Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
fico de influencias sería ley especial, por la presencia de los elementos de prevalimiento
y beneficio económico, si bien subraya cómo no es menos cierto
que también podría apreciarse una prevaricación agravada por las circunstancias
de abuso de superioridad o prevalimiento del carácter púublico del culpable
de los arts. 22.2ª o 22.7ª, implicando entonces el delito de tráfico de
influencias únicamente un aumento de pena respecto la que se hubiera deducido
de la regulación anterior en que dicha figura no existía. Sin embargo,
continúa la autora, en cuanto al delito de tráfico de influencias también le
caracteriza la capacidad de la resolución de generar beneficios económicos,
sin recoger por tanto los supuestos de resoluciones injustas por otros motivos
que no sean los lucrativos, que, en cambio, sí puede recoger el delito de prevaricación,
aquél no supone sino una especificación de la conducta típica de
inducción a la prevaricación de aplicación preferente, bien por especialidad,
bien por alternatividad cuando aparezcan elementos de los arts. 428 y 429 que
no se recogen en el delito de prevaricación, como en supuestos de resoluciones
por omisión o de resoluciones simplemente desviadas 132 . Señala CUGAT
cómo la proximidad entre el delito de tráfico de influencias y la inducción a
la prevaricación conduce a buscar las razones de la tipificación autónoma del
primero en un plano político-criminal y, desde este punto de vista, concluye
que la “mayor frecuencia de la criminalidad de orden económico en el ámbito
de la función pública puede justificar una tipificación que se centre específicamente
en las conductas orientadas a obtener una resolución generadora
de beneficios económicos”, tipificación autónoma que permite relativizar los
requisitos estrictos de la inducción como institución de la Parte general, permitiendo,
en cambio, la aplicación de reglas de imputación propias de esta
figura 133 . Quizás ello también esté en la base de la decisión incriminadora de
las conductas de cohecho.
Basten las afirmaciones anteriores para poner de relieve la dificultad de
aceptar un concurso de infracciones, y no de leyes, cuando menos, entre la
inducción a la prevaricación y los delitos de tráfico de influencias de los arts.
428 y 429 o de cohecho activo del art. 423.1.
Sin entrar a cuestionar la propia necesidad desde criterios de ofensividad
del cohecho pasivo –téngase en cuenta que se prescinden de las exigencias
de aplicación de lo que no es sino una circunstancia de agravación para
crear un tipo autónomo, bien es cierto que en el ámbito de funcionamiento de
la Administración pública, que, en definitiva, es lo que legitima la figura–, la
propuesta de aceptar una relación concursal de leyes entre el cohecho pasivo
del art. 419 y el delito de prevaricación, al margen de la opinión ya ofrecida
132 CUGAT, 1997, 255 ss.
133 CUGAT, 1997, 259 y 278.
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