El principio de culpabilidad como límite de la imposición de la pena.

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO
EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD COMO LÍMITE DE LA PENA.
RUTH PATRICIA FERRUINO VELÁSQUEZ.
SAÚL BLADIMIR MARTÍNEZ RIVERA.
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO
FINAL PARA OPTAR POR EL TITULO DE MASTER EN ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA CON ENFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
San José, Costa Rica Septiembre de 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO
Este Trabajo Final de Graduación fue aprobado por la Universidad Nacional
como Requisito parcial para optar al grado de Master en Administración de
Justicia con énfasis en Administración de Justicia Penal.
_________________________
Msc. Martín Alfonso Rodríguez Miranda
TUTOR
___________________ ______________________
Msc. José Manuel Arroyo Msc. José Carlos Chinchilla
LECTOR LECTOR
___________________ _____________________
Ruth Patricia Ferrufino Velásquez Saúl Bladimir Martínez Rivera
SUSTENTANTE SUSTENTANTE

“Los Derechos de Propiedad Intelectual son exclusivos
de las personas que presentan el documento”.

TABLA DE CONTENIDOS.
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 1
Introducción ............................................................................................................................. 2
Planteamiento del problema..................................................................................................... 3
Objetivos ................................................................................................................................ 14
Marco Metodológico .............................................................................................................. 15
Capitulo I. La Culpabilidad Penal, Principio Constitucional, Limite de la Pena y Elemento del
delito ..................................................................................................................................... 18
A. Antecedentes Históricos .......................................................................................... 18
A.1. Teorías Sobre la Culpabilidad ......................................................................... 19
B. La Culpabilidad como Principio .................................................................................. 23
C. Fundamentos ............................................................................................................ 27
D. Rango Constitucional ................................................................................................ 28
E. Jurisprudencia........................................................................................................... 41
Capitulo II. La Pena ................................................................................................................. 46
A. Definición .................................................................................................................. 46
B. Justificación, fin y Legitimación de la Pena ................................................................. 47
C. Teorías de la Pena ...................................................................................................... 50
C.1 Teorías Absolutas ............................................................................................. 50

C.2 Teorías Relativas .............................................................................................. 51
C.3 Teorías Mixtas ................................................................................................. 54
C.4 Teorías Modernas ............................................................................................ 55
D. Toma de Posición ..................................................................................................... 62
E. Constitución de la República, Código Penal, Ley Penitenciaria, Jurisprudencia ............ 64
Capitulo III. Resultados del análisis de casos judiciales ............................................................. 69
A. Fallos del Tribunal 1º. De Sentencia de San Miguel ..................................................... 69
B. Fallos del Tribunal de Sentencia de Usulután ............................................................ 75
C. Encuesta .................................................................................................................. 79
Conclusiones ......................................................................................................................... 83
Anexo I ................................................................................................................................... 85
Referencias ............................................................................................................................ 92

RESUMEN EJECUTIVO.
La Culpabilidad desde los tiempos más antiguos de la humanidad, se encontraba
íntimamente relacionado con la pena, siendo en los primeros inicios su base para
el castigo la sola producción del resultado dañoso (responsabilidad sin culpa),
siendo acuñado a través de los modernos derechos penales, en los cuales se rige
el principio de culpabilidad con amplitud (responsabilidad por la culpa).
El desarrollo de la culpabilidad no ha sido el único, en vista de que la pena
ha tenido su propia evolución, en su afán de buscarle una justificación a la misma;
siendo así que en el derecho penal moderno, el primero determina un límite para
la imposición de la sanción penal.
De lo anterior se consideró necesario el hacer un estudio pormenorizado de
la Culpabilidad y su relación con la pena, desde un aspecto analítico, crítico y
sintetizado, tomando en consideración diversos puntos esenciales para el caso:
los antecedentes de la culpabilidad y la pena, las diversas teorías que se han
desarrollado referentes a las mismas, la legislación nacional que las normativiza y
por último y no menos importante, su dinámica socio-jurídica que se ve reflejada
en las sentencias, verificando si las mismas cuentan con una adecuada
fundamentación intelectiva que permita valorar de forma positiva el examen de
culpabilidad analizados por los jueces de sentencia.
Para verificar los objetivos propuestos, fue necesario el contar con la
colaboración de los jueces de los Tribunales Primero de Sentencia de la ciudad de
San Miguel y Tribunal de Sentencia de la ciudad Usulután; utilizando como método

de verificación la encuesta, donde fueron analizados por los mismos, nueve
preguntas referentes al tema; llegando a una conclusión que solo podía ser
descubierta a través de un trabajo serio y analítico como el presente.

INTRODUCCION.
El principio de culpabilidad constituye en el actual desarrollo del derecho penal
contemporáneo el más importante axioma de los que derivan de modo directo de
un Estado de Derecho, porque su violación implica el desconocimiento de la
esencia del concepto de persona. Su vigencia permite que una persona sólo sea
responsable por los actos que podía y debía evitar e impide que pueda responder
por todas las consecuencias que se deriven de su acción.
Se apunta que el principio de culpabilidad constituye un ideario del
ordenamiento jurídico-penal, una parte integrante de la actual conciencia jurídica
de los pueblos y la base deontológica de una nación. Sin embargo, ni bien se
aceptan dichas premisas comienzan los inconvenientes al discutirse desde
diversas perspectivas, su concepto material, su fundamento e incluso su
denominación como categoría del delito. Pese a ello, existe un núcleo esencial y
punto de consenso en el que está de acuerdo la doctrina penal, referido la función
que se le asigna ha dicho principio en el Derecho Penal.
Al Estado no le puede bastar "culpar" a alguien por la comisión de un delito
sin mayor criterio que su propia amplia discrecionalidad, porque perdería
legitimidad ante la sociedad y ante el infractor mismo. De allí que sea necesario
determinar bajo qué presupuestos y condiciones, tanto fácticas como jurídicas, un
delito puede atribuirse como obra a un autor. A la sociedad y al ciudadano les
interesa saber cuáles son aquellos mecanismos de imputación, que siendo
establecidos a partir de las normas jurídicas promulgadas por el Estado, van a

permitir atribuir un hecho a una persona, bien cargándole una responsabilidad
manifiesta en la imposición de una pena o medida de seguridad, o liberándola de
ella. El principio de culpabilidad permite "el juego limpio" del Estado con el
delincuente al determinarse con anterioridad los requisitos de cómo un delito va a
ser considerado como obra de alguien.
El principio de culpabilidad representa el límite mínimo que el Estado debe
respetar si es que pretende legitimar su intervención y la aplicación del
instrumento estatal más poderoso: la pena. La sanción penal no puede
simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios
preventivo generales, que de por sí suelen ser expansivos y avasallantes cuando
se trata de defender bienes jurídicos, no se trata de un principio jurídico formal,
trata de un principio con un contenido material que traza un límite infranqueable a
la actividad punitiva del estado.
Con todo lo anterior, se ha desarrollado el presente trabajo, con el propósito
de reconocer los elementos más importantes dentro de la culpabilidad penal,
desde sus antecedentes históricos como principio constitucional, como límite de la
pena y elemento del delito; verificándose así mismo, la pena, desde sus distintas
teorías, para poder concluir en la forma en la cual se ha desarrollado en el
Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Miguel y Tribunal de Sentencia de
Usulután, todo con el fin de vislumbrar la forma en la cual nuestros aplicadores de
justicia valoran la culpabilidad, la analizan y aplican.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El derecho penal, como construcción de las sociedades modernas tiene como fin
lograr la normalización de la vida en sociedad lo que genera cierto grado de
violencia para alcanzar esos fines, esta situación conlleva a los Estados a que
deban aplicarse criterios de moderación en la utilización de esa violencia, para que
el ciudadano pueda tener certeza que el sistema no se vendrá en su contra,
cuando lo pretendido es permitirle una vida en sociedad. Puede decirse entonces
que el Derecho Penal posee mecanismos para limitar el poder punitivo estatal el
cual se ve reflejado en el reconocimiento de ciertas garantías al ciudadano. Dentro
de estas garantías, la culpabilidad como principio y como nivel de análisis de la
teoría del delito, forma parte de esos mecanismos que sirven de límite al poder
punitivo estatal, siendo de interés repasar sus conceptos esenciales. Para el
desarrollo de la presente investigación, se ha considerado como tema central: El
principio de culpabilidad como límite de la imposición de la pena, puesto que la
culpabilidad como principio constitucional y elemento integrante del delito
constituye una garantía dentro del Estado Democrático de Derecho y límite al
poder punitivo estatal.
La noción de Estado de Derecho, en términos muy simples, alude a dos
dimensiones: la política y la jurídica, la primera de éstas se relaciona con un
sistema de gobierno basado en la voluntad de la mayoría, la segunda, a la forma y
contenido que se asumen dentro de un grupo social en cuanto a la fijación de las

eglas comunes de convivencia y muy especialmente en el establecimiento de
límites al ejercicio del poder público frente a los derechos y libertades de los
individuos. Este último aspecto de la dimensión jurídica, Luigi Ferrajoli (2009), lo
denomina como garantías, cuya función primordial es la salvaguarda del individuo
frente a la arbitrariedad del Estado, lo que supone un orden político-social
sometido a los ciudadanos (con todos sus derechos) y en procura de la
satisfacción de sus necesidades existenciales. El garantismo como presupuesto
esencial de todo estado de derecho, tuvo una evolución que se expresó más
fuertemente con el movimiento liberalista y que obedeció a la ideología resultante
en los fundamentos de la soberanía popular, del imperio de la ley, del control y
separación de los poderes y de la defensa de la libertad, los cuales son las
estructuras del modelo de Estado originado por la Revolución: el Estado Liberal de
Derecho. La mayor expresión de los ideales del liberalismo en el Derecho penal es
Cesare Beccaria, que con su obra titulada "De los delitos y de las penas", lanza
los fundamentos de un sistema penal garantista y limitador del poder punitivo, que
sustentaron las proposiciones doctrinales presentadas más tarde y que llegan
hasta hoy día.
El sistema presentado por Beccaria está constituido por un catálogo de
garantías que limitan la intervención punitiva del Estado, a través de la libertad e
igualdad del ciudadano. Este sistema responde a una nueva perspectiva, basada
en el valor de la persona lo que afirma el principio de la dignidad humana, siendo

que el individuo ya no es considerado como cosa sino que se asegura su libertad
e igualdad.
El principio de culpabilidad forma parte del rol de mecanismos propuestos
por Beccaria para la institución del moderno sistema penal, tal como se extrae de
la siguiente afirmación:
“Finalmente algunos pensaron que la gravedad del pecado se considerase
en la graduación de los delitos (…). La gravedad del pecado depende de la
impenetrable malicia del corazón. Esta no puede sin revelación saberse por
unos seres limitados; ¿cómo pues, se le tomará por norma para castigar
los delitos? Podrán los hombres en este caso castigar cuando Dios
perdona y perdonar cuando castiga. Si ellos son capaces de contradecir al
Omnipotente con la ofensa pueden también contradecirle con el castigo”.
(Beccaria Cesare, 1976 pág. 25-31)
En la actualidad el principio de culpabilidad se presenta como un postulado
que es admitido en la mayoría de los ordenamientos jurídicos con respecto a su
contenido, alcance y exigencias. Dicho principio deviene según Fernández
Carrasquilla Juan, (1989), en un referente de legitimación del ordenamiento
jurídico penal, por lo que resulta relevante determinar la vigencia y eficacia del
mismo en el sistema judicial Salvadoreño pues es claro que el principio que no se
aplica no sirve para nada y en consecuencia no es principio de nada; en virtud que
los principios rectores del Derecho Penal así como del proceso penal determinan

el contenido de la justicia y constituyen un escudo contra la arbitrariedad; la
desigualdad y la subjetividad.
El principio de culpabilidad resulta ser la característica propia de un Estado
Democrático, respetuoso del pluralismo ideológico y en el cual los miembros del
conglomerado tienen la libertad de optar por los contenidos de sus pensamientos y
de su conciencia por tanto capaz de motivarse en las prescripciones jurídicas, y
ser susceptible de ser alcanzado por la coerción punitiva sólo en la medida de su
responsabilidad y nunca en función del azar o de la razón de Estado.
El apotegma Nulla poena sine culpa, no hay pena sin culpabilidad hace
alusión a que la culpabilidad es el fundamento de la pena estatal y ésta sólo se le
puede imponer a quien le es exigible un comportamiento distinto al que ha llevado
a cabo. Dicho principio significa que sólo las personas que tienen capacidad de
culpabilidad (comprensión de la ilicitud de sus actos y de determinarse bajo esa
comprensión), según se desprende del artículo 4 del Código Penal, serán
penalmente responsables de sus actos. Es decir, el principio de culpabilidad es un
termómetro de legitimidad que además de ser un principio rector de la ley penal,
es al mismo tiempo un elemento del delito. Ferrajoli Luigi, (2009) denomina “al
principio de culpabilidad como la tercera condición del modelo penal garantista,
señalando que no es ni un pensamiento ni un mero aspecto interno de la persona,
sino un elemento del hecho (delito), esto es, una condictio sine qua non del

mismo, fundada más que en razones éticas o utilitaristas, en la estructura lógica
de la prohibición” (pág. 487).
Bajo este parámetro, en la realidad Salvadoreña es necesario destacar la
poca relevancia que se le da a la culpabilidad en la sentencia, pese a que este
principio constituya uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal Liberal y
que se erija como uno de los baluartes de todo Estado de Derecho, en nuestro
medio, se observa en las sentencias penales de adultos una fundamentación
exigua de las razones porque el Juez se decanto por una pena en concreto, es
común encontrar que los jueces se limitan únicamente a mencionar aspectos
jurídicos y conceptos doctrinarios acerca de la culpabilidad obviando realizar una
adecuada fundamentación intelectiva que permitirá valorar de forma positiva el
examen de culpabilidad que se hizo sobre los factores internos de la personalidad
del autor de una infracción penal que en ese momento el Estado lo declara
merecedor de una pena.
Para el profesor Araya Vega Alfredo, en su tesis “La Culpabilidad como
limite al ius puniendi estatal” señala que es importante establecer que la acepción
culpabilidad debe comprenderse en tres dimensiones:
1.- "culpabilidad" como elemento dogmático del delito (elemento imprescindible
para la calificación de una conducta como delictiva).
2.- "culpabilidad" como fundamento del principio de culpabilidad enunciado bajo el
aforismo latino "nulla poena sine culpa".
3.- "culpabilidad" como elemento legitimador de la pena y del ius puniendi. La
conjunción de esas tres dimensiones resulta ser el principio de culpabilidad.

En la presente investigación se estudiaran de manera general las tres
dimensiones que comprende el principio de culpabilidad, haciendo énfasis en la
culpabilidad como elemento legitimador de la pena y del ius puniendi lo que nos
llevara a plantearnos la relación del principio de culpabilidad con los fundamentos
preventivos de la pena. A nivel empírico el tema tendrá una ubicación espacio
temporal especifica la que estará representada a nivel de ubicación por dos
Tribunales de Sentencia de la zona oriental del país, siendo el Tribunal Primero de
Sentencia de la ciudad de San Miguel y el Tribunal de Sentencia de la ciudad de
Usulután; esto en virtud que dichos tribunales son muy representativos a nivel de
zona, lo que permitirá tener un muestreo mucho más extenso en relación a los
demás tribunales de la región, temporalmente se analizaran todas las sentencias
condenatorias del año dos mil diez.
El Articulo 12 de la Constitución de la República de El Salvador exige como
requisitos para declarar la responsabilidad penal de un individuo que se
establezca en juicio la culpabilidad, este principio obliga a los jueces a juzgar en
juicio dos situaciones, primero que el sujeto conozca y comprenda el carácter
injusto de un hecho típico y segundo que ese sujeto actué conforme a esa
comprensión. Sobre la base de lo anterior el sujeto de análisis de nuestra
investigación serán los juzgadores de los Tribunales Primero de Sentencia de la
ciudad de San Miguel y Tribunal de Sentencia de la ciudad de Usulután, ya que
sobre ellos recae la obligación de valorar y decidir sobre la culpabilidad de un

transgresor, contexto que obliga a fundamentar cada una de las categorías del
delito y en especial el de la culpabilidad puesto que es en esta categoría que se
cimenta primero la imposición de la pena y segundo el quantum de la misma.
La culpabilidad como elemento de la teoría del delito.
El análisis de “la culpabilidad”, como elemento del delito, resulta plausible una vez
agotado el estudio de la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. El fundamento de la
culpabilidad radica en la idea de la libertad humana, sin la cual resulta imposible
construir el concepto mismo del delito. Si no hay libertad falta no solamente la
culpabilidad, sino la acción en virtud que el hombre no puede estar sometido de
forma implacable a inexorables leyes físico-naturales sin que se pueda diferenciar
el comportamiento humano de cualquier acontecimiento del mundo inanimado
(Rodríguez Devesa, José María, 1981). La doctrina es coincidente con relación a
que “mientras la antijuridicidad constituye un juicio despersonalizado de
desaprobación sobre el hecho, la culpabilidad requiere, además, la posibilidad de
atribución de ese hecho desvalorado a su autor” Mir Puig, Santiago, (1990) p.575.
En la actualidad se define a la culpabilidad como el juicio de reproche que
se dirige en contra del sujeto activo de un delito, no obstante en la historia se han
desarrollado tres momentos históricos o teóricos que abordan el problema de la
culpabilidad, la teoría sicológica, la teoría normativa en el causalismo y la teoría
normativa en el finalismo.

1. Teoría sicológica de la culpabilidad.
La concepción del delito propuesta por Beling y Liszt, inició la concepción
sicológica de la culpabilidad, en este sentido se le concibió como la relación
sicológica entre el hecho y el autor. Así, la teoría del delito dividía el análisis de la
culpabilidad en dos aspectos: el externo y el interno. Por otra parte, definía como
elemento fundamental a la causalidad, por ello se identificó a la antijuridicidad con
el aspecto externo y a la culpabilidad con lo interno o subjetivo. El delito existía
como resultado de una doble vinculación: la relación de causalidad material, la
cual daba lugar a la antijuridicidad, y la conexión de causalidad síquica, que
contemplaba a la culpabilidad. (Así Velásquez Velásquez, 1994).
En esta concepción, el dolo y la culpa no sólo se encuentran a nivel de
culpabilidad, sino que también son dos de sus especies, entendida la primera
como el género. No sólo eran formas de la culpabilidad, sino incluso la
culpabilidad en sí misma. Entonces, resultaba que la presencia del dolo o de la
culpa ante el delito, no representaban solamente la posibilidad de la culpabilidad,
sino también su existencia en atención a la relación de género y especie. El delito
doloso era la especie más perfecta de culpabilidad, porque suponía la relación
síquica completa entre el autor y el hecho. Y la culpa se entendía como una
conexión síquica imperfecta con el hecho. (Así Mir Puig, Santiago, 1990).

2. La teoría normativa según el causalismo.
En virtud de las críticas a la teoría sicológica de la culpabilidad, surgió la teoría
normativa propiciada por las ideas de Frank (1907), Freudenthal (1922),
Goldschmidt (1913 y 1930), Hegler (1930) y Mezger (1931), formuladas desde
principios del siglo XX en oposición a la teoría sicológica, transformaron a la
culpabilidad en un juicio de valor, entendido como reprochabilidad. En tal sentido,
el dolo y la culpa se transformaron de especies de culpabilidad a elementos de la
culpabilidad, la presencia del dolo y de la culpa no resultaban definitivas para la
presencia de la culpabilidad (Velásquez Velásquez, 1994). La concepción
normativa de la culpabilidad planteaba:
1. La imputabilidad, como capacidad de culpabilidad.
2. El dolo o la culpa como voluntad defectuosa; y
3. Ausencia de causas de exculpación.
Algunos autores han hecho el señalamiento en cuanto a que la imputabilidad en
este caso es a nivel psicológico, en tanto la culpabilidad es eminentemente
valorativa, puesto que su contenido es un reproche. (Jiménez de Asúa, Luís,
1992).
La concepción normativa de la culpabilidad intentó incluir la totalidad de los
elementos síquicos del hecho bajo un solo concepto material que permitieran la
valoración de la parte interna del hecho y la hicieran comprensible, así como la
definición de los factores pertenecen a la culpabilidad y cómo deberían enjuiciarse

la falta de sus elementos particulares. A la vez, trataba de explicar los siguientes
aspectos:
a) que se niegue la culpabilidad en casos en los que no puede negarse la
imputabilidad ni la presencia del dolo o la culpa, como, por ejemplo, en el estado
de necesidad exculpante;
b) que se afirme allí donde en el momento de realizarse la acción no existe una
relación síquica entre el sujeto y el resultado de su actividad, por ejemplo, en la
culpa inconsciente; (Rodríguez Devesa, José María, 1981).
c) La teoría normativa según el finalismo.
La teoría final de la acción propuesta por Welzel, provocó entre otros efectos el
redimensionar la idea del delito, así como la ubicación del dolo a nivel del tipo y la
infracción del deber de cuidado, sustrayéndolas de la culpabilidad, lugar que hasta
entonces se les había asignado (Velásquez Velásquez, 1994). La culpabilidad
quedó reducida en el finalismo a los siguientes elementos:
a) la imputabilidad de presupuesto previo de la culpabilidad se erige como
condición central de la reprochabilidad, en virtud que las condiciones para la
reprochabilidad giran a partir de la posibilidad que tenía el sujeto de poder actuar
de otro modo;
b) la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho, el dolo, pasa al
tipo sólo como dolo natural, por lo que no incluyó el conocimiento de la prohibición
(que en el causalismo pertenece al dolus malus);
c) la ausencia de causas de inculpabilidad.

Así expuesto, los presupuestos de la culpabilidad son: la acción, la tipicidad,
la antijuridicidad y la ausencia de eximentes de culpabilidad.
Como se ha mencionado anteriormente la investigación conlleva como uno
de los temas de mayor relevancia el estudio de las diferentes teorías que existen
acerca de la pena, esto nos permitirá identificar como en los Tribunales de
Sentencia de San Miguel y Usulután se fundamenta la pena de los sentenciados
en el grado de culpabilidad de los mismos de igual manera se identificara si los
fines preventivos generales o especiales sobrepasan la culpabilidad de los
sentenciados.
El profesor Claus Roxin, analiza las diferentes teorías que justifican la
imposición de la pena privativa de libertad y entre ellas señala:
1. Teoría de la retribución (teorías de la justicia y de la expiación), las
teorías retributivas o también conocidas como las teorías absolutas, tienen como
sus máximos representantes a Kant y Hegel. Para ellos, el fundamento de la pena
radica en la mera retribución. Es la imposición de un mal, por el mal cometido. En
esto se agota y termina la función y fin de la pena. A través de la retribución se
hace justicia al culpable de un delito. Puede verse atrás de esta teoría el antiguo
principio del talión “ojo por ojo, diente por diente”. Roxin (1997).
La ventaja de la teoría de la retribución reside en su fuerza de impresión
socio-psicológica, y en que ofrece un principio de medida para la magnitud de la
pena. Si la pena debe corresponder a la magnitud de la culpabilidad, está

prohibido, de cualquier forma, ejemplificar mediante la imposición de una pena
drástica en caso de una culpabilidad leve. Roxin critica dicha teoría indicando que
ya hoy no es sostenible debido a que el derecho penal no puede servirse de una
pena que prescinda de finalidad social. Además de sus consecuencias socio-
políticas no deseadas.
2. La teoría de la prevención especial, esta teoría justifica la imposición
de la pena y tiene como punto de partida que la misión de la pena es únicamente
disuadir al autor de futuros hechos punibles. El fin de la pena es la prevención
dirigida al autor individual. Roxin la crítica indicando que su mayor debilidad reside
en que no ofrece ningún principio de medición de la pena, lo cual llevaría a
mantener detenido al individuo hasta que estuviera resocializado. Roxin (1997).
3. Teoría de la prevención general, Roxin establece que esta tesis justifica
el fin de la pena en la influencia que la misma ejerce sobre la generalidad de los
ciudadanos, quienes a través de las amenazas penales y de la ejecución de las
penas, se le va a disuadir para que no infrinjan la ley, utilizando así la llamada
teoría psicológica de la coacción. La doctrina distingue entre prevención general
negativa: con el concepto de intimidación de los demás que están en peligro de
cometer actos similares. La prevención general positiva: conservación y
reforzamiento de la confianza en la fuerza de existencia y de imposición del
ordenamiento jurídico, la cual cuenta con tres objetivos y efectos: “Efecto de
aprendizaje, motivado en la confianza del derecho que se procede en la población
por medio de la actividad de la justicia penal, Efecto confianza, cuando el

ciudadano ve que el derecho se impone y el Efecto de satisfacción, cuando la
conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el
quebrantamiento del derecho”. (Roxin, 1997, pág. 91).
4. Teoría preventiva de la unión, establece la finalidad preventiva de la
pena, al estar las normas penales justificadas únicamente al tener como objetivo la
protección de la libertad individual y un ordenamiento social tendiente a proteger
dicha libertad. Mantiene así las finalidades de prevención especial y general de la
pena, deja de lado el fin de resocializar, cuando establece que en los casos en
que el condenado no permite su resocialización, no siendo posible sin su voluntad,
entonces la prevención general es suficiente. Renuncia toda retribución, la cual es
contraria al fin resocializador de la pena, y establece como límite a los términos de
imposición de la pena el principio de culpabilidad, el cual viene a quebrar el poder
de injerencia estatal a favor de la libertad del ciudadano. Roxin (1997).
De lo anterior podemos decir que culpabilidad y pena son aspectos
esenciales de la sentencia por cuanto permite al primero de ellos ejercer una
función liberal, independiente de toda retribución, y en favor de la libertad del
ciudadano, esta situación nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuál
es la dinámica socio- jurídica en relación con el principio de culpabilidad frente a
los límites para la imposición de la pena y cuál es el impacto de esa dinámica en
las decisiones judiciales y los fines de la pena en relación con la medición de la
culpabilidad?.

GENERAL.
II. OBJETIVOS.
- Determinar la dinámica socio-jurídica que tiene el principio de culpabilidad
frente a los límites de la pena, así mismo determinar cuál es el impacto de
esa dinámica en las sentencias condenatorias y los fines de la pena en
relación con la culpabilidad del autor.
ESPECIFICOS.
- Analizar el contenido del Principio de Culpabilidad y las nuevas corrientes
en el Derecho Penal moderno.
- Estudiar las diferentes teorías de la pena y la relación intrínseca con el
principio de culpabilidad.
- Establecer si la fijación de las penas en el tribunal primero de sentencia de
la ciudad de San Miguel, y tribunal de sentencia de la ciudad de Usulután
se encuentran en el marco del Principio de Culpabilidad.

1- Tipo de Estudio
III. MARCO METODOLOGICO.
El método seleccionado en el estudio “El Principio de Culpabilidad como límite de
la imposición Penal” corresponde al análisis-síntesis que consiste en la
separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (análisis)
y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad
(síntesis) (Muñoz, 1998). Este método permitirá realizar el análisis de forma
individual de los temas bases de la investigación: el principio de culpabilidad y
las diferentes teorías de la pena, lo que llevará a integrarlos en un estudio
cualitativo que permitirá determinar la función de la culpabilidad al momento de la
imposición de la pena.
La dinámica socio- jurídica del principio de culpabilidad en relación con los
límites para la imposición de la pena y su impacto (influencia) en las decisiones
judiciales y los fines de la pena en relación con la medición de la culpabilidad.
Práctica jurídica en El Salvador según sentencias condenatorias de adultos en el
Tribunal Primero de Sentencia de la Ciudad de San Miguel y Tribunal de
Sentencia de Usulután, durante el año dos mil diez.

2- Sujetos y Fuente de Investigación
2.1 Sujetos:
Los sujetos objeto de nuestro análisis lo constituyen los Jueces de los Tribunales
Primero Sentencia de la ciudad de San Miguel y Tribunal de Sentencia de la
ciudad de Usulután, con los que se pretende determinar el grado de conocimiento
jurídico que poseen acerca del Principio de Culpabilidad así mismo la aplicabilidad
que se le da a dicho principio al momento de imponer la sanción penal.
2.2 Fuentes:
En ese contexto, se utilizarán las técnica de investigación documental y de
campo, la primera apoyada en las fuentes primarias, como recopilación de
antecedentes normativos, jurisprudenciales, legislación nacional e internacional
vigente, en especial las sentencias condenatorias que durante el año dos mil diez
dictaron los Tribunales Primero de Sentencia de San Miguel y Tribunal de
Sentencia de Usulután. Y fuentes secundarias, que consistirán en consulta de
libros, revistas, periódicos, revistas electrónicas y bibliotecas virtuales, sobre el
tema de estudio. Por su parte en la investigación de campo, se recurrirá a la
Observación, para apreciar los criterios de aplicación de la culpabilidad en los
diversos tribunales de forma objetiva.

3- Descripción de Técnicas.
La investigación que se desarrollara es de carácter cualitativa, la cual nos
permitirá conocer cuál es el límite que los tribunales de sentencia toman al
momento de imponer una sanción a un procesado, este análisis se realizara a
través de los datos recolectados mediante la observación, el estudio de
expedientes judiciales y la utilización de cuestionarios con preguntas cerradas y
abiertas dirigidas a los sujetos de nuestro estudio.
Igualmente, este trabajo se basará en la utilización de técnicas e
instrumentos de recolección de información, como el análisis de la doctrina y
jurisprudencia relevante sobre la culpabilidad y las diferentes teorías de la pena.
4.- Dimensiones de la variable
Principio de culpabilidad,
Limite al derecho penal,
Teorías de la pena,
Fines de la pena,
Relación entre culpabilidad y pena.
5.- Descripción temporal del procedimiento:
El presente documento pretende realizarse en tres partes, en las dos primeras se
realizará una revisión bibliográfica y documental acerca del tema propuesto y se
procederá a efectuar el marco teórico, el cual contendrá:

Evolución histórica del principio de culpabilidad.
Fundamentos de la garantía de la culpabilidad.
Base Constitucional y legal nacional e internacional del principio de
culpabilidad.
Jurisprudencia Constitucional acerca del principio de culpabilidad.
En la segunda parte se desarrollara el tema de las diferentes teorías de la
pena para cual se desarrollara un apartado que contenga.
Las teorías de la pena.
Fines de la pena según el ordenamiento jurídico de nacional e internacional.
Jurisprudencia Constitucional acerca de los fines de la pena.
En el último apartado de nuestra investigación se hará un análisis de los
referentes teóricos y su aplicabilidad en las sentencias condenatorias que emiten
los Juzgados Primero de Sentencia de la ciudad de San Miguel, y Juzgado de
Sentencia de la ciudad de Usulután lo cual nos permitirá conocer si los Jueces de
Sentencia son garantes de los derechos fundamentales que la Constitución de la
República y los Instrumentos internacionales demandan al momento de imponer
una sanción punitiva. Así mismo, se pretende establecer a través de las encuestas
realizadas el conocimiento que tienen los Jueces de Sentencia del Principio de
Culpabilidad y la relación que se deriva dicho principio al momento de dictar
sentencia.

CAPÍTULO I.- LA CULPABILIDAD PENAL: PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL, LÍMITE DE LA PENA Y ELEMENTO DEL DELITO.
A.- Antecedentes Históricos
Desde la antigüedad, la humanidad ha basado sus castigos por la sola producción
de un resultado dañoso; no obstante, esto fue cambiando cuando el concepto de
culpabilidad se fue perfeccionando hasta llegar a lo que en la actualidad se conoce
como el principio de culpabilidad (responsabilidad por la culpa); según Velásquez
Velásquez (1994), es hasta el siglo XIX que se llega a establecer dicha categoría
como tal, aunque sus orígenes se encuentran en la ciencia penal italiana de la
Baja Edad Media y en la doctrina del derecho común de los siglos XVI y XVII, es a
partir de Feuerbach (1799) que el mismo funda la responsabilidad como imputatio,
quien ve la acción libre como perteneciente al autor, entendiendo éste como el
“fundamento subjetivo de la punibilidad”.
Posteriormente, los discípulos de Hegel, a mediados del siglo XIX, asumen
que todo el sistema del derecho penal descansa en la “imputación objetiva”,
aunque sin referirse a la culpabilidad como categoría sistemática.
No obstante, es el positivismo normativista el que introduce con precisión la
categoría de la culpabilidad en el sistema jurídico penal, al utilizar el término
“imputabilidad” y concibiéndola dentro de la construcción como presupuesto del
injusto, a partir de lo cual la dogmática posterior pudo distinguir en el delito una
parte puramente objetiva (el injusto) y otra subjetiva (la culpabilidad).

Puede hablarse de tres momentos históricos en el desarrollo de la
culpabilidad, que nacen de forma gradual, iniciándose con un criterio psicológico
de la culpabilidad, continuando con un criterio llamado mixto o complejo, o sea,
psicológico y normativo, y terminando con un criterio meramente normativo,
trasladando el dolo y la culpa al elemento material.
señala:
Mir Puig (1985), refiriéndose a la concepción psicológica de la culpabilidad
“el concepto casual-naturalista de delito de Von Liszt y Beling (el llamado –
concepto clásico-del delito) supuso una concepción psicológica de la culpabilidad;
la culpabilidad como relación psicológica entre el hecho y el autor. El ambiente
positivista de fines del pasado siglo se plasmó en una construcción de la teoría del
delito que por una parte, partía de la división del mismo en las dos partes que se
manifiestan separadas ante la percepción de los sentidos: la parte externa y la
parte interna, y, por otra parte, atendía como elemento definidor fundamental a la
idea de la causalidad. La parte externa del hecho se identificó con el objeto de la
antijuridicidad, mientras que la parte interna se atribuyó a la culpabilidad. Esta se
presenta como el conjunto de elementos subjetivos del hecho. Por otra parte, así
como el injusto se define a partir del concepto de causalidad, como causación de
un estado lesivo, la culpabilidad se concibe como una relación de causalidad
psíquica como el nexo que explica el resultado como producto de la mente del
sujeto. El dolo y la culpa se ven como las dos formas posibles de esta conexión
psíquica entre el autor y su hecho. El delito aparece, pues, como el resultado de

una doble vinculación causal. La relación de causalidad material que da lugar a la
antijuridicidad, y la conexión de causalidad psíquica en qué consiste la
culpabilidad.
En esta concepción el dolo y la culpa no solo pertenecen a la culpabilidad,
son las dos clases o especie de culpabilidad que constituye el género. No solo son
formas de la culpabilidad, porque son la culpabilidad misma u otra de sus posibles
especies.” (Mir Puig, Santiago, 1985, pág. 467).
A.1) TEORIA SOBRE LA CULPABILIDAD.
En cuanto al desarrollo de la culpabilidad, es correcto señalar tres momentos
históricos, como ya lo hemos mencionado, que nacen de forma gradual,
iniciándose con el criterio psicológico de la culpabilidad, continuando con un
criterio psicológico mixto o complejo, o sea psicológico y normativo y terminando
con un criterio meramente normativo, trasladando el dolo y la culpa al elemento
material.
Dos son las teorías que se enfrentan para fundamentar la culpabilidad:
a) La psicológica;
b) La normativista propuesta por Frank. De estas dos se ha originado una
tercera posición;

c) El normativismo puro, que traslada al dolo y a la culpa en el tipo y deja
únicamente en la culpabilidad, a la reprochabilidad.
La culpabilidad con base psicológica, consiste en el nexo psíquico entre el
sujeto y su conducta o el resultado material, según se trate de un delito de mera
conducta o de resultado material. En el primer caso, hay un solo nexo psicológico;
entre el sujeto y su conducta, se requiere que exista el del sujeto con el resultado
material; por tanto, para la teoría psicológica, la culpabilidad se origina en cuanto
existe el nexo psicológico.
Baumann expresa, que “según el concepto psicológico de la culpabilidad,
esta era algo que solo existía en el autor y que, además se agotaba en una
relación interna frente a la acción” (citado por Eduardo López Betancourt, 1999,
pág. 64). Para Bettiol, “el vinculo psicológico que une un evento a un sujeto
agente, puede ser de este modo doloso o culposo; doloso cuando este ha sido
previsto y querido; culposo cuando el evento, no querido, fue previsto o era por lo
menos previsible” (citado por López Betancourt, 1999, pág. 64); anotando que “la
concepción psicológica de la culpabilidad se basa, pues, sobre un vinculo de
carácter subjetivo que une al hecho con su autor en los limites respectivos del dolo
o de la culpa” (Ibíd., pág. 64); y que “una concepción meramente psicológica de la
culpabilidad resulta incolora, naturalista, fría, incapaz de adecuarse a la rica
casuística de las situaciones para ver si es posible y hasta qué punto un juicio de
reproche” (Ibíd., pág.64).

Se critica al psicologismo de imprecisión frente a la culpa, pues en ésta no
hay nexo psicológico, sin que esta afirmación sea obstáculo para que se considere
que en todo caso, la culpa con representación puede funcionar en el sistema
psicológico.
Sostiene que en la culpa no se puede establecer una conexidad psicológica
en la voluntad del autor y el resultado de su acción.
Jiménez de Asúa nos hace ver que Welzel “desde la primera edición de su
libro que era solo de la parte general, hasta la última publicada este año, la
sistemática de la culpa ha cambiado radicalmente. La vemos saltar de un sitio a
otro con enorme desasosiego que está indicando, en efecto, la falta de seguridad
con respecto a ese punto”. (1957, pág. 40).
Si el silogismo consiste en un nexo psicológico entre el sujeto y la conducta
o el resultado, no puede fundamentar sino el dolo directo o con previsión, pues en
esta última hipótesis, aun cuando quiere el resultado ni lo acepta en caso de que
se produzca, lo prevé con la esperanza de que no se realizara, pero de ninguna
manera puede admitirse en el psicologismo la culpa inconsciente, sin
representación o sin previsión, porque en ésta, no se previo, el resultado
previsible.
Richard Busch apunta, “que todos los esfuerzos por comprobar también en
la culpa una relación psíquica del autor con el resultado, fueron inútiles” (1970,
pág. 12).

No es aceptable la teoría de la psicología de la culpabilidad, ya que el dolo
o la culpa no bastan para integrarla, la concurrencia de la reprochabilidad de ese
nexo psicológico; de otra manera, existiría la culpabilidad en los casos de la
legítima defensa, estado de necesidad y en las mismas eximentes putativas, en
las cuales el sujeto actúa dolosamente pero no culpablemente. Es decir, un
individuo que es agredido injustamente, al defenderse obraría lícita y
culpablemente, porque quiso el resultado. Igualmente, un sujeto al creer
encontrarse ante una agresión ilegitima, sería un inculpable culpable, porque no
obstante que hay un error esencial e invencible a su favor, seria culpable porque
quiso el resultado.
Frank, piensa, que “para que alguien se le pueda hacer un reproche por su
comportamiento, tiene que darse un triple presupuesto: 1° una aptitud espiritual
normal del autor a lo que llamamos imputabilidad; 2°una cierta concreta relación
psíquica del autor con el hecho en cuestión o aun la posibilidad de esta; 3° la
normalidad de las circunstancias en las cuales el autor obra” (citado por Eduardo
López Betancourt, 1999, pág. 66).
La reprochabilidad tiene existencia en tanto al sujeto se le podía exigir una
conducta distinta a la realizada, es decir, es culpable en tanto no obro conforme a
derecho pudiéndolo hacer.
Algunos otros autores piensan que para hacerle a una persona algún
reproche sobre su comportamiento, se necesitan dar: la imputabilidad que es la

aptitud espiritual normal del autor; una cierta relación psíquica del autor con el
hecho y por último la normalidad de las circunstancias en las cuales el autor obra.
Luis Jiménez de Asúa, determina la importancia de separar la concepción
normativa de la culpabilidad, de otras doctrinas, que pueden usar, sin que se las
acuse de usurpadoras, el nombre de teorías normativas; a juicio del autor, la teoría
normativa se sintetiza de la siguiente manera: “para la concepción normativista de
la culpabilidad esta no es una pura situación psicológica (intelecto y voluntad).
Representa un proceso atribuible a una motivación reprochable del agente. Es
decir, partiendo del hecho concreto psicológico, ha de examinarse la motivación
que llevo al hombre a esa actitud psicológica, dolosa o culposa. No basta tampoco
el examen de estos motivos sino que es preciso deducir de ellos si el autor
cometió o no un hecho reprochable. Solo podremos llegar a la reprobación de su
hacer u omitir si apreciados esos motivos y el carácter del sujeto, se demuestra
que se le podía exigir un comportamiento distinto al que emprendió; es decir, si le
era exigible que se condujese conforme a las pretensiones del Derecho. En suma,
la concepción normativa se funda en el reproche (basado en el acto psicológico,
en los motivos y en la caracterología del agente) y en la exigibilidad. La
culpabilidad es, pues, un juicio, y, al referirse al hecho psicológico, es un juicio de
referencia.” (1963, pág. 164).

