Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
pueden ser atendidas adecuadamente en el penal, la presencia de niños es un
argumento al que puede recurrir la defensa para solicitar excarcelaciones
durante al detención preventiva o morigeraciones luego de la condena. Así,
en el actual contexto procesal “hay derechos que empiezan a depender del
informe social 12 ”.
desatadas o agudizadas por la detención se trasladen a la causa judicial
cuando la persona ya lleva un tiempo considerable privada de su libertad. En
estas ocasiones, la buena voluntad y el compromiso personal de defensores y
defensoras dan inicio a consultas, derivaciones o articulaciones que exceden
por completo su rol institucional. En términos generales, los operadores
judiciales conocen las vulnerabilidades de la población sobre la que actúan y
son perfectamente concientes de la selectividad y las limitaciones del sistema
penal 13 , pero también saben que no son facilitadores o trabajadores sociales
–ni por rol ni por formación.
Cuando la detención alcanza a personas cuya vida ha transcurrido en
situaciones de vulnerabilidad casi permanente, pareciera que el propio accionar
del sistema punitivo hace extensiva la pena a sus familias. La detención de
padres y madres de infantes, niños o adolescentes obliga a reordenamientos
familiares y domésticos que a menudo contribuyen a incrementar la desdicha
y el riesgo de los hijos. Así, sin estar procesados ni condenados, los familiares
resultan atrapados en grado diverso por la maquinaria de la punición.
Víctimas invisibles, carecen de juez natural para su causa y de instancias
institucionalizadas que puedan orientar y acompañar, no solo en la telaraña
procesal sino también en el agrietamiento de la vida cotidiana.
que ocasiona la administración de justicia. Si a la desigualdad se suman el
abandono y la indiferencia institucional, la pobreza económica se duplica
con la pobreza en derechos. Para no agudizar la espiral de desprotección
y vulnerabilidad en las familias, la persecución y la punición del delito no
deberían desentenderse de los efectos no jurídicos de la prisonización en las
personas detenidas y en sus familias.
12. Rubén Alderete Lobo, Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la Nación. Presentación
en el Seminario El informe social en el campo penal, organizado por la Defensoría General
de la Nación, 15 de marzo de 2011.
13. Un juez integrante de un tribunal oral del Departamento Judicial de Lomas de Zamora argumenta
en estos términos: “Gran parte de los delitos penales que llegan aquí [contra la propiedad,
y estupefacientes] son consecuencia de la marginalidad y la pobreza. Ante chicos de
19 años, con cuatro causas menores, y un paso previo por un instituto de menores, agravar las
penas u obstruir la excarcelación no resuelve nada: el mecanismo que produjo a este chico sigue
funcionando por fuera de lo judicial”. (Entrevista realizada el 28 de agosto de 2010).
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