Relación concursal entre los delitos de cohecho

NORBERTO J. DE LA MATA
A tales principios, desde la referida perspectiva constitucional, se refiere
detenidamente CUGAT, aludiendo a los de objetividad y legalidad de la actuación
administrativa, en cuanto a la cuestión de la racionalidad de las decisiones
administrativas –principios reconocidos en los arts. 9.1, 9.3, 103.1 2º y
106.1 del Texto Constitucional–, a la objetividad y al principio social, en referencia
a la idea de eficacia en el estado de Derecho –desde la perspectiva de
los arts. 9.2, 103.1.1º, 103.1 2º y 106.1– y a la objetividad e imparcialidad –en
el ámbito del propio art. 103– 79 . Se trata de proteger, en definitiva, el buen
funcionamiento de la Administración pública garantizando que el mismo se
sustenta en los principos de imparcialidad, legalidad, objetividad y atención
a los intereses generales de la sociedad –lo que se viene en denominar la eficacia
indiferente de la Administración–, tal y como prescriben los referidos
preceptos constitucionales.
Ahora bien, situado el objeto de tutela genéricamente protegido en el
funcionamiento correcto de la Administración Pública, la doctrina mayoritaria
–sin perjuicio de que se siga aceptando un bien jurídico categorial en todo el
Título 80 – se ha esforzado en destacar que la Administración Pública a que se
alude en la rúbrica del Título no es más que el marco en el que se realizan los
delitos que en él se tipifican, debiendo identificarse el aspecto de la Administración
o sector de la función pública que se cuestiona o puede verse afectado
en cada uno de ellos en relación con los principios que inspiran su actuación:
toma de decisiones conformes con la legalidad vigente, actuaciones dirigidas
al cumplimiento de los fines previstos legalmente, respeto de los principios de
objetividad o imparcialidad, etc. En tal sentido, la alusión a la función pública
servirá únicamente, en cuanto ratio legis o finalidad tuitiva general del Título,
para agrupar y determinar las coordenadas en que ha de averiguarse el bien
jurídico protegido por cada grupo de incriminaciones 81 .
Señalará a este respecto OCTAVIO DE TOLEDO cómo la apelación a la
función pública, sin ulterior concreción, configura un objeto de tutela tan amplio
que haría de todos los delitos directamente referidos a ella delitos de peligro
potencial o abstracto, pues su magnitud impediría a la ley penal crear tipos
que exigieran su destrucción o menoscabo; a su juicio, el análisis de los tipos
pone de manifiesto, sin embargo, que sus respectivos objetos de protección son
nario y su cargo, sino que, oriéntandose a la actividad de prestación, posibilita un criterio de delimitación
respecto de las infracciones disciplinarias propias de las relaciones administrativas internas. Véase también
MORILLAS/PORTILLA, 1994, 191.
79 CUGAT, 1997, 77 ss.
80 Así, GONZÁLEZ CUSSAC, 1997, 22. Como señala GARCÍA ARÁN, 1997, 357, la propia denominación
del Título supone, en primer lugar, reconocer la existencia de un bien jurídico común a todos los
delitos en él incluidos.
81 Véanse, entre otros, ASUA, 1997, 21, Cugat, 1997, 100, FEIJÓO, 1997, 1679, GARCÍA ARÁN, 1991,
39 y 1997, 358, GONZÁLEZ CUSSAC, 1997, 22, MUÑOZ CONDE, 1997, 480 y 1999, 922, OCTAVIO
DE TOLEDO, 1996, 1516, y OLAIZOLA, 1999, 488.
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