Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
se reconoció la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por actividad
jurisdiccional lícita, derivada de la prisión preventiva dentro del plazo legal de
2 años. En este caso, los actores habían sido confundidos por la policía como
posibles autores de un asalto ocurrido en las inmediaciones de la zona por don-
de circulaban minutos antes del arresto, y resultaron privados de su libertad
por más de tres años, hasta que fueron excarcelados y posteriormente fueron
absueltos. En su sentencia el juez destacó: “No encuentro fundamento atendible
para que, hallándose admitida la procedencia de la responsabilidad del Estado
por su actividad lícita respecto del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no suceda lo
mismo con los daños provocados por la actividad jurisdiccional del Poder Judicial,
atento a que no se advierten diferencias en las reglas substanciales que exigen
la obligación de resarcir ante la producción de un daño respecto de quien se ha
perspectiva, considero que la presente contienda contiene un doble supuesto de
responsabilidad estatal por el dictado de una medida precautoria -prisión pre-
ventiva- que dentro del lapso temporal de dos años se reputa legítima y por ello
ingresa en el campo de la responsabilidad del Estado por actos lícitos; y por otra
parte por la prolongación de la privación de la libertad más allá de ese lapso” 23 .
c. Responsabilidad del Estado por plazo excesivo de la prisión
preventiva
en 1984 y con jerarquía constitucional desde 1994, establece que las personas
detenidas tienen derecho a ser juzgadas dentro de un “plazo razonable” o a
ser puestas en libertad, sin perjuicio que el proceso continúe 24 . La ley nacio-
25 establece que el plazo de prisión
preventiva no podrá superar los dos años sin que se haya dictado sentencia 26 .
En un precedente del año 1999, la CSJN reconoció la obligación de reparar los
23. Juzg. Cont. Adm. Nº1 Buenos Aires, “GMM y Ot. c/ Fisco de la Provincia de Buenos
Aires s/ pretensión indemnizatoria”.
24. Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Derecho a la libertad
personal. Inc. 5: 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
25. La ley 24.390/1994 regula los plazos de la prisión preventiva y es, en tal sentido,
reglamentaria del art. 7 punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
26. En el art. 1 de la 25.430 también se determina que el plazo podrá ser prorrogado
por un año más en virtud de la cantidad o complejidad de los delitos imputados. A
su vez, el art. 2 consigna que los plazos no serán considerados si se cumplen con
ADC - www.adc.org.ar
página 123