Prevenir no es curar

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página 116 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina de la pena? Por las características propias de esas instituciones y las lógicas que allí fun- cionan, muchas personas que están o estuvieron privadas de su libertad en cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos o institutos de menores tienen limitadas posibilidades de hacer funcionar los controles y de lograr que se res- peten sus derechos fundamentales. En aras de procurar una reparación inte- gral, el litigio civil de daños y perjuicios posiblemente sea una herramienta Con el objetivo de explorar esta vía, en este capítulo se reseñará brevemente el abordaje normativo y jurisprudencial vigente en Argentina y Francia res- pectivamente en los casos de resarcimiento civil de personas privadas de su libertad y luego sobreseídas o absueltas, o cuyos derechos fueron vulnerados durante la detención. 2 II. Argentina a. Responsabilidad del Estado por actividad ilícita La responsabilidad civil de los funcionarios públicos emana principalmente del artículo 1112 del Código Civil, que establece que “los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son com- prendidos en las disposiciones de este título”. Se trata de aquellos casos en los que se genera un derecho a indemnización de toda persona que sufra injustamente un daño como consecuencia de un irregular cumplimiento de las obligaciones legales de la función pública, ya sea por acción u omisión, ejecutada por un agente estatal “sin distinción alguna en cuanto a empleados o funcionarios, rentados u honorarios, de la rama ejecutiva, legislativa, jurisdiccional o judicial”. 3 A su vez, el art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos –con jerarquía constitucional a partir del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- consagra el deber de reparar. En palabras de la Corte Interamericana: “acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Esta- 2 vigente en países miembros de la Unión Europea. 3. Agustín Gordillo, Defensa del usuario y del administrado, “Capítulo XIX: La Responsabilidad Civil de los Funcionarios”. Encierro y reparación por daños y perjuicios.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina dos. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. La obligación de reparar se regula por el Derecho para ello disposiciones de su derecho interno.” 4 En este sentido, los elementos a probar de la responsabilidad extracontractual daño concreto –material o moral-, b) existencia de una actividad antijurídica -falta de servicio o error judicial- que se le pueda atribuir a un agente estatal y c) relación de causalidad entre a) y b). Error judicial Una persona que sufrió una prisión preventiva y luego fue sobreseída o ab- suelta, ¿tiene derecho a cobrar una indemnización por la privación de libertad - gados? El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es claro y sumamente restrictivo: “Para reconocer la posibilidad de responsabilizar al Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que origina el daño debe ser pre- viamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error “. 5 “la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automática- mente a consecuencia de la absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento –relativo obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un de- lito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor” 6 . Así, la CSJN ha rechazado en distintas oportunidades demandas contra el Es- tado Nacional en las que se pretendía reparar a quien fue sometido al encierro preventivo y luego sobreseído o absuelto, por entender que al momento de decretarse la prisión preventiva el poder judicial había actuado de manera fundada y conforme las constancias de la causa de aquel momento. En el caso “Lema”, para resolver desvinculando al Poder Judicial, argumentó así: “cabe se- ñalar que esta Corte ha desestimado reclamos semejantes fundados, como el caso, en los perjuicios sufridos como consecuencia de la prisión preventiva decretada 4. Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006, párr. 200. 5. CSJN, fallos 328:3797. 6. CSJN, “Cura, Carlos Antonio c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Est. Nacional) s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27 de mayo de 2004. ADC - www.adc.org.ar página 117
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