Prevenir no es curar

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Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
El Informe señala además dos cuestiones que marcan una línea de trabajo y
de intervención en la cuestión carcelaria: la enorme desconexión entre la
“sociedad carcelaria” y la vida social comunitaria extramuros; y la necesidad
de pensar la cárcel “como un problema interdisciplinario en su diagnóstico
y en su solución” (p.13). Ambas líneas refuerzan la idea central del informe:
la situación de las prisiones no se explica ni se resuelve desde adentro de la
cárcel. Analizar la cárcel es analizar también el sistema de administración de
justicia, y cualquier diagnóstico o propuesta de intervención debe trabajar
simultáneamente sobre ambas cuerdas.
En 1996, la ley 24.660 de ejecución de la pena derogó el antiguo reglamento
penitenciario de 1958, y estableció el control judicial permanente de todas las
modalidades de penas privativas de la libertad, explicitando que las personas
condenadas o procesadas “podrán ejercer todos los derechos no afectados por
la condena o por la ley y sus reglamentaciones” (art. 2). Será tarea del juez
de ejecución o del juez competente garantizar “el cumplimiento de las normas
Argentina y los derechos” de condenados y procesados (arts. 3 y 11). Atento al
supuesto lazo entre la privación de la libertad y el tratamiento interdisciplinario
para la adecuada reinserción social luego de cumplida la condena, la ley
establece también normas de trato de internos e internas, pautas de higiene,
vestimenta, alimentación, traslados, disciplina, trabajo remunerado, educación,
asistencia médica, relaciones familiares, asistencia pos-penitenciaria y acceso
a la información de las personas detenidas. Sin dudas, la ley se ha propuesto al
privación de la libertad.
Durante la década siguiente, los informes elaborados anualmente por la
Procuración Penitenciaria de la Nación entre 2001 y 2010 aportaron casuística,
propuestas de intervención más adecuadas. Sin embargo, los problemas que
abordaron fueron los mismos: en casi 20 años, el diagnóstico sobre situación
los problemas disminuyeron en intensidad, las soluciones de fondo están aún
pendientes.
A partir del año 2000, el Comité contra la Tortura (de la Comisión por la
Memoria de la provincia de Buenos Aires – organismo público extra-poderes,
autónomo y autárquico) comenzó a elaborar informes sobre la situación
carcelaria en la provincia. Bajo el título “El sistema de la crueldad”, los informes
señalan para las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense problemáticas
en esencia similares a las de las cárceles federales. Elaborados desde una
perspectiva marcadamente interdisciplinaria, los informes abordan las
Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal