Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
de situaciones de las que es a la vez síntoma y causa recorre ámbitos académi-
cos, institucionales y políticos. Ya se la conciba con una herramienta de polí-
tica criminal o como una medida cautelar para asegurar el debido proceso, es
imposible desconocer los efectos sustantivos y concretos de su utilización. Las
cifras de personas detenidas (condenadas y procesadas), así como su origen
social –perceptible, entre otras cosas, a través del nivel educativo 2 - constitu-
yen un elemento más que evidencia la selectividad y la discrecionalidad con
que opera el sistema penal.
Puesto que se aplica a personas cuya culpabilidad aún no está establecida,
la detención preventiva interpela –aún más que la cárcel- a la sociedad en su
conjunto pero muy especialmente a los ámbitos judiciales y legislativos que
la aplican y la regulan. Las tensiones entre las perspectivas de “ley y orden”
y de “debido proceso” (que priorizan de diversa manera la protección de los
derechos individuales en relación a la alarma social por la (in)seguridad y a su
solución mediante políticas o prácticas de “tolerancia cero”) parecieran domi-
nar todos los debates y establecer contradictorios parámetros de evaluación y
de desempeño para cualquier iniciativa. A ello se suman también las interpre-
sistema penal.
Las discusiones en torno a la prisión preventiva (su necesidad, sus usos, sus
consecuencias) transcurren en un escenario político donde ciertos actores y
grupos de interés abogan por un endurecimiento del tratamiento de todo lo
vinculado con la delincuencia. Ya no es sólo cuestión de alentar la “mano dura”
frente a la inseguridad, sino también de promover una indiferencia dolosa en
relación al encierro y a las problemáticas del encarcelamiento. Desde esta pers-
pectiva se soslayan las discusiones respecto a la violación de derechos de las
personas detenidas (condenadas o en prisión preventiva), y sobre el impacto y
racionalidad del énfasis en el encierro como única respuesta a la inseguridad.
Así, la atención al intrincado fenómeno de la prisión preventiva ha tendido a
perder protagonismo frente a debates más estructurales de las políticas cri-
minales y de seguridad. La preocupación por resolver un problema básico y
grave de violación de derechos humanos (la mitad de la población carcelaria
detenida sin condena) ha perdido terreno frente a infructuosas discusiones
mediáticas sobre la necesidad y conveniencia de endurecer las políticas de se-
guridad o, en el mejor de los casos, sobre cómo compatibilizar el despliegue del
aparato represivo estatal con el debido proceso legal y con la protección de los
derechos humanos. Esta situación ha perjudicado notoriamente la posibilidad
2. Según SNEEP 2010, de 60.000 personas detenidas en penitenciarías, 7% no tenía ningún nivel
de instrucción, 26% no había completado la educación primaria, y 40% la había completado
pero no había continuado hacia la educación secundaria. Es decir que tres cuartas partes de la
personas detenidas contaban con educación primaria completa o menos.
ADC - www.adc.org.ar
página 15