades de su época. De dicho de
creto-ley no podemos decir siquiera eso.
Dictado, según tenemos entendido, con el asesoramiento de algún co
lega de aquella época, que no nombramos porque ello más que un elogio
poaríá parecer una censura, aquel decreto-ley quiso reglamentar las fun
ciones notariales, pero, la verdad es que, dentro de su redacción anfiboló
gica y redundante, parece destinado más a un gremio
de delincuentes en
potencia que a los depositarios de la confianza pública, que, a pesar de di
cha iey, han sabido en nuestro país, por regla general, hacer honor a su
profesión.
Y es esa ley, que contiene infinidad de disposiciones que han debido
ser objeto de otras tantas interpretaciones, que es incompleta y, por tanto,
hasta dejó vigente algunas de las Leyes de Partidas (las relativas a copias
de escrituras, firmas a ruego, etc.), es esa ley, repetimos, con todas sus
aberraciones, la que rige hasta hoy las funciones del notariado nacional, a
pesar de existir en las carpetas del Parlamento, desde hace muchos años,
un magnífico proyecto de Código Notarial formulado por una comisión in
tegrada por los señores Adolfo Orellano, Héctor A. Gerona y don Solano A.
Riestra y presidida por este último.
No terminaremos, sin dejar expresa mención de la ley de 15 de Octubre
de 1926, que disminuyó a 23 años la edad requerida para el ejercicio del
Notariado y permitió a las mujeres, optar a esa profesión.
Título de Escribano expedido por el Rey de España e inscripto
en nuestro país.
Enero 25 de 1831, Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las dos Cicilias de Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Monarca, de Sevi
lla, de Córdena, de Córdoba, de Corseja, de Murcia, de Jaén de los Algar-
bes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Islas Orien
— tales y Occidentales, Islas y tierra firme del mar Océano, Archidu
que de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de
Absburg, de Plandes, Ferrol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina:
Por cuanto por cédula de la fecha de esta se previene al Governador de
esa Ciudad de Montevideo que con asistencia de su Asesor General, exa
mine para mi Escrivano y Notario público de las Indias Islas y Tierra
Firme del Mar Océano a vos Bartolomé Domingo Bianqui, vecino de ella
y que presentándoos con la referida cédula y hallándoos havil y con la
edad sunficiente para el uso y exercicio del mencionado oficio os ponga
de él. Por tanto quiero y es mi voluntad que siendo todo
en posesión —
así y executado y puesto testimonio de ello en este título seáis por toda
vuestra vida mi Escrivano y notario público de las mismas Indias Islas

—
— 76
y tierra firme del mar Océano. Y encargo al serenísimo Príncipe de As
turias mi muy caro y amado hijo; y mando a los Infantes Prelados, Du
ques, Marqueses, Condes, Ricos-hombres, Priores de las Ordenes, Co
mendadores y Sub-comendadores, Alcaydes de los Castillos y casas fuer
tes y llanas; y las de mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Audien
cias, Gobernadores, Correxidores, Alcaides, veintiquatros, Cavalleros, Es
cuderos, Oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, Aállas y luga
res de las mismas Indias Islas y tierra firme del mar Océano así a los que
ahora son como a los que en adelante fuesen y cada uno y cualquiera de
ellos os hagan y tengan por tal mi Escrivano y notario público y usen
como vos este oficio en los casos y cosas a el anexas y concernientes y
os guarden y hagan guardar las honras, gracias, mercedes, franquezas,
libertades, prebiniencias, prerrogativas, enmunidades y todas las otras-
cosas y cada una de las que por razón de el debéis aver y gozar y os de
ben ser guardadas vien y cumplidamente sin que os falte alguna os pon
gan ni consientan poner embarazo ni impedimento pues yo por el pre
sente os recivo y he por recibido al propio oficio y os doy poder y facul
tad para usarle y exercerle. —
Y ordeno igualmente que todas las cartas,
ventas, poderes, obligaciones, testamentos, codicilos y otras escrituras y
actos judiciales y extrajudiciales que ante vos pasaren en que fuere pues
to el día, mes, año y lugar donde se otorgaren los testigos que a ello fue
ren presentes y vuestro, signo tal como el que os señalare el mismo Go
bernador (de que mando uséis) valgan y hagan fé en juicio y fuera de él
como cartas y escrituras signadas y firmadas de mano de mi Escrivano
y notario público de las expresadas Indias.—Y por evitar los perjurios,
costas, fraudes y daños que de los contratos hechos con juramento se
siguen y pueden resultar de someterse cautelosamente a otros Juzgados
os mando no signéis contrato alguno hecho con juramento si por su va
lidación no le requiere o si no fuere de los en que por Leyes de estos;
Reynos se permite ni los que se obliguen a buena fé sin mal engaño ni
en que lego alguno se someta a la jurisdicción Exma. sopeña de que si
lo signareis por el mismo caso y hecho sin otra sentencia algunas hayáis
perdido y perdáis al referido oficio que así es mi voluntad. Y de este tí
tulo se tomará razón en las contadurías generales de valores y distri
bución de mi Real acienda y en la de mi Consejo de las Indias dentro de
dos meses de su data expresando por la primera quedar satisfecho lo que
deveis al derecho de la media . . . por
los doscientos ducados de vellón
con que aveis servido por esta gracia la que no executándose así quedará
nula.—Dado en San Lorenzo el Rl a trece de Octubre de 1792. Yo el Rey.
(Luego aparecen todas las notificaciones y tomas de razón).
Yo Francisco de Paula Escrivano de su Majestad a Interino del Go-

— — 77
bierno de esta plaza. Certifico en quanto puedo y ha lugar
en derecho.
Que don B. D. B. vecino de esta ciudad en virtud del Real Título que se le
confirió en 13 de Octubre del año próximo pasado de 1792 de Escrivano
y Notario público de las Indias ha sido examinado por el señor Goberna
dor Político y Militar de esta plaza don Antonio Olager Feliú Mariscal
del Campo
de los Reales Exercitos con asistencia de su Asesor General
el licenciado D. Vicente Rodríguez Romano consecuente a Real Cédula
que se le confirió a su Señoría con la misma fecha de 13 de Octubre del
citado año y posesionado al uso y exercicio de dicho oficio, el día quince
del corriente señalándole por signo este (el del margen) para que lo
ponga en los instrumentos que ante él —Y pasen. para que conste en vir
tud del Decreto de su Señoría de fecha del día hoy que con agregado al
expediente de la materia, queda archivado en esta Escrivanía a mi cargo
a el que en lo necesario me refiero signo y firmo la presente en Mont. a
16 de Mayo de 1793 y en este papel común que se usa por privilegio.
Gestión para el ejercicio del notariado ,en 1819.
Agosto 9 de 1819.
Don Joaquín Seija y Pérez. Certifica que estando en audiencia públi
ca la Exma. Cámara de Apelaciones, el treinta del pasado Julio se leyó
un pedimento en que don Manuel del Castillo de este vecindario acompa
ñando certificación de haber sido nombrado Escribano Real por limo, y
Exmo. Sor. Capitán General Barón de la Laguna solicitaba se le habili
tare legalmente para poder ejercer el citado oficio, cuyo pedimento, cer
tificación y demás en su razón obrando y del tenor siguiente.
CERTIFICACIÓN: Don Bartolomé Domingo Bianqui Escribano ma
yor de gobernación superior de esta provincia. Certifico que D. Manuel
del Castillo, vecino de esta Ciudad se presentó al limo, y Exmo. Sor. Ca
pitán General de esta Provincia Barón de la Laguna con el escrito que
abajo se insertará, solicitando habilitación de Escribano en ella y acom
pañando al expediente que sobre el mismo objeto había promovido en el
año de 1814 cuyo escrito con el dictamen del Sor Asesor General y auto
de S. E. en su razón librado con fecha del día 24 del corriente es del te
nor siguiente: limo, y Exmo. Sor Capitán General. Don Manuel del Cas
tillo vecino de esta Ciudad ante V. E. con mi mayor respeto digo que
según se patentiza del adjunto expediente el año pasado de 1814 enta
blé' solicitud por ante el Gobierno de la Majestad Católica para recibirme
de Escribano por considerarme con las calidades e instrucciones necesa
rias para el desempeño de aquel cargo; pero las ocurrencias políticas me
hicieron suspender mis gestiones y aún mi obligación a separarme de
esta plaza. Adonde he regresado no hace mucho. A la sombra del benig-

