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“PARA PREVENIR, PARA DECIDIR, ...SABER ES UN DERECHO”
12 . Manuela Ramos
la capacidad de prevenir un embarazo no deseado (END) usando un preservativo u otro medio
anticonceptivo (MAC), solicitar a la pareja que lo haga, u optar por la anticoncepción oral de
emergencia (AOE) en el caso de que falle el método u ocurra una violación sexual.
Además, la elaboración y gestión de subproyectos fue una experiencia que ayudó a promotoras y
promotores juveniles a aprender a negociar con los adultos (por ejemplo, docentes, padres de familia,
proveedoras/es de salud) y les sirvió de ejercicio para presentar proyectos, propuestas y demandas
a autoridades locales relativas a la promoción y atención de su salud sexual y reproductiva (v,g., se
presentaron al presupuesto participativo de los municipios). Así mismo, responsabilizarse de las
metas y el manejo de recursos económicos de un proyecto colectivo contribuyó a desarrollar algunas
competencias organizativas y ejercitarse en la puesta en práctica de mecanismos democráticos de
control y transparencia en la gestión.
A la vez, esta reconstrucción de la experiencia de SserR Jóvenes da cuenta de la complejidad y
heterogeneidad de los cambios en los comportamientos sexuales de las y los adolescentes (ej. casos
de embarazos no deseados de promotoras juveniles). También, muestra las enormes difi cultades que
enfrentan adolescentes y jóvenes para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos cuando no se
implementan políticas públicas que garantizan una educación sexual en las escuelas y servicios de
salud que les brinden información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva desde una
perspectiva de derechos humanos y una ética laica.
Si bien el proyecto buscó sensibilizar y capacitar a sus potenciales aliados en los sectores de salud
y educación, así como tener incidencia política a nivel regional y nacional, los logros en estos
ámbitos fueron bastante incipientes y heterogéneos. Ello porque requiere de una serie de cambios
institucionales (por ejemplo, asignación de personal y presupuesto para servicios diferenciados para
adolescentes), políticos (por ejemplo, la separación real del poder del Estado del de la Iglesia católica)
y culturales (por ejemplo, cambios en paradigmas y valores que subyacen al currículo de formación
del personal de salud y educación), de mediano o largo plazo, que el proyecto de una ONG no podía
conseguir.
Esto coloca (nuevamente) sobre el tapete el tema de la responsabilidad del Estado en la salud sexual
y reproductiva, ya que las intervenciones en estos ámbitos son realizadas mayormente por proyectos
de desarrollo impulsados por la sociedad civil y la cooperación internacional. Entre otros, los temas