Prevenir no es curar

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página 68 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina no de trabajo y que en general manejan las personas encargadas de hacer el ser varias las personas a cargo del seguimiento de las distintas causas existen - riamente exista una planilla integradora de todas ellas. Esto implica que no hay una sistematización constante al menos de los datos básicos de cantidad de causas, tipo de delitos, etc. Otros manifestaron manejarse directamente con anotaciones de registro en las carátulas de los expedientes (por ejemplo, una letra “P” junto al número de causa para los procesados). La información que se genera a partir del contacto con los familiares es a ini- ciativa de necesidades concretas de cada caso, no a instancias de un criterio información se vuelca en cada expediente, principalmente traducida como in- cidentes de salud o pedidos de excarcelaciones, morigeraciones o medidas al- ternativas a la prisión preventiva, pero no surge de allí una sistematización que permita un panorama más general sobre cada una de esas cuestiones. A su vez, los defensores manifestaron contar con la posibilidad de disponer de informes socio-ambientales realizados por trabajadoras sociales dependientes de la defensoría, pero sólo algunos mencionaron efectivamente utilizarlos. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los defensores advirtieron que es un material valioso –haciendo algunas reservas sobre su interpretación según el juzgado que toque en turno sobre lo que ya hicimos referencia-, pero por los tiempos que implica su realización por la falta de recursos humanos, su efecti- va utilización se posterga hasta la etapa de juicio. Por último, esta falta de criterios estandarizados y homogéneos para generar, y defensorías no la remiten a falta de interés sino a una imposibilidad práctica de destinar tiempo y recursos humanos a esa tarea, sin descuidar cuestiones fundamentales relacionadas al seguimiento procesal de cada causa. V. Conclusiones diversas cuestiones: el encuadre normativo, la aplicación de esa normativa por parte de los operadores, la selectividad del sistema penal y las condiciones de detención. En cuanto a las contradicciones del marco normativo, a partir del análisis de expedientes y de las entrevistas realizadas, parecería que los operadores muestran dos tipos de actuaciones. Por un lado, una minoría se basa en la in- Prácticas y percepciones de operadores judiciales.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina terpretación de los códigos procesales a la luz de lo establecido constitucional- mente, y dicta la prisión preventiva como último recurso. Por el otro lado, la mayoría parecería optar por mencionar de manera formal la excepcionalidad de la privación de libertad y el derecho internacional o constitucional, para lue- go utilizar la normativa procesal como una herramienta funcional al encierro. Así, si bien la tendencia a las restricciones a la libertad establecidas en la regu- lación procesal estaría salvada por la propia jerarquía de las normas a través de los estándares constitucionales e internacionales, en la práctica sucede lo contrario. Una posible explicación de esta elección puede ser el mayor o menor peso de distintas variables en cada operador, como ser formación profesional (tipo de formación y actualización profesional, grado de involucramiento con los dere- chos humanos, entre otras), culturales o institucionales (recursos humanos y existencia de herramientas para brindar soluciones acorde a cada caso, etc.) ejerce, etc.). Por otro lado, la propia selectividad del sistema penal implica que la prisión preventiva esté cruzada por una cuestión social. De esta manera, los operadores se encuentran en la situación de decidir sobre la libertad de personas que en su mayoría se enmarcan dentro de un contexto de vulnerabilidad. A partir de las entrevistas realizadas, esto parece ser percibido por los operadores judiciales pero no se visibiliza al momento de decidir sobre la libertad o el encierro de las personas bajo investigación. Si bien el contexto social en principio es una circunstancia ajena a la competen- cia judicial y de los ministerios públicos (que sin dudas no son los principales responsables en dar una respuesta), es innegable que se trata de un factor con el que deben lidiar en su trabajo cotidiano y como tal integrarlo en las medidas que se tomen. Las decisiones judiciales de libertad o encierro que se toman sin tener en cuen- ta la variable social de la mayor parte de la población que nutre la prisión preventiva tienen consecuencias drásticas en la vida de esas personas y su entor- no familiar. Así, deberían estar previstas ciertas herramientas que busquen neutralizar esos efectos directos de las decisiones judiciales, tales como criterios institucionales de producción de información sobre la persona detenida y generar protocolos de actuación que faciliten el trabajo de los operadores y delimiten un ámbito claro para diseñar mecanismos de monitoreo y reclamos ante su incumplimiento. En este sentido, la actuación del poder judicial y de los ministerios públicos, así como la de sus funcionarios intervinientes en cada caso, podría ser más accesible para las propias personas privadas de libertad ADC - www.adc.org.ar página 69
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