Prevenir no es curar

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Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
cación como proyecto piloto en las Unidades 19 (varones), 3 y 31 (de mujeres),
estableciendo un “registro de solicitud de atención para los internos, como
también para quienes intervienen en la solicitud de la atención sanitaria”. El
proyecto funciona solo en las dos unidades de mujeres, pues en la Unidad 19, de
mínima seguridad, “el jefe médico organizó un consultorio de demanda espon-
tánea, priorizando el acceso al sistema sanitario”. En las otras dos unidades del
proyecto piloto, que alojan al 95% restante de las personas detenidas, no se in-
dica ninguna acción para ordenar y registrar el acceso a la atención sanitaria.
En cuanto al seguimiento y control de pacientes egresados del Centro de Enfer-
medades Infectocontagiosas, el Informe indica que se solicitó a los directores
de unidades del Área Metropolitana “dar cumplimiento a las recomendaciones
asentadas en la historia clínica y a las derivaciones para tratamientos especia-
les”.
Estos pocos ejemplos muestran que pareciera existir una brecha considerable
entre la perspectiva de atención primaria de la salud (expresada en diversos
documentos institucionales y en la entrevista al Director de Sanidad) y la ins-
trumentación de los pasos concretos que aseguren el acceso al sistema sanita-
rio e integren la asistencia con la prevención de enfermedades y la promoción
de la salud. También muestran que el SPF cuenta con un diagnóstico preciso
acerca de las fallas en la atención sanitaria, y que esas fallas parecieran deber-
se más a cuestiones organizativas y de perspectiva de trabajo que a carencias
notorias de infraestructura o de personal sanitario. Puesto que se trata de la
cárcel, es imposible no preguntarse cuántos de estos “desajustes organizati-
vos” no surgen del propio corazón disciplinario y de castigo de la institución
carcelaria. En este sentido, es inevitable la comparación con la educación: las
mejoras en la calidad educativa y en el acceso fueron de la mano de la “despe-
nalización” del sistema –es decir, del ingreso de la escuela pública a la cárcel.
Tal vez, cuando los sistemas de salud jurisdiccionales –los centros de salud pú-
blicos de las localidades donde están los penales- se ocupen de la salud de las
personas detenidas se logre reducir la brecha mencionada.
IV. Acceso al trabajo
El capítulo VII de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
establece que el trabajo -parte fundamental del tratamiento penitenciario- es a
la vez un derecho y un deber del interno. Si bien el interno condenado está obli-
gado a trabajar, el trabajo no se podrá imponer coactivamente, ni como cas-
21 . Dentro
del ámbito penitenciario, el trabajo tiene como propósito generar o fortalecer
21. Ley 24660, artículo 107.
Derechos fundamentales dentro de los penales federales.