Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
eso– en relación con la autenticidad y veracidad de los documentos, objeto de
protección en los delitos de falsedad o como tipo de peligro en relación con
el patrimonio público como sustrato para llevar a cabo las finalidades propias
de la Administración, objeto tutelado en los delitos de malversación, a lo que
obligaría su concepción, desde esta perspectiva, como ley secundaria.
También sería posible plantear dicha relación de subsidiariedad, de
entender que la conducta descrita en el art. 419 representa únicamente un acto
preparatorio o una forma de participación intentada respecto a actos de ejecución
o supuestos de autoría confirmados de realizarse el delito cometido en
razón de la dádiva o promesa recibidas. Pero de nuevo ello sólo sería posible
si se entendiera que la solicitud o la recepción, en sí mismas consideradas, no
implican lesividad alguna y sí, únicamente, puesta en peligro, del bien lesionado,
fuera cual fuera, de consumarse la ejecución delictiva.
Sería posible, por último, plantear una relación de consunción en caso
de considerar la resolución dictada un acto posterior, más que impune, copenado.
Ello obliga a entender que el bien jurídico vulnerado con este segundo
acto es el mismo que el vulnerado con el primer acto o, cuando menos, de entidad
irrelevante en comparación con éste. No puede considerarse de entidad
irrelevante el bien jurídico tutelado por el delito de prevaricación –aun cuando
se conciba la prevaricación como tipo residual– en relación con el tutelado por
el delito de cohecho y, tal como se han venido definiendo uno y otro, pareciera
que tampoco procede una identificación plena.
Ahora bien, ya se ha aludido a la vinculación entre la idea de legalidad y
las de imparcialidad y objetividad, puestas de manifiesto por diferentes autores
en la definición de los bienes protegidos por los delitos de cohecho y prevaricación.
En tal sentido, se señalaba cómo tanto la objetividad como la imparcialidad,
principios legitimados por la necesidad de actuación de la Administración
en aras a la satisfacción de los intereses generales, se derivan del principio de
legalidad, de modo tal que toda lesión del principio de imparcialidad implica
una lesión del principio de legalidad, si bien no ocurre así a la inversa. Si
cuando se realiza alguna de las conductas descritas por el tipo de cohecho recogido
en el art. 419 se lesiona el principio de imparcialidad y, por ende, el de
legalidad, cuando posteriormente se produce la ejecución delictiva que, relativa
al delito de prevaricación, consistirá en el dictado de una resolución arbitraria,
no se produce sino una ulterior quiebra de dicho principio que, en mi opinión,
no implica un desvalor adicional -o, al menos, no el que conduce a un concurso
de infracciones, lo que no necesariamente debería poder impedir en su caso una
distinción de penalidad según se entendiera que un bien jurídico se puede lesionar
con mayor o menor intensidad en función de la conducta que lo menoscaba,
como de hecho ocurre ya en el propio art. 420 respecto a actos injustos, aunque
no a resoluciones arbitrarias-, sino únicamente el agotamiento de la progresión
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