Prevenir no es curar

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Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
de las situaciones (relatadas en las entrevistas) que afectaron especialmente
pueda pensarse fuera del contexto de la detención de los padres, no fueron
detectadas, percibidas o atendidas con la debida diligencia.
El artículo 297 del Código de Procesamiento Penal indica cuál es la información
que debe requerirse en el marco de la causa: nombre, apellido, alias, edad, estado
civil, profesión u ocupación, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio,
complementada con un escuetísimo informe ambiental que realiza la policía o
algún funcionario del Patronato en el primer momento de la detención, y que
pregunta muy someramente por el estado de salud, la situación familiar y la
condición socioeconómica. Esta información, que se incorpora al expediente,
rara vez dirige la mirada institucional hacia quienes quedan fuera del sistema
judicial pero resultan afectados por su accionar.
Un caso que nos fuera relatado en el marco de este proyecto por una
trabajadora social que se desempeña en el ámbito de la justicia penal de
la Provincia de Buenos Aires resume algunas de las consecuencias de esta
manera de proceder. Un matrimonio con tres hijos pequeños, en edad de
escolarización primaria, fue detenido en una causa por infracción a la ley de
estupefacientes. Ambos cónyuges fueron procesados, y el mismo juez, en el
mismo acto, les dictó la prisión preventiva. Una tía materna llevó a los tres
niños a vivir a su casa, distante unos 30 kilómetros del lugar de residencia
habitual previo a la detención de los padres. Cuando quiso inscribir a los
niños en una escuela próxima a su domicilio no pudo, porque no contaba con
la documentación de la escuela a la que concurrían antes. Cuando solicitó la
documentación a la escuela de origen tampoco la pudo obtener, ya que no era
la madre de los niños, ni su tutora. Como resultado de estas desinteligencias o
des-sincronizaciones institucionales, los niños estuvieron casi seis meses fuera
de ambos padres fue dictada sin dar intervención previa o simultánea a algún
dispositivo institucional que contribuyera a evaluar y eventualmente atender
la situación de los niños –mínimamente: la designación de la tía como tutora o
encargada. La intervención institucional fue posterior, a destiempo, y en buena
medida en respuesta a la preocupación e insistencia de las personas afectadas.
Sin entrar en detalles acerca de la frecuencia de situaciones similares a
la anterior, lo cierto es que el impacto de la detención en las familias –
especialmente en niños, niñas y adolescentes- no es foco de una mirada
sistemática. La defensa técnica suele estar al tanto del contexto familiar, que se
para la persona detenida. Al igual que la edad o ciertas enfermedades que no
Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal