Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
En esta doble perspectiva de castigo y corrección se articulan empírica y
operativamente la maquinaria judicial y la maquinaria penitenciaria. El sistema
judicial impone castigo sobre un acto (el delito cometido), pero el cumplimiento
de la pena se realiza por medio de una técnica punitiva que se ejerce sobre
un cuerpo y una vida (Foucault 2002 [1975]: 255). La función correccional
su naturaleza “criminal” o “desviada”. Si el afán correccional o reformador
(nave insignia de todo sistema penitenciario) requiere la relocalización y
distancia entre los métodos de una y de otra? Tal vez porque la dominación
y el disciplinamiento (educativo o correctivo) nunca se piensan ni se aplican
en abstracto. Al igual que el suplicio –aunque con menor intensidad– precisan
carne y hueso, y los cuerpos que manipulan la escuela y la cárcel son distintos
en tamaño, en resistencia / resiliencia y en su grado de “desvío”.
Las técnicas y procedimientos que organizan y gestionan la privación de
libertad a la vez que administran y evalúan la función correccional exudan un
plus de vigilancia y disciplinamiento que, en verdad, no es constitutivo ni de la
pena ni de la corrección. La vigilancia y el disciplinamiento que dominan la vida
en que se cumple la pena y se pone en marcha de la corrección. Entonces, la
cárcel es el lugar donde se cumple la pena en determinadas condiciones que
exceden la pena en sí.
Desde la perspectiva judicial, al acto delictuoso corresponde una pena; pero
desde la perspectiva social, la persona que cometió el acto merece un castigo.
Puede pensarse que el castigo social está constituido por las condiciones en que
se cumple la pena impuesta judicialmente: el castigo no es la pena en sí, sino
cumplirla en las condiciones que impone la cárcel. Ya que no puede ser público
dentro de las cárceles.
Encierro y resguardo procesal
Según el Informe Anual 2008 3 – Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución
de la Pena, elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal (Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), al 31 de diciembre de 2008 había
en Argentina 60.611 personas privadas de su libertad. De ellas, 54.500 se
encontraban en establecimientos penitenciarios federales o provinciales, y
6.000 en comisarías policiales 4 .
3. Ultimo informe disponible a inicios de este proyecto, en julio de 2009.
4. Según se indica en el informe, faltan datos de las comisarías de las provincias de Chaco,
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