—
— ;^
no influjo de V. E. Vuelve en renacer en mi el deseo de adelantar mi ca
rrera y con él mis antiguas pretensiones que espero merezcan de la acri
solada bondad de V. E. la favorable acogida que obtuvieron de las auto
ridades Españolas. Ellas se limitan a que V. E. en uso de sus altas om
nímodas facultades y en vista de los Documentos con que compruebo
la limpieza de mi origen, la aptitud y práctica que tengo adquirida y la
regularidad de mi conducta pública previo el examen que estoy pronto
a sufrir, se digne habilitarme de tal Escrivano Real y Notario Público,
mandándome expedir título provisorio de tal, ínterin con testimonio del ex
pediente, consigo obtener el que corresponde según la ley para ello.^—
A V. E. suplico que habiéndome por presentado con los documentos citados
se digne concederme esta gracia en que reciviré señalada merced.—limo.
y Exmo. Sor Manuel del Castillo, Mont. Julio 17 de 1819. Pase al asesor
con el expediente que acompaña. Rúbrica de V. E.
Dictamen del Asesor
limo, y Exmo. Sor. Atendiendo a las recomendables circunstancias
del suplicante y a la necesidad que hay de Escrivanos para el despacho
de los negocios judiciales especialmente en la Cámara dé Apelaciones en
que el Oficial mayor de los Escrivanos de aquel Tribunal debe suplir al
Escrivano Propietario, en los casos de enfermedad, ausencia o impedi
mento, crehe el Asesor General que se halla V. E. autorizado por las le
yes del Reyno para conceder al suplicante el título de Esno. Real que so
licita provisoriamente y entretanto q'inpetra la gracia de su Majestad:
con calidad expresa de no poder exercer el oficio hasta que examinado
por la Cámara de Apelaciones y aprobado según derecho, preste el jura
mento legal y obtenga la correspondiente habilitación para hacer uso del
título que V. E. le concede, según lo dispuesto en las leyes del libro quin
to título octavo de la Recopilación de Indias.—Pero V. E. resolverá so
bre todo, lo que sea de su beneplácito.—Mont. Julio 19 de 1819.—limo.
y Exmo. Sor. Nicolás de Herrera.
AUTO: Montevideo Julio veinte y quatro de 1819. Conformado con
el dictamen que antecede del Asesor General de este Superior Gobierno;
téngase por suficiente decreto y líbresele al suplicante por la Escrivanía
Mayor de esta Gobernación el correspondiente certificado, con inserción
de dicho dictamen y de este mi decreto para los efectos consiguientes a su
debido cumplimiento. Barón de la Laguna. Proveyó mandó y firmó el de
creto que antecede el limo. Sor. Capitán General B. de la L. Ante mi Bar
tolomé D. Bianqui Escrivano Público y de la Superior Governación. Y
para que lo mandado por S. E. por decreto de fecha 24 del corriente ten
ga su debido cumplimiento y que el interesado se presente a la Real Cá
mara de esta Provincia a los efectos que previere el citado superior de-

—
— 79
creto de S. E. y que le sirva del título provisorio tomándole la corres
pondiente razón le doy la presente certificación que signo y firmo en
Mont. 28 de Julio de 1819 y en este papel común por no usarse de otro
B. D. B. E. de la sf.
PEDIMENTO: limo, y Exmo. Sor. Don Manuel del Castillo, vecino
de esta Ciudad y Oficial mayor de la Escrivanía de Cámara ante V. E.
con mi más profundo respeto parezco y digo : Que por la certificación de
Escrivano Mayor de Gobierno que con las solemnidades debida por éste
se impondrá V. E. que el limo, y Exmo. Sor. Capitán General B. de la R.
en uso de sus facultades se ha dignado por decreto Asesorado de 24 del
que sigue concederme el título de Exmo. Real con calidad de obtener de
V. E. la habilitación legal que corresponde y a efecto de —A
conseguirla.
V. E. suplico que habiéndome por presentado con el título referido se sir
va proveher se me examine según en el se previene con lo demás que V. E.
estime conveniente. —
Castillo.
— Será gracia y justicia que imploro. Manuel del
DECRETO: preséntese a examen para primera audiencia de la
Exma. Cámara, estando en pública, vista esta pretensión y título que
acompaño, provengo por ante mí que el interesado se presente a examen
para primera audiencia de que certifico. Mont. Julio 30 de 1819.
Exmo. de Cámara. El mismo día lo notifique a don Manuel Castillo,
doy fé. Sape.
DECRETO Y HABILITACIÓN: Examinado el suplicante y habién
dosele encontrado acto para el desempeño del oficio de Escrivano Real
que impetró y le fué concedido por el limo, y Exmo. Sor. Capitán General
de la Provincia. Apruébase en cuanto a lugar y se le habilita para que
Ínterin obtiene el título del soberano exerza el tal oficio con las justi
cias y autorizados los intrumentos y contratos en que por ley pueda ha
cerlo con obción a los derechos y emolumentos que por el arancel corres
pondan y goce de las exempciones que como tal Escrivano le competen
debiendo previamente presentarse a prestar el juramento ante el Sor.
Oidor Juez de Cámara de que de fé el Exmo. de Cámara quién señalará
al suplicante el signo de que deberá usar expidiéndole certificado con
inserción de lo necesario para que le sirva de título de que se tome razón
en el Exmo. Cabildo y oficinas respectivas. —
pués el proveído y la notificación.
Hay cuatro rúbricas y dgs-
JURAMENTO: En 6 de Agosto corriente mes y año, estando en la
sala de audiencia el Sor Didor Juez Decano de la Cámara de Apelación
don Nicolás Herrera compareció don Manuel del Castillo a quién Su se
ñoría mandó hacer la Señal de la Cruz e interrogó diciendo: ¿Juráis a
Dios Nuestro Señor y a esta señal de Cruz desempeñar bien y fielmente
el oficio de Escrivano Real que se os ha conferido: no llevar derecho a

— so
los pobres ni a la Real Hacienda ni más que por arancel os están o sean
en lo sucesivo designado; no admitir de las partes que ante vos también
pleiten ninguna especie de dones ni aún de cosas de comer ni por vos ni
por medio de vuestros familiares o allegados; guardar sigilo
en las co
sas y casos que sean de guardar y observar puntualmente las leyes?
Aquel respondió: Sí juro.
Y habiéndole aseverado el Sor Decano si así
lo hiciere Dios hos lo premie y sino el y el Rey hos lo demanden; con
testó; Amén.—De que yo el Exmo. de Cámara que soy presente certifico
y doy fé J. S. y P.
SIGNO: En 7 de Agosto del propio año yó
el Exmo. de Cámara se
ñalo al de S. M. don Manuel del Castillo en obedecimiento de lo mandado
el signo del mayor, que como peculiares de su oficio sea de usar y para
que conste lo pongo por diligencia S. —
así lo ordena le expido ésta para que presentándose
Y en virtud del auto superior que
con ella al Exmo. Ca
bildo sirva al interesado don Manuel del Castillo de título bastante de
Escno. Real mientras obtiene el que corresponde de su majestad y en su
vista tomando razón en los oficios respectivos se le guarde y hagan guar
dar las excempciones que le competen. Mont. Agosto
9 de 1819.
Matrícula de Escribanos de la Agustín Arismendi 1814
República, desde el año 1780 has Luciano de las Casas ....
1814
ta 1830, según el Boletín del Co Ensebio González 1815
legio Notarial: Luis González Vallejo .
Manuel Joaquín de Toca .
. 1780
. 1815
Manuel del CastiUo 1819
Antonio Domínguez Costa 1821
José Zenzano 1780 Juan Villorado 1821
Nicolás Zamora 1783 Francisco' Urtado 1822
Antonio Palomino 1784 Ramón María Peláez 1823
Luis Antonio de Miranda 1792 Lis Bernardo de Coira ....
1824
Mariano García Echaburii 1791 Felipe Alvarez Bengochea' 1824
Francisco de Paula Dherbe 1791 Francisco J. de Antuña .
. . 1825
Juan Antonio . Magariños . 1793 Teodoro Mentaño 1825
Bartolomé Domingo Vianqui 1794 Juan León de las Casas .
José Ensebio González .
. . 1798
. . 1826
Sebastián Roso 1826
Manuel José Saénz de Cavia 1798 Marixal jCallexa 18.27
José Antonio Hidalgo ....
1799
Mariano Cañizares 1827
Fernando Ignacio Márquez 1804 Juan Pedro González ....
Pedro F. Sainz de Cavia .
. 1805
1827
Manuel Cortés 1827
Manuel Varona 1811 Salvador Tort 1828
Justo José de Viera 1811 Miguel Brid 1828
José Gutiérrez de Oyó .
. . 1812
Francisco Araucho 1830
Joaquín Sagra y Piriz 1812 Pedro Pérez Herrera 1830
Antonio Pastor 1812 Bartolomé Quiles 1830

