Prevenir no es curar

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página 108 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina Puesto que esta era la opinión mayoritaria, en 2008 los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal N° 1, 2 y 3 dictaron una resolución conjunta ordenando al EN.CO.PE acreditar en el fondo de reserva de los internos bajo mandato de di- chos juzgados las sumas correspondientes a los descuentos efectuados según el inc. “c” del artículo 121 de le ley 24.660, así como abstenerse de efectuarlos en lo sucesivo. El 1° de noviembre de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la retención del 25 % establecida en el inc. “c”, art. 121 de le ley 24.660 28 . En su fallo, la Corte consideró que a la luz del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con jerarquía consti- trabajador el costo de su manutención, obligación que pesa por entero sobre el Estado en su deber de custodia de todas las personas sometidas a detención preventiva o condena. En nuestro sistema legal los fallos de la Corte Suprema de Justicia sientan una postura a seguir por los tribunales inferiores, pero sólo se aplican directamen- te al caso concreto. Por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ór- gano del que depende el SPF) deberá dictar una resolución aplicable a todos los - ya las sumas correspondientes. Más allá de los propósitos correccionales y resocializadores del trabajo penitenciario, lo cierto es que luego de salir en libertad, las personas ex – detenidas estigma que por lo conocido y previsible amerita ser encarado institucional- mente. Ya sea desde los patronatos de liberados, o desde las áreas de asistencia social del SPF, en colaboración con el EN.CO.PE., tal vez sería posible articular un sistema de pasantías de ex – detenidos en los talleres que producen para terceros dentro del penal, pero que también producen extramuros. Así, el trabajo en el contexto de encierro (que, a diferencia de la educación, no redunda - dente laboral para la vida fuera del penal. inconstitucionalidad”. 28. CSJN, “Méndez, Daniel Roberto s/ Recurso de casación”, sentencia del 1°/11/2011. Derechos fundamentales dentro de los penales federales.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina V. Reflexiones finales En términos generales, la información provista por el SPF muestra la preocu- pación institucional y la disponibilidad de no pocos recursos humanos y de infraestructura para atender cuestiones relativas a la educación, la salud y el trabajo de la población detenida en penales federales. Todo indica que el SPF cuenta con un nutrido cuerpo profesional, administrativo y penitenciario (al punto que son más los empleados que las personas bajo custodia) en condicio- nes de llevar adelante las acciones que aseguren la protección de los derechos de recursos para explicar el incumplimiento o el acceso incompleto a derechos tales como salud y educación. Dentro de este panorama general, pareciera que el acceso a educación, salud y trabajo presenta ciertas variaciones en función del tamaño de los penales. En los penales más grandes (Complejos Penitenciarios Federales I y II, y el Com- plejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires), que concentran la mayor cantidad de personas detenidas, y también el 80% de las personas procesadas, pareciera encontrarse la oferta más accesible a todos los niveles educativos (desde alfabetización hasta universitario) de la que participan por igual detenidos y procesados. De estos penales, los que alojan varones tienen los porcentajes más bajos de personas incorporadas a talleres: entre el 35% y el 42% -aunque debe tenerse presente que estos porcentajes representan alrededor de 700 personas-. También en Área Metropolitana, las Unidades 3 y 31, y el Mó- dulo V del CPF I (que reúnen 900 mujeres: el 85% de las detenidas y el 85% de las procesadas) cuentan con una oferta educativa similar y con un porcentaje mayor en talleres: aproximadamente el 60%. Fuera del área metropolitana se encuentran los penales más pequeños (en po- blación), que, con distintos niveles de seguridad, alojan cada uno aproximadamente entre 200 y 450 personas. En los de varones, la oferta educativa pareciera ser más limitada (primaria y secundaria), pero la participación laboral es más alta (ver Cuadro 3). En cuanto a la salud, varios carecen de médicos clínicos estables (Unidades 5, 8, 12, 14, 15 y 17); la U. 5 no cuenta con ningún profesional de salud mental –las demás tienen entre 1 y 3-, y todas tienen odon- tólogo. Los penales de mujeres en el interior del país (U.13 en La Pampa, U.22 en Jujuy y U.23 en Salta) alojan entre 20 y 90 mujeres. En ellos, la oferta educativa es sobremanera limitada, y la oferta laboral es despareja: las mujeres ocupadas oscilan entre el 50% y el 90%. Es decir que, respecto del acceso a la educación, la salud y el trabajo, los penales federales pueden ordenarse según dos variables: ubicación (metropolitana o no metropolitana) y sexo (de varones o de mujeres). Los penales metropo- ADC - www.adc.org.ar página 109
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