Prevenir no es curar

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página 128 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina La evolución en la interpretación del art. L141-1 resulta en parte del impacto del fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos en Gosselin c/Francia. En este caso, el acusado había sido arrestado por la policía y permaneció en pri- sión preventiva por su supuesta participación en el asesinato de uno de sus ex compañeros de prisión. La prisión preventiva fue extendida en varias oportu- Finalmente, se lo declaró culpable y fue condenado a 30 años de prisión. Sin perjuicio de ello, reclamó la responsabilidad del Estado por la duración de su prisión preventiva que terminó siendo de 3 años y medio aproximadamente. La CoEDH consideró que las razones judiciales para rechazar las solicitudes de judicial no había realizado los procesos con la debida diligencia y que había habido varios períodos de inactividad que se podían atribuir a las autoridades judiciales francesas. En base a esto, la CoEDH falló en contra de Francia, decla- rando que el período excesivo de la prisión preventiva había violado el art. 5 inc. 3 de la CEDH. 38 Si bien la carga probatoria de demostrar “culpa grave” o “negación de justi- cia” es muy alta y resulta menos frecuente tener un reclamo exitoso basado en L141-1 que en el art. 149 del Código Procesal Penal en aquellos casos que ambos sean aplicables, el L141-1 es más amplio en cuanto a las personas que pueden iniciar la acción. A partir de dos fallos de la Corte de Casación francesa con fecha 16 de abril de 2008 39 , se sostuvo que la acción conforme L141-1 no sólo queda abierta al detenido, sino también a sus familiares que sufrieron un daño indirecto como resultado de la prisión preventiva, lo cual se opone a la ac- ción según el art. 149 del Código Procesal Penal que es estrictamente personal al individuo que fue arrestado. c. Compensación por lesiones personales sufridas durante la prisión preventiva Los tribunales administrativos franceses han reconocido y extendido gradual- mente la responsabilidad del Estado por acciones de los servicios penitenciarios. En un primer momento el , máximo tribunal administra- tivo francés que marca la línea de las instancias inferiores, seguía un criterio sumamente restrictivo reconociendo la responsabilidad solo en relación a cir- cambio tendiente a un criterio más amplio implicó requerir una “culpa grave” o privada de libertad ( …) deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento”. 38. ECHR, Nº 66224/01, 13 de septiembre de 2005. 39. Casación, Civ. 1, 16 de abril de 2008, Nº 448 y 449. Encierro y reparación por daños y perjuicios.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina en relación a la supervisión de los detenidos 40 e incluso una “culpa simple” en lo relativo a la organización de la prisión. 41 Recientemente, el CE parece haber abandonado totalmente el requisito restrictivo de “culpa grave” y ahora requiere meramente una “culpa simple” para la mayoría de las actividades rela- cionadas a detenidos para hacer responsable al estado francés, principalmente en los casos que se reclamen indemnizaciones en virtud de muerte o lesiones de las personas privadas de libertad 42 . Esta evolución gradual observada en la posición del CE se vio indudablemente expresó en el caso Renolde c. Francia que el suicidio de una persona privada de libertad, que se encontraba bajo el régimen de prisión preventiva y que su- fría trastornos mentales, era atribuible a la imposibilidad de las autoridades francesas de brindar atención médica adecuada, violando el derecho a la vida del fallecido (art. 2 CEDH) y el derecho a no ser tratado de forma inhumana o degradante (art. 3 CEDH) 43 . IV. Conclusiones En ambos países se plantean tres vías principales de reclamo de indemnización por responsabilidad estatal: a) por la actividad judicial, b) por la aplicación de una prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento -sin mediar ne- gligencia judicial- y c) por actividad de los servicios penitenciarios o policiales. Por la actividad judicial, en la jurisprudencia de ambos países se requiere cum- plir con criterios de procedencia muy restrictivos. Sin embargo, en el caso de Francia parecería haber una tendencia hacia un criterio más amplio en virtud detalle menor que la carga de esa prueba recaiga en la persona que está recla- mando la indemnización cuando sería más acorde a las posibilidades de cada parte que sea el propio Estado el que tenga que demostrar que no hubo un accionar judicial negligente. Así, la persona tiene que soportar que el Estado cuestione su inocencia a tra- vés de una investigación que tiene como consecuencia una de las medidas más extremas como es la privación de la libertad –y a eso se deben sumar todas las cuestiones propias que transcurren durante el encierro en la persona detenida 40. Caso CE 3 de octubre de 1958, Rakotoarivony, Leb. P. 470. 41. Caso CE 10 de febrero de 1956, Volmerange, Rec. T. p. 751. 42. Caso CE 23 de mayo de 2003, Mme. Chabba. CE 9 de julio de 2007, Delorme. CE 17 de diciembre de 2008, Zaouiya. 43. Renolde c.Francia 5608/05 (2008) ECHR 1085. ADC - www.adc.org.ar página 129
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