Prevenir no es curar

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página 106 Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina Respecto de las personas condenadas, la ley de ejecución de la pena (art. 127) - ción penitenciaria podrá autorizar que se destine como fondo disponible hasta el 30% del fondo propio mensual. En el caso de los internos procesados, sólo el 20% del fondo propio del salario se destina a fondo de reserva, quedando el 80% a libre disposición del interno 25 . El fondo de reserva se deposita en una cuenta corriente que tiene la unidad penal en un banco -por lo general, el Banco Hipotecario de la Nación. Además, para disponer de sumas superiores al 30% del fondo de reserva mien- tras dure la situación de encierro, la ley de ejecución establece que la unidad penal deberá dar intervención a la justicia (art. 128). En virtud de ello y debido al gran cúmulo de tramitaciones en este sentido, algunos juzgados han resuelto que los internos puedan disponer de la totalidad o parte de esas sumas por el mero trámite ante la unidad penal, sin necesidad de intervención judicial. Por ejemplo, en una resolución general de 2005, el Juzgado Nacional de Ejecución condenadas para que sus familias puedan acceder al fondo de reserva. Sostiene que dichos requerimientos dan lugar a “un cúmulo de tramitaciones e incidencias que, en el marco del colapso que atraviesa la justicia nacional de ejecución penal, actúa en desmedro de la resolución oportuna de las cuestiones aún más importantes que las patrimoniales, como por ejemplo, las referidas a la libertad. En con- - sición anticipada del fondo resultante del trabajo que cumplen los condenados intramuros, es que habré de autorizar de manera general que, a solicitud del interno, la autoridad carcelaria le haga entrega anticipada del fondo de reserva acreditado, siempre y cuando la - (art. 128 de la ley 24.660) o en los casos en que se lo solicitare para asistir a familiares a los que pudieran correspon- der alimentos, circunstancia que deberá ser previamente constatada. En el mismo sentido, será la respectiva sección de Asistencia Social la que habrá de determinar en cada caso el porcentaje que será entregado anticipadamente.” (Destacado agregado). Existen también casos donde las personas no retiran el dinero de su fondo de - tades- para retirarlo al salir en libertad. En ocasiones, esto se debe a trabas burocráticas o a que no cuentan con los recibos de sueldo (sin los cuales no es posible retirar el dinero) porque no han podido conservarlos. 25. Reglamento General de Procesados, Decreto 303/96, art. 110. Derechos fundamentales dentro de los penales federales.
Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina La ley 24.660 establece también que en caso de fallecimiento del interno, el fondo de reserva será transferible a sus herederos (art. 128). Sin embargo, las entrevistas realizadas por ADC a familiares de personas detenidas indican que, ante un fallecimiento, no se informa a la familia de su derecho sobre este dinero, de modo que rara vez acceden a él. Si el penal además queda a cientos de kilómetros del domicilio de los familiares, tal vez ni siquiera pueda realizar los trámites correspondientes. Con respecto al descuento del 25% destinado a costear los gastos generados al establecimiento penitenciario, el presidente del EN.CO.PE señaló que a partir de 2007, y debido a los reclamos de los internos por vía judicial, muchos jueces declararon inconstitucional dicha retención, de modo que en la mayoría de los casos no se descontó más y se lo devolvió como retroactivo. Así, ese porcentaje dejó de formar parte de los recursos del EN.CO.PE, que ahora recurre a otros fondos. Efectivamente, a partir de 2006 las Salas II y III de la Cámara Nacional de Casa- ción Penal dictaron numerosos fallos 26 declarando la inconstitucionalidad del artículo 121, inc. “c” de la ley 24.660. Al analizar la norma, los tribunales con- sideraron que la retención del 25% del salario del interno para costear gastos la vaguedad de la norma permite a la administración penitenciaria descontar los gastos que le ocasiona cada interno sin precisar en qué consisten esos gastos. Este marco de arbitrariedad imposibilita el control judicial de la medida: “Si el trabajo carcelario es considerado un deber y un derecho de los condenados, de conformidad con la normativa que rige (art. 107 de la la legislación laboral vigente, no me parece razonable ni equitativo que su retribución, de la que ya se deducen los aportes correspondientes a la seguridad social, se vea disminuida con motivo de “gastos” cuya destino sea la manutención del interno, pues ello es una obliga- ción que tiene el Estado, quien por lo demás a través de los órganos apropiados decidió su encierro, y debe asegurar que se les provea de todos los bienes indispensables para su subsistencia en el estableci- la Constitución Nacional” 27 . (Destacado agregado). 26. CNCP, Sala II “Trotta, Juan Marcelo s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”; CNCP, Sala III “Irusta Bárbara D. s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”; CNCP, Sala III “Bertello Liliana Lidia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”; CNCP, Sala III “Fontana Carlos Alberto s/ recurso de recurso de casación e inconstitucionalidad”. 27. Voto de la Dra. Ángela Ledesma en la causa ““Irusta Bárbara D. s/ recurso de casación e ADC - www.adc.org.ar página 107
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