Prevenir no es curar

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página 30 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina de mujeres detenidas por comercialización, distribución, almacenamiento o transporte de sustancias de uso prohibido. Por lo general, se trata de mujeres de edades diversas (entre los 25 y 45 años aproximadamente, aunque no son infrecuentes los casos donde las procesadas superan los 50 años), con hijos y a menudo con nietos. Según la información que surge de los expedientes, están acusadas de vender, en sus propias casas, dosis individuales de “paco”, cocaína o marihuana, o de almacenar parte de la droga que otra persona vende en la misma escala. Dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización de sustancias de uso prohibido son el eslabón más débil, más fácilmente reemplazable, y a la vez más expuesto: no manejan grandes volúmenes de dinero, de droga o de información pero son rápidamente señaladas o denunciadas por sus clientes / compradores y por sus vecinos. Además, suelen ser el centro de las investigaciones judiciales y policiales, que en ocasiones parecieran más preocupadas por perseguir al “minorista” que por averiguar quién le provee el producto que vende. Desde esta perspectiva, puede comprenderse la vinculación entre una mayor comercialización de sustancias de uso prohibido y el cambio en la composición por sexos de la población que históricamente fue mayoritaria en el sistema penal. En 2004, sólo el 7 % de las personas detenidas en cárceles federales eran mujeres, mientras que en 2007 esa cifra había trepado al 12 % (SNEEP 2007). Independientemente de cuál sea el delito por el que están procesadas, la mayor cantidad de mujeres encarceladas abre una serie de problemas novedosos para un sistema judicial y penal pensado y diseñado desde una óptica donde “detenido” era equivalente a “varón detenido”. El mundo del delito y el mundo carcelario fueron concebidos en términos masculinos: varones eran los que delinquían, varones quienes los investigaban y aprehendían, varones quienes los juzgaban, y también varones quienes los vigilaban durante el encierro. Así, como corolario natural de esta la mirada masculina, las consecuencias privadas (domésticas) de la detención del varón se resolvían en el ámbito de lo privado: en la unidad doméstica o la familia, encarnada en la mujer y en los lazos de reciprocidad y parentesco a los que pudiera apelar. Las esposas, madres o hermanas de los detenidos asumieron la responsabilidad prácticamente exclusiva por el bienestar de hijos, hijas u otras personas dependientes, siguieron el procedimiento judicial y además visitaron al preso, ocupándose desde afuera de su alimentación, vestimenta y salud. El padecimiento familiar y sus efectos en los niños (tales como privaciones, abandono escolar, estigmatización) podían generar compasión o caridad haya suscitado intervenciones sistemáticas por parte del Estado, ni siquiera por parte de las mismas instituciones que, al penalizar al adulto, castigaban también a su familia. Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina Por diversos motivos, durante la segunda mitad del siglo XX comenzó a aumentar la cantidad de mujeres privadas de su libertad. Esta situación fue percibida por el sistema penitenciario, que se adecuó en términos edilicios: en el sistema federal, por ejemplo, en 1966 se creó la Unidad 3 de Ezeiza (que lentamente fue reemplazando a la antigua Cárcel del Buen Pastor); en 1992 la Unidad 13 de La Pampa fue convertida en cárcel de mujeres; y en 1996 se resolvió crear la Unidad la Unidad 13 como la 31 tienen facilidades para alojar a mujeres embarazadas impacto de la población femenina en el sistema carcelario. sobre los cuerpos concretos de las personas detenidas, sean éstas varones o mujeres) aún no ha resuelto, de manera sistemática e integral, las implicancias directas que la detención de mujeres tiene sobre la esfera de lo doméstico, en particular en lo que respecta al bienestar y a la vida cotidiana de sus hijos. Es disposiciones referidas al procesamiento sin detención, a la excarcelación o morigeración de la detención en situaciones de especial vulnerabilidad –tales como edad avanzada, enfermedades terminales, embarazo o hijos menores de 5 años. Como resultado de estas excepciones, en la práctica judicial predominante la valoración de la situación familiar pareciera ser una estrategia de la defensa, apuntada a visibilizarla sólo en la medida en que habilita pedidos de excarcelación o morigeración. Personas ex – detenidas Las entrevistas realizadas a personas ex – detenidas indagaron acerca de: Año y lugar de nacimiento, educación, lugares de residencia, viviendas, tra- yectoria laboral previa a la detención, características generales de la familia de origen (padres y hermanos/as), características generales de la familia de procreación (conyugalidad, hijos –edades, escolarización, lugar de residencia). Familia conviviente al momento de la detención; ingresos; organización do- méstica y familiar; cuidado de niños; acceso a planes sociales. La detención en sí: información para la persona y para la familia durante el procedimiento. El encarcelamiento: salud, trabajo, educación, visitas, contacto con la defensa. ADC - www.adc.org.ar página 31
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