Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
de peligro –frente a tipos de lesión, con penas menos gravosas– como, por
último, la exacta concreción del bien jurídico protegido, cifrado en la imparcialidad,
pero más tutelado que principios tales como el de legalidad, objeto
de protección, por ejemplo, en el art. 404 previsto para la prevaricación.
Si alguna consecuencia debiera poder extraerse de todo ello no es sino
la de que en la pena prevista para el tipo de cohecho el legislador ha debido
tomar ya en consideración la circunstancia de una posible ejecución del delito
para cuya comisión se realiza la solicitud o la recepción de la dádiva o presente
–en la línea de la pluriofensividad a que aluden MORALES y RODRÍ-
GUEZ PUERTA–, previendo, no obstante, la cláusula final de dicho artículo
para salvar posibles interpretaciones que, frente a lesiones particularmente
graves de bienes jurídicos distanciados del tutelado por el delito de cohecho
–no la que pueda causar una prevaricación, que sería más lógico, aunque ello
ahora sea legalmente imposible, vincular al art. 420–, pretendieran entender
consumida en la pena prevista para éste la correspondiente a aquéllas.
Bien es cierto que aceptar la presencia de un concurso de infracciones
en lugar de un concurso de leyes en el supuesto concreto de la relación con
el delito de prevaricación no implica una especial agravación de la pena finalmente
impuesta.
Así, el concurso de leyes –en el supuesto en que se pueda aplicar la
agravante de precio del art. 22.3ª, por darse las condiciones de pacto previo y
motivador de la ejecución delictiva– obligará a aplicar o bien la pena del delito
de cohecho de prisión de dos a seis años, multa del tanto al tripo del valor de
la dádiva e inhabilitación especial de siete a doce años o bien la del delito de
prevaricación, en su mitad superior por aplicación de la regla del art. 66.3ª,
de inhabilitación especial de ocho años y seis meses a diez años, opción ésta
que debiera ceder en favor de aquélla ya aplicando el principio de alternatividad,
ya el principio de consunción y que, sin embargo, debiera prevalecer si
entendemos que sea por la consideración del delito de cohecho como tipo de
peligro sea por su consideración como forma de participación autónomamente
tipificada ha de acudirse al principio de subsidiariedad, lo que en todo caso
requeriría o una previsión legal o una interpretación correctora que evitaran
tal posibilidad.
El concurso de delitos obligaría a sumar las penas de ambos delitos,
aplicando la regla del art. 73 del Código prevista para el concurso real -obvio
es, sin la agravante de precio en el delito de prevaricación- o, lo que será más
frecuente, a aplicar en su mitad superior la pena prevista para la infracción
más grave, esto es la del cohecho, hasta el límite de la suma de ambas penas,
en caso de entender que el concurso tiene naturaleza medial y que ha de aplicarse,
por tanto, la regla del art. 77.2, aproximándose en tal caso a la que
resultaría de aplicar un concurso de leyes.
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