Esclavos del franquismo en el Pirineo - Esclavitud bajo el franquismo

este tipo de explotación laboral y política. Ni RENFE, ni Dragados
y Construcciones, ni Banús, 355 por citar algunas de las
empresas más significativas, se han planteado nunca la posibilidad
de abordar esta cuestión, de solicitar algún tipo de perdón
o conceder algún tipo de indemnización a quienes trabajaron
gratuitamente para ellos.
Es más, en el caso español gran parte de las medidas públicas
de indemnización a las víctimas del franquismo han excluido
de esta cuestión no sólo a las empresas implicadas, sino
también a la mayor parte de los propios esclavos del franquismo,
al centrarse sobre todo en los presos trabajadores, y no en
los prisioneros. Así, el Congreso español aprobaba356 en 1990
unas indemnizaciones a quienes hubieran estado por lo menos
tres años en centros penitenciarios durante el franquismo, excluyendo
de estas ayudas tanto a los prisioneros integrantes
de Batallones de Trabajadores como a los de Batallones Disciplinarios
de Soldados Trabajadores.
Este criterio fue modificado en parte por algunos decretos
autonómicos posteriores, que bajaron el límite mínimo temporal
para acceder a estas ayudas, y que también incluyeron
como motivo de investigación la estancia en Batallones de Trabajadores,
y en algunos casos también la estancia en BDST. En
esta cuestión, al ser los decretos autonómicos muy similares
los unos de los otros, la aplicación práctica está dependiendo
sobre todo de la voluntad política de cada gobierno autónomo.
Algunos, como la Junta de Andalucía y la de Castilla-La
Mancha han optado por pagar también indemnizaciones a los
integrantes de los BDST, mientras que otros, como la Generalitat
catalana o el Gobierno Vasco excluyeron inicialmente a los
integrantes de estos batallones de la posibilidad de cobrar indemnizaciones,
rectificando posteriormente esta postura. 357
Este último caso merece una atención especial, ya que la
decisión de excluir a los integrantes de los BDST es una parte
355. Un listado de estas empresas aparece en el trabajo de Lafuente (2002:332-333).
356. Ley 4/1990, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para 1990.
357. Después de una larga polémica, recursos judiciales y de negarse a ello públicamente,
el Gobierno Vasco ha anunciado recientemente que efectuará estos pagos, tras una sentencia
del Tribunal Constitucional (STC 180/2005, de 4 de julio de 2005) en la que se afirma que
debe entenderse la estancia en BDST como privación de libertad. En un primer momento se
contestó a los prisioneros que su estancia en BDST era equiparable al servicio militar, pero en
cuanto se inició la polémica social al respecto se justificó la decisión en la exclusión de los
BDST del decreto del gobierno español. CONTINÚA ENLAPÁGINA SIGUIENTE.
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