Prevenir no es curar

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II. Acceso a la educación página 76 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina Es bien sabido que dentro de las cárceles la educación formal y el aprendizaje o - to penitenciario. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU 1955 y 1977) sostienen que el tratamiento de las personas condenadas debe estar “encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y a desarrollar el sentido de responsabilidad”. Para ello, “se deberá recurrir, en particular, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo y a la educa- ción del carácter moral” (párrafos 65 y 66). También se indica que, en la me- dida de lo posible, la educación en el ámbito penitenciario deberá coordinarse con el sistema de instrucción pública (párrafo 77). En consonancia con estas orientaciones (y en un lenguaje más moderno), la ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad expresa que la de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad” (art. 1). Para ello, el régimen penitenciario deberá utilizar “todos los medios de tratamiento inter- disciplinario que resulten apropiados”. El capítulo VIII de la ley 24.660 regula al interno el ejercicio de su derecho a aprender, adoptándose las medidas ne- cesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción”. La enseñanza será “preponderantemente formativa”, y se impartirá “enseñanza obligatoria a los internos analfabetos y a quienes no hubieran alcanzado el ni- Dentro de la órbita penitenciaria también aplica toda la normativa de carác- ter nacional que regula el sistema educativo extramuros, tal como las leyes Nº 26.206 de Educación Nacional, Nº 26.058 de Educación Técnico-Profesional, Nº 26.150 de Educación Sexual Integral y Nº 24.521 de Educación Superior. La ley de Ejecución de la Pena no establece la obligatoriedad de la educación para las personas detenidas, sino la obligatoriedad de su impartición dentro del los ámbitos penitenciarios. Es decir que si bien la educación no es una actividad obligatoria para las personas privadas de libertad, el Estado tiene el deber de ofrecerla y garantizar su acceso en todos los niveles cuya obligatoriedad esta- blecen los artículos 16 y 19 de ley 26.206. En el contexto penitenciario federal, la Dirección de Educación, Cultura y De- porte del SPF implementa las prescripciones legales en materia educativa y coordina los aspectos pedagógicos y de formación profesional. En su presen- tación, expresa que “la educación cumple una función primordial dentro del tratamiento del interno, brindándole una herramienta trascendental para su Derechos fundamentales dentro de los penales federales.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina incorporación al sistema social que lo espera a su egreso, apuntalando y rea- 8 . Bajo su coordinación, en los penales se desarrollan algunos (o todos) de los siguientes niveles educativos: alfabetización nivel primario o educación general básica (EGB), escuela especial para adultos o grado de observación pedagógica, nivel medio o polimodal, nivel superior (terciario o universitario). En términos generales, los estudios correspondientes a los niveles primario y medio se rigen según los planes establecidos en los currículos educativos de la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo, en los penales federales ubicados en la Provincia de Buenos Aires, la educación general básica (EGB) la lleva adelan- te la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. El nivel medio o polimodal funciona bajo la modalidad de bachillerato libre para adultos, que el nivel obtenido. En el nivel secundario, los cuerpos docentes provienen casi totalmente de las áreas educativas jurisdiccionales, en tanto que en el nivel primario la mitad proviene del propio Servicio Penitenciario. La educación terciaria y universitaria se implementa mediante convenios. En 2011 se encontraban vigentes convenios de diverso alcance con las Universi- dad Nacionales de Buenos Aires, Comahue, Patagonia, La Pampa, Formosa, del Norte, y con la Universidad Tecnológica Nacional, en cuyo marco se pueden cursar las carreras de abogacía, contador público, sociología, psicología, histo- - mación. Además de la educación formal y curricular en diversos niveles, los penales suelen contar con actividades formativas (para la formación profesional o la biblioteca y cultura. De las 9.500 personas alojadas en unidades del SPF en marzo de 2011, 64% se encontraban incorporadas a algún nivel del sistema educativo formal. Si bien este porcentaje no es menor, no debe pasarse por alto que aproximadamente el 35% de las personas detenidas estaban fuera de él. Teniendo en cuenta que se- gún cifras de 2008 (SNEEP) sólo el 15% de todas las personas detenidas tenía educación secundaria completa o más, es posible inferir que alrededor de la 8. http://www.spf.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Item id=98. Consulta del 15 de octubre de 2011. ADC - www.adc.org.ar página 77
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