Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
individual, pero el mismo precisa de unas condiciones básicas –que ella considera
bienes intermedios–, cuya lesión producirá, en caso de reiteración, la
efectiva perturbación del bien mediato, protegido en tales casos a través de los
bienes intermedios que lo representan 111 . Se trata, en definitiva, de garantizar
las condiciones básicas de funcionamiento de la Administración necesarias
para su vigencia e indemnidad, las cuales necesitan los ciudadanos para su
libre desarrollo y participación en el sistema social 112 .
Y, por supuesto, la única forma de entender lo que ha de ser el buen
funcionamiento de la Administración Pública de nuevo pasa por acudir a la
Constitución como marco de referencia en el que se definen los parámetros
que concretan cómo ha de desarrollarse el mismo 113 .
Ya se señalaba, sin embargo, cómo los autores han venido insistiendo
en la necesidad de especificar en cada precepto el principio a que hace referencia
la actividad concreta que desarrolla la Administración. En el delito de
cohecho se ha venido entendiendo que es el principo de imparcialidad el concreto
objeto de tutela 114 , principio que, no obstante, recuerda OLAIZOLA no
es específico del delito de cohecho, sino común a muchos de los delitos contra
la Administración Pública, en cuanto debe presidir todo el funcionamiento de
la Administración y en cuanto, por tanto, se lesiona cuando se realizan muchos
de los comportamientos tipificados en el Título XIX 115 .
La imparcialidad, calificada como esencial para el correcto funcionamiento
de la actividad pública 116 o como bien jurídico medial para alcanzar la
tutela de un derecho fundamental como es la igualdad de todos los ciudadanos
en la obtención de prestaciones publicas 117 , se entiende en este contexto como
ausencia de interferencia en la toma de decisiones públicas 118 o como deber
de los poderes públicos de obrar con una sustancial neutralidad y objetividad
respecto a los intereses privados, cualquiera que sea su naturaleza 119 .
Pero como ya antes se indicaba en relación con el delito de prevaricación,
también respecto al delito de cohecho, sin perjuicio de que mayoritariamente
se opte por el principio de imparcialidad como objeto tutelado, los
autores acuden para definir el bien jurídico protegido a otros principios que
111 OLAIZOLA, 1999, 103.
112 OLAIZOLA, 1999, 488.
113 Así, RODRÍGUEZ PUERTA, 1999, 66 ss.
114 Véanse, entre otros, CRESPO, 1996, 4393, FEIJÓO, 1997, 1679, MORALES/RODRÍGUEZ PUERTA,
1996, 1189 y 1195, MORILLAS/PORTILLA, 1994, 193, ORTS/VALEIJE, 1996, 1809, RODRÍGUEZ
PUERTA, 1999, 68 ss., SERRANO, 1999, 740 o VALEIJE, 1996, 30 ss. También, por todos, CUGAT,
1997, 104, en relación al delito de tráfico de influencias.
115 OLAIZOLA, 1999, 99.
116 MORALES/RODRÍGUEZ PUERTA, 1996, 1189.
117 VALEIJE, 1996, 31.
118 RODRÍGUEZ PUERTA, 1999, 84. Véase también MORALES/RODRÍGUEZ PUERTA, 1996, 1189.
119 VALEIJE, 1995, 368. También ORTS/VALEIJE, 1996, 1810.
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