Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
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teger los derechos de las personas encerradas sometidas a un proceso penal, y
evidenciar las consecuencias de la detención en sus familias.
A partir del trabajo de un equipo interdisciplinario (abogadas y abogados, una
antropóloga y trabajadoras sociales) el foco de indagación no se centró ni en
la normativa, ni en los aspectos procesales, ni en las condiciones de detención.
Más bien, se indagaron las prácticas institucionales (los “usos y costumbres”
de los operadores judiciales) para pulsar las lógicas informales que las nutren
y las reglas no escritas que a menudo las orientan. Los operadores judiciales
¿actúan en consistencia con la normativa, o aplican criterios interpretativos
singulares basados en una experiencia rara vez explicitada y contrastada?
También se miraron los efectos del funcionamiento del sistema penal sobre
las familias de las personas detenidas que, sin ser sus destinatarios directos,
reciben una porción nada deleznable de la pena y el castigo que imparte. ¿Qué
ocurre con los integrantes de familias que, casi sin ningún acompañamiento
institucional, deben reorganizarse (a menudo repartiendo a los niños), seguir
el proceso judicial, y ocuparse del bienestar de la persona detenida? Cuando
estas situaciones exigen aún más a hogares y familias que ya son vulnerables,
es inevitable pensar en el proceso judicial como un elemento que -involunta-
riamente- contribuye a generar nuevas situaciones de riesgo social.
Los hallazgos de estos dos ámbitos de indagación principales (las experiencias
de las familias, las prácticas de los operadores judiciales) fueron sistematiza-
dos en los artículos “Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal”
y “El uso de la prisión preventiva. Prácticas y percepciones de operadores ju-
diciales en el ámbito federal y de la provincia de Buenos Aires”. En conjunto,
ambos ilustran cómo la intervención judicial agrava, involuntariamente, las
mismas situaciones de vulnerabilidad (discontinuidad residencial, laboral,
educativa) que los propios operadores judiciales utilizan habitualmente como
indicadores de riesgo procesal.
El artículo “Derechos fundamentales dentro de los penales federales. Una mi-
en 2011 por el Servicio Penitenciario Federal para evaluar y comparar la situa-
ción de personas procesadas y condenadas en las unidades penitenciarias del
Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior del país. A partir del cruce
de información inédita relativa a acceso a educación, salud y trabajo es posible
procesadas y condenadas, sino también entre varones y mujeres.
A lo largo del proyecto, también se realizaron diferentes presentaciones judi-
ciales, entre las que se destaca un amparo por el derecho al voto de las perso-
nas condenadas alojadas en cárceles federales y la promoción de cuatro casos
de litigio para reparación de daños ocurridos durante la prisión preventiva.
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