Esclavos del franquismo en el Pirineo - Esclavitud bajo el franquismo

en el debate público, si las negativas de la Administración han
dado pie a recursos judiciales, a recomendaciones del parlamento
vasco para enmendar los criterios, ha sido gracias al trabajo
de la asociación Geureak 1936. Si no hubiera sido por esta
asociación, todo hubiera terminado en cuatro artículos y cartas
al director en la primavera de 2004, en el momento en que llegaron
la mayor parte de las cartas en las que se denegaban las
indemnizaciones. Sin embargo, gracias a su labor el tema ha
permanecido en el debate público, haciendo incluso que se
pronunciara al respecto el Ararteko (defensor del pueblo de la
Comunidad Autónoma Vasca), quien solicitó al ejecutivo vasco
que enmendara los errores cometidos en esta cuestión. Es
más, si finalmente se ha admitido el pago a los integrantes de
BDST y si el Gobierno Vasco ha decidido contar con los servicios
de la Sociedad Aranzadi, de reconocido prestigio en el
tema de la memoria histórica de la guerra y la represión, para
buscar nueva documentación, ha sido gracias a la presión social
y al debate promovido por la asociación Geureak 1936, por
más que podamos estar de acuerdo o no con el tono utilizado
en algún momento. Ignorarlo es ser ciego a los procesos históricos,
y olvidar la influencia de los movimientos sociales en las
medidas que se dictan desde el poder.
De todos modos, toda esta polémica es reveladora no sólo
de la mayor o menor torpeza de un gobierno u otro, sino del
estado de la documentación y la investigación relativa a la represión
franquista. Es justa, y por supuesto imprescindible,
una política de indemnizaciones económicas, pero ésta es
muy difícil si previamente no hay un conocimiento sólido sobre
el tema. Dicho de otra manera, parece que en los últimos
años se está intentado construir la casa por el tejado, y eso no
puede dar buenos frutos. Es normal que haya ahora una cierta
prisa por el pago de indemnizaciones, dada la avanzada edad
de las personas afectadas, lo que es más preocupante es que
estas medidas no vayan, en la mayor parte de los casos, acompañadas
de otras que impulsen la investigación y la difusión
social de esta realidad, algo que en el caso de los trabajos forzados
brilla por su ausencia, tanto en la Comunidad Autónoma
Vasca como en el resto del Estado español, con la excepción
andaluza sobre la que próximamente volveremos.
No sólo hablamos de cuestiones económicas, del pago de
indemnizaciones o del reconocimiento de responsabilidades
por parte de las empresas que se beneficiaron de ello. El desconocimiento
social de los trabajos forzados bajo el franquis-
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