Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
el art. 425.2 y en relación, ya en el ámbito del cohecho activo, con el tipo
descrito en los arts. 423.1 y 423.2.
En cuanto al art. 425.2, al margen de la deficiente técnica legal empleada
en la descripción de las penas, el propio artículo precisa que en caso de recompensa
por el acto ya realizado, cuando el mismo sea constitutivo de delito
además de la pena que corresponda por la realización de éste 12 se impondrán
las penas de prisión, multa e inhabilitación que se indican, lo que remite al
concurso de delitos 13 . La problemática de este artículo en lo que a la cuestión
concursal se refiere –otra cosa será la en mi opinión cuestionable legitimidad
del mismo– es similar a la del art. 419 por lo que cuanto aquí se diga sobre
éste debiera poder extrapolarse al art. 425.2.
Por lo que respecta al art. 423, la doctrina dominante también acepta un
concurso de delitos para el particular que corrompe al funcionario público o
atiende su solicitud de corrupción entre el propio art. 423 y el delito cometido
por dicho funcionario. En relación a éste y en función de su contribución al
hecho principal –y, en consecuencia, del número 1 o 2 del art. 423 a aplicar–,
ya en concepto de inductor 14 , ya como cooperador en el mismo 15 . No me referiré
a la problemática concursal que aquí se plantea, a mi juicio mucho más
compleja, en cuanto la opinión que al respecto se mantenga habrá de tener en
cuenta que si en relación con el cohecho pasivo propio del art. 419 cabe distinguir
el inicial acto previo de recepción o solicitud de la dádiva y la posterior
ejecución del delito acordado y, en su caso, un doble desvalor, en el supuesto
del art. 423 la cuestión concursal que se plantea ha de tener en cuenta que aquí
dicha distinción se antoja difícil, si no imposible.
II
La relación concursal entre el art. 419 y el delito cometido en función
de la acción u omisión que en el ejercicio de su cargo realiza el funcionario
12 Subraya acertadamente FEIJÓO, 1997, 1137, que el término “además” que utiliza el legislador no viene
referido a las penas del apartado primero sino a las penas correspondientes al delito cometido, habiéndose
tratado de establecer simplemente una regla concursal. Ello es obvio en cuanto, de mantenerse la interpretación
contraria, se estaría imponiendo al funcionario una pena de prisión, dos penas de multa y sendas
penas de inhabilitación y suspensión, lo que evidentemente no tiene sentido alguno.
13 Por todos, siguiendo el sentido del texto legal, Feijóo, 1997, 1137, Olaizola, 1999, 480 y Orts/Valeije,
1996, 1838.
14 Por todos, Díaz y García Conlledo, 1995, 1088, FEIJÓO, 1997, 1134, MUÑOZ CONDE, 1999, 965 y
OLAIZOLA, 1999, 207. En sentido contrario, con a mi juicio fundamentadas consideraciones, VALEIJE,
1996, 247 ss.
15 Así, Muñoz Conde, 1999, 965, en el caso, contemplado en el art. 423.2, de que el particular se limite
a aceptar la solicitud del funcionario, en cuanto considerar en tal supuesto una inducción mutua sería
algo totalmente ajeno a la realidad. Véanse también DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, 1995, 1088 y OLAI-
ZOLA, 1999, 207.
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