B.- La culpabilidad como principio
Si la exigencia de lesión del bien jurídico es un límite al subjetivismo extremo, que
pretendía fincar la punición únicamente en la decisión de vulnerar el orden jurídico,
el principio de culpabilidad, también constituye un límite para el objetivismo radical,
que pretende fincar la respuesta punitiva únicamente teniendo en cuenta la
afectación a un bien jurídico sin atender los aspectos de atribución personal, es
decir a la cuestión subjetiva.
De ahí que se ha afirmado “para que una persona sea castigada con una
pena por un hecho delictivo es necesario que sea culpable. He aquí uno de los
principios básicos del Derecho Penal, cuyo mantenimiento ha de ser tarea
ineludible para cuanto creemos que su existencia forma parte integrante del orden
jurídico que ha de garantizar la justicia, la seguridad y el bien común.” (Ruiz
Vadillo, Enrique; 1965, pág.17).
Es por ello que la construcción del principio de culpabilidad va a discurrir en
una serie de garantías que van a impedir que se sancione a una persona por un
resultado causado, pero sin que tal resultado se le pueda imputar culpablemente,
y precisamente este ideario del cual partimos es consustancial con la dignidad del
ser humano en tanto se le reconoce su capacidad de autonomía así como los
ámbitos básicos de libertad, propios de su racionalidad como ser humano.
En el sentido anterior, mediante la vigencia del principio de culpabilidad, se
exige como necesario que la pena solo pueda imponerse a quien ha actuado
culpablemente, la no actuación culpable no puede generar la imposición de una

pena, aunque la conducta que acaeció o se realizó haya perjudicado un bien
jurídico. Al menos penalmente no sería legítimo sostener la imposición de una
pena para quien no ha actuado culpablemente; así lo determina Mario Garrido
Mott, al manifestar: “el principio de culpabilidad importa una limitación de la
facultad de castigar del Estado, porque solo puede sancionarse a quienes son
culpables de un delito y la pena debe ser proporcionada a la culpabilidad” (1997,
pág. 147).
El principio de culpabilidad, se estructura en una dimensión amplia, como
un límite al poder penal del Estado; y de sus formulaciones de protección; a lo
anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a
considerado: “Así en su sentido más amplio, el termino culpabilidad se contrapone
al de inocencia, sin embargo bajo al expresión principio de culpabilidad se incluyen
diferentes límites al ius punendi que tienen en común exigir como presupuesto
para la determinación legislativa del delito y la consecuente aplicación judicial de
la pena, que puede recaer en quien cometa el hecho que motiva la aplicación”
(Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras, Pagina 169).
Dentro de las limitaciones que implica el principio de culpabilidad, se
pueden considerar las cuatro más importantes: la primera prohibición del principio
de culpabilidad atañe a que no es justificado imponer una pena a la persona que,
lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico, no ha realizado esa conducta
con un grado de autonomía en su decisión que le permitiese elegir entre la
realización de la conducta antijurídica que realizo, de no haber ese margen de

libertad en la decisión por la cual se ha optado, no procede la imposición de una
pena.
La segunda prohibición está construida sobre la base que la pena no puede
ser impuesta a quien, realizando una conducta punible, no ha podido ejercer sobre
sus actos un nivel de control determinado para poder evitar su conducta, de tal
manera que el acto realizado pueda predicarse fuera del control de la persona que
lo ejecuto.
La tercera prohibición esta cimentada en el hecho de que no es posible
imponer penas a la persona que no ha conocido de manera razonable que con su
conducta estaba realizando un hecho constitutivo de una infracción penal. Si no se
tenía ese conocimiento por una situación insalvable, no es posible entonces
imponer una pena.
Por último, el juicio de culpabilidad y la pena que se corresponda, solo
puede predicarse e imponerse exclusivamente a la persona responsable del
hecho, no siendo legítimo que la sanción se extienda a terceros; ni tampoco que
en las construcciones típicas se inserten fictas de culpabilidad; bajo este
parámetro, la Sala Constitucional a referido: “En esta línea, el art. 12 Cn establece
que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad, para ello es preciso, en primer lugar, que no se conciba
como responsable a un sujeto por hechos ajenos – principio de personalidad de
las penas - ; en segundo lugar, no pueden calificarse y por tanto castigarse como
delitos formas de ser, personalidades o apariencias, puesto que la configuración

de su responsabilidad es de difícil determinación distinto a los hechos o conductas
plenamente verificables – principio de responsabilidad por el hecho – y la
consecuente proscripción de un derecho penal de autor; además es preciso que el
hecho constitutivo de delito sea doloso, es decir que haya sido querido por su
autor o cuando se haya debido a su imprudencia – exigencia de dolo o culpa – ;
así también para que una persona pueda ser considerada como culpable de un
hecho doloso o culposo, este ha de ser atribuible a su autor como producto de una
motivación racional normal – principio de imputación personal o de culpabilidad en
sentido estricto – ello sucede cuando el sujeto del delito es imputable”. (Sentencia
de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras, pág. 169).
El poder de imponer penas en la historia del derecho penal ha discurrido
por dos grandes vectores – anunciados – como lo son el objetivismo y el
subjetivismo. Ambas concepciones, desde sus opciones radicales, permitieron el
exceso y el arbitrio en el ejercicio del poder de castigar – la pena era vista como
un castigo – en ese contexto, desde la perspectiva objetiva bastaba que
únicamente el acaecimiento de un hecho que se consideraba perjudicial para los
fines de quien ostentaba el poder, para que el castigo pudiese ser impuesto al
causante del mismo, e inclusive extenderlo hacia sus congéneres, quienes
también deberían responder por el hecho cometido, lo que justificaba que la
imposición de la pena, era el resultado dañoso sufrido. (Sánchez Escobar, Carlos;
Los principios del sistema pena (2004). En Consejo Nacional de la Judicatura
(comp.) Límites Constitucionales al Derecho Penal, (2004).)

Estas formas de imputación fueron perfeccionándose en la evolución del
desarrollo social, pero siempre estuvieron sustentadas bajo el fundamento de la
responsabilidad por el actuar sin entender a la culpa del causante, es decir que su
fundamento fue siempre el del castigo por el resultado, sin que mediase una
relación culpable entre acto y resultado; es más, inclusive hasta nuestros días
estas formas de imputar la responsabilidad han pervivido y son positivas en
muchos ordenamientos penales.
La otra visión no descansaba sobre la existencia de un hecho dañoso o
sobre el perjuicio sufrido a consecuencia de un acto, sino por el contrario en sus
orígenes descansaba en la maldad intrínseca del ser humano, el cual al ser
apreciado bajo ciertos parámetros en relación a sus características personales,
era responsable de males acaecidos o futuros. De ahí que lo que se estimase
como fundamento del castigo era la persona misma, en atención a su forma o
estilo de vida; el sujeto era considerado un ser malo por naturaleza o por asunción
de vida y ello era suficiente para que determinara que su persona era un peligro
para los demás, el mismo, determinara que su persona era un peligro para los
demás, el mismo, su grupo o su pueblo, y por ello pudiese ser objeto de la
reacción penal por quien ostentaba el poder de castigar. (Sánchez Escobar,
Carlos; Los principios del sistema pena (2004). En Consejo Nacional de la
Judicatura, (comp.) Límites Constitucionales al Derecho Penal, (2004).)

C.- Fundamentos.
Modernamente en la sistemática penal, se tiene el consenso de que únicamente a
quien actúa culpablemente es posible imponerle una pena; de ahí que, un derecho
penal democrático y respetuoso de la dignidad del ser humano, no puede sostener
que, el injusto es típico, pueda constituir el fundamento de la pena, sino que esta
debe suponer además otro juicio de desvalor, que reside en la vinculación entre el
hecho cometido u la responsabilidad subjetiva del autor, en el sentido que a nadie
se le puede imponer pena sin culpabilidad y respetando la gradualidad de la
misma.
Así el viejo axioma “nulla poena sine culpa” que reconoce el principio de
culpabilidad – el cual la doctrina separa de la culpabilidad como categoría del
delito – que impone al Estado la limitación de que nadie puede ser objeto de las
consecuencias jurídicas del delito, si el hecho no le es reprochable o exigible – con
independencia de la noción de culpabilidad que se asuma – de tal manera que, de
ahí que la culpabilidad es fundamento de la pena.
El principio de responsabilidad subjetiva o de culpabilidad, incorpora dos
áreas primordiales a saber, en cuanto a limitación del poder penal – que se
desarrollan en diferentes consecuencias – y que impiden un uso arbitrario de la
función punitiva; las cuales pueden ser sintetizadas de la forma siguiente: a) No
está justificado imponer una sanción penal a quien actúe sin culpabilidad; b) No
está justificado que las sanciones que se impongan al culpable, sobrepasen la
medida de su culpabilidad. Estas dos dimensiones del principio de culpabilidad

erigen una esfera de protección sobre todo el sistema penal, consolidando al
principio de culpabilidad como un instrumento garantizador de los derechos
fundamentales de los habitantes y limitador del poder punitivo del Estado.
Bajo esta línea de pensamiento, el principio de culpabilidad, actualmente se
le reconocen diversas formas de garantía, la primera esta erigida sobre la base,
que ha nadie puede imponérsele una pena, si el hecho cometido no lo ha sido de
manera culpable, en tal sentido, el injusto penal no es suficiente para que a una
persona se le imponga una pena, el hecho debe ser atribuido culpablemente. El
otro aspecto radica, en que la pena que se imponga debe ser proporcional a la
culpabilidad, de ahí que, la culpabilidad como principio garantiza el límite de la
sanción penal, el cual es irreductible, y no puede ser rebasado ni por efectos
preventivo generales ni por efectos preventivos especiales, la culpabilidad es el
límite indisponible para la pena, involucrando tanto el merecimiento de pena en
abstracto, como en concreto, de esta forma, es que el principio de culpabilidad, se
erige como limite al poder penal sancionador.
D.- Rango Constitucional.
La Constitución de la Republica de El Salvador reconoce la vigencia del principio
de culpabilidad, el cual se encuentra regulado con categoría de norma primaria en
el artículo doce de la Constitución cuyo tenor literal reza: “Toda persona a quien se
impute un delito, se presumirá inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad

conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías
necesarias para su defensa”.
El reconocimiento de tal principio a partir del articulo 12 Cn. se ha realizado
ya por el máximo tribunal constitucional en una línea de precedentes que han ido
fortaleciendo el argumento que precisamente dentro de marco de garantías que la
constitución ha reconocido al ser humano, una de las importantes es la de la
necesariedad de acreditación de la culpabilidad, precedentes que se iniciaron con
una sentencia de inconstitucionalidad respecto de un cuerpo normativo del
derecho administrativo sancionador; la Sala Constitucional dijo al respecto del
principio de culpabilidad lo siguiente: “Podemos asegurar entonces, sin ambages
que en materia administrativa sancionadora es aplicable el principio nulla poena
sine culpa; lo que excluye cualquier forma de responsabilidad objetiva, pues el
dolo o culpa constituyen un elemento básico de la infracción tributaria. El jurista
español José María Paz Rubio – profesor del Centro de Estudios Judiciales de
Madrid – en conferencia dictada recientemente en el país, al referirse al principio
de culpabilidad en relación a la Constitución, acertadamente sostuvo: “Eso quiere
decir que la pena solo se puede imponer a la persona culpable, o sea que es
necesario que se base en el principio de culpabilidad y aquí llama la atención que
la Constitución de El Salvador es de las pocas constituciones que garantiza el
principio de culpabilidad en el primer inciso del Art. 12 de la Constitución. Por lo
tanto no podría imponerse una pena en base a criterios de responsabilidad
objetiva…””. (Sentencia de Inconstitucionalidad de la ley del IVA, pág. 83).
Posteriormente fueron cimentándose en procesos constitucionales de habeas

corpus o amparo, hasta el último – e importante precedente – pronunciado por la
Sala en el cual confirma definitivamente que el principio de culpabilidad tiene
“carta de arraigo” en la normativa constitucional derivándolo expresamente del
articulo 12 Cn. sin pretender abarcar todas las consecuencias del principio de
culpabilidad, se harán algunas consideraciones de aquellas consecuencias más
notables.
1. Principio de Exterioridad. El fundamento de que la persona solo
puede ser sancionada por la conducta exterior que realice y no por las meras
intenciones que tenga, permite consagrar el principio de exterioridad de la
conducta también conocido como “nulla crimen nulla poena sine conducta o sine
actione” por lo cual únicamente es dable sancionar el acto humano externo
quedando interdicta la punición del aspecto ideativo bajo el apotegma “cogitationis
nemo patitur” – las ideas no delinquen –. Lo anterior se encuentra estrechamente
ligado con el principio de culpabilidad por cuanto el poder sancionatorio del Estado
solo puede aplicarse a los actos externos del ser humano – derecho penal de acto
– y únicamente en los límites del desvalor del acto cometido.
A esa garantía se opone la visión por la cual el Estado tiene facultades para
castigar no los actos ejecutados por el hombre, sino al hombre mismo en razón de
su propia personalidad, de ahí que la sanción no tiene fundamento en el acto
exterior realizado sino en la totalidad de la persona, el acto en si solo podría
alcanzar el valor sintomático de lo perverso del ser o su personalidad, y ésta es el
fundamento esencial para la imposición de la pena o medida. Resulta obvio que

este modelo responde al denominado derecho penal de autor, por el cual no se
sancionan los hechos de la persona, sino su propia personalidad.
Como fundamento del castigo no puede ser la persona del justiciable, en
cuanto purificación de su ser mediante la pena – visión antiquísima de la pena – ,
resulta plausible que el fundamento inicial de la potestad punitiva este erigido
sobre los actos externos de la persona, y sobre las consecuencias que éste acto
produce en la realidad. (Ferrajoli, 1999).
De ahí la necesariedad de la exteriorización de la conducta, como una
realidad que puede ser objeto de conocimiento, mediante los modos de
verificación y refutación y que permite instaurar un modelo democrático de
juzgamiento por cuanto lo que se acusa debe demostrarse, con posibilidades de
contradecirse; es por ello que las normas penales que se requieren en la
configuración de los tipos penales, son normas de carácter regulativas, y no
constitutivas, por cuanto solo las primeras cumplen la exigencia de decisibilidad
del sujeto, y por ende son capaces de ser comprobadas y refutadas con
fundamentos en hechos; es así, que la imputación no debe versar como objeto del
juicio, respecto de la personalidad del acusado en cuanto a ser moral, sino sobre
sus actos externos o hechos, que son los únicos que pueden ser afirmados o
rebatidos; de ahí también la importancia de prohibición de incorporar simuladores
en la construcción del tipo penal; de ahí, que la Sala Constitucional, al referirse al
principio de exteriorización determina:

“El derecho penal no debe tener únicamente por función imponer y reforzar
la penalización por la comisión de un delito, sino la de impedir la comisión de
acciones dañosas, asimismo, tal función por sí sola no es suficiente para justificar
la intervención coactiva del Estado en la vida de los ciudadanos. Para que pueda
prohibirse y castigarse conductas se exige además que estas dañen de un modo
concreto o pongan en peligro idóneo bienes jurídicos fundamentales o
instrumentales; en ese sentido, el juicio penal no debe versar acerca de la
moralidad – entendida como pura intimidad no trascendente o sobre aspectos
sustanciales de la personalidad del imputado, sino que solo de hechos que le son
imputables, pues solo estos pueden ser empíricamente probados por la acusación
y refutados por la defensa” (Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Anti
Maras, Pág. 164).
El fundamento del principio de exterioridad de la acción implica que,
únicamente puede ser objeto de pena, la conducta humana que ha provocado
efectos en la realidad, y sobre la base de ese disvalor, que forma entre la
conducta realizada según el conocimiento y voluntad del sujeto, y en las
consecuencias que ha provocado dicha conducta en los bienes jurídicos de un
tercero, es que debe verificarse el juicio de valoración respecto de la gravedad
disvaliosa de la conducta.
El principio de culpabilidad es irreconciliable con la doctrina del
peligrosismo, por cuanto el fundamento del castigo en la peligrosidad es no lo que
se ha hecho – que para ello está la desvaloración de los culpable – sino lo que el

sujeto sería capaz de hacer, situación que no es demostrativa ni refutable y que
solo puede ser inferida internándose en el autor mediante una suerte de ilusión.
No está demás el dejar señalado que los criterios de peligrosidad criminal
siguen actuales en muchos ordenamientos – incluido el nuestro – por ejemplo, en
el área de la aplicación de las medidas de seguridad se recurre a la formulación de
la peligrosidad para justificar su aplicación, lo cual no es legítimo, en el sentido
que la peligrosidad sea el fundamento de las medidas asegurativas; también es
utilizado en materia de restricción de derechos mediante la coerción procesal, por
ejemplo en el ámbito de la detención provisional.
2. Prohibición del Objetivismo. La responsabilidad penal objetiva está
prohibida en el derecho penal por consagración del derecho penal de culpabilidad,
con lo cual solo aquellas conductas realizadas con intención o imprudencia
imputables al sujeto pueden servir como uno de los fundamentos para la sanción
penal. La formulación precisa del precepto, manda que no se impongan penas ni
medias de seguridad si la acción u omisión no se ha cometido con dolo o culpa, y
es una derivación del clásico principio de culpabilidad, que en sus orígenes, para
limitar la responsabilidad penal objetiva, exigió que para imponer una pena, la
conducta exterior del sujeto debía ser realizada con dolo o con culpa, ese es el
apotegma que enuncia el principio “nulla poena sine culpa”.
La prohibición del objetivismo, tiene al menos un doble sentido: por una
parte se garantiza que la configuración de los tipos penales, en cuanto
construcciones normativas, no pueden ser estructurados mediante formulas que

entrañen cuestiones de responsabilidad objetiva, en cualquiera de sus
manifestaciones, implica que se trate de delitos preterintencionales.
De ahí que, la agravación en la pena, por el resultado objetivo no cubierto
por la imputación subjetiva de la persona, está proscrito de un derecho penal que
reconozca la vigencia del principio de culpabilidad. Los delitos calificados por el
resultado que son aquellos delitos que tienen asignada una penalidad más grave,
cuando en la ejecución de un hecho doloso, se ocasionan resultados más graves,
aunque los mismos no hayan sido ni asumidos ni previstos por el autor, son
violatorios del principio de culpabilidad.
La segunda dimensión del principio Nulla pena sine culpa, se extiende
respecto del hecho cometido, y garantiza que a ninguna persona podrá
imponérsele pena o medida de seguridad, si la conducta de éste, no ha sido
realizada con dolo o culpa; ello significa que únicamente puede ser típica aquella
acción u omisión que se comete dolosa o culposamente; de ahí que haya una
exigencia a que las conductas, deben ser realizadas por el sujeto obrando o bien
con dolo o mediante la imprudencia; con lo cual se prohíbe la imputación de un
resultado que no esté gobernado por el dolo, o que pueda atribuirse según culpa,
como se advertirá, se llega a este ámbito a un equilibrio, entre objetivismo y
subjetivismo, el mero resultado, tampoco por si solo funda la imputación del tipo
penal; de lo anterior la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador manifiesta:

“De acuerdo al principio de responsabilidad que rige en el Derecho Penal,
para atribuir la responsabilidad penal de una persona, no basta establecer el
resultado material a la que está unida causal o normativamente su conducta,
resultando necesario apreciar además la dirección de su voluntad, es decir, no
puede atribuírsele responsabilidad penal sin que se haya establecido la existencia
del dolo en su conducta (…) De lo anterior esta Sala advierte, que la conducta
realizada por los señores Zaldívar Martínez, consistió en librar y entregar un
cheque posfechado a favor del Licenciado Machado Gómez, y que tal conducta
tuvo como origen un contrato verbal de servicios profesionales, en virtud del cual,
los contratantes hicieron perder al cheque su doble carácter de medio
incondicional e inmediato de pago, condicionándolo a las resultas del juicio objeto
del contrato referido, desnaturalizando de esa forma el uso de dicho título valor,
convirtiéndolo a su vez en un instrumento de garantía a sí mismo, al consignarle
una fecha posterior a su libramiento, retardaron deliberadamente el pago del
mismo evidenciándose por una parte la ausencia de lesión al bien jurídico
protegido por la norma, y por otra, la falta de dolo al momento que fue librado y
entregado. Con base en lo expresado y lo dispuesto en los Art. 3 y 4 Pn, que
consagran los principios de lesividad del bien jurídico y de responsabilidad, es
improcedente atribuir responsabilidad penal a los señores Zaldívar Martínez, dado
que en el juicio se estableció que hubo acuerdo acerca del uso que se le daría al
cheque en referencia, distorsionando en su naturaleza, razón por la cual la
conducta resulto ser atípica, por no existir el elemento subjetivo denominado dolo,
requisito necesario para completar la tipicidad del delito en comento” Sentencia de

la Sala de lo Penal, de las diez horas del día dos de Octubre de dos mil uno (272-
00).
El principio de Nulla poena sine culpa, por cuanto exige que la conducta sea
dolosa o imprudente, se opone al derecho penal de autor y ello porque en la
construcción configurativa de estos delitos, lo que desaparece es la posibilidad de
verificación subjetiva de la conducta, son por así decirlo, delitos sin exigencia del
presupuesto subjetivo, con lo cual se vulnera primariamente el principio de
culpabilidad, por cuanto se trata de sancionar meramente el resultado de la
infracción normativa, asociando a la misma las características personales del ser
humano, pero no su conducta, por tanto impidiendo la opción de realización en
cuanto a la voluntad, o en su caso la no previsión de lo que si era previsible.
En cuanto a la imputación objetiva en concreto, la exigencia de la
consecuencia que se examina, requiere, más allá de la relación que se determina
entre, conducta realizada y resultado devenido a consecuencia de dicha acción u
omisión, la atribución subjetiva de la misma respecto de la persona que lo ha
ejecutado, por cuanto el hecho constituye como tal una conducta; de ahí que ésta
que es la única que puede ser objeto de una imputación, es la que realiza un ser
humano, y no la causación de meros resultados, es por ello que se requiere del
concurso de criterios de imputación en el ámbito subjetivo que son los que a
continuación se desarrollaran.
a) la exigencia que el autor del hecho conozca todos los elementos que
conforman el hecho que esta desmerecido en el tipo penal. Con lo anterior se

exige el conocimiento del sujeto respecto la realidad sobre la cual desarrollara la
conducta.
b) la exigencia que la persona que realiza la acción u omite realizar el acto
debido lo haga mediante un acto de propia voluntad, de ahí que el hecho ha de ser
querido en la voluntad de la persona. Se exige por ambos criterios conocimiento y
voluntad del sujeto respecto del acto que realiza y del resultado que se producirá a
partir del mismo.
c) el conocimiento que se exige en la realización de la conducta y en la
derivación del resultado de la misma ha de ser un conocimiento actual y no
potencial.
d) se exige en el aspecto de la voluntad que la persona que realiza el acto
quiera la consecuencia que de él ordinariamente se producirá, es decir se quiere
de manera directa el resultado que el acto produce; también ese resultado puede
ser un objetivo que aunque no deseado de manera directa, es el esperado
necesariamente de acuerdo al desarrollo de la conducta, o al final, basta con que
sin querer directamente el resultado de la acción se asuma el riesgo de su
producción, ratificando su suceso en caso que acontezca.
De lo anterior puede concluirse que la formulación de los presupuestos
anteriores hacen alusión al instituto jurídico del dolo, de ahí que la exigencia del
mismo en el ámbito de la imputación subjetiva, trascienda de una mera
formulación dogmática, a un elemento que conceptualmente, desde la formulación
de principio de culpabilidad, se erige como un límite al poder punitivo del Estado.

Otro aspecto a tener en cuenta es mantener la tipificación culposa bajo un
sistema cerrado en el cual, únicamente cuando el legislador considere digna de
merecimiento de tutela en sede penal, la conducta culposa será considerada como
delito. Ello es imperioso que así sea por cuanto la extensión de la imprudencia al
ámbito de la vida ordinaria, bajo la consideración del deber de cuidado, presenta la
dificultad de un tipo penal en principio abierto.
Así Winfried Hassemer, relaciona: “si en la búsqueda de las correctas
características del dolo se enuncia a definiciones apriorísticas de tipo ontológico y
desfiguraciones de elementos del dolo, se plantea en primer lugar, desde el punto
de vista deontológico, la pregunta de cuál es la razón que justifica que en nuestro
derecho penal se incrimine de un modo más grave el comportamiento doloso que
el imprudente. Quien no puede contestar a esta pregunta, no podrá fundamentar
los límites del dolo en criterios normativos aceptables: que grupos de casos,
situaciones, hechos, han de ser valorados como dolosos y cuales como culposos
no se decide según una presunta naturaleza ante o extrapenal del dolo o de la
imprudencia en sí mismos considerados, sino según una lógica normativa, la cual
sirve de base al diferente tratamiento penal que reciben los grupos de casos
dolosos y culposos; lo que se considera como “ya doloso” o como “todavía
culposo” solo puede decidirse en función de la ratio por la que se sanciona como
mayor energía el dolo”. (1999, Pág. 68 a 69).
3. Principio de Atribución Personal. Se señala la relación necesaria que
ha de mediar entre el acto realizado y el aspecto psíquico del ser humano, en

cuanto se ve a la persona en relación a la capacidad que tenga para dirigir sus
propias conductas.
La consideración de referido principio trasciende los meros actos exteriores
del sujeto y de los efectos que el acto produzca, para dirigirse al examen del ser
humano en su interioridad, en cuanto incumbe a la totalidad del hombre, sus actos
y la capacidad para decidir y dirigir sus actos. Sin agotar este aspecto esencial, no
es legitima la imposición de una pena o de una medida de seguridad por cuanto se
requiere una normalidad en el ámbito psíquico para comprender el contenido de lo
ilícito, y ello configura el principio de imputación personal en sentido estricto; bajo
este aspecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado: “En otro orden y como la
manifestación del principio de culpabilidad, el subprincipio de imputación personal
impide penalizar al autor de un hecho antijurídico que no alcance determinadas
condiciones psíquicas, que le permitan un acceso normal a la prohibición
infringida. Es lo que sucede en el caso de los inimputables, ya sea por ser
menores de edad, ya por causa de enfermedad mental, defecto de inteligencia o
percepción, trastorno mental transitorio. Este principio se apoya en la necesidad
que el hecho punible pertenezca a su autor no solo subjetiva y materialmente, sino
que también como producto de una racionalidad normal que permita verlo como
obra de un ser con suficiente discernimiento. Tal situación se justifica además en
el principio de igualdad, pues la exigencia de imputación personal, como
presupuesto de la punición de las conductas delictivas, obliga a diferenciar a las
personas según su capacidad de discernimiento delictivo, es decir, sería contrario
a la igualdad pretender, que se impongan penas a personas que no gozan de la

misma capacidad de motivación normal penal, es preferible el mecanismo de la
motivación normativa y de la pena como respuesta a una infracción normalmente
atribuible a su autor.” Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras, Pág.
176.
4. Principio de Personalidad de la culpabilidad y de la coerción. Lo que
implica el presente sub-principio es que la culpabilidad es personalísima, con lo
cual se quiere significar que, la misma no es transferible a ninguna otra persona –
que no sea el propio culpable – y ello también debe predicarse de las
consecuencias jurídicas del delito – penas o medidas de seguridad – las cuales
esencialmente por sus efectos de restricción de derechos fundamentales no deben
resultar transmisibles más allá de la persona declarada culpable, que es la única
que está sujeta a pena. En resumen, culpabilidad y sanción punitiva son
intransferibles de la persona del justiciable y ello debe reflejarse no solo en
materia de sistemática penal, sino en el área del proceso penal y en el ámbito de
la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad.
Dentro de los problemas que se establecen en el ámbito de la garantía de la
personalidad, de la culpabilidad y de la pena, pueden mencionarse los siguientes:
a) el problema de la pena de prisión y sus efectos fatales. La sanción penal
se caracteriza en la realidad por su amplio poder de afectación en relación con el
goce de los derechos fundamentales; de todas las sanciones, esa realidad es más
aguda tratándose de la pena privativa de libertad, y debe reconocerse que la
misma, en cuanto a los efectos que produce, no solo afectan al declarado culpable

y responsable del delito, sino que también extiende sus efectos lesivos hacia otras
personas que constituyen el entorno social cercano del reo – su familia – y que
desde una perspectiva social son alcanzados en sus derechos fundamentales
mediante la pena sin que participen de la culpabilidad del acusado.
Lo anterior, si se ve desde la perspectiva general, no solo viola el principio
de que la pena es personalísima, derivado esencial del principio de culpabilidad,
reconocido en el artículo 12 Cn, sino que además vulnera el artículo 5.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reza: “La pena no puede
trascender de la persona del delincuente”; con lo cual se garantiza que la pena es
una consecuencia personal del delito para quien lo ha ejecutado, y que no puede
extenderse más allá de lo razonable a otras personas.
b) el caso de la prisión preventiva. La lesión material del principio de
culpabilidad, en el área de la coerción procesal, está fundamentada en la
modificación de algunos supuestos de la detención provisional.
Existen fundamentos normativos que permiten decretar la detención
provisional por hechos atribuidos a otras personas, distinta de quien sufrirá la
medida cautelar de prisión preventiva; es por ello que la detención tomando como
parámetro “la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la
que se cometen hechos análogos…” es violatoria del principio de culpabilidad, en
relación a los hechos análogos cometidos, porque estos no son imputables al
justiciable; y en cuanto al fundamento de la alarma social que el hecho produzca,
debe de recordarse que la pena es el instrumento que modestamente podría

generar algunos efectos de prevención general, por ello no es atributo de la
detención provisional, que no constituye ni es una pena, que responde a otros
criterios, propios de las medidas cautelares y que en todo caso se hace recaer
sobre una persona que jurídicamente desde la Constitución es inocente.
c) el problema de la imputación en las personas jurídicas. Las personas
jurídicas no tienen capacidad de culpabilidad penal, es una consecuencia de la
estructuración de la acción en el sentido de estar predicada sobre la base de la
imputación para personas humana y por ende no pueden ser objeto de penas en
el ámbito del derecho penal; aunque como se advierte por la doctrina, este ideario
en el actual estado de cosas, se está viendo fuertemente cuestionado, sobre todo
en atención a los denominados “delitos de empresas” y a las actuales visiones de
las sociedades de riesgo, de ahí que se configuren como ámbitos de riesgo
respecto de la actividad de empresas: 1) actividades de peligro contra el medio
ambiente; 2) actividades de peligro dentro de la actividad empresarial; 3)
actividades de peligro respecto de los productos para los consumidores; 4)
actividades de peligro en los medios de transporte; 5) actividades de peligro en las
actividades de investigaciones transgénicas y genéticas.
En nuestro ordenamiento se ha optado por la fórmula del “actuar por otro”
inicialmente acuñada en Alemania y que permite mediante una clausula especial
en el ámbito de la autoría, transferir las calidades especiales que ostenta la
persona jurídica a las personas naturales que realizaron el comportamiento
delictivo, los cuales, de no concurrir esa transmisión de calidades, no tendrían

típicamente la calidad de autores, puesto que el supuesto de hecho exige de un
elemento de especialidad, que le es propio a la persona moral, pero le es ajeno a
la persona humana.
Lo relevante para el principio de culpabilidad, es tener en cuenta las
circunstancias en las cuales debe manejarse este ámbito de transferencia de
calidades especiales, en el sentido que, si se considera ello idóneo en el ámbito
de la tipicidad vinculado al elemento de la autoría, ello no supone la transferencia
de la culpabilidad de las actuaciones de personas naturales en la comisión de
ilícitos penales.
d) la cuestión de la tipicidad cumulativa. En éste sentido, la criminalización
de nuevas conductas delictivas respecto de innovadores bienes jurídicos que se
dotan de autonomía y que han generado discusión la discusión, en relación a las
nuevas formas acumulativas de tipicidad, podrían vulnerar el principio de
culpabilidad en la modalidad de que la culpabilidad es singular e intransferible.
Es en este sentido que la pena toma como referente una culpabilidad que
ya no es personalísima sino que esta difuminada sobre diversas actuaciones no
imputables subjetivamente en su conjunto a la persona. Tal situación es
merecedora de una profunda reflexión, puesto que materialmente las tipicidades
cumulativas estarían afectando el sub-principio de que la culpabilidad es
personalísima que solo se estructura por los hechos personales por acción u
omisión del sujeto, sin que se deba responder por las acciones u omisiones de
otros.

5. Principio de Conocimiento. Un aspecto muy relevante dentro del
principio de culpabilidad es la exigencia de conocimiento tanto del hecho típico
como de la prohibición, por cuanto de no mediar este nivel de exigencia en la
persona del autor, no le es predicable un juicio de exigibilidad en cuanto a la
motivación de sus actos, respecto de la infracción de normas y de la afectación de
los bienes jurídicos.
Dentro de este sub-principio, se deben verificar las siguientes cuestiones: a)
la persona que ha desarrollado una conducta sobre la base de una situación
errática, no puede ser objeto de punición, ello porque no sería legítimo sancionar a
quien ha orientado su decisión y su conducta merced a una realidad equivocada,
sea porque ha errado sobre la compresión de la ilicitud de alguno de los
elementos del tipo penal, sea porque la equivocación ha tenido una falsa
percepción de la facticidad en la cual la persona se encontraba desarrollando sus
actos, de ahí que cuando el error ha sido sustancial para la realización de la
conducta, ello impide que la persona pueda ser objeto de sanción; b) el error que
procede por la ignorancia normativa, en el sentido de saber que la conducta que
se ejecuta, está prohibida con rango de delito, merece iniciar desde ya que esta
particularidad, no afecta las cuestiones de la imputación típica, y debe ser
examinada a nivel de la exigencia de culpabilidad en relación directa a la
conciencia de los ilícito; de esta forma lo reconoce Francisco Dall’anese, (2004).
6. Principio de prohibición de doble incriminación. Es una modalidad del
principio de Ne bis in idem solo que materializado en el ámbito del derecho penal

sustantivo. La prohibición precisa radica en que no es posible imputar más de una
vez la misma conducta a una persona; la otra dimensión del principio de doble
incriminación descansa en la imposibilidad de que se haga una doble valoración
sobre un mismo hecho generador, y que a partir de esa duplicado en la valoración
de un mismo hecho, se agrave la culpabilidad y la pena. Como consecuencia de
esta garantía se impide desproporciones tanto en el ámbito del procesamiento, el
cual significa ya un estado aflictivo para el justiciable como la desproporcionalidad
en la sanción, que significaría un exceso en el ámbito punitivo.
7. Principio de diferenciación en los ámbitos externos e internos de la
imputación. Si no es tomado en cuenta el principio de diferenciación, los ámbitos
de aplicación de la pena, se vuelven excesivos y por ende desproporcionado, lo
cual vulnera el segundo gran contenido del principio de culpabilidad que estatuye
que la pena debe ser proporcionada a la culpabilidad.
Lo esencial del mismo es que los niveles de imputación tanto aquellos
externos como aquellos que son internos deben presentar, según los parámetros
de sus respectivas gravedades, un tratamiento desigual y diferenciado para los
que se sitúen en distintos niveles, por cuanto el grado de reproche y de gravedad
es distinto, de lo contrario la regla de la equiparación que llevaría a no regular un
trato diferenciado, significaría un tratamiento desigualitario, por cuanto trataría
como iguales a quienes se encuentren en distintas condiciones, en este caso
respecto de los niveles de imputación.

E. - Jurisprudencia.
Presunción de Inocencia y presunciones de culpabilidad. Amparo, 10-11-99.
“Esta Sala, en su constitución jurisprudencial, ha establecido que toda persona
sometida a un proceso o procedimiento es inocente y se mantendrá como tal
dentro del proceso o procedimiento, mientras no se determine su culpabilidad por
sentencia de fondo condenatoria o resolución motivada, respetando los principios
del debido proceso procesal, judicial o administrativo. Por tanto, se considera que
ninguna persona natural o jurídica, puede verse privada de algún derecho por
aplicaciones automáticas y aisladas de “presunciones de culpabilidad” sean
legales o judiciales, ya que las mismas son inconstitucionales si no se acompañan
de otros medios de prueba que lleven a una conclusión objetiva de culpabilidad.”
Relación con la carga de la prueba.
“La presunción de inocencia constituye un principio elemental de justicia y trae
como consecuencia que la carga de la prueba recae en la parte que acusa y que
nadie puede ser condenado sino media prueba fehaciente, la cual haya sido
incorporada al proceso tal como lo establece el artículo 162 del Código Procesal
Penal. Aunado a ello la parte que acusa debe hacer la construcción jurídica de la
culpabilidad para que el juzgador adquiera un grado de certeza con respecto a la
misma” (TS. de La Libertad, 09-11-99).
“El artículo 12 de la Constitución de la República establece la presunción de
inocencia como verdad interina establecida a favor de todo imputado durante todo
el proceso, de lo que se extraen como consecuencias, en primer lugar, que la

parte que acusa debe realizar la actividad probatoria de cargo necesaria para
quebrantar dicha presunción de inocencia, la cual deberá contener los elementos
del delito estableciendo la conexión del imputado con el hecho; que el imputado no
está obligado a probar su inocencia; que la certeza positiva para desvirtuar dicha
presunción debe producir aquella convicción moral que persuade, que dirige la
inteligencia y satisface la razón más allá de toda duda razonable, ya que la duda
no debe ser especulativa o imaginaria. La duda que justifica la absolución no sólo
debe ser razonable sino que debe seguir de una serena, justa e imparcial
consideración de toda la prueba del caso o de la falta de suficiente prueba en
apoyo de la acusación; por lo que en caso de existir duda sobre la culpabilidad o
inocencia del imputado deberá absolverse, y si por el contrario hay un
convencimiento de la culpabilidad del imputado más allá de la duda razonable, es
deber del tribunal rendir un veredicto de culpabilidad” (TS 1°. de San Salvador, 08-
01-99).
“La presunción de inocencia ampara por igual a toda persona a quien se le acusa
de una conducta delictiva, y no admite distingo alguno, por lo que para quebrantar
ese estado de inocencia se requiere que la acusación haya presentado una
prueba que al ser apreciada sea capaz por su entidad persuasiva –respecto de la
prueba contraria– y su fuerza armónica respecto de la otra prueba que concurre,
de demostrar que el acusado es autor culpable del hecho atribuido; si tal prueba
no es concluyente sobre el injusto típico, o sobre la autoría del acusado o sobre su
culpabilidad, porque ha sido contrariada por otra prueba –que no se ha refutado– o
por que no es armónica con la prueba restante, dicha evidencia no puede afirmar

la culpabilidad por qué no está dotada de certeza” (TS 3°. de San Salvador, 21-01-
02).
Reconocimiento del principio de culpabilidad en la Constitución. Sala de lo
Constitucional IS. 3-92 ac. 6-92; 17-12-92.
“La idea expuesta en el acápite precedente significa como ineludible derivación
que el vocablo delito consignado en el Art. 12 inciso primero de la Constitución
debe entenderse no en sentido estricto, sino como indicativo de un ilícito o injusto
típico, esto es conducta humana que en virtud del mandato legal se hace
reprochable a efecto de su sanción; incluyéndose en este concepto a las
infracciones administrativas y específicamente a las tributarias. Esta equiparación
que no puede hacerse más que por el rasero de la teoría general del delito implica
que los principios del Derecho Administrativo sancionatorio son los que se
sistematizan en el derecho penal de aplicación judicial, en la medida necesaria
para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto
(...) Podemos asegurar entonces, sin ambages, que en materia administrativa
sancionadora es aplicable el principio nulla poena sine culpa; lo que excluye
cualquier forma de responsabilidad objetiva, pues el dolo o culpa constituyen un
elemento básico de la infracción tributaria. El jurista español José María Paz Rubio
–profesor del Centro de Estudios Judiciales de Madrid– en conferencia dictada
recientemente en el país, al referirse al principio de culpabilidad en relación a la
Constitución acertadamente sostuvo “Eso quiere decir que la pena sólo se puede
imponer a la persona culpable, o sea que es necesario que se base en el principio
de culpabilidad y aquí llama la atención que la Constitución de El Salvador es de

las pocas constituciones que garantizan el principio de culpabilidad en el primer
inciso del Art. 12 de la Constitución. Por lo tanto no podría imponerse una pena en
base a criterios de responsabilidad objetiva (...)”
Construcción de la culpabilidad. Sala de lo Constitucional. HS010700. 00.
“Es preciso aclarar que tal como se dijo en la sentencia de Hábeas Corpus N° 381-
99: “... La Sala de lo Constitucional considera que solo después de una sentencia
pronunciada luego de un juicio público se puede declarar la culpabilidad de una
persona, rompiendo así su estado de inocencia. Esta culpabilidad debe ser
jurídicamente construida, lo que implica un grado de certeza determinado; pues de
lo contrario en aquellos casos en los cuales no se tenga la certeza suficiente para
probar algo en contra del imputado o para condenarlo, es decir, que exista duda,
debe aplicarse lo más favorable a él –principio indubio pro reo–.”
Exigencia de dolo o culpa. Sentencia de la Sala de lo Penal, de las diez horas
del día dos de octubre del dos mil uno (272-00).
“De acuerdo al principio de responsabilidad que rige en el Derecho Penal, para
atribuir responsabilidad penal una persona, no basta establecer el resultado
material a la que está unida causal o normativamente su conducta, resultando
necesario apreciar además la dirección de su voluntad, es decir, no puede
atribuírsele responsabilidad penal sin que se hay establecido la existencia del dolo
en su conducta (...) De lo anterior esta Sala advierte, que la conducta realizada por
los señores Zaldívar Martínez, consistió en librar y entregar un cheque posfechado
a favor del Licenciado Machado Gómez, y que tal conducta tuvo como origen un
contrato verbal de servicios profesionales, en virtud del cual, los contratantes

hicieron perder al cheque su doble carácter de medio incondicional e inmediato de
pago, condicionándolo a las resultas del juicio objeto del contrato referido,
desnaturalizando de esa forma el uso de dicho título valor, convirtiéndolo a su vez
en un instrumento de garantía así mismo, al consignarle una fecha posterior a su
libramiento, retardaron deliberadamente el pago del mismo evidenciándose por
una parte la ausencia se lesión al bien jurídico protegido por la norma, y por otra,
la falta de dolo al momento que fue librado y entregado. Con base en lo expresado
y lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 Pn, que consagran los principios de lesividad del
bien jurídico y de responsabilidad, es improcedente atribuir responsabilidad penal
a los señores Zaldívar Martínez, dado que en el juicio se estableció que hubo
acuerdo acerca del uso que se le daría al cheque en referencia, distorsionando en
su naturaleza, razón por la cual la conducta resultó ser atípica, por no existir el
elemento subjetivo denominado dolo, requisito necesario para completar la
tipicidad del delito en comento.”
Prueba de dolo. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. 04-01-99.
“El dolo como elemento de la tipicidad subjetiva debe acreditarse por prueba
exterior objetiva y no sólo deducirse, de tal manera que es válido, para acreditar el
dolo, los elementos indiciarios a partir de pruebas concretas –testimonios, pericias,
inspecciones– pero tal deducción lógica propias de los indicios y de la valoración
de sana crítica debe ser indubitable, es decir, debe dejar en el ánimo de los
jueces, la certidumbre de que los hechos han ocurrido así y de ninguna otra
manera.”

Dolo natural. Tribunal de Sentencia de San Vicente. 22-01-99; 23-02-99; 09-
04-99.
“Para que haya acción, no únicamente requiere conocimiento de ella, sino además
voluntad de cometer tal conducta, o que con la acción realizada por el sujeto
activo, éste asuma el riesgo que su conducta pueda producir, aspecto que en
dogmática penal se conoce como dolo natural.”
CAPÍTULO II.- LA PENA.
La vinculación que existe entre culpabilidad y pena nos exige, sin lugar a dudas,
detenernos para analizar el concepto de pena, la justificación y los fines que se

han planteado cada una de las teorías que existen en relación a la misma; se
analizaran las tres más importantes: teorías absolutas, las teorías relativas en las
que se encuentran la prevención general y prevención especial, y las teorías de la
unión.
De igual forma se estudiaran las legitimaciones más recientes que la
doctrina ha aportado en cuanto a los fines de la pena.
A. DEFINICION.
Frente al concepto de pena han existido múltiples definiciones, Bustos Ramírez,
Juan expresa que “la pena es la auto constatación del poder coercitivo del Estado,
reafirmación de su existencia en forma general”. (1980, p. 121). En la actualidad el
concepto de pena ya no puede ser entendida únicamente en su sentido
tradicional, como la existencia de un mal para retribuir la culpabilidad de un
individuo por haber realizado un hecho típico y antijurídico; ese concepto de mal
se encuentra unido más a un concepto ético o moral que a uno jurídico. En la
actualidad el problema que plantea la teoría de los fines de la pena no es un
problema metafísico sino absolutamente terrenal con el que se busca asegurar la
convivencia de los miembros de una sociedad.
Para Bustos Ramírez, Juan la pena en su sentido, función y finalidad no
puede comprenderse si al mismo tiempo no se analiza dentro de un contexto
socioeconómico determinado y dentro de un marco de Estado; la teoría de la
pena está, entonces, indefectiblemente ligada a la teoría del Estado, a medida que
éste evoluciona y se transforma, la pena también lo hace (1980), esta situación
nos permite comprender el papel que juega la pena en la diferentes sociedades.

B. JUSTIFICACION, FIN Y LEGITIMACION DE LA PENA.
La teoría suele distinguir entre justificación y fin de la pena. Cuando se habla de
justificación de la pena se alude a su necesidad para el mantenimiento del orden
jurídico como condición básica para la convivencia en comunidad, Jeschek
distingue tres tipos de justificación una político-estatal, en el sentido de que sin la
pena, el ordenamiento jurídico dejaría de tener carácter coactivo y se rebajaría
hasta convertirse en una recomendación sólo éticamente vinculante, una
justificación psicológico-social en cuanto la pena es necesaria para satisfacer las
demandas de justicia de la colectividad, y una justificación ético individual
refiriéndose a la necesidad de la pena teniendo en cuenta la propia persona del
delincuente, en el sentido de que la aspiración a liberarse de culpa mediante una
prestación expiatoria constituye una experiencia fundamental del hombre como
ente moral (citado por Choclan Montalvo, José Antonio, 1999 pág. 82).
La justificación de la pena con base en su necesidad comporta una
restricción indispensable de la reacción punitiva. La intervención del Derecho
Penal sólo puede tener lugar frente a infracciones jurídicas insoportables,
debiendo aparecer la pena como el único medio para defender suficientemente el
orden social, como recurso ante una mayor necesidad de protección de la
sociedad. Es conocido el postulado liberal de que el Derecho Penal sólo debe
proteger bienes jurídicos, sin que la preservación de la norma moral constituya su
misión, aunque todavía esté sin resolver la cuestión de si en la teoría del Estado
de Derecho es defendible que el legislador penal proteja valores éticos aun

cuando su quebrantamiento no conlleve lesión de un bien jurídico, una dañosidad
social. En todo caso, son constantes las tendencias descriminalizadoras, de
acuerdo con la idea de Derecho Penal como ultima ratio, aunque es unánime la
opinión de que hoy por hoy no es posible prescindir de la pena, que se contempla
de esta manera como un mal necesario, como un remedio socialmente dañino, o
una amarga necesidad. Por ello, en la medida de lo posible debe reaccionarse con
sanciones de carácter no penal, con otras medidas de política social o
administrativa, y cuando sea absolutamente necesario responder al hecho
antijurídico con una pena, debe ésta limitarse a la mínima necesaria para restaurar
el orden jurídico.
La idea de la necesidad de pena en función del carácter fragmentario que
tiene el derecho penal, en expresión de Binding, “refiere su sentido estático o nivel
de la conminación penal abstracta” (citado por Choclán Moltalvo, José Antonio
1999, pág.43). La justificación de la pena desde el punto de vista de la prevención
general, conforme a los postulados de la moderna política criminal, ha incidido de
forma notable en el sistema de sanciones del código Penal Salvadoreño. Pero
todavía el poder punitivo del Estado debe limitarse en el nivel de la conminación
concreta. Aquí inciden las funciones del principio de culpabilidad y de la
prevención especial. La función político criminal del principio de culpabilidad reside
en la limitación del poder estatal a la medida de la culpabilidad por el hecho, pues
el individuo, en un Estado que se autocalifique de Estado Social y Democrático de

Derecho y que tenga como centro la persona y su dignidad, no puede ser utilizado
como instrumento al servicio de los fines de la prevención general.
Las exigencias de prevención especial deben presidir la fase de
individualización judicial de la pena adecuada a la culpabilidad, de suerte que el
sistema de sanciones debe contemplar sustitutivos penales que permitan en el
caso en concreto una suspensión o sustitución de la pena adecuada a la
culpabilidad cuando la imposición de la pena no resulte necesaria atendida la
personalidad del sujeto al que ha de ser aplicada y no se resienta con ello la
defensa del orden jurídico. En suma, como escribe Mapelli Cafarena, el criterio de
necesidad se empleará no solo para saber si una pena debe o no ser aplicada,
sino también para determinar en qué medida, y que la pena que no es necesaria
no debe ejecutarse.
La cuestión de la necesidad de la pena enlaza directamente con la
especial problemática que subyace a una opción acerca del sentido y fin de la
pena. Los conceptos de retribución, prevención general y especial, que han estado
presentes en todas las discusiones dogmáticas acerca de su finalidad y que ha
dado lugar a diversas teorías penales en función de la preponderancia que se
otorgue a uno y otro elemento en la fundamentación de la pena, aparecen, pues,
indisolublemente unidos al problema de la necesidad de la pena, esto es al de su
justificación. Cuando se habla de fin como algo distinto de su justificación, se
alude al sentido que la pena debe tener para el reo y la colectividad. Pero una

pena resultará necesaria en la medida que sea adecuada para cumplir los fines a
que está destinada. Si la justificación de la utilización de la pena por el Estado
reside en su necesidad justificará aquella pena que sea adecuada para conseguir
ese principal objetivo, y por ello los fines inmediatos de la pena (intimidación,
resocialización, retribución) son instrumentales respecto al fin del Derecho penal,
la protección de bienes jurídicos. Pérez Manzano distingue un nivel de justificación
del Derecho Penal y de la pena (la protección de bienes jurídicos) y un nivel
concreto de justificación de la pena, sobre la base de que no toda pena que sirva
al fin de protección de bienes jurídicos estará legitimada, dependiendo su
justificación de su adecuación a los parámetros valorativos. En este nivel concreto
de justificación la prevención general y especial y la retribución marcarán el
sentido de la pena en general y el tipo de la pena en particular (citado por Choclán
Montalvo, José Antonio 1999).
Por lo tanto, no basta para legitimar la pena su adecuación funcional para
cumplir con el fin perseguido, esto es, que sea adecuada para la protección de
bienes jurídicos y que resulte eficaz desde un punto de vista preventivo general y
especial, sino que es necesaria su adecuación a los valores constitucionales. Un
sistema de sanciones que se encuadre en el marco de un Estado Democrático de
Derecho no puede tolerar cualquiera consecuencia jurídica por útil que resulte en
la defensa de los bienes jurídicos.

C. TEORIAS DE LA PENA.
C.1) TEORIAS ABSOLUTAS.
Lesch, Heiko apunta “Cuando el Estado absoluto empieza a declinar con la
aparición de nuevas formas de Estado se inicia una reorganización del ejercicio
del poder, este ya no viene de Dios sino de los hombres, surge a si el Estado
liberal burgués auspiciado por la Revolución Francesa (1789), en esta nueva
organización la pena ya no puede ser la expiación del pecado sino que es la
retribución a la perturbación del orden jurídico que se han dado los hombres y
consagrado por las leyes; la pena es la necesidad de restaurar el orden jurídico
interrumpido”.(2000. La Función de la Pena. Pág. 18).
Las teorías absolutas son aquellas que sostienen que la pena encuentra
su justificación en sí misma, para Ferrajoli, Luigi son “un “castigo”,
“compensación”, “reacción”, “reparación” o “retribución” del delito, justificada por
su valor axiológico intrínseco; por consiguiente no un medio, y menos aún un
coste, sino un deber ser meta jurídico que tiene en sí mismo su fundamento.”
(2009, pág. 253). Estas teorías según algunos autores se dividen en teorías de la
expiación y de la retribución.
Sus principales exponentes son los filósofos Kant y Hegel, para quienes la
función de la pena era simplemente la realización de la justicia. Para Kant citado
por Roxin “la pena no puede ser impuesta como simple medio para procurar a
otros bienestar, debe ser impuesta simplemente por el hecho de haber delinquido”

(1997). Según esta teoría el hombre no puede ser usado como medio de las
intenciones de otros, ya que él es un fin en sí mismo, por lo tanto resulta
inadmisible castigar al delincuente en beneficio de la sociedad, porque ello supone
instrumentalizar al individuo.
Hegel citado por Roxin interpreta el delito como negación del Derecho y la
pena como la negación de esta negación, como anulación del delito, es decir que
la pena tiene como función aniquilar y negar la existencia del delito; si el
delincuente con su conducta niega la existencia de la norma. Al imponerse la pena
se niega la existencia del delito como nueva norma con la que se pretende
establecer la licitud de la conducta; de esta manera se fundamenta la dialéctica de
la negación de la negación.
Hegel se distingue de Kant en que este último utiliza para la imposición de
la pena el mismo mal causado por el delincuente es decir la conocida ley del
Talión, mientras Hegel sustituye la idea de la equivalencia del delito y la pena,
ambos autores coinciden en no reconocer metas preventivas, o de corrección en
los fines de la pena.
Criticas a las teorías retribucionistas:
1- Santiago Mir, señala que contradicen el carácter fragmentario del derecho penal
y la protección parcial de bienes jurídicos. Así mismo, resultan incompatibles
con la idea de justicia absoluta instituciones como la libertad condicional,

prescripción, amnistía, indulto, perdón del ofendido a las condiciones objetivas
de punibilidad. (1976).
2- Para Roxin esta teoría ya no es sostenible debido a que el derecho penal no
puede servirse de una pena que prescinda de finalidad social alguna.
C.2) TEORIAS RELATIVAS.
En contraposición a las teorías absolutas surgen las relativas, las que
pretenden darle un fin a la pena ya sea de prevención general o especial, con lo
que se pretende evitar la comisión de nuevos comportamientos punibles, es decir,
la pena debe tener un carácter estrictamente preventivo.
C.2.1) Prevención General.
El surgimiento del estado liberal no intervencionista otorga fines específicos
a la pena en los que se da prioridad a los principios del Estado de derecho. Entre
los exponentes de esta teoría se destacan Beccaria, Bentham y Feuerbach; este
último fue quien sentó las bases de la prevención general con su conocida teoría
de la “coacción psicológica”, la que imaginaba la lucha interna del delincuente
potencial en la cual habían motivos que le empujaban hacia el delito y los que se
resisten a ello; opinaba Feuerbach citado por Roxin que había que provocar en la
psique del indeciso una sensaciones de desagrado, que hiciesen prevalecer los
esfuerzos por impedir la comisión, y de esta manera, pudiesen ejercer una
“coacción psíquica” para abstenerse de la comisión del hecho. (1997, pág.90).

En su concepción tradicional la prevención general se entiende como
prevención general negativa. Al ver la pena como la amenaza de un mal, su fin es
intimidar a los individuos que se pudieran inclinar por el camino del delito.
A la prevención general negativa se le han señalado, entre otras las siguientes
críticas:
1. Excesos en la imposición de la pena a consecuencia de obtener un efecto
intimidatorio sobre la colectividad, se le acusa de llegar al terror penal.
2. Presenta según Roxin la imposibilidad de romper el dilema sobre que
comportamientos puede o no el Estado ejercer la limitación. (1976).
3. No se ha establecido un límite concreto a la intimidación que se pretende
conseguir, por ello tiende al terror penal.
4. No se ha comprobado su real eficacia, sobre todo en lo referente a
delincuentes profesionales o impulsivos ocasionales.
5. Como lo afirma Mir, Santiago la prevención general no puede perseguirse
únicamente a través de la mera intimidación, sino que ha de tener lugar
satisfaciendo la conciencia jurídico general mediante la afirmación de las
valoraciones de la sociedad. (1982).
6. Siguiendo los postulados de Kant, se hace énfasis en que no se puede
justificar que se castigue a un individuo en beneficio de otro.

C.2.2) Prevención Especial.
Bustos Ramírez, Juan “Pena y Estado” 1980 revista de Sociología
pág.105 expone que “en una primera época del Estado capitalista, como Estado
liberal reducido a funciones de mera vigilancia, las teorías retributivas y de
prevención general podían parecer suficientes. Un desarrollo posterior del Estado
capitalista hacía necesaria una readecuación de la concepción de la pena, y se
creó la necesidad de una intervención mayor del Estado en los procesos sociales”.
En este estado de cosas la pena ya no podía seguir siendo entendida como
la simple restauración del orden jurídico (retribución), o como la intimidación de la
colectividad a través de la pena (prevención general negativa). La pena pasa
ahora a garantizar la defensa de un nuevo orden social, de ahí deviene la
dirección de la Defensa Social; el delincuente se concibe como peligroso
socialmente, surge así la prevención especial como finalidad.
La prevención especial tuvo amplia acogida gracias a los aportes del
positivismo criminológico, pues al hacer del delincuente el centro de atención del
derecho penal, la pena o mejor la medida iba encaminada directamente al sujeto
por la peligrosidad que representaba. Esta tesis encuentra su portavoz
fundamental en el programa de Marburgo de Frank von Lizst, quien planteaba tres
formas de operar la prevención especial: primero corrigiendo al corregible, esto es
lo que comúnmente conocemos como resocialización; segundo intimidando a
quien es susceptible de ello, y, por último, haciendo inofensivo al sujeto que no es

ni corregible ni intimidable, a través de la privación de libertad (inocuzación).
Córdova Angulo Miguel, Teoría de la Pena, Constitución y Código Penal.
Con la prevención especial se trata de evitar la comisión de nuevos
comportamiento punibles por parte de quien ya ha trasgredido el ordenamiento
penal, razón por la cual algunos prefieren hablar de medidas y no de pena, ya que
la pena supone la libertad o racionalidad del hombre; la medida, en cambio,
considera que quien ha delinquido es un sujeto peligroso, diferente del normal, al
que debe tratarse de acuerdo con sus especiales características, y de lo que se
trata es de corregirlo, resocializarlo (prevención especial positiva) o inocuizarlo
(prevención especial negativa).
A la prevención especial se le señalan, entre otras, las siguientes críticas:
1. “La imposibilidad de limitar temporalmente el ius puniendi del Estado, lo que
justificaría la imposición de penas privativas de libertad de manera
indefinida, hasta conseguir la corrección definitiva; de igual forma en todos
los delitos, incluso en los de mayor gravedad, no habrá necesidad de
imponer una pena si no existe posibilidad de reincidencia”. Landrove Díaz
Gerardo. La Consecuencias jurídicas del delito (1984, pág. 5).
2. Para Roxin se debe rechazar la resocialización como imposición coactiva
de un determinado marco de valores a quien ha delinquido, pues se
entraría en abierta contradicción con los principios de un Estado de

derecho, tales como el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad.
(1984).
3. García Pablos de Molina, Antonio. Estudios de Derecho Penales (1988)
pág. 18 señala, “La imposibilidad de llevar a la praxis la idea de
resocialización”.
C.3) TEORÍAS MIXTAS.
Denominadas también como unificadoras o de la unión, y surgen ante la
imposibilidad de admitir exclusivamente o bien las teorías absolutas (retributivas),
o las relativas (preventivas: generales o especiales), como explicativas de la pena,
esta teoría consiste en una combinación de las concepciones antes mencionadas.
Estas pretenden, como su nombre lo indica, unir los fines de la pena bajo
un solo concepto y con ello resolver los inconvenientes que implicaba decantarse
por la aceptación de una única finalidad de la pena. La esencia de la pena para los
seguidores de esta teoría radica en la retribución misma que busca fines de
prevención general y prevención especial, en la actualidad las formulaciones más
recientes tratan a la retribución, la prevención general y especial como fines de
igual rango.
Esta teoría como lo señala el profesor Roxin, carece de una
fundamentación coherente, ya que trata de conjugar en un solo concepto fines