A continuación se expresan los
datos eatajdísticos corlrespondien-
tes al Notariado, desde 1833.
No insertamos la matrícula res
pectiva ni hacemos referencia al
período comprendido entre 1830 y
1833 por no haberse llevado en
formfei el libro correspondiente:
De 1833 hasta el 3 de
Junio de 1930, se
han matriculado .
. . 921
Han fallecido 264
Se han ausentado, etc. 6
270
En consecuencia se encuentran
en condiciones de ejercer, 651.
La población notarial en ejer
cicio se distribuye, así:
Montevideo 320
Canelones por steceiones
judiciales:
1.* sección 7
2.* sección 3
4.* sección
6,^ sección 2
7.* sección 3
9.* sección 1
10*. sección 2
11.* sección 2
Colonia por localidades:
Ciudad de Colonia 6
Rosario 3
Carmelo 4
2
22
13 342
— — 81
Nuteva Helvecia 3
La Paz 1
Nueva Palmira 1
Joaquín Suárez 1
13 342
19
Depto, de Salto 18
" "
" "
" "
Durazno 17
Rocha 17
Cerro Largo. .
Tacuarembó por seccio
nes judiciales:
Capital 9
8.* sección 1
9.* sección 1
10.* sección 3
11.* sección 1
16
15
Depto. de Lavalleja
14
"
Soriano 13
" "
"
"
"
Florida 13
Treinta y Tres .
. 12
Rivera 11
San José .......
10
"
Paysandú 9
"
Maldonado, se
distribuye
dades así:
por locali
Maldonado 2
San Carlos 5
Aíguá 1
Depto. de Flores 5
"
Artigas
4
"
Río Negi-o se
distribuyen por locali
dades así:
Fray Bentos 2
Young
1
Total ....
8
3
546

— — 82
DIVERSAS LEYES QUE DETERMINARON LOS CONOCIMIENTOS
T ECNICOS QUE DEBÍA TENER EL ASPIRANTE A LA
PROFESIÓN NOTARIAL
— I. Varias son las leyes y decretos que se dictaron en nuestro País,
después de constituido en Nación independiente, a fin de determinar la
preparación técnica y cultural que debe tener todo aspirante a la profe
sión notarial.
Puede decirse que en un principio la preparación que se exigía era pu
ramente técnica o profesional, descuidándose en absoluto la preparación
que podríamos llamar cultural o propiamente "universitaria".
En efecto, como ya lo apuntamos en otro lugar ,las primeras leyes que
se dictaron en nuestra Nación, siguieron las directrices principales de la
Institución Notarial española que había funcionado en el país en su perío
do de colonia.
En este sentido la primera Ley que
do, la de 1827, establecía que las Escribanías serían provistas por el Go
bierno, previo examen de oposición ante el Juez de primera instancia del
Departamento donde debía residir el Escribano.
En el Decreto-Ley de 31 de Diciembre de 1878, se prestó, aunque muy
se dictó con referencia al Notaria
escasa, atención a la preparación cultural del aspirante, estableciendo que
éste debía acreditar conocimientos de gramática y sistema métrico deci
mal, mediante certificado expedido por "profesor público". En cuanto a
la instrucción técnica, disponía que el aspirante debía justificar, por me
dio de certificados expedidos por la Universidad u otro "establecimiento
competente", conocimientos de derecho civil y comercial, según los Códi
gos vigentes y de derecho Internacional Privado y procedimientos judi
ciales.
Con estos certificados y los que justificaran la práctica de "protocolo"
y de "actuación", el aspirante presentaba su solicitud al Tribunal, el que
daba vista al Ministerio Fiscal, y si por parte de éste no había oposición,
se designaban tres Escribanos para que examinaran al aspirante. El pro
pio decreto disponía que establecido y organizado debidamente el Colegio
de Escribanos, podía cometerse a éste el examen del aspirante; funciones
éstas que desempeñó durante algún tiempo el Colegio de Escribanos.
Los escribanos designados por el Tribunal, o en su caso el propio Co
legio, debían informar sobre la suficiencia del aspirante una vez verifica
do su examen y siendo este informe favorable, el Tribunal procedía a un
nuevo examen del postulante y recién, aprobada esta prueba, se procedía
a tomar juramento al nuevo Escribano y a expedirle su título.
Este era el estado de nuestra legislación con respecto a las condiciones
que debían reunir los aspirantes al Notariado, cuando en 1891 varios es
tudiantes, de los cuales algunos ejercen, aún, el Notariado, se presentaron
ante la Cámara de Representantes solicitando su modificación. Nada más

— — 83
ilustrativo que el propio escrito que aquellos estudiantes presentaron al
Parlamento ; y decimos más ilustrativo por cuanto que en él se hace un
análisis de la situación de nuestro gremio en esa época, al propio tiempo
que trasunta sus ansias de perfeccionamiento, por lo que procedemos a su
transcripción :
"Los abajo firmados, estudiantes de la carrera de Escribano, compa
recemos ante ese H. Cuerpo Legislativo y haciendo uso del derecho de pe
tición que acuerda a todos los ciudadanos el art. 142 de la Constitución de
la República, como más haya lugar decimos : Que la aspiración, a nuestro
juicio muy legítima, de levantar y ennoblecer la carrera a que hemos re
suelto dedicarnos, y que venimos persiguiendo con decidido empeño en la
labor diaria de las aulas universitarias, nos ha inducido a molestar la
atención de este H. Cuerpo Legislativo, con la solicitud que pasamos a
formular.
"Por una anomalía inexplicable, la carrera de Escribano ha venido
siendo olvidada por las anteriores Legislaturas, que habiendo dedicado di
versas leyes sobre el plan de estudios, y habiendo autorizado la reglamen
tación de la generalidad de las carreras que se cursan en la Universidad
Mayor de la República, nada ha hecho para levantar esta carrera a la al
tura que merece, dada la indiscutible importancia que entraña para los in
tereses generales de la Sociedad.
Puede decirse, sin pecar de exagerados, que en materia de plan de es
tudios y reglamentación de esta profesión, está todo por hacer. El desor
den más completo preside el estudio y adquisición del título de Escribano,
en la República. Protestando nuestros respetos a ese H. Cuerpo Legisla
tivo, séanos permitido expresarnos así, puesto que consignamos una ver
dad notoria.
En cuanto a plan de estudios, no hay, ni bueno ni malo, siempre que
por aquello se entienda un algo presidido de un criterio científico, pues, lo
que en la actualidad rige como plan de estudio para los Escribanos, es tan
sólo un hacinamiento de materias mal distribuidas e innecesarias en gran
parte. Es a la vez, deficiente, en cuanto se han omitido algunas asigna
turas reconocidas como indispensables para copiplementar debidamente el
estudio de dicha carrera.
Por lo que respecta a la reglamentación o determinación del orden que
debe seguirse en el estudio de las asignaturas, tampoco se ha hecho nada.
El libre arbitrio de cada uno de los estudiantes, vale decir, el desorden más
completo, es el que reina al presente. Se puede, indiferentemente, em
pezar el estudio de esta carrera por el principio o el fin, de manera que un
estudiante, tanto puede dar como primer examen el segundo año de Proce
dimientos como el primero de Civil, y así sucesivamente.
Por estas deficiencias y desórdenes que dejamos ligeramente apunta
dos, se viene dando el espectáculo desolador de que la carrera de Escriba-

—
— 84
no sea de un tiempo a esta parte el refugio obligado de todos aquellos que
quieren improvisarse una profesión para hacer fortuna, con grave peligro
de los intereses generales de la Sociedad, que pueden sufrir serios trastor
nos con el mal ejercicio de esta profesión.
Es otra de las irregularidades imperantes, en lo que llamaremos el
plan de estudio de esta profesión, la intervención extemporánea y absurda
que se le viene, dando al Colegio de Escribanos para la expedición de los
títulos respectivos, pues obliga a los estudiantes que han cursado todas las
materias y rendido sus exámenes ante la U|niversidad Mayor de la Repú
blica, que se sometan a una nueva prueba ante el referido Colegio, que, sea
dicho de paso, carece de todo carácter oficial.
Si el objeto de ésto es tener una prueba de la suficiencia del aspirante,
en la parte práctica de la carrera, establézcase como obligación la asisten
cia al aula de práctica forense, que existe en la Universidad, a fin de que
el alumno pueda cursarla allí y rendir el examen respectivo.
En nuestro concepto, hay urgencia en que cese el absurdo de que una
sociedad sin carácter oficial alguno, intervenga de una manera tan funda
mental, en la expedición de títulos que, en rigor de lógica y de buen senti
do, deben ser expedidos por la Universidad Mayor de la República.
Por las consideraciones expuestas y demás que omitimos en obsequio
a la brevedad, suplicamos a ese H. Cuerpo Legislativo se sirva resolver que
el artículo 15 de la Ley de 21 de Noviembre de 1889, quede, reformado en
la manera siguiente: "Artículo 15. —
Las profesiones de Escribano, Tra
ductor y Contador, quedan anexadas a la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y sujetas en un todo a los reglamentos universitarios, sin que se
puedan imponer más condiciones que las que éstos exijan para obtener el
título respectivo."
Si se considerase indispensable seguir exigiendo la información de
vida y costumbres para autorizar el ejercicio de la profesión de Escribano,
ésto no obsta para que se conceda a la Universidad la facultad que solicita
mos en eLartículo transcrito,, aunque dicho sea de paso, creemos que es lle
gado ya el tiempo de que desaparezca ese requisito inútil, que en la prácti
ca a nada conduce, como pueden dar testimonio de ello algunos miembros
de ese H. Cuerpo Legislativo, que han desempeñado durante algún tiempo
el cargo de fiscal.
Suplicamos, pues, a este H. Cuerpo Legislativo, se sirva acceder a lo
que dejamos solicitado, por ser lo que corresponde en justicia, etc." —
(Si
guen varias firmas),
A raíz de esta petición de los estudiantes de notariado, la Comisión
de Legislación de la Cámara de Representantes formuló un proyecto, cuya
sanción aconsejaba a la Cámara, y por el que se contemplaba la aspiración
de los estudiantes.
Debemos consignar que el Colegio de Escribanos se dirigió al Parla-

— — 85
mentó pidiendo la postergación de la consideración del asunto promovido
por los estudiantes, argumentando que uno de los señores Diputados, el
Escribano don Carlos E. Barros, estaba por presentar a la consideración
del Parlamento, un proyecto de Código Notarial, y que al estudiarse éste
sería el momento de tratar la cuestión promovida por los estudiantes.
No obstante ésto, la Cámara baja consideró y sancionó el proyecto de
su Comisión de Legislación, el que pasado al Senado, fué notablemente am
pliado; vuelto a Diputados el proyecto del Senado, fué sancionado el 9 de
julio de 1897, y más tarde, promulgado por el Poder Ejecutivo el trece del
mismo mes.
Por esta Ley se exigía para iniciar los estudios de Escribano, el título
de Bachiller en Ciencias y Letras, el de Maestro Diplomado de 2.' o 3.er
grado o bien la rendición de un examen que lo habilitara a obtener! matrí
cula de los estudios de la carrera. Este examen versaba sobre determina
das materias que la misma Ley enunciaba.
En cuanto a los estudios de derecho, debía realizarlos el aspirante con
sujeción a los reglamentos universitarios.
Terminados éstos, el aspirante tenía que prestar dos exámenes de ca
rácter general, pero, en la propia Universidad, eliminándose así, de acuer
do con el pedido de los estudiantes, la intervención de todo Instituto ajeno
a la Universidad, en el examen y prueba de suficiencia del aspirante. Sin
embargo, el título profesional lo seguía expidiendo el Tribunal Pleno, en
defecto de Alta Corte, previa información de vida y costumbre que debía
hacer el aspirante.
Más adelante, el examen que exigía la Ley de 1897 para iniciar los es
tudios superiores de Notariado, fué suprimido, estableciéndose como requi
sito general, el haber cursado los cuatro años correspondientes a la Ense
ñanza Secundaria, única condición que aún se exige a los que
estudio de la carrera de Escribano.
se dedican al
Sin embargo, el Decreto del Poder Ejecutivo de 13 de diciembre de
1910, establecía, además de los cuatro años de Secundaria,
un año de "Pre
paratoria", en los que debía estudiarse matemáticas y dibujo; Historia
Universal y Americana ; Literatura y Filosofía ; Francés ; Inglés o Alemán,
y Ejercicios Físicos. Por desgracia para la profesión, ese año de prepa
ratorios fué eliminado del reglamento universitario, por el Decreto del Po
der Ejecutivo del 4 de julio de 1916. No se pueden pedir argumentos más
pobres que los de este Decreto del Ejecutivo. La razón que se tuvo para
eliminar ese año de enseñanza preparatoria, no fué otra que la de que esos
cursos eran una simple repetición de los estudios que se realizaban en el
período de estudios secundarios! Pero, frente a esa situación, ¿lo que co
rrespondía era precisamente la eliminación de los cursos preparatorios, o
la reforma de los programas para ponerlos en consonancia con la,naturale
za e importancia de los mismos? Con un criterio semejante debieran su-

—
— 86
primirse todos los estudios preparatorios, cosa que a nadie le parecería
aceptable en el estado actual de nuestra enseñanza.
La elevación cultural de la profesión notarial y su prestigio académi
co, reclaman la implantación de los estudios, preparatorios.
Por fin, la Ley de 15 de diciembre de 1916, introdujo j^arias modifica
ciones en la de 13 de julio de 1897, contándose entre las más importantes
la que dispuso que la Universidad sería la que en el futuro expediría el
título de escribano, limitándose la intervención de la justicia
a recibir la
información de vida y costumbres del aspirante y a tomar el juramento
previo a su investidura.
LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD
Registros de Hipotecas de la 1.* y 2.* sección.
El Gobierno Español, por Real Cédula de 9 Mayo 1778, dispuso que en
todos sus dominios de Ultramar, entre los que se encontraban comprendi
das sus colonias de América, se anotaran indispensablemente en los Ofi
cios de Hipotecas, todas las escrituras de actos o contratos que afectaren
a la propiedad ,como hipotecas, censos, etc.
Por otra Real Cédula de 16 Abril de 1783, se ordenó que se procediera
desde luego al establecimiento de Oficios de Hipotecas en todas las Cabe
zas de Partidos, dejando a cargo de las Audiencias las disposiciones com
plementarias que se necesitaren para su ejecución.
En cumplimiento de ese encargo, la Audiencia en Buenos Aires, en el
acuerdo de 19 de Noviembre de 1795, aprobó uña instrucción en la que con
signaba las funciones de los Anotadores de Hipotecas que debían ser los
Escribanos de los Cabildos debiendo guardarse los libros de los Registros
precisamente en las casas capitulares, mandando crear inmediatamente los
Oficios de Hipotecas, consignándose en la inscripción la fecha del contrato,
el importe de la obligación, etc.
El Virrey don Pedro Meló de Portugal, el 18 de Octubre de 1796, diri
gió una circular a todas sus intendencias mandando cumplir las expresadas
instrucciones, por lo que el Gobernador de Montevideo, Mariscal Antonio
Olaguer Feliú, en 9 de Noviembre de 1796, lo publicó por Bando en esta
ciudad, mandando dar cumplimiento a la circular e instrucciones referidas.
Su texto lo insertamos a continuación de esta reseña.
El Registro de Hipotecas
se abrió en esta ciudad el 16 del mismo mes
y año, por los miembros de la Sala Capitular, siguiéndose las inscripciones,
hasta el 4 de Setiembre de 1811, en que se entregó el Registro a su Escri
bano Manuel Varona.
Por ley de 18 de Junio de 1856, se estableció el Registro de Hipotecas
y privilegios legales independiente del existente que lo era de hipotecas es
peciales, pero llevado en la misma forma y en una sola oficina para toda la
República.

— — 87
Por decreto-ley de 26 de Mayo de 1865, se derogó la ley de 18 de Junio
de 1856, suprimiéndose el Registro de Hipotecas y Privilegios legales que
ella creó y se dividió el Registro de Hipotecas especiales existente (1), en
dos secciones con oficinas separadas, denominadas de la 1.* y 2.* secciones,
comprendiendo la primera los Departamentos de Montevideo y Canelones,
con los libros del Registro de Hipotecas antiguo ; y la segunda los demás
Departamentos, con los libros del de Hipotecas y Privilegios legales su
primido.
También resultan de interés para un estudio de la reglamentación de
ese Registro : el decreto del P. E., de fecha 9 Marzo 1917, cuyo valor legal
no está indicado, determinando la forma de las inscripciones ; y otro decre
to de fecha 19 Mayo 1920, sobre la forma de designación de los Directores
de esta oficina.
Citadas las disposiciones legales que rigen el Registro que nos o(?upa,
debemos mencionar también otra disposición que ha sustituido la que con
tenían, a ese respecto, aquellas leyes, relativa a la forma de inscripción.
Esta se rige por lo dispuesto en el ai:t. 2334 del Código Civil.
El Registro de Hipotecas inscribe: a) los gravámenes hipotecarios
constituidos sobre buques o bienes raíces y esa inscripción es requerida
como solemnidad, para que valgan como tales los gravámenes constituidos
(art. 2328 del Código Civil) ; b) las hipotecas industriales de acuerdo con
la ley de 24 de Setiembre de 1928.
Los dos Registros —
de
la 1.* y 2.* sección —
son de propiedad priva
da. Administrativamente dependen del Ministerio de Instrucción Pública.
Cerrando la síntesis relativa a este Registro, que dejamos formulada,
insertamos la "instrucción" de acuerdo con la cual fué instituido en nues
tro país y algunas inscripciones existentes en el Registro.
Instrucción formada de orden del Excelentísimo señor don Pedro Meló
de Portugal, Virrey de Buenos Aires, para el método y formalidades que
se deven observar en el establecimiento del Oficio de Hipotecas en todas
las Intendencias del Virreynato a su cargo:
Los Escrivanos de Ayuntamiento de las ocho Intendencias de este
Virreynato y el de Montevideo, tendrán en mi Libro, o en muchos Regis
tros separados en cada uno de los Pueblos de su distrito con la corres
pondiente inscripción, enquadernándolos y foliándolos en la misma for
ma que los Escrivanos lo practican con sus protocolos, para que en ellos
::e tome indispensablemente la razón de todos los instrumentos de impo-
(1) Aunque innecesario, nos parece conveniente aclarar —
para quienes no perteneceij
—
tí. la profesión que actualmente sólo existen hipotecas convencionales, que además deben ser
públicas, es decir, inscriptas en el Registro de Hipotecas, para su validez, y especiales, o sea,
i^caer sobre bienes determinados, en oposición al concepto antiguo de nuestra legislación, aún
mantenido en otros países, de hipotecas legales, judiciales y convencionales.
Entre nosotros, las primeras han sido sustituidas por los privilegios, las segundas por
los embargos y de las últimas acabamos de ocuparnos.

siciones, ventas o redenciones de censos, censos o tributos, ventas de
bienes raíces o considerados por tales, que constare estar gravados con
alguna carga, fianzas en que se hipotecaren especialmente tales vienes,
escrituras de mayorazgos, u obra pía y generalmente todos los que ten
gan especial y expresa hipoteca o gravamen, con expresión de ellos o su
liveración o redención, de modo que con distinción y claridad se tome la
respectiva razón del Pueblo en que estubieren situadas las hipotecas distribuiendo
los asientos por años, para qe' fácilmente pueda hallarse la
noticia de las cargas y si estas estubieren situadas en distintos Pueblos,
se anotará en cada una la que le corresponda.
Las partes contenidas en las escrituras o instrumentos que se otorga
ren en la capital de la Intendencia estarán obligados a registrarlos dentro
del término que con conocimiento de las distancias territoriales señalaren
los respectivos Intendentes, en lo que consultarán el alivio posible
en los
interesados y para evitar molestias y dilaciones a estos tomará razón el
Escrivano dentro de veinte y quatro horas.
La copia original que es la primera que da el Escribano, será el instru
mento que exhlva en el oficio de hipoteca, y si por pérdida o extravío de
instrumento antiguo, se hubiese sacado otro igual,
con autoridad de Juez
competente ,en tal caso se tomará de ella la razón, como igualmente de las
que por defecto de escribano en algunos lugares o pueblos se otorgaren
ante las justicias, con asistencia de testigos, lo que se expresará así en
este caso, como en el anterior y no cumpliendo con el Rexistro y toma de
razón no harán que dichos Instrumentos en juicio ni fuera de el según lo
tiene resuelto Su Majestad para el efecto de perseguir las hipotecas, ni
para que se entiendan gravadas las fincas contenidas en el Instrumento,
cuio rexistro se haya omitido, y los jueces o ministros que contravengan,
incurrirán en las penas que previene el auto acordado y los escrivanois
tendrán obligación de prevenir esta formalidad en todos los Instrumentos
que otorgaren, bajo la pena de que por su omisión se les hará cargo y cas
tigará con arreglo a las Leyes de Castilla.
La toma de razón ha de reducirse a referir la data o fecha del instru
mento, los nombres de los otorgantes, su vecindad, la calidad del contrato,
obligación o fundación, diciendo si es imposición, renta, fianza, vínculo u
otro gravamen de esta clase ; y los bienes raíces gravados o hipotecados
que contenga el instrumento con expresión de sus nombres, cavidés, situa
ción y linderos en la misma forma que se expresa en el instrumento, y se
previene que por vienes raíces, además de casas, heredades y otros de esta
calidad, inherente al suelo, se entienden también los censos, oficios y otros
derechos perpetuos que puedan admitir gravamen o constituir hipoteca.
Luego que el escrivano haia executado el rexistro pondrá en el Ins
trumento exhibido, la siguiente nota : "Tomada la razón en el oficio de hi
potecas del Pueblo F .
. a folio ... en el día de hoy", y concluirá con la fe
cha, la firmará, debolviendo el Instrumento a la parte, a fin de que, si quie-

— - 89
re exhibirla al Escrivano originario, o Juez ante quien lo otorgó para que
en el Protocolo donde está tomada la razón, lo pueda hacer, el cual esté
obligado
Quando se llevase a rexistrar Instrumento de redempción de censo o
liveración de la hipoteca o fianza, si se hallare la obligación o imposición
en los rexistros del oficio, se glosará y pondrá nota correspondiente a su
a advertirlo en el Protocolo.
margen o continuación de él, de estar redimida o extinguida la carga; y
si no se halla rexistrada la obligación principal, o aun de que se halle, que
riendo la parte, se tomará razón de la redención y liveración en el libro de
rexistro de la misma forma que se debe hacer de la imposición.
Siempre que al Oficio de Hipotecas se pidiere alguna apuntación ex-
trajudicial de las cargas que constare en sus rexistros la dará simplemen
te o por certificación autorizada, sin necesidad de que intervenga decreto
judicial a fin de aorrar costas y gastos a los interesados.
Para encontrar con facilidad las cargas y liveraciones tendrá la Escri
vanía un Libro índice, o repertorio oral en el qual por las letras del abece
dario se hayan asentado los nombres de los imponedores de las hipotecas o
de los pagos, distritos o parroquias en que .están situadas; y
a su continua
ción el folio del Rexistro donde haia instrumento respectivo a la Hipoteca,
persona. Territorio o Parroquia de que se trate, de modo que por tres o
cuatro medios diferentes se pueda encontrar la noticia de la hipoteca q' se
busque ; y para facilitar la formación de este abecedario general, tomada
que sea la razón, se anotará en el índice en la letra a que corresponda el
nombre de la persona y en letra inicial correspondiente a la heredad, pago,
distrito o Parroquia, se hará igual reclamo.
Todos los instrumentos anteriores a la publicación de esta Instruc
ción los rexistrarán las partes antes de presentarlos en juicio, para el efec
to de perseguir las Hipotecas o fincas gravadas ; bien entendido que sin
preceder la circunstancia del Rexistro, ningún Juez podrá juzgar por tales
instrumentos ni harán fé para dicho efecto, según lo tiene declarado Su
Majestad, aunque lo hagan para otros fines diversos de la persecución de
las Hipotecas o verificación del gravamen de las fincas, a cuio fin todos los
escrivanos estarán obligados a hacer en los instrumentos que se otorgaren
se ha de tomar la razón
después de esta instrucción, la advertencia de que
dentro del preciso término de seis días, si el otorgamiento fuese en la Capi
tal de la Intendencia o si fuere en el Pueblo de su jurisdicción dentro del
término que se señalare por el respectivo Intendente, estando estos obliga
dos a pasarles las tablas que se hicieran a ese fin y de remitir copia de
ellas a la Superintendencia de mi cargo.
Interesando tanto al bien común la conservación de los documentos
públicos y a fin de averiguar si ha habido omisión en traer al Registro
algún instrumento, deverán embiar todos los escrivanos o Jueces de los
lugares del Partido donde se otorgaren dichos instrumentos al respectivo
Intendente, una matricula de los que se huviesen otorgado y constare en

— — 90
el Protocolo de aquel año, para que lo guarde en la Escrivanía de Ayun
tamiento y pueda ser este índice anual reconocer el que sirva el oficio
de Hipotecas si ha havido la amisión referida.
El Oficio de Hipotecas correrá a cargo del Escrivano de Cavildo y si
fueren dos, del que eligiesen, procediendo las fianzas correspondientes, que
deberán ser a satisfacción por ser de su cuenta y riesgo.
Los libros de Rexistro se guardarán precisamente en las Casas Capi
fulares y en su defecto no sólo serán responsables los escrivanos sino tam
bién la Justicia y Reximiento.
Todas las dudas para el formal establecimiento de los oficios de hipo
tecas se consultarán a las Reales Audiencias del distrito por medio de su
Presidente, que siendo de Charcas o Cusco, dará aviso al Virrey de lo que
se resolviere, reservándose éste tomar las que convengan en los que fuesen
de menor consideración, como también el de establecer estos oficios en las
demás ciudades que tenga por conveniente, debiendo conservarse esta Ins
trucción en todas las Escrivanías públicas, y de Ayuntamiento para que
nadie alegue ignorancia de sus disposiciones, entendiéndose igualmente
sujetos todos a la pena de las Leyes de la materia, a cuio fin se imprimirán
y remitirán las copias que sean necesarias a ese útil e importante estable
cimiento. Buenos Aires, catorce de Octubre de mil setecientos noventa y
cinco.
Pásese estas instrucciones en voto consultivo al Real Acuerdo y apro-
vada que sea, publíquese por vando para noticia de todos y su debido cum-
pliníiento, pasándose al efecto copia certificada a la Real Audiencia, Cavil
do y todas las Intendencias de la comprehensión de este Virreinato, que se
acompañarán con los competentes oficios, poniéndose un exemplar en las
Secretarías y Escrivanías de este Govierno y notificándose personalmente
a todos los escrivanos de esta Capital. —
Gallego.
Rúbrica
de su Excelencia, —
En la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Bue
nos Aires a diez y nuebe de Noviembre de mil setecientos noventa y cinco :
El Excelentísimo señor don Pedro Meló de Portugal, Theniente General de
los Reales exercitos, virrey Governador y Capitán General de estas Provin
cias, y Superintendente General Sub delegado de Real Hacienda y Presi
dente de esta Real Audiencia Pretorial; y los señores don Benito de la-
Malta Luiores, don José Cabeza Enriquez Cavalleros de la Real y Distin
guida Orden Española de Carlos Tercero, don Sebastián de Velasco y don
Rafael Antonio Viderique, Regente y Oydores de ella : estando en Acuerdo
Real de Justicia y Vista la Instrucción del Oficio de Hipotecas que ha pa
sado su excelencia en voto consultivo, fueron de parecer que siendo su ex
celencia servido podrá mandar se ponga inmediatamente en execución la
referida Instrucción para el método y formalidades que deben observarse
en dicho establecimiento del Oficio de Hipotecas en todas las Intendencias
del Territorio de este Virreynato, con lo que se conformó Su Excelencia y

— — 91
lo firmo con los demás señores de que doy fe. —
Don Facundo de Prieto y Pulido. —
Hay
cinco rúbricas. —
Es copia : Manuel Gallego.
Así corregida, concuerda con la copia que certificamos con la que sir
ve de original y se guarda en el legajo del presente año dirigida por el se
ñor Gobernador de esta Plaza, —
en diez del corriente Noviembre.
Sala
Capitular de Montevideo, trece de Noviembre de mil setecientos noventa
y seis.
— — Firmado : Duran Ruiz Pereyra.
Tabla de los términos 'señalados para los pueblos de la jurisdicción de
Montevideo para el rexistro de los instrumentos que se expresan en la Ins
trucción formada para el establecimiento del Oficio de Hipotecas :
Feliú. —
nal. —
Montevideo
Maldonado
San José
San Juan Bautista
Guadalupe
Pando
San Francisco en las Minas
Villa de San Carlos
Santa Teresa /
Santa Tecla |
— — Buenos Aires, 18 de Octubre de 1796. Manuel Gallego. Es copia:
Concuerda esta copia que certificamos con la que sirve de origi
Sala Capitular de Montevideo, Noviembre 13 de 1796.
Firmados : Duran. —
278. -—
Ruiz.
—
Pereyra.
Inscripciones de este Registro :
Don F. G., vecino de esta ciudad, con fecha de hoy y por ante
e¡ Escribano J. V. otorgó Escritura de Dévito en favor del Iltmo. y Excmo.
Sr. don T. G. de Z. por la cantidad de seiscientos pesos que le suplicó sin in
terés alguno y que deborá satisfacerle luego que sea requei'ido por ui
acreedor. Y para mayor seguridad hipotecó 'expresamente dos negros,
sus Esclabos llamados Felisardo y Rosa, con pacto absoluto de no enagenarlos
ni gravarlos mientras no conste pagada y chancelada la indicada
Escritura. —
tiocho. —
Montevideo, veintinueve de Febrero de mil ochocientos, vein
Ramón M. Velazco: Esno. peo. de Cabildo.
Esta inscripción no fué cancelada en el Registro .
15 días.
— N.í' 32. Da. J. A., viuda de don B. R., y sus hijos Dn. F., Da. M. I.

—
— 92
y Da. C, casadas la primera con don P. Z. y la segunda
con D. G. B., am
bos vecinos de esta ciudad, otorgaron a favor de la Colecturía geni, del Es
tado con esta fecha y ante el Escribano Peo. D. B. D. B., escritura de fian
za por el remate que dicho Dn. G. B. hizo por el término de un año del im
puesto de medio rl. sobre cada un peso de los dé pan qe. se amasan en esta
Ciudad y los suburvios en cantd. de un mil ciento cincuenta pesos mensua
les y cuya suma se obligó a entregar puntualmente en la Colecturía gene
ral y a su cumplimto. obligó todos, sus bienes y los fiadores hipotecan ex
presamente una finca que poseen
Lulijs', edificada en terreno de ocho varas de frente al Sud y diez y ocho de
fondo al Norte, lindando pr. esta parte con Dn. Serafín Bonavita, por el
en esta Ciudad, sita en la calle de San
Oeste con Dn. Rafael Fernández, y pr. el Este con casas que fueron de la
finada Da. Narcisa Artigas, teasada en sus altos y bajos en seis mil qui
— nientos pesos. Montevideo,
Salvador Tort, Esno. Peo.
Julio quince de mil ochocientos treinta. —
Registros de Embargo e Interdicciones, Reivindicaciones e Investigaciones
de la Paternidad.
La ley de 15 Mayo 1856, ya citada en esta reseña, y la práctica de los
Tribunales habían impuesto la publicación de los embargos e interdiccio
nes judiciales que se decretaban.
Por decreto de 22 dé Mayo de 1877, se creó el Registro de Embargos
e Interdicciones Judiciales, para tomar razón de todas las diligencias de
embargos sobre bienes raíces o naves y de las interdicciones que se decre
ten por cualesquiera de sus Jueces o Tribunales, ya recaigan sobre aquella
clase de bienes o ya sobre las personas.
Se crearon dos oficinas, de 1.* y 2.* sección, con la jurisdicción que ya
hemos explicado, modificándolas por decreto del P. E. de fecha 12 de Fe
brero de 1879.
La ley de 24 de Noviembre de 1905 estableció que toda inscripción de
embargos de bienes raíces, de demanda reivindicatoría de esa misma clase
de bienes, y de interdicción judicial, caducará "ipso jure" pasados que sean
cinco años desde esa fecha, pudiendo ser renovada su inscripción.
Por decreto de 20 de Setiembre 1912, se anexó a este Registro el de
Locaciones, Anticresis, Enfiteusis y Capellanías (del que nos ocuparemos
en capítulo aparte) y por otro decreto, de 17 Diciembre de 1918, se separó
al Registro de Locaciones, del de Embargos, Interdicciones y Reivindica
ciones.
La ley de 25 de Enero de 1916, que reconoció derechos hereditarios a
los hijos naturales, creó una sección en el Registro a que hacemos referen
cia. Esa sección se conoce con el nombre de Registro de Investigación de
la Paternidad. Por ley de 27 Agosto 1928, rige con respecto a estas

— — 93
inscripciones la misma prescripción de 5 años, —
y derecho a renovarla —
relativa a los embargos, interdicciones y reivindicaciones.
(Está proyectada, además, la incorporación a esa Oficina, del Regis
tro de Promesas de venta a que alude el anteproyecto de Promesas de ven
tas a plazos, presentado al Parlamento, por el Sr. Escribano Felisberto F.
Carámbuia.)
Así, pues, se inscriben en este Registro :
a) Las demandas de investigación de Paternidad. Su efecto es produ
cir la nulidad de los actos de enagenación que realice la parte demandada,
estando vigente la inscripción. Cuando conjuntamente con la demanda
de investigación de paternidad se inicia la de petición de herencia, a este
efecto se hace también inscribir en el Registro de Reivindicaciones.
b) Las interdicciones decretadas con motivo de incapacidad, divorcio,
falencia, etc.
c) Los embargos contra bienes raíces o buques. En cuanto a los em
bargos de cosas muebles, rigen las disposiciones del Cód. de Procedimiento
Civil, no inscribiéndose en este Registro.
Las disposiciones de bienes hechas, a pesar de existir alguna de las
especies de inscripciones aludidas, pueden ser anuladas.
En los últimas años, se inscriben además en este Registro los embar
gos generales de derechos y acciones. Sobre su validez y legalidad,
pueden verse las opiniones publicadas en esta misma Revista. (N.? 6, tomo
X y N.í 1 de este año) .
Registro de ventas.
Por la real orden de fines del siglo XVIII se había mandado hacer
extensivo a las colonias españolas en América la organización del Re
gistro Hipotecario Español, en cuanto a la inscripción de transmisiones
de Dominio, pero éste había caído en el más absoluto desuso, de suerte
que el país no había de contar con un Registro donde se tomara razón
de los actos traslativos de Dominio hasta el año 1855.
En efecto, fué en ese año que el entonces Escribano de Cámara don
Martiniano Mouliá se dirigió al Poder Ejecutivo de la Nación proponien
do la creación de un "Registro de Propiedad Raíz" en el que
se harían
constar las traslaciones de Dominio por venta, donación, etc., y en el que
se abonarían por cada inscripción diez reales fuertes, comprometién
dose a regentearlo el proponente con la asignación de la mitad de las en
tradas.
El Poder Ejecutivo envió el proyecto del señor Mouliá con mensaje
a la Cámara de Representantes, y ésta dio cuenta del asunto en su se-

—
— 94
— sión del 7 de Junio de 1853. Pasado el asunto a estudio de la Comisión
de Legislación de la Cámara, ésta no se expidió hasta el año siguiente,
esto es, el de 1854, y puesto el proyecto a consideración de la Cámara fué
desechado en virtud de no haber obtenido mayoría en la discusión ge
neral.
En el año siguiente, 1855, se reconsideraba el asunto y la Comisión
de Legislación lo informa, nuevamente, en forma favorable, expresando
en su informe que: "La Comisión de Legislación ha reconsiderado la so
licitud de don Martiniano Mouliá y demás antecedentes que
se le son
anexos, relativamente a la creación que propone de un Registro Gene
ral de propiedades raíces, en que se haga constar la traslación de domi
nio por venta, donación o permuta,
mediante el derecho de diez reales
por cada escritura que se registra: y, no sólo se ha convencido de la uti
lidad pública que se reportaría con la creación de tal Registro, sino tam
bién de las ventajas que obtendrían los ingresos nacionales con el esta
blecimiento de un impuesto insignificante, como provechoso para quien
haya de satisfacerlo.
La Comisión, pues, ha creído que por este medio tan fácil y poco one
roso para los propietarios, puede evitarse el fraude y frecuentes pleitos
que se suscitan por la facilidad con que se obtienen copias dobles de títu
los de propiedad y enajena con ellas a diferentes personas un mismo bien
raíz.
Además, cree también la Comisión, que es altamente conveniente la
creación de tal Registro por los datos que suministraría para la estadís
tica, tan difícil de apreciarse por falta de base.
Por estas consideraciones y otras que hará valer la Comisión en
oportunidad, presenta a V. H. el proyecto de Ley adjunto de cuya sanción
se promete esos resultados".
El proyecto de la Comisión de Legislación,
una vez estudiado en
Cámara, fué sancionado el 16 de Mayo de 1855, siendo en consecuencia
pasado al Senado, el que dio cuenta del mismo en su sesión de 22 de Mayo
de 1855.
La Comisión de Legislación del Senado, estudiado que hubo el pro
yecto de Diputados, aconsejó su sanción diciendo que después
de haber
"examinado el proyecto de ley sancionado por la Honorable Cámara de
Representantes estableciendo un Registro General de Ventas, permutas
y donaciones de propiedades raíces, lo encuentra de utilidad pública, en
cuanto precave fraudes a los particulares, y de conveniencia nacional
por la cooperación activa que ha de dar a la formación de la Estadística
General de la República".
No obstante el informe de su Comisión Legislación, el Senado, en
Sala, introdujo varias modificaciones al Proyecto de la Cámara baja las

—95 —
cuales no fueron aceptadas por ésta, aconsejando su Comisión de Legis
lación la sanción de la siguiente minuta de decreto : Artículo único.—No se
admiten las variaciones hechas por la H. Cámara de Senadores en el pro
yecto sobre escrituras de ventas.
Esta minuta de decreto fué aprobada en general y particular, siendo
poco después, sancionado el proyecto originario de Diputados.
Así quedó establecido, por primera vez en nuestro país, el Registro
de la Propiedad.
Como consecuencia de esa Ley el Poder Ejecutivo dictó un decreto
en 7 de Agosto de 1855, disponiendo en su artículo' 1.': "El Registro de
escrituras establecido por la citada Ley, estará a cargo, en el Departa
mento de la Capital, del Escribano de Cámara don Martiniano Mouliá,
y en los otros pueblos cabeza de Departamentos del Interior, de los Es
cribanos de los Juzgados ordinarios, y donde no los hubiera, al de los
alcaldes". Y en el artículo 2.' se disponía que "los encargados de los Re
gistros pasarán mensualmente, a los Jefes Políticos respectivos, una
relación certificada de las escrituras de que hubiere tomado razón, con
expresión del nombre de los otorgantes, y entrega a aquéllos del produc
to que corresponda al tesorero nacional, debiendo los expresados Jefes
Políticos remitirlo al Ministerio de Gobierno."
De modo que con esta organización no había más que un registro
por departamento, al que tenían que acudir para dar cumplimiento
a la
Ley todos los que se encontrasen en las circunstancias previstas por ella,
teniendo que salvar grandes
distancias con difíciles medios de locomo
ción ; de aquí el decreto reglamentario del 26 de Julio de 1867, que a con
tinuación se transcribe:
Atento a lo presentado por el vecindario de Carmelo y su jurisdicción
respecto a los perjuicios que irroga el cumplimiento de la Ley de 30 de
Junio de 1855, se establece el Registro de escrituras, únicamente en los
pueblos cabeza Departamental; teniendo en cuenta, además que esa Ley
a pesar de estar consignada la revisación anualmente, no lo ha sido des
de la promulgación, y de conformidad con el dictamen del Ministerio Fis
cal, el Gobernador Provisorio acuerda y decreta: Art. 1.', Establécese en
todos los pueblos donde existe Juzgado Ordinario con Escribano Público,
un Registro para la toma de razón de las escrituras de ventas, permutas
y donaciones de toda clase de inmuebles, siendo obligación de los Actua
rios, pasar, mensualmente, la relación de las escrituras que registren al
Juzgado Ordinario Departamental.
Este era el estado en que se encontraba el Registro cuando se refor
mó el Poder Judicial suprimiéndose los Juzgados Ordinarios y creándose
los Letrados Departamentales y los Juzgados de Paz; y en razón de la
creación de estos Juzgados, como lo hacía notar el Poder Ejecutivo, que-

—
— 96
daba sin efecto el decreto de 26 de Junio de 1867, resultando que
en los
Departamentos donde había Juez Letrado, funcionaría un solo Registro
en el Pueblo cabeza de Departamento.
Para obviar las dificultades que este estado de cosas traía como con
secuencia, el Poder Ejecutivo elevó al Legislativo, un proyecto de ley
compuesto de sólo tres artículos en los que se establecía la creación del
Registro en los pueblos donde hubiera Juez de Paz.
La idea del Poder Ejecutivo tuvo la más franca acogida en la Comi
sión de Legislación de la Cámara, pero, procediendo,
a indicación del
doctor Joaquín Requena, con un acertado criterio jurídico, refundió el
proyecto del Ejecutivo con la ley de 1855 (formando la que fué promul
gada el 18 de Mayo de 1880, que es la que nos rige actualmente) para
romper con el antiguo sistema de dejar subsistentes todas las leyes, mo
dificándolas parcialmente en todos los casos.
Existe, pues, en nuestro país, un Registro de Ventas (hoy denomina
do Registro de Traslaciones de Dominio) teóricamente centralizado.
Creemos no exagerar, si afirmamos que la función actual de este Re
gistro, es la misma que determinó principalmente su creación: percibir
derechos.
Fuera de esa función, perfectamente desdeñable cuando se trata de
la seguridad de la contratación, no tiene ese Registro, ninguna función
trascendente.
Según la ley de 18 de Mayo de 1880, tiene por objeto "la toma de ra
zón de las escrituras de división de bienes raíces entre condueños o so
cios, de venta, permuta y donaciones de toda clase de inmuebles, de es
crituras o de instrumentos públicos de partición hereditaria, de cesión
de derechos hereditarios y de toda otra escritura pública que importe
traslación de dominio, a cualquiera que sea".
Bien que el Registro llena su función de inscribir, su rol de informa
—
— ción aspecto esencialísimo de estas oficinas
es perfectamente in
útil. En medio de la difusión de los 44 registros locales existentes en
el país, en cualquiera de los cuales, sin orden ni control de ninguna es
pecie, pueden inscribirse actos de dominio relativos a bienes de otras ju
risdicciones, resulta que el Registro de la Capital, sólo tiene carácter
general en la letra de la ley, debiendo llegarse a esta asombrosa conclu
sión: puede saberse concreta y seguramente si un bien raíz está embar
gado, hipotecado o arrendado, pero no se puede saber ni aproximadamen
te si con respecto a él se ha realizado el acto máximo de . . .
disposición!
Esta conclusión tan terminante como evidente lleva a esta deduc
ción : que la seguridad de la propiedad raíz de la República está garanti
da por las notas que los escribanos ponen
en los títulos, al autorizar
cualquiera enajenación, cumpliendo así, no una disposición legal sino
una resolución de la Alta Corte de Justicia.

— — 97
Y mientras subsiste ese temible estado de cosas, están pendiente de
sanción del Parlamento, innumerables proyectos de reorganización del
Registro de Traslaciones de Dominio.
guiente :
Primera inscripción de este ilegistro.
La primera inscripción hecha en este Registro,
es del tenor si
N." 1.—V. y M..—La testamentaría de don J. por medio de su repre
sentante don José María Castellanos, vecino de esta ciudad, vendió a
don G. M., del mismo vecindario, un terreno de solar, que es parte de la
manzana N.'? 55 bis. de la Nueva Ciudad, compuesta de doce y media varas
de frente al Este por donde linda por la calle del Ibicuí, y veintiséis y
tres cuartas de fondo al Oeste, lindando por esta parte y por el Sur con
terrenos de la misma testamentaría, por el Norte con los herederos de
C, según así resulta de la escritura que autorizó el Escribano don Juan
Feo. Castro en esta fecha, protocolado en los Registros de la Escribanía
de Cámara, cuya propiedad hubo el citado V., por compra que hizo a don
Salvador Tor én 18 de Mayo de 1838, de cuyo título no se dio fe por ha
berse extraviado; habiendo adquirido
el referido Zuechi dicho dicho te
rreno del Superior Gobierno, según escritura que autorizó el escribano
don Manuel Del Castillo en 21 de Abril de 1838. Y declaró que el terreno
de la referencia fué vendido en la suma de ochocientos treinta y cinco
pesos, siete reales, cincuenta reís.—Montevideo, Agosto diez de mil ocho
cientos cincuenta y cinco.—Martiniano Mouliá, Esno. de Cámara.
REGISTRO GENERAL DE ARRENDAMIENTOS
Fué creado por ley de 19 Diciembre de 1890, con la denominación de
Registro General de Locaciones, Anticipos, Anticresis, Enfiteusis y Ca
pellanías. El art. 11 de esa ley determinaba que esa especie de contratos
deberían inscribirse para que hicieran fé en juicio, respecto de terceros,
en caso de enajenación voluntaria o forzosa de la propiedad.
El decreta reglamentario (de 15 Junio 1892) subdividió la oficina en
dos secciones, 1.* y 2.*: la primera, para los Departamentos de Montevi
deo y Canelones ; y la segunda para los demás departamentos.
Un decreto del P. E., de fecha 9 de Marzo de 1917, determinó la for
ma de recepción de los documentos que se presenten para inscribir.
Anexado dicho Registro al de Embargos e Interdicciones, por el de
creta de 20 de Setiembre de 1912, fué independizado por otro decreto
de 17 de Diciembre de 1918.
Su labor está reglamentada por el decreta de 26 de Noviembre de

— — 98
1912. En ese decreto se determinan concretamente los requisitos que de
ben contener la§ inscripciones de los arrendamientos, anticresis, "enfiteu
sis o censos", y capellanías, así como los requisitas que deben cumplirse
a ese fin, en las escrituras respectivas.
Este Registro, de acuerdo con la ley de Presupuesto, se denomina
actualmente Registra (íeneral de Arrendamientos y, de la serie de con
tratos enumerados en la ley de su creación sólo se inscriben actualmente
los arrendamientos y anticresis.
Hace ya largo tiempo que no se inscriben en dicho Registro los con
tratos, entre nosotros completamente en desuso, de: enfiteusis o censo
enfitéutico.
Constituye, sin embargo,
la labor más importante de la oficma la
inscripción de las prohibiciones de arrendar que contienen la mayoría
de las escrituras de hipotecas que se otorgan actualmente. Esas prohibi
ciones establecen la obligación para el deudor hipotecario, de no arrendar
la cosa gravada por mayor plazo que el que
en cada caso se determina,
lo que como se comprende constituye una obligación de no hacer, cuyo
cumplimiento —
a
falta de estipulación penal convenida —
se resuelve
por indemnización de daños y perjuicios.
No existe texto legal expreso que determine la situación de los ter
ceros con respecto a esas prohibiciones, cuyo valor no está tasado legal
mente.
Tampoco conocemos jurisprudencia al respecto, pues no creemos que
puedan considerarse como tales los pocos casos ocurridos que, en realidad,
sólo han podido ser tratados por las reglas que rigen y sancionan el frau
de y el dolo.
A título de curiosidad, insertamos una de las primeras inscripciones
de capellanías, existentes en este Registra:
"F., doña J. representada por su Albacea don J. L. B. Por escritura
otorgada en esta capital a 29 de Octubre de 1824 ante el Escribana Fernando
I. Márquez, instituyó una capellanía de cuarenta misas anuales
afectando al efecto dos casas en la ciudad de Montevideo, edificadas en
terreno de seis y cuarta varas de frente al Este y trece y media de fondo
al Oeste en la calle antigua de San Vicente, las cuales dan por el Oeste
que es el fondo con los herederos del finado José Ximénez, por el Este calle
real de por medio con Francisco Gándara; por el Sud con los herederos
de Manuel Freiré, y por el Norte con Rafael Bujarell. El capellán de esta
capellanía es el presbítero don Pedro Letamendi por nombramiento he
cho en 2 de Abril de 1868 por su Señaría Ilustrísima el Obispo de Mega-
ra. Vicario Apostólica de esta Diócesis.
Montevideo, Octubre 28 de 1892. —-
Manuel L. Antuña".