Prevenir no es curar

II. Acceso a la educación
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Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
Es bien sabido que dentro de las cárceles la educación formal y el aprendizaje o
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to penitenciario. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU
1955 y 1977) sostienen que el tratamiento de las personas condenadas debe
estar “encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y a desarrollar
el sentido de responsabilidad”. Para ello, “se deberá recurrir, en particular, a
la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de
asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo y a la educa-
ción del carácter moral” (párrafos 65 y 66). También se indica que, en la me-
dida de lo posible, la educación en el ámbito penitenciario deberá coordinarse
con el sistema de instrucción pública (párrafo 77).
En consonancia con estas orientaciones (y en un lenguaje más moderno), la
ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad expresa que la
de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social,
promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad” (art. 1). Para ello, el
régimen penitenciario deberá utilizar “todos los medios de tratamiento inter-
disciplinario que resulten apropiados”. El capítulo VIII de la ley 24.660 regula
al interno el ejercicio de su derecho a aprender, adoptándose las medidas ne-
cesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción”. La
enseñanza será “preponderantemente formativa”, y se impartirá “enseñanza
obligatoria a los internos analfabetos y a quienes no hubieran alcanzado el ni-
Dentro de la órbita penitenciaria también aplica toda la normativa de carác-
ter nacional que regula el sistema educativo extramuros, tal como las leyes Nº
26.206 de Educación Nacional, Nº 26.058 de Educación Técnico-Profesional,
Nº 26.150 de Educación Sexual Integral y Nº 24.521 de Educación Superior. La
ley de Ejecución de la Pena no establece la obligatoriedad de la educación para
las personas detenidas, sino la obligatoriedad de su impartición dentro del los
ámbitos penitenciarios. Es decir que si bien la educación no es una actividad
obligatoria para las personas privadas de libertad, el Estado tiene el deber de
ofrecerla y garantizar su acceso en todos los niveles cuya obligatoriedad esta-
blecen los artículos 16 y 19 de ley 26.206.
En el contexto penitenciario federal, la Dirección de Educación, Cultura y De-
porte del SPF implementa las prescripciones legales en materia educativa y
coordina los aspectos pedagógicos y de formación profesional. En su presen-
tación, expresa que “la educación cumple una función primordial dentro del
tratamiento del interno, brindándole una herramienta trascendental para su
Derechos fundamentales dentro de los penales federales.