(preventivo-retributivos) antagónicos, resultando con ello un peligro mucho más
grave, pues permiten justificar cualquier clase de pena. (1997).
Pese a los impedimentos existentes, las teorías unificadoras han tenido
amplia acogida a lo largo de los últimos años y ello debido fundamentalmente a
que las concepciones que optan exclusivamente por una finalidad de la sanción,
no resisten las críticas que se le han formulado.
Obviamente, las consecuencias de las teorías mixtas desencadenaron en
una disfuncionalidad de los conceptos que orientan la pena: se combinaron
proposiciones propias de la teoría retributiva y ejecución penal orientada a un
tratamiento resocializador, de otra parte, se mantenía como principio el límite de la
pena en la culpabilidad del autor, pero así mismo se propugnaban exigencias de
resocialización por otro. En síntesis, se mezclaron conceptos antinómicos, lo cual
llevó a replantear todo el tema de los fines de la pena para buscar una solución
más adecuada.
C.4) TEORIAS MODERNAS.
Ante las inconsistencias que generaron las teorías precedentes, la doctrina
se ha dedicado a la búsqueda de alternativas, intensificándose la investigación en
la prevención, (Córdova Angulo Miguel,1980), lo que ha dado como resultado
diferentes teorías unas muchas más conocidas que otras en este estudio nos
limitares a las siguientes: “teoría unificadora preventiva dialéctica” sostenida por

Klaus Roxin, la “teoría de la integración-prevención” desarrollada por Gunther
Jakobs y la “teoría consensual” desarrollada por Carlos Nino.
C.4.1) Teoría unificadora preventiva dialéctica.
La idea central de esta posición gira en torno a la diferenciación de las distintas
etapas por las que atraviesa la pena, a saber: creación de la norma,
individualización judicial y ejecución y como en cada una de ellas se justifican la
prevención general, la especial, o ambas sin que las diferentes etapas puedan ser
consideradas aisladamente; estos fines forman parte de un todo, es decir, unos y
otros se compaginan; los primeros, obviamente, serán precedentes indispensables
de los últimos.
En un primer momento, es decir en la fase de conminación de la pena, de la
amenaza penal, es decisivo el carácter de prevención general, ya que es cuando
el legislador prohíbe un determinado comportamiento, motivando a través de la
norma a todos los miembros de la colectividad; en este ámbito el fin primordial es
la prevención general sin desconocer que tiene importancia la prevención
especial, al señalarse las reglas legales de determinación de la pena.
En la fase de imposición o individualización de la pena, también impera el
carácter de prevención general, para lo cual debe tenerse en cuenta la necesidad
de imponer una pena que debe estar dentro de ciertos límites fijados por la ley,
pues en caso contrario la norma no cumpliría efectivamente su función de

motivación y, por el contrario, acarrearía efectos negativos de cara a la prevención
general si no se cumple o aplica la amenaza típica. Pero en esta fase también
aparece la necesidad de prevención especial, pues a la hora de imponer la pena
se deben tener en cuenta las características de cada sujeto, para que así exista
una relación entre la pena individualizada y la etapa de ejecución, condicionando
de esta forma la etapa de individualización a la ejecución.
En la etapa de ejecución es la prevención especial la que predomina,
entendida como prevención especial positiva, es decir, resocialización; sin olvidar
que en esta etapa, la prevención general positiva también desempeña un papel
importante como condición de eficacia de la amenaza legal que quedaría en nada
si no se ejecuta efectivamente la pena.
Esta teoría supera la falencia que generan las teorías preventivas en lo
concerniente a los límites al poder penal, necesarios en un estado de derecho, por
lo cual retoma un elemento de toda teoría de la retribución es decir la prohibición
de superar la culpabilidad. De acuerdo con esto, la pena no puede ir más allá de la
medida de la culpabilidad en su duración, tampoco cuando intereses de
tratamiento de seguridad o de intimidación revelen como deseables una detención
más prolongada. En tales casos, se quiebra el poder de injerencia del estado
frente al interés de la libertad del condenado, el cual debe someterse a las
necesidades del estado no según su libre arbitrio, sino solo en el marco de su
culpabilidad. El principio de culpabilidad tiene, por lo tanto, una función liberal,

independiente de toda retribución, y en favor de la libertad del ciudadano, debe ser
conservado también en un derecho penal moderno. (Roxin, 1997).
La culpabilidad determina el monto de la pena a imponer en factores
internos de la personalidad del autor y por la medida del daño causado, puede ser
opuesto a las necesidades de prevención determinadas por necesidades sociales
en forma efectiva, además de ello la limitación de la medida máxima de la pena a
una duración acorde con la culpabilidad se corresponde con las sanciones
jurídicas, y en esa medida, tiene sentido también desde el punto de vista
preventivo.
C.4.2) Teoría de la integración-prevención.
Uno de sus principales precursores de esta teoría es el profesor alemán
GÜNTHER JAKOBS quien, en concordancia a su elaboración funcionalista del
Derecho Penal, considera que la “misión de la pena es el mantenimiento de la
norma como modelo de orientación para los contactos sociales. Contenido de la
pena es una réplica, que tiene lugar a costa del infractor, frente al cuestionamiento
de la norma” (1995).
El pensamiento de Jakobs, según Baratta mencionado por Mary Beloff se
basa principalmente en la concepción de Luhman del derecho como instrumento
de estabilización social, de orientación de la acciones y de institucionalización de
las expectativas. Así el sistema penal resulta organizado en atención a la misión

que al Derecho Penal le corresponde, esto es, con arreglo a su misión social, la
cual no se ubica en procesos naturales ni de otra índole que resulte desligada de
la sociedad. Es decir la sociedad se halla estatuida en atención a determinados
roles, esto significa que cada ciudadano tiene asumido un papel, una función, la
misma que genera una expectativa de comportamiento, dicha expectativa aparece
siempre vinculada a la norma, que resulta ser el modelo de conducta deseado, en
términos de Jakobs: “el modelo de orientación de los contactos sociales”.
En tal entendimiento, todo comportamiento ajeno a dicha función y por ende
infractor de la norma, tendrá como consecuencia la defraudación de dichas
expectativas y cuyo efecto ulterior será la pena como réplica.
Según Jakobs, la pena constituye una reacción imprescindible para el
restablecimiento del orden social quebrantado por el delito. En su esquema, este
orden se estructura mediante expectativas, basadas en normas que deben ser
respetadas por todos. Si una expectativa normativa se frustra, no debe ser
abandonada por ello, sino que debe ser reafirmada contra fácticamente: se
encierra al condenado para demostrar lo indebido de su actuar, reforzándose de
esta forma la validez de la norma violada.
Para el autor alemán, la función de la pena puede sintetizarse en la
“prevención general a través del reconocimiento de la norma”, la misma que se
manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, la sanción sirve para reafirmar la

confianza en la vigencia de la norma no obstante haber sido ocasionalmente
infringida “ejercicio de confianza en la norma”, en segundo término, la pena se
destina al “ejercicio de la fidelidad hacia el Derecho”, para finalmente, mediante la
imposición de la sanción penal, aprender la vinculación existente entre la conducta
infractora y la obligación de soportar su precio.
En conclusión para esta teoría el derecho penal tiene como finalidad
garantizar la función orientadora de las normas jurídicas; estas normas tratan de
estabilizar e institucionalizar expectativas sociales y sirven así de orientación de la
conducta de los ciudadanos en su contacto social. La prevención general positiva
fundamentadora así entendida permite y obliga a utilizar la pena aunque no lo
exija la inmediata protección de bienes jurídicos, ni la prevención especial.
Esta concepción teórica resulta difícilmente aplicable, ya que reúne
elementos retribucionistas y preventivos. No es una teoría absoluta en sentido
estricto, porque no se base en ningún absoluto moral o ideal. Tampoco es
enteramente relativa, ya que el fin de la pena –contradicción de la conducta
disvaliosa y reafirmación de la norma- se agota en la mera aplicación, sin que se
esperen de ella efectos ulteriores (resocialización, intimidación) que la sustenten.
A esta concepción y concretamente a los planteamientos de Jakobs, se
pueden señalar las siguientes objeciones.

1. Si la función del derecho penal es solamente la confirmación de la
confianza en las normas, ¿Por qué razón no basta una declaración
inequívoca en tal sentido, porque es preciso imponer un mal como la pena,
si ésta no busca la intimidación?.
2. Muñoz Conde señala que cierto sector de la doctrina considera que la
prevención general positiva fundamentadora pretende alcanzar un
consenso que puede desembocar en un claro proceso de fascistización
social, en el que el individuo desaparece devorado por esa máquina que es
el leviatán estatal(199).
C.4.3) La teoría Consensual.
Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por Carlos Nino, para quien la pena
no es algo que cae sobre sus víctimas como consecuencia de un hecho fortuito o
por la acción de terceros sin posibilidad de control por parte de aquellas. Es
producto, entre otras cosas, de la voluntad de la persona misma que la sufre. Esto
es al menos así cuando se respetan ciertos requerimientos relativos a la conducta
y actitudes subjetivas del destinatario de la pena. Cuando la consecuencia jurídica
de un acto voluntario ha sido conocida por el agente, podemos decir que él la ha
consentido. Y es este consentimiento el que se toma como moralmente relevante
para justificar la ejecución de la consecuencia jurídica de que se trate, contra la
persona que la ha consentido; o, dicho de otro modo, el consentimiento de ciertas
consecuencias normativas jurídicas da lugar a consecuencias normativas de

carácter moral. (Cantaro S. Alejandro, Universidad Nacional del Sur, Revista
“Progamma 1” pág. 2).
Nino citado en la Revista “Progamma 1”, el individuo que ejecuta un delito
sabiendo que la pérdida de la inmunidad jurídica contra la pena es una
consecuencia necesaria de su acto, consiente en esta consecuencia normativa,
del mismo modo que un contratante consiente una consecuencia normativa que
resulte del contrato y una persona que asume un riesgo consiente en perder la
acción resarcitoria que de lo contrario tendría. El consentimiento a asumir la
sujeción jurídica a sufrir una pena es irrevocable e independiente de la actitud del
agente respecto del hecho que es objeto de la caracterización normativa, y lo
relevante es el consentimiento referente a las consecuencias normativas del acto,
o sea, en el caso de la pena, el consentimiento a asumir una sujeción jurídica a
ella. Sostiene Nino “que ese consentimiento está presente cuando la acción del
agente es voluntaria y cuando el agente sabe que la consecuencia normativa se
sigue necesariamente de tal acción”. (Cantaro S. Alejandro, Universidad Nacional
del Sur, Revista “Progamma”, pág. 3-4).
Para esta teoría en tanto se exija para la imposición de una pena el
consentimiento del agente a perder la inmunidad contra ella, puede superarse la
deficiencia de la justificación de la pena basada meramente en el principio
utilitarista de la protección social. Sostiene que si la obligación a cuya violación se
imputa una pena es una obligación justificada, las autoridades implicadas son

legítimas y la pena es un medio necesario y efectivo para proteger a la comunidad
contra males mayores, el hecho de que el individuo haya consentido libremente en
hacerse sujeto de una pena (mediante la comisión de un delito, con conocimiento
de que la pérdida de su inmunidad es un efecto necesario de él) provee una
justificación prima facie para el ejercicio de la facultad correlativa de penarlo.
Sostiene Nino que así como la justificación de cierta distribución sobre la
base de la libre elección de los interesados presupone la justicia de la regulación
jurídica en cuyo marco tales decisiones se han adoptado, lo mismo puede decirse
acerca de la responsabilidad penal: una distribución particular de medidas
punitorias sólo puede justificarse sobre la base del consentimiento de sus
destinatarios cuando las leyes que crean las figuras delictivas son justas (así, las
leyes no deben ser discriminatorias ni proscribir acciones que la gente está
moralmente facultada a realizar) y cuando la penalidad imputada al delito implica
un mal menor que el implicado en el delito y es un medio necesario y efectivo para
prevenirlo. (Cantaro S. Alejandro, Universidad Nacional del Sur, Revista
“Progamma 1”. pág. 4).
Esta concepción implica, para imponer una pena a alguien, primero que la
persona penada haya sido capaz de evitar el acto al que se imputa
responsabilidad penal. Esto excluye los raros casos de punición de personas
inocentes que podrían admitirse si sólo se tuvieran en cuenta meras
consideraciones de protección social. Segundo, la persona penada debe haber

consentido en ejecutar el acto que acarrea responsabilidad penal. Y tercero, ella
debe saber que la asunción de tal responsabilidad es una consecuencia necesaria
del acto que ha consentido en ejecutar. Nino llama a esta actitud básica que debe
requerirse para la imposición de una pena, “asunción de la pena”, y denomina al
principio que exige como condición de la pena que el agente haya consentido en
asumir una responsabilidad penal, “principio de asunción de la pena”. (Cantaro s.
Alejandro, Universidad Nacional del Sur, Revista “Progamma 1” pág. 4).
A esta teoría se le objetan las mismas críticas que se le hacen a las teorías de
la prevención en general, agregando la objeción que se formulan a los planteos
contractualistas.
D. TOMA DE POSICIÓN.
Sin duda alguna, fijar posición respecto a aspectos tan debatidos en la dogmática
jurídico-penal resulta en extremo complicado y arriesgado, creemos entender que
la solución al problema no puede encontrarse en el rechazo total de una y otra
teoría sino más bien debe pensarse en una visión multi-dimensional la cual podría
dar una mejor respuesta al problema. En ese sentido, la solución propuesta por
ROXIN mediante su concepción dialéctica de la pena nos resulta adecuada por
cuanto aborda la justificación de la pena en diferentes momentos de la misma.

En principio creemos que la retribución, en todo Estado Democrático de
Derecho no debe considerarse nunca como función de la pena, la retribución
aparece como contenido de la sanción ya que toda sanción penal contiene
inherente aflicción sobre el obligado a satisfacerla, durante la ejecución de la
sanción el penado verá siempre restringidos sus derechos y libertades, lo que
constituye un rasgo característico de las penas, cualesquiera que éstas sean.
La pena, según nuestra perspectiva, no debería tener mayor función que la
de prevenir la futura comisión de delitos, suprimiendo el ánimo delictivo en el
receptor de la norma penal. Para lograr el citado efecto motivador las legislaciones
penales de algunos países, incluido el nuestro, incurren en el error de
sobredimensionar las consecuencias jurídicas del delito, equiparando al ser
humano a mero instrumento de la sanción y de sus fines.
Resulta evidente que la delimitación normativa de los límites de la pena
debe atender a criterios de prevención general en concordancia con el grado de
dañosidad social que produzca determinado comportamiento, de esta manera se
evitarían incongruencias en el ordenamiento jurídico-penal. En el plano de
individualización de la pena debemos recurrir como dice el profesor Roxin al
principio de culpabilidad como “límite absoluto de todos los objetivos generales y
especiales” propuesto en la amenaza penal. Luego, durante la ejecución de la
sanción, son los pretendidos objetivos resocializadores los que deben ser
atendidos con la pena ya individualizada (1997).

Es preciso mencionar después de haber estudiado las diferentes teorías de
la pena que la relación que existe entre estas y el principio de culpabilidad, como
lo vimos en el capítulo uno es que el principio de culpabilidad encierra una serie de
sub-principios entre los cuales podemos citar: el sub-principio de personalidad de
las penas, el sub-principio de responsabilidad por el hecho y la prohibición de
responsabilidad objetiva que fundamentan la imposición de la sanción penal,
corresponde también al Principio de Culpabilidad fijar los límites de la medición de
la pena ya que esta en ningún caso puede ser superior a la culpabilidad del autor,
sobre este punto Claus Roxin, (1997, Derecho Penal. Fundamentos. La Estructura
de la Teoría del Delito pág.100) plantea por el contrario la idea de “admitir una
pena cuya cuantía se quede por debajo de la medida de la culpabilidad.
Ciertamente la pena, no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad, pero
puede no alcanzarla siempre que eso lo permita su fin preventivo”.
E. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, CODIGO PENAL, LEY
PENITENCIARIA, JURISPRUEDENCIA.
La Constitución de la República de El Salvador hace referencia al fin de la
pena en el Art. 27 inc., tercero, al expresar:
"El Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de
corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo
procurando su readaptación y la prevención de los delitos".

De esta lectura deducimos que nuestro marco normativo constitucional
parece adecuarse a la teoría de “la prevención especial” en el entendido que
según el legislador la pena lleva como fin único la readaptación del delincuente
con ello se pretende evitar el cometimiento de nuevos delitos, en el mismo sentido
se ha pronunciado la Sala Constitucional en la Sentencia 15-96 del 14-II-1997,
expresando que no es posible la imposición de sanciones que buscan un fin
diferente que la readaptación del delincuente:
“En ese sentido, la pena debe tener como estructura fundamental "la
medida de la dignidad de la persona humana que implica
necesariamente que el hombre es un fin en sí mismo y por tanto no
puede ser instrumento del Estado para la consecución de sus fines".
No obstante esta situación el mencionado artículo ha sido el asidero
constitucional con el cual se ha endurecido el derecho penal pues el mismo ha
sido la base legal para el agravación de la conminación penal así como la
justificación de la imposición de penas de 75 años de prisión (situación que se
generó hasta antes del veintitrés de diciembre de dos mil diez, fecha en la cual se
declaró inconstitucional la pena de prisión de setenta y años).
La Constitución de la República de El Salvador se encuentra en
consonancia con los instrumentos internacionales a si el Art. 10.3 del PIDCP, al
referirse a la pena expresa:

“Art. 10 .3 El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los
penados. Los menores delincuentes estarán separados de los
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y
condición jurídica”.
La Convención Americana de Derechos Humanos:
“Art. 5.6 Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
El código penal salvadoreño a diferencia de algunos otros códigos penales
no refiere en su articulado un fin de la pena pero si lo hace el legislador en la Ley
penitenciaria respectiva:
Art. 2 Ley Penitenciaria. “El fin de la pena debe ser “la preparación del
interno para que al recobrar su libertad esté en condiciones de
adaptarse a la sociedad”.
El artículo 3 de la ley Penitenciaria, establece como finalidad para las
instituciones penitenciarias: la readaptación social del condenado y prevención de
los delitos. En lo que se refiere a la prevención de los delitos, debe entenderse en
la transformación que debe procurar el centro penitenciario de los condenados,
con ellos se logra evitar el cometimiento de nuevos delitos, no es posible imaginar
que el legislador al referirse en la frase “prevención de los delitos”, deba ser la

prevención general pues el recinto penitenciario no puede obrar como una
institución por medio de la cual se pueda lograrse dicho objetivo.
Sobre los fines de la pena la Sala Constitucional ha dicho:
Inconstitucionalidad 15-96 del 14-II-1997
“La pena en nuestro marco constitucional ejerce una función de carácter
principalmente utilitario, pues busca en primer lugar la resocialización del
delincuente, a través de medidas que incluyan la educación y la formación de
hábitos de trabajo, y en segundo lugar, la prevención de los delitos……. Del
análisis del art. 2 de la ley en cuestión en relación con la finalidad del cuerpo
normativo, se advierte que en el Considerando II, el órgano emisor dice que la ley
se emite "ante el alarmante incremento de la criminalidad", en virtud del cual la
mayoría de la población estaría "demandando que se dicten medidas urgentes y
especiales (...) para sancionar con mayor severidad a los responsables de los
hechos criminales". De tal consideración se advierte que el agravamiento de las
penas-adoptada como una medida para sancionar con mayor severidad a los
delincuentes-no se adecua a la finalidad prescrita por el art. 27 Cn., pues se
desnaturaliza su función resocializadora y se le convierte en un mecanismo
intrínsecamente represivo”.
En otra oportunidad la Sala señalo:
Inconstitucionalidad. 32-2006/48-2006/52-2006/81-2006/91-2006 del 25-III-2008

“Ahora bien, es dable distinguir entre lo que es la pena y los fines que se
persiguen con su imposición, siendo en éste último punto el más controvertido
doctrinariamente. En relación con lo primero, puede afirmarse que la pena es la
primera y principal consecuencia jurídica del delito, y constituye uno de los
fundamentos básicos del sistema de justicia penal. Es definible, en términos
generales, como un mal que se impone a una persona como consecuencia de la
realización de un delito, previa comprobación positiva del mismo en un proceso
penal por parte del juez penal competente. Con ella, el Estado se auto-constata
ante la sociedad, demuestra su existencia frente a todos los ciudadanos y señala
que el sistema por él regido sigue vigente. En suma, es un mal impuesto por el
Estado en el ejercicio de su potestad soberana de sancionar a quien efectúa
alguna conducta calificada como delito, que ha sido previamente determinada por
ley, en razón de que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos”.
La sala recientemente señalo en la sentencia:
Incontitucinalidad.5-2001/10-2001/24-2001/25-2001/34-2002/40-2002/3-2003/10-
2003/11-2003/12-2003/14-2003/16-2003/19-2003/22-2003/7-2004 23-IIX-2010
“Evidentemente, el agravamiento de las penas –adoptado como medida para
desmotivar la comisión de conductas antijurídicas– no se adecúa a la función de la
pena prescrita en la Constitución, pues desnaturaliza su finalidad resocializadora y
se le convierte en un mecanismo intrínsecamente represivo, desconociéndose con
tal práctica que el individuo nunca puede ser instrumento para los fines del Estado
en relación con la prevención del delito. Por ello, el incremento de las penas

privativas de libertad en las disposiciones impugnadas, vulnera la prohibición
contenida en el inc. 2º del art. 27, pues penas de tales magnitudes –como se ha
expuesto supra– dificultan evidentemente un sistema de ejecución de penas de
carácter progresivo como el estipulado en la LP…. La lógica rehabilitadora y de
respeto a la dignidad humana que inspira el desarrollo constitucional, es
incompatible con una lógica punitiva o retributiva que únicamente aspira a que la
función de la pena de prisión sea un castigo de carácter aflictivo o expiatorio. Esto
nos lleva a la conclusión que la finalidad del régimen y tratamiento penitenciarios,
es el de hacer posible la vida futura en libertad del sentenciado evitando los
efectos nocivos de la estancia en prisión. Lo anterior resulta entorpecido con
penas que vuelven imposible un proceso gradual de reinserción o al menos lo
retardan irrazonablemente.
Por ende, el criterio expuesto en la sentencia de 25-III-2008, Inc. 32-2006,
debe ser matizado en el sentido de que ese margen de formulación abstracta de la
pena que efectúe el legisferante: (a) no pueda traspasar más allá de lo que la
dignidad humana permita; (b) no pueda impedir el proceso de reinserción gradual
del condenado, cuando exista una prognosis positiva de éxito del tratamiento; (c)
deba permitir la posibilidad de efectuar actividades esenciales del tratamiento
como la educación y el trabajo penitenciario; y (d) deba evitar exacerbar al máximo
el carácter aflictivo o expiatorio, que ya de por sí es inherente a la cárcel. Ello
resulta sobradamente inobservado en sanciones con tales topes máximos como
las enjuiciadas, que vuelven nugatoria cualquier aspiración resocializadora, por lo
que resulta imperativo concluir que las penas previstas en los arts. 45 núm. 1, 71 y

129 inc., final del C. Pn., contravienen lo dispuesto en los incs. 2º y 3º del art. 27
Cn.”

CAPITULO III. RESULTADOS DEL ANALISIS DE CASOS JUDICIALES.
En la investigación empírica se analizó la fundamentación de la imposición de la
pena en el juicio de culpabilidad hecho al autor del hecho punible, de los fallos
condenatorios emitidos por los Tribunales Primero de Sentencia de la Ciudad de
San Miguel y Tribunal de Sentencia de la ciudad de Usulután. Para tal fin, se
elaboró un cuestionario que oriento el examen individualizado de cada sentencia,
buscando con ello el fundamento intelectivo que realizan los juzgadores de la
culpabilidad, en el que se estudian los elementos subjetivos del autor, la
imputabilidad, el desconocimiento de la ilicitud y la no exigibilidad de otra
conducta; luego se examinó el fundamento de la pena, valorando la naturaleza
del acto, los medios empleados por el agente, la extensión del daño causado, la
intensidad del hecho y las circunstancias de tiempo y lugar en los cuales se realizó
el ilícito todo ello como elementos objetivos en la individualización de la pena; así
mismo la edad, la instrucción, las costumbres, la conducta precedente y posterior
del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir, las condiciones ambientales
familiares de trabajo y relaciones sociales como parte de los elementos subjetivos
para imponer una pena, elementos necesarios para la justificación de la de la pena
a imponer; de igual manera se verifico si en los fallos se tienen presentes los fines
preventivos establecidos en la normativa constitucional salvadoreña. En concreto
el estudio del año dos mil diez se inició con un total de 67 resoluciones
condenatorias del tribunal primero de sentencia de la ciudad de San Miguel. Y 33
fallos del tribunal de sentencia de la ciudad de Usulután, haciendo un total de 97
sentencias condenatorias.

A. Fallos del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
De las sentencias dictadas por el tribunal primero de sentencia de la ciudad de
San Miguel se observó que el tema referido a la culpabilidad y pena, los jueces
analizan primero la culpabilidad, en el que se examinan los elementos que la
componen (la imputabilidad, conocimiento de la ilicitud, y la exigibilidad de otra
conducta) relacionando en este apartado un análisis de la normativa, la doctrina y
el aporte intelectivo factico jurídico que hacen del caso en concreto. Es de hacer
notar que en los fallos el tribunal relaciona las condiciones personales del autor
como lo son: escolaridad, situación laboral, económica, familiar para determinar si
este pudo haberse motivado por la norma y no lo hizo; consideramos que es
atinado el análisis que realiza el tribunal al referirse al juicio de culpabilidad.
Se observa que el tribunal tiene claro que la culpabilidad es el fundamento
de pena, ya que de la redacción de las mismas se detona que los juzgadores van
sentando las bases para hacer atribuible al procesado una pena que corresponda
a los fines exigidos por el legislador.
A si la sentencia 208/2010, en contra de J.O.G.C., a quien se le condeno
por el delito de Hurto Agravado imperfecto.
FUNDAMENTOS SOBRE LA CULPABILIDAD.
“La culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace a una, persona por
efectuar un hecho antijurídico. En atención al deber que tiene de actuar, de

motivarse conforme a la norma jurídica y que por tener capacidad de culpabilidad,
puede exigírsele una conducta conforme a la misma.
La capacidad de culpabilidad, se basa en que el autor del hecho típico y
antijurídico tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas. Requeridas para
poder ser motivados al conjunto de esas facultades mínimas requeridas para
considerar a un sujeto culpable se llama imputabilidad o capacidad de culpabilidad
quien carece de esta capacidad, por no tener madurez suficiente, por sufrir graves
alteraciones psíquicas no puede ser declarado culpable y por consiguiente no
puede ser responsable penalmente de sus actos por más que estos sean típicos y
antijurídicos en el Articulo 27 numeral 4 del Código Penal se describen en
concreto las circunstancias que excluyen la culpabilidad y literalmente dice: “Quien
en el momento de ejecutar el hecho, no estuviere en situación de comprenderlo
ilícito de su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a esa comprensión”,
por cualquiera de los motivos siguientes: a) enajenación mental; b) grave
perturbación de la conciencia; y c) Desarrollo psíquico retardo o incompleto.
Para probar que el acusado es responsable del ilícito de hurto agravado en grado
de tentativa, es necesario determinar los siguientes elementos: Inmutabilidad o
capacidad de culpabilidad: En este caso el acusado es una persona mayor de
edad, al momento de realizar la conducta prohibida no se ha probado que tenga
defectos psíquicos de cualquier origen o trastornos transitorios por lo que tiene
capacidad de culpabilidad, porque se encuentra en pleno uso de sus facultades
físicas y mentales del imputado no se ha señalado que adolezca de ningún tipo de
afectación psíquica que le impida comprender el alcance de sus actos y que lo

hiciera persona inimputable. Conciencia de la Antijuridicidad: Es el
conocimiento potencial o eventual del autor con respecto a que su actuar era
prohibido por la norma penal, apoderándose de cosas ajenas que no le
pertenecen, no se ha probado en juicio que el imputado haya actuado bajo un
error de prohibición directo o indirecto que lo eximiera de responsabilidad penal o
que se la atenuara; procediendo por consiguiente a comprobar el elemento de la
exigibilidad de un comportamiento diferente. Exigibilidad de una conducta
distinta: Se refiere a la posibilidad que el agente tenga de elegir entre varias
formas de actuar al momento de cometerse el ilícito, ello porque el derecho penal
se encuentra elaborado para que toda persona normal pueda cumplir sus
preceptos; no se ha demostrado que el señor J.O.G.C, haya actuado bajo una no
exigibilidad de un comportamiento distinto "'ya sea porque estuviese coaccionado,
bajo un miedo insuperable o porque se haya encontrado en un Estado de
Necesidad Disculpante. De la prueba examinada, según lo que hemos expuesto,
nos da la firme convicción jurídica de que se ha cometido el delito de HURTO
AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, y que el acusado J.O.G.C., es el autor
directo de este delito, por lo que concluimos que tiene capacidad de culpabilidad,
porque el resultado de su acción la pudo evitar actuando con un comportamiento
distinto; debiendo motivarse conforme al conocimiento de la norma que prohíbe la
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; era sabedor que con su acción
provocaría con toda certeza un daño al bien jurídico tutelado por el artículo
mencionado el cual es "el patrimonio”, considerando en ese conocimiento a toda
persona dentro de una capacidad mental normal, con sentido común que sabe que

es prohibido realizar la acción relacionada, determinándose que el señor J.O. G.
C., tenía todas las facultades mentales y al no establecerse que haya actuado bajo
alguna causa de inculpabilidad, su comportamiento lo hace responsable porque la
ley penal espera de todo ciudadano un actuar de acuerdo a la prescripción de la
norma y el acusado no actuó conforme a lo establecido en ellas, siéndoles
entonces exigible una conducta respetuosa de la ley, por lo que es procedente
declararlo responsable por la realización del delito de HURTO AGRAVADO EN
GRADO DE TENTATIVA y aplicarle pena de prisión acorde a su culpabilidad, por
su edad, educación y cultura es capaz de comprender la ilicitud del hecho,
debiendo motivarse conforme a lo que establece la norma que prohíbe hurtar”.
Habiéndose declarado la culpabilidad el Tribunal procede analizar la pena a
imponer, para lo cual recurre al margen de libertad que da el artículo 63 del
Código Penal le permite, el cual establece:
“La pena no podrá exceder el desvalor que corresponda al hecho realizado
por el autor y será proporcional a su culpabilidad. Para la determinación de la
pena, en cada caso, se tendrá especialmente en cuenta:
1) La extensión del daño y del peligro efectivo provocados;
2) La calidad de los motivos que la impulsaron el hecho;
3) La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho;
4) Las circunstancias que rodearon al hecho y, en especial, las económicas,
sociales y culturales del autor; y,

5) Las circunstancias atenuantes o agravantes, cuando la ley no las
considere como elementos del delito o como circunstancias especiales”.
De la lectura del artículo anterior queda reflejado que el límite de la pena
según la normativa Salvadoreña es la culpabilidad por lo cual el Juez debe en la
determinación de la sanción tener presente la culpabilidad y la resocialización del
delincuente porque aunque el referido artículo no lo exija la Constitución de la
República consagra el principio de resocialización como el fin primordial de la
pena, es por ello que una pena que no cumpla dicho fin es contraria a la normativa
Constitucional.
De los fallos del Tribunal puede decirse que en la mayoría de ellos
encontramos una fundamentación incompleta cuando se determina la pena, ya
que nada dicen los juzgadores de los elementos objetivos del hecho juzgado es
decir la naturaleza del acto, la extensión del daño y el peligro provocado; si no que
únicamente se analizan los elementos subjetivos es decir los motivos que
impulsaron al procesado a realizar el hecho, las condiciones especiales en que se
encontraba, sin arribar cuales son los fines que se espera que tenga la pena en el
condenado, situación que contradice lo exigido por el legislador en el Art. 63 CP. A
si el fallo:
Causa número 5S-2010, en contra del señor V.A.C.S., a quien se le encontró
culpable del delito de Robo Agravado.

FUNDAMENTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA
“ En cuanto a la pena principal DE PRISIÓN que se le aplicará al imputado,
hacemos las siguientes consideraciones: a) Que el hecho que realizó V.A.C.S,
juntamente con otros dos sujetos, y el cual tuvo por acreditado este Tribunal, es el
de Robo Agravado, y por el cual la representación fiscal solicitó se le condenara a
doce años de prisión, delito que tiene una pena de prisión que oscila entre los
ocho a los doce años; b) Que V.A.C.S, obró motivado por el ánimo de lucro, al
sustraer apoderarse de varios objetos que se encontraban en el interior de la
vivienda de la víctima, tales como dos armas de fuego, celulares, relojes, dinero y
otras pertenencias que poseía el señor A. H. J.; c) Que el señor V.A.C.S, tienen
grados de estudios básicos, y por la edad, la convivencia social, sabe que tomar
objetos propiedad de otra persona sea esta natural o jurídica, no es permitido por
la ley; y por ende sabe distinguir lo licito de lo ilícito; no obstante sustrajo a la
víctima los objetos que tenía en su casa de habitación; d) Que la Fiscalía General
de la República solicitó una Sentencia Condenatoria para el imputado de DOCE
AÑOS DE PRISIÓN, y éste Tribunal con; base a la prueba que se inmedió y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 213 numerales 2o y 3o considera
procedente aplicar al señor V.A.C.S, la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN,
decisión que se funda siempre tomando en consideración los Principios
Constitucionales que deben orientar sobre la finalidad de la pena, como lo es el
lograr la readaptación del delincuente para que éste en el futuro pueda vivir en
sociedad sin afectar aquellos bienes jurídicos valiosos para la colectividad La pena
tiene un fin eminentemente utilitario, debe servir a las personas, porque no se trata

de que el delincuente sea recluido en una cárcel sin mayores beneficios, de lo
contrario la pena perdería él sentido que la norma Constitucional pretende dar a la
misma, debe inspirar a la pena lo dispuesto en el artículo 5 del Código Penal, que
prescribe el principio de necesidad”.
Falta de motivación se encuentra en los casos en los cuales el Tribunal
aplico el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, ya que no se
encuentra dentro del razonamiento fáctico justificación para la aplicación del
beneficio, los juzgadores únicamente hacen una mención exigua del porque
consideran que con la aplicación del sustituto penal se logran los fines preventivos
especiales de la pena, sin explicar que el mismo es procedente porque responde
también a la medida de la culpabilidad del autor del hecho delictivo. Así el fallo
79/2010, en contra de la imputada C.E.C.D., a quien se le condeno por el delito de
Concusión el tribunal primero de sentencia expreso:
FUNDAMENTOS SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA PENA
“El artículo 74 inc. Segundo permite sustituir las penas de prisión que sean
superiores a un año y que no excedan de tres, por Trabajos de Utilidad Pública, en
consecuencia sustitúyase la pena de prisión por Jornadas de Trabajo de Utilidad
Pública, a favor de la señora C.E.C.D, tomando en consideración las
circunstancias siguientes I- Atendiendo al Principio de Necesidad de la imposición
de la pena, se considera que no es necesario la aplicación de la pena de prisión a
la acusada, por considerar que la de Jornadas de Utilidad Pública, tendrá en ella

efecto preventivo especial, II- Que resulta más provechoso para la sociedad que la
acusada realice trabajos de utilidad pública, a que permanezca en prisión por el
período de la condena sin aportar ningún beneficio, III-La ley establece que podrá
sustituirse la pena de prisión cuando esta no exceda de tres años, sustitución que
deberá ser cumplida por Jornadas de Trabajo de Utilidad Pública, las que de
conformidad al artículo 75 del Código Penal, serán determinadas por el Juzgado
Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de esta ciudad.”
B. Fallos del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Usulután.
En las sentencias de este tribunal encontramos que no se analizan de manera
integral las categorías que componen la culpabilidad, los juzgadores de manera
general expresan que según la valoración de la prueba la conducta atribuida al
imputado es reprochable olvidándose realizar una fundamentación intelectiva que
permita apreciar dicha situación. En la presente sentencia la defensa alego la no
exigibilidad de otra conducta y al respecto el tribunal de manera lacónica se refiere
a este punto.
Causa Número U-145-09-10 seguida contra E.A.F.D., a quien se le condeno por el
delito de Extorsión en grado de tentativa.
“4) Que por la forma como se da el delito de extorsión, es obvio que el procesado
comprendía el carácter ilícito de su acción y, estaba en la capacidad de poder
determinar su comportamiento con base a la comprensión; ya anteriormente

mencionada, al analizar la prueba de descargo, se ha dicho que no opera en el
presente caso, la excluyente de responsabilidad penal prevista en el numeral 3 del
Art. 27 Pn., referente a que se haya actuado por la necesidad de salvaguardar un
bien jurídico propio o ajeno - como lo sería la vida- de un peligro real, actual o
inminente; 5) Que resulta obvio que en el presente caso intervienen más de una
persona además de E.A.F.D, ya se ha hablado del involucramiento del testigo
“Marc”' en el hecho, de la persona a la cual acude Marco para que le ayudara a la
víctima; D) Que a criterio de este Tribunal se tiene por establecida la autoría del
delito de Extorsión Imperfecta, previsto y sancionado en el Art. 214 del Código
Penal, en relación con los Art. 24 y 68 del mismo, en perjuicio patrimonial de la
víctima identificada con la clave de "Abel" y la autoría en el mismo del procesado
E.A.F.D contra quien se dicta fallo condenatorio”.
En la individualización de la sanción el Tribunal omite la fundamentación de
la pena impuesta, de la lectura de las sentencias se observa que los juzgadores
únicamente transcriben los artículos relacionado con la imposición de la pena
obviando el análisis de toda la información vertida en vista pública, y así
encontramos que cuando menciona las circunstancias del autor el tribunal expresa
en su mayoría que las desconoce por carecer de un estudio, situación que queda
en entredicho ya que de estas circunstancias por regla general el juez tiene
conocimiento desde el inicio proceso cuando indaga al imputado sobre su grado
de escolaridad, del lugar de residencia (zona rural o urbana), situación laboral,
estado familiar, entre otros; observamos que toda esta información con la que los

jueces cuentan no es utilizada para razonar junto a las demás exigencias del Art.
63 del CP la cuantía de la pena a imponer. Por lo que es válido decir que se
desconoce porque el Juez considera que con esa pena se cumplen los fines de la
pena según nuestra normativa.
A si la sentencia U-193-11-10 en contra del señor L.A.M.C, a quien se le
condeno por el delito de Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de
Armas de Fuego o Explosivos Caseros o Artesanales.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PFNA APLICABLE.
“Según el inc. 2" del Art. 62 Pn., este Tribunal se encuentra en el deber de
imponer una pena comprendida entre el mínimo y el máximo del ilícito penal
concreto. Conforme a lo cual debe considerarse, que según el Art, 346-A del
Código Penal, el delito de Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de
Armas de Fuego o Explosivos Caseros o Artesanales, tiene prevista una pena de
cuatro a ocho años de prisión. De conformidad al Art. 63 Pn., debe considerarse:
a) En cuanto a la extensión del daño y el peligro efectivo provocado, debe
considerarse que en el presente caso el delito lo es de peligro abstracto, por lo
que no puede hablarse de daño ni de peligro en concreto, b) La calidad y motivos
específicos impulsaran al procesado L.A.M.C, a cometer el ilícito, se desconocen,
aunque ellos han justificado que un el momento de su detención se dirigían con
dichas armas a cazar, c) En cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter
ilícito del hucha, ya se ha analizado anteriormente, d) Las circunstancias que

odearon el hecho y en especial las económicas, sociales y culturales del
imputado L.A.M.C, se desconocen por carecerse de un estudio sobre ello, e) No
concurren circunstancias agravantes ni atenuantes de Las previstas en los Art, 29
y 30 Pn.”
A diferencia del tribunal primero de sentencia de la ciudad de San Miguel, el
tribunal de Usulután si deja entrever en sus fallos que la pena se fundamenta tanto
en la culpabilidad como en los fines de la misma, y aunque exista mayor
reprochabilidad la pena solo será legal si tiene fines que cumplir en el procesado,
no obstante esta situación este tribunal también incurre en el error de no motivar
los aspectos subjetivos del autor para la aplicación de un beneficio de la sanción.
Causa número U-140- 09 -10 contra la señora M.Y.A.J., declarada responsable
por el delito de Falsedad ideológica en concurso con Falsedad ideológica
agravada.
CONSIDERACIONES EN CUANTO AL REEMPLAZO DE LA PENA DE
PRISIÓN.
“Aunque este Tribunal considera que la pena a imponer debería ser superior a la
mínima reconoce que en las condiciones actuales del sistema penitenciario en las
que se habla de iniciativas legales para reducir los niveles de hacinamiento y dado
que la pena de prisión bajo las condiciones antes dichas no está cumpliendo la
finalidad prevista en el Art. 27 de La Constitución de la República, fines de la pena
cuyo cumplimiento pueden ser más efectivos fuera de la prisión, por lo que dado

que el Art. 285 establece la posibilidad de imponer una pena mínima de tres años
de prisión, este Tribunal en atención al principio de necesidad de la pena, previsto
en el Art, 5 Pn., opta por imponer esta pena, la cual está sujeta a la suspensión
condicional de la ejecución de la pena.”
De todo lo anterior y respondiendo al objetivo general planteado podemos
sostener que en un Estado Democrático de Derecho la dinámica socio-jurídica que
tiene el principio de culpabilidad es el ser el punto de partida de la fijación de la
pena, así la medida de la pena garantiza la función compensadora de la
culpabilidad (comprensiva del contenido de injusto y la culpabilidad stricto sensu),
y además permite fijar sobre el baremo de la pena el cumplimiento de los fines de
la misma, en el caso de El Salvador como lo Sala Constitucional lo ha expresado
los fines responden al cumplimiento preventivos especiales para con el
delincuente, los que prevalecen en la concreción del marco penal adecuado a la
culpabilidad por el hecho. Este punto de partida se percibe en forma clara en lo
regulado en el Art. 63 C. Pn., por lo cual no es legal que los jueces apliquen penas
que por fines preventivos sobrepasen la culpabilidad del autor, cuestionable es la
situación de imponer una pena inferior a la culpabilidad del autor, si bien en
nuestro medio la ley ya regula que la libertad de imponer pena encuentra su límite
en el marco penal establecido para cada delito no es menos cierto que la
Constitución regula el principio de resocialización lo que permite entonces aplicar
una sanción inferior al grado de culpabilidad del autor.

El impacto que el Principio de Culpabilidad tiene en las sentencias
condenatorias estudias es que el mismo ha permitido a los juzgadores establecer
la pena adecuada al hecho reprobado a si mismo aunque con la carencias ya
expresadas ha permitido la aplicación de la pena que responde a los fines que se
espera que la sanción tenga en la vida del infractor, citando como ejemplo el caso
de los sustitutos penales han expresado los Tribunales estudiados que debido al
hacinamiento de los centros penales estos cumplen los fines establecidos en la
legislación por lo cual para evitar efectos desocializadores que esta pueden causar
en el procesado se impone de acuerdo a los fines preventivos especiales penas
no privativas de libertad.
C. ENCUESTAS SOBRE EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD COMO LÍMITE
DE LA PENA.
A fin de verificar la forma en la cual los Jueces de los Tribunales de Sentencia de
El Salvador valoran el principio de culpabilidad como un límite de la pena, se
escogió como Tribunales de estudio, el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad
de San Miguel y el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Usulután; habiéndose
encuestado a seis jueces; a los cuales se les explico el motivo de la misma y el
tema objeto de estudio en el presente caso; contando con el apoyo de cinco de
ellos; en vista de que el sexto, refirió que por razones de tiempo y trabajo no
podría colaborar con la misma; habiéndose obtenido respuesta por parte de los
cinco restantes de las nueve preguntas desarrolladas en el cuestionario; las cuales

han sido analizadas una a una, de acuerdo a las respuestas obtenidas. (Ver anexo
n° 1).
Así, en cuanto a si al culpabilidad constituye un límite para el objetivismo
radical; existe unanimidad en cuanto a las respuestas de los cinco jueces
encuestados al determinar que la culpabilidad se refiere a aquellos aspectos
subjetivos basados en la intencionalidad del autor y no solamente en su acción
concreta, lo que determina efectivamente un límite al objetivismo radical.
Al considerar si existe una diferencia entre la culpabilidad como principio y
la culpabilidad como elemento de la teoría general del delito, no existe un
consenso en cuanto al mismo, en vista de que los dos primeros jueces relacionan
que existe diferencia, mientras que los jueces tres y cinco no son categóricos en
cuanto a establecer una marcada diferencia, siendo el tercero, quien determina
que no existe diferencia alguna; no obstante estas diferencias, son claros en
valoras que la diferencia es mas a efectos de grado y no a la esencia de la
culpabilidad en sí, que debe referirse a la intencionalidad del autor y el reproche
que debe hacérsele por el mismo.
La valoración efectuada por los cinco jueces de sentencia, al considerar
cuales son los parámetros que deben ser analizados en una sentencia al momento
de confrontar la culpabilidad, nos determina una antesala a la respuesta de uno de
los objetivos específicos, al ser concordantes en relacionar, que el factor primario
a ser analizado en la sentencia, es el conocimiento del autor de que su actuar es
ilícito y su voluntad para efectuarlo; así mismo, circunstancias propias del autor, la

víctima y del mismo hecho (condicionamientos psicológicos, sociales y culturales;
circunstancias agravantes y atenuantes que rodean el hecho en sí).
En respuesta a la pregunta cuatro, aunque parece existir una rotunda
diferencia entre las respuestas proporcionadas por los distintos jueces, en vista de
que los tres primeros afirman que el sistema penal salvadoreño se encuentra
basado en la culpabilidad, mientras que los dos últimos niegan el mismo; son
concordantes los cinco en cuanto a relacionar que debe analizarse la culpabilidad
en todos sus sentidos; es decir, tomando en consideración los sub-principios
desarrollados en el capítulo I. Consideramos que en la respuesta de los jueces
cuatro y cinco detona una confusión en cuanto al contenido del principio de
Culpabilidad porque en un inicio la respuesta de estos jueces es que nuestro
sistema penal no está basado en la Culpabilidad pero al darnos la explicación del
porque considera esto, nos refieren a que deben analizarse también otros
elementos los que según la teoría estudiada forman parte de los sub-principios
que estudian la culpabilidad.
En cuanto a los fines de la pena dentro del ordenamiento penal
salvadoreño, existe un reconocimiento por parte de los cinco jueces de una
finalidad específica; mientras que los jueces uno y cinco se enfocan en una
Prevención Especial Positiva; el juez cuatro, determina tanto la existencia tanto de
la Prevención Especial Positiva como de la Prevención General Negativa,
refiriendo el juez dos la finalidad de la pena es la Prevención Especial Negativa y
la Prevención General Negativa; siendo concordantes en establecer que la

ealidad actual se encuentra enfocada al castigo y no a la readaptación, a la
inocuización y no la resocialización, a la anulación de la dignidad humana y no a la
integración y el reconocimiento del individuo.
De mas estaría el decir que en nuestro ordenamiento jurídico se percibe la
pena encaminada al cumplimiento de un fin, del cual no obstante se encuentra
reconocido en la ley, confirmado en la ley penitenciaria, éste se encuentra muy
lejos de ser alcanzado debido al hacinamiento carcelario y las condiciones en
general que hacen traumática la experiencia del recluso, lo cual vuelve poco
probable esa readaptación.
Siendo que en su mayoría se vislumbra una doble finalidad de la pena, la
pregunta siete, cuestionaba a los encuestados si a consideración de ellos los fines
de la pena podrían resultar incompatibles entre sí; los tres primeros jueces
determinan que los fines de la pena no resultan incompatibles entre sí; mientras
tanto, los últimos dos refieren que si existe incompatibilidad; pero si son
consecuentes los cinco en referir que existe una incompatibilidad entre el ser y el
deber ser.
Todos reconocen que al momento de imponerse una sanción deben ser
tomados en cuenta, la dignidad humana, la necesidad y proporcionalidad;
reconociendo efectivamente la aplicación del art. 63 del Código Penal salvadoreño
en las sentencias.

Existe unanimidad en los cinco jueces en reconocer que al momento de
establecer en la sentencia la culpabilidad, se debe establecer la finalidad de la
pena en el caso concreto, tomando en consideración los aspectos singulares del
sujeto y del mismo hecho, amparados en los principio de proporcionalidad; no
obstante lo anterior, reconocen que en la realidad el margen de aplicación es poco
debido a la concepción positivista radical.
Analizadas que han sido las repuestas proporcionada por los cinco jueces
de sentencia, se vincula en cada una de ellas, un reconocimiento del principio de
culpabilidad como limite al objetivismo radical y a la misma pena y una valoración
de los aspectos subjetivos propios del procesado, para la imposición de la pena.
De lo anterior, tomando en consideración el objetivo especifico planteado,
podríamos concluir que, no obstante doctrinariamente pareciera confundirse la
valoración de los sub-principios de la culpabilidad, es evidente que los jueces de
sentencia al momento de dictar un fallo, determinan parámetros propios del
principio de culpabilidad, basados en el conocimiento, la atribución personal, la
proporcionalidad y la necesidad de la pena, que se encuentran dentro del marco
del principio estudiado.

CONCLUSIONES.
Después de haber estudiado el tema investigado arribamos a las siguientes
conclusiones:
1. El concepto de culpabilidad sigue siendo, antes como ahora, clave en el
sistema garantista del derecho penal, como barrera a la intervención del
ius puniendi estatal. Hoy más que nunca hacen falta principios claros y
conceptos dogmáticos solidos que limiten dicha intervención. La
culpabilidad es un principio de rango Constitucional, bien estructurado
dogmáticamente, que cumple esta función. Las discusiones sobre su
fundamento filosófico, lo vinculan hondamente con el eterno problema
de los fines de la pena. Esta vinculación, a través de la profusión y
confusión de concepciones, no debe empañar en ningún caso dicha
función. En este sentido, como ya se ha subrayado, en el modelo del
Estado de Derecho, sólo cabe un concepto de culpabilidad por el hecho,
correspondiente al Derecho penal del hecho. Esto vale tanto para la
culpabilidad como categoría dogmática del delito, cuanto para la
culpabilidad en la medición de la pena.
2. La estructura de la culpabilidad con relación al injusto conduce a la
conclusión: que el derecho penal del Estado de Derecho ni ordena ni
prohíbe modos de pensar, deseos o intenciones de las personas,
maneras de ser, etc., sino sólo hechos externos dirigidos por la voluntad

(dolosa o imprudente) a vulnerar bienes jurídicos, que efectivamente los
lesionan o ponen en peligro.
3. La culpabilidad constituye el límite máximo, la barrera infranqueable,
que en ningún caso puede traspasarse a la hora de determinar la pena
aplicable al autor de un delito en el caso concreto. Pero, por debajo de
este límite máximo, son sólo las consideraciones preventivas y
ciertamente preventivas especiales, es decir, la reeducación y
reinserción social del delincuente, como lo establece el inciso tercero del
Art. 27 de la Constitución de El Salvador las que deben tenerse
presente. Es decir que en El Salvador la pena se espera tenga un fin en
la vida futura del reo en sociedad, es por ello que el juzgador debe tener
presente estos elementos al momento de la fijación de la pena a
imponer al autor del delito, ello lleva en muchos casos a brindar
beneficios al delincuente a si se observa que en algunos de los casos
estudiados donde la gravedad del hecho permitía un reproche mayor al
autor del ilícito el juzgador por razones preventivas especiales se
decantó por determinados beneficios, como la suspensión condicional
de la pena o la sustitución de la pena privativa de libertad por una
multa, esto con el objetivo de evitar el efecto desocializador que el
cumplimiento de la pena merecida por la culpabilidad tendría sobre el
delincuente, si tuviera que ser efectivamente cumplida.
4. Respecto a las sentencias estudiadas, los jueces fundamentan la
imposición de la pena en el juicio de reproche hecho al autor del ilícito

no obstante esa fundamentación consideramos que en muchas de las
sentencias es exigua ya que la misma no se hace en base a lo
establecido en el Art. 63 del CP, es decir teniendo presentes, la
extensión del daño y del peligro efectivo provocados, la calidad de los
motivos que la impulsaron el hecho, la mayor o menor comprensión del
carácter ilícito del hecho, las circunstancias que rodearon al hecho y, en
especial, las económicas, sociales y culturales del autor; y, las
circunstancias atenuantes o agravantes, cuando la ley no las considere
como elementos del delito o como circunstancias especiales. A si mismo
poco se dice las razones del porque se llega al quantum de la pena
aplicada situación que se vuelve de suma importancia para el procesado
ya que al mismo le interesa saber porque el juez dentro de un margen
de pena se decidió por una en específico.

1. ¿Considera
usted que la
culpabilidad
constituye un
límite para el
objetivismo
penal? ( ) si ( )
no ¿por qué?
ANEXO 1.
1. Sí, no se debe de basar únicamente en el resultado
de la acción, sino en la intencionalidad de la persona en
realizar la acción.
2. Sí, creo que la autonomía de la persona (principio
liberal) demanda ver la intencionalidad de la persona y no
solo el resultado de una acción.
3. Sí, porque entendemos que este elemento es el
límite de cualquier reproche penal, de aquellos actos que le
sean personalmente reprochables (Responsabilidad
Subjetiva, Culpabilidad).
4. Sí, no se debe analizar solamente el acto o hecho
delictivo de una manera aislada, sino que la sanción penal
debe ser conforme a la intencionalidad sea dolo o culpa.
5. Sí, los límites en cuestión de culpabilidad no deben
ser radicales bajo ningún punto de vista; al contrario, la
culpabilidad de una persona debe ser discutido plenamente.

2. ¿Existe
diferencia entre
la culpabilidad
como principio y
la culpabilidad
como elemento
de la teoría
general del
delito? Explique.
1. Si, podría ser cuando analizamos el resultado de
una acción, el cual se da porque se ha querido hacerlo y no
porque se pudo evitar, o sea que esa diferencia se da por el
grado de responsabilidad.
2. Si, la diferencia lo es nada mas de grado; toda
persona debe ser responsable, y eso entraña el ser
previsible; mucha más responsabilidad hay cuando el
resultado se produce no por falta de previsibilidad sino
porque este ha sido querido por el actor.
3. Es de considerar que en la dogmatica penal, se
teoriza sobre los elementos del delito, que nos determina los
elementos objetivos y subjetivos, y es la culpabilidad uno de
esos elementos, ya la norma nos determina aquellos
principios que nos informa el Derecho Penal, codificado en la
parte general referente al principio de responsabilidad.
4. No, la culpabilidad debe ser analizada desde el
punto de vista subjetivo, si el autor del hecho delictivo estaba
consciente, tenía voluntad de realizarlo. “Nulla poena sine
culpa”.
5. Hay principios dogmáticos de la culpabilidad pero
esto no da como la culpabilidad como un elemento, los
elementos tienen que ser claros y ciertos y no doctrinarios.

3. ¿Cuáles son
los parámetros
que a su criterio
deben ser
analizados en
una sentencia al
momento de
confrontar la
culpabilidad?
1. Al valorar este aspecto se debe tomar en cuenta el
conocimiento que ha tenido la persona de lo que hace,
además de analizar su formación socio-cultural y hasta
situaciones psicológicas, que nos permita también analizar
otras cuestiones de su interior, todo para concluir
objetivamente en su culpabilidad.
3. Sobre la configuración y determinación de la
culpabilidad debemos considerar que el sujeto conocía la
conducta descrita y quería la realización de esa conducta, y
por el cual este responda al hecho realizado (Conocer y
Querer-Dolo); y es así que el sujeto tenía capacidad de
comprender el hecho y no le ampare en su actuar una causa
de exclusión de responsabilidad.
4. La concurrencia de los elementos descriptivos del
tipo penal y la circunstancia que rodean el hecho, como los
actos preparatorios, circunstancias agravantes, atenuantes,
etc.
5. Estos parámetros deben ser, el deber ser de la
culpabilidad, ya que no se puede culpar a nadie sin tener la
plena seguridad de su culpabilidad.

4. ¿Cree Usted
que nuestro
sistema penal
está basado en la
culpabilidad? ( )
si ( ) no ¿Por
qué?
1. Si.
2. Si, aunque debe establecerse graduaciones a esa
culpabilidad. No todos somos libres en la misma medida; la
negación de los DESC condiciona en gran parte la libertad
de la persona.
3. Si, en la determinación de ese reproche, cuando se
determina la pena; se establece en la medida de la
culpabilidad del sujeto.
4. No, porque no existen condiciones en nuestro
sistema penitenciario para que se dé una debida
resocialización y las cárceles son amenazas contra la vida
de los internos y la sociedad.
5. Precisamente, si la pena cumpliera un fin, esta
fuese constructiva, fuese ideal, sino que es traumática, ya
que nuestros centros penales no reúnen los requisitos
establecidos en la ley penitenciaria.

7. ¿Considera
que los fines de
la pena entre sí
podrían resultar
incompatibles?
( ) si ( ) no
¿Por qué?
1. No, pues esa incompatibilidad puede darse entre lo
que se dice o lo que se hace.
2. No, más bien la incompatibilidad se da entre la
teoría y la praxis, entre lo que se dice y lo que se hace.
3. No, Ya explicaba anteriormente. Claro que si el
delincuente no se readapta en su tratamiento y vuelve a
delinquir, entonces el fin no se cumple.
4. Si, en la realidad la pena (Prisión); persigue excluir
al delincuente de la sociedad y obtener una prevención
general que no se consigue.
5. Si, son incompatibles, porque no tenemos como
institución todo lo necesario para la rehabilitación del interno.

8. Según el Art.63
del Código Penal,
cual es el límite
de la pena que
debe tener en
cuenta el Juez al
momento de
imponer una
sanción?
1. El Art. 5 del Código Penal nos habla del Principio
de Necesidad, y que la pena sea proporcional y necesaria,
además de ello debe tomarse la dignidad humana (Art. 2 del
Código Penal); es un límite que nos permite considerar que
la pena cumpla con sus fines.
2. la dignidad humana es un límite, que nos permite
que la pena cumpla sus fines en realidad y que sea
proporcional y necesaria; el problema es que cuando poco o
nada se readapta se pierde esa visión.
3. La pena no puede exceder el desvalor que le
corresponde al hecho realizado por el autor y será
proporcional a su culpabilidad. Y el mismo precepto le
determina que se debe considerar para imponer una pena.
4. El grado de afectación del hecho en sí tomando en
cuenta el principio de legalidad.
5. El límite debe ser el establecido según las
circunstancias previstas en los numerales del uno al cinco
del Art. 63 del Código Penal; aplicando la sana crítica y el
conocimiento total de la causa para determinar la pena a
imponer.

9. ¿Considera
usted que la
justificación que
exige el Art. 62
del Código Penal,
se refiere a que
debe expresarse
en la sentencia
los fines que
busca la sanción
penal en la vida
del procesado en
el caso en
particular?
1. Si, aunque en la práctica es muy poco aplicable.
2. Sí, pero desde luego ello nos lleva a la
proporcionalidad y necesidad de la pena y no creo que el
sistema que privilegia el principio de legalidad dentro de una
concepción positivista radical, tolere este principio, que por
ello es muy poco aplicable.
3. El Juez, en su determinación de la pena, se sujeta
a la legalidad del precepto que le establece el mínimo y el
máximo de la pena, y sobre ello de forma rígida o flexible,
dentro de los límites que la ley le establece y en
proporcionalidad a la gravedad del y culpabilidad del sujeto.
4. Si, en parte, ya que la ley debe ser aplicada a todos
por igual pero habrá casos especiales que la pena no sea
necesaria, ejemplo: Una persona de edad avanzada estaría
siendo condenado a cadena perpetua si se le puede imponer
varios años de prisión.
5. Si, debería en todo caso tomarse como parámetro
la edad promedio para determinar una sanción penal, ya que
si se tratase de una persona muy mayor, estaríamos
cayendo en el error de una cadena perpetua.

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