Las leyes del Llano y la - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Las leyes del Llano y la regulación del conflicto durante el período conocido como la
violencia en Colombia
En 1948, tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, se inició una guerra civil, con
consecuencias gravísimas en costos humanos. Este período se caracteriza por el alto
recrudecimiento de la violencia auspiciada por los jefes de los partidos tradicionales. A esa
violencia oficial respondió la resistencia de centenares de hombres que se levantaron en armas
y conformaron las famosas guerrillas liberales de los llanos orientales.
Durante la "Revolución del Llano" (1946-1953) y con la participación y el aporte intelectual del
abogado José Alvear Restrepo, hombre buscador de justicia, que no admitía la discriminación
ni los estratos sociales y que sentía profunda desconfianza y aversión por los partidos políticos
y sus maquinarias, se gestó un turbión de insurrección popular en donde los llaneros, en un
escenario de confrontaciones sociales, políticas, militares y culturales, se vieron impelidos a
declararse en rebelión e inventarse la lucha armada en forma concomitante con el surgimiento
y maduración de un pensamiento táctico, estratégico y político que reconfigurara el sentido de
sus luchas, y que quedó plasmado en las denominadas leyes del Llano, en cuya elaboración
José Alvear Restrepo tuvo una importante responsabilidad.
La atávica ausencia del Estado fue la principal causa generadora del conflicto, aunada a la
crisis de gobernabilidad así como a la precariedad de un organismo regulador y mediador de
conflictos que propiciaron formas privadas de monopolio de la fuerza, debilidad de lo público y
formas locales de autorregulación. Esta situación condujo a una guerra irregular que fue
tomando cuerpo y forma a medida que la relación de fuerzas y los conflictos dentro de cada
uno de esos "protoestados" se iban tomando en auténtica lucha de clases. La revolución
llanera dejó de ser en un momento un mero problema entre partidos para convertirse en una
verdadera insurrección popular, y con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán se
desató la riolada de guerra a muerte en las sabanas orientales.
El control territorial ejercido por las guerrillas en los Llanos imponía una regulación jurídica
diferente a la del Estado opresor, que no reflejaba los intereses del pueblo sino intereses
mezquinos, de lo que Gaitán llamaba la oligarquía; oligarquía tradicionalmente excluyente en lo
económico y social y con prácticas criminales en el ejercicio arbitrario del poder.
Inicialmente la primera ley del Llano aparece como una regulación jurídica auténtica y acorde
con los usos, costumbres y vivencias de esas comunidades. Se trataba igualmente de un
proceso de construcción de normas para una revolución que se abría paso y aspiraba a ser
Estado, a obtener una victoria que regularizara unas nuevas relaciones de poder *
La primera ley se expide en los Llanos el 11 de septiembre de 1952. Su intención y su
justificación se expresan en el preámbulo del documento, que dice:
"Debido a la ineptitud de la Administración de Justicia por parte de la Dictadura que rige hoy en
día los destinos de nuestra Patria, sistema que quedó abolido en los Llanos del Casanare, lo
mismo que en las demás regiones en donde impera la ideología liberal, gran parte de sus
miembros activos dentro del proletariado se levantaron en armas para reclamar el imperio de la
justicia y libertad, teniendo hoy en su poder, a base de luchas, experiencias y sufrimientos, bajo
nuestro control la Llanura y sus habitantes que viven pendientes del ritmo, orientación, justicia y
demás que queremos imponerles, está de nuestro sagrado deber proyectar y reglamentar la
vida civil, jurídica y militar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Que no habiendo reglamentación, acuerdos, decