Minería en tierras bajas de Bolivia (CEDIB, 2012)

CONCLUSIONES
Otro aporte de la escuela de las ciencias de la economía en el último siglo ha sido el establecimiento
de la estrecha relación entre ecosistemas y desarrollo. Al ser estos finitos, tal finitud deberá ser contemplada
en las proyecciones económicas de tal modo que se garantice su preservación como capital
y se minimicen riesgos ocasionados por actividades que no han contemplado su vulnerabilidad.
Estas precisiones son necesarias porque el nuevo Estado, no sólo planteó principios similares sino
que, al haberse constitucionalizado derechos en el área, se obligó a establecer estos equilibrios en
políticas y medidas económicas de las cuales la actividad minera no es ajena.
El nuevo Estado reconoció la economía plural con lo que invalidó la afirmación de que las cifras
de la minería en el PIB expresan que este modelo es el único adecuado y se obligó a tomar en
cuenta otras formas no sólo de economías sino también mecanismos para incluirlas en las cuentas
nacionales.
Todo ello debía discutirse y adoptarse en el ante proyecto de Ley Minera, acerca de la función
económico social de esta actividad; sin embargo hasta la fecha de finalización de este estudio, el
Gobierno no adoptó ninguna decisión sobre el derecho a veto de las comunidades consultadas
sobre operaciones mineras futuras, con lo que la economía plural tendría que ocurrir en sujeción
a los modelos que ya preexisten y que han sido reconocidos legalmente.
En el ante proyecto de Ley Minera en discusión, la institucionalidad que vele por la integralidad,
la economía plural, la inclusión de derechos indígenas, laborales, económicos y políticos, tendría
que concretarse a través de la creación de las Empresas Comunitarias Mineras y de la participación
del Estado, como socio; sin embargo, aun así, el modelo económico, las tecnologías, el modo de
producción y la fuerza de trabajo no se modifican.
En Bolivia a partir del año 2000, no sólo entró en crisis el sistema de partidos políticos sino también
se interpeló al modelo económico neoliberal de 1985; y en ello estuvo basada la Agenda de
los movimientos sociales que la impulsaron. Hoy en día muchos de estos movimientos sociales
se han preguntado si efectivamente quienes dirigen este proceso desde el Gobierno creyeron y se
apropiaron de estas reformas.
Aún en los planos más locales, con autonomías indígenas o no, la pregunta va a continuar sin respuesta.
¿Quién regula el mercado y los efectos de este en el desarrollo del país?
Las percepciones locales y las mismas intervenciones de ADEMAF pusieron en evidencia que la
minería ocurre sin control alguno en Bolivia. La minería informal ha desestructurado las redes
económicas rurales al grado que cuando esta actividad ilegal fue desmantelada las poblaciones se
preguntaron a qué se iban a dedicar, sintiéndose muy afectadas.
Los “operadores” de las actividades mineras que corresponden a los niveles de dirigencias supra
comunales, de muchas organizaciones sociales que postularon los cambios, hoy en día, también
han establecido nexos de extorsión, chantaje y “negociación” con las empresas mineras y los responsables
de las operaciones ilegales para dar curso a la explotación sin consulta de sus representados.
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