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“PARA PREVENIR, PARA DECIDIR, ...SABER ES UN DERECHO”
26 . Manuela Ramos
La Dirección General de las Personas a través de la Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud – Etapa
de Vida Adolescente (EVA), elaboró la Norma Técnica de Atención Integral de Salud para esta etapa de vida,
que establece como su población objetivo a las personas de 10 a 19 años de edad e incluye la disponibilidad
de servicios diferenciados y de calidad para adolescentes como parte de las estrategias globales para la
atención integral de salud del adolescente. Así mismo, desde el 2006, el MINSA cuenta con una Norma
Técnica de Salud para la transversalización de los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género
e Interculturalidad en Salud, con el fin de mejorar la salud de la población, la reducción de las brechas de
desigualdad en salud y con el ejercicio pleno del derecho a la salud sin discriminación alguna.
La escasa asignación presupuestal para la implementación de la normatividad descrita es un escollo
importante para su aplicación y la sostenibilidad de los esfuerzos realizados. De acuerdo a la
documentación del Ministerio de Educación, la mayor parte del presupuesto para la implementación
de la educación sexual integral no proviene del tesoro público (sólo 12%), sino de la cooperación
internacional. Esta es una razón de preocupación respecto a la continuidad y universalización de la
educación sexual en las instituciones educativas públicas del país (Alianza para Educación Sexual
Integral, 2009).
Además, en los distritos de intervención no existe un proceso de capacitación y monitoreo sistemático,
ni indicadores de evaluación, que contribuyan a que la implementación de las políticas de educación
y salud dirigidas a las y los adolescentes no dependan principalmente del criterio personal, las
valoraciones y prejuicios de docentes y proveedores de salud respecto a los adolescentes y su sexualidad.
Las políticas referidas a la educación sexual eran desconocidas por la mayoría de docentes en los
distritos intervenidos (entrevistas y talleres). Muchos de ellos se enteraron de su existencia en los
talleres de sensibilización y capacitación realizados por SserR Jóvenes, que en algunos casos se
organizaron en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Es más, algunos docentes de educación primaria y secundaria mostraron gran resistencia y oposición a
que se brinden contenidos de educación sexual, sobre todo, aquellos referidos a temas como el uso del
condón y los métodos anticonceptivos. El principal argumento de estos docentes era que brindar estos
contenidos a adolescentes conlleva el riesgo de fomentar la promiscuidad y la iniciación sexual.
En el sector salud existe una mayor claridad de su competencia y rol en el tema de la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, así como un discurso favorable a los enfoques de género y derechos
por parte de varios de sus funcionarios y personal responsable de los servicios de salud.
Sin embargo, en diversos servicios de salud de las zonas de intervención, lejos de brindar atención
desde una perspectiva de derechos humanos como se menciona en los lineamientos del política de
salud del adolescente, se presentan diversos casos de maltrato de chicas que acuden cuando están
embarazadas, así como casos de resistencia a brindar preservativos u otros métodos anticonceptivos a
adolescentes por considerar que aun no deben tener relaciones sexuales.