Prevenir no es curar

Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina
Aún menos esfuerzo se ha hecho para implementar las recomendaciones del
Relator para personas privadas de libertad relacionadas con el uso de la prisión
preventiva. Urge un estudio detallado, país por país, de la implementación de
la medidas cautelares y de los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de mo-
nitoreo y evaluación.
Guillermo Zepeda llamó al sistema penitenciario de América Latina una “bom-
ba de tiempo”, pero se asemeja más a un campo minado, con cientos de esta-
blecimientos donde en cada momento puede ocurrir una explosión que haga
trizas la credibilidad del sistema de justicia. En Bolivia, por ejemplo, donde
ocho de cada diez personas detenidas carece de sentencia, las prisiones se han
convertido en monumentos a la presunción de culpabilidad, en depósitos de
vidas truncadas, en la prueba viviente de la incapacidad del sistema de orga-
nizarse para impartir justicia. El número de muertos en incendios, motines y
riñas es tan elevado que rebasa la capacidad de indignación de la sociedad: en
Honduras hubo 78 muertos en los incendios de Ceiba (2003), y 107 en San Pe-
dro Sula (2004). En Higuey, Republica Dominicana, hubo135 muertos en 2005;
en Chile, en 2010, fallecieron 81 personas en el incendio de San Miguel; y en
2012, de nuevo en Honduras, un triste y desesperante record de 357 fallecidos
en la “granja penal modelo” de Comayagua. Allí, dos tercios de las 800 personas
privadas en libertad eran procesadas, presuntos inocentes. Nadie sabe – y a
nadie interesa- cuántos de ellos murieron y cuántos no hubieran estado allí si la
reforma en materia de medidas cautelares se hubiera aplicado correctamente.
Pongamos las cosas en claro: son los Estados y no solo las administraciones
penitenciarias quienes quemaron vivas a estas personas. Muchos de los presos
tal vez sean delincuentes, pero es imposible saberlo antes de juzgarlos. La ley
no es religión, ni el siglo XXI ni en el siglo XV. Los tribunales contemporáneos
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América Latina parecen autos de fe de una renaciente inquisición penal, fuegos
alimentados por el fanatismo de las políticas de mano dura y guerra contra las
drogas.
Mientras los gobiernos lamentan la falta de fondos para reformas, en muchos
lugares los presupuestos del poder judicial y de los sistemas penitenciarios re-
construcción de nuevas cárceles sin que se intente racionalizar el uso de la ca-
pacidad existente. Se demora la puesta en funciones de los jueces de ejecución
penal mientras las contra-reformas introducen cada vez más delitos no excar-
aumento incontrolable de la población carcelaria. Si la violencia que se vive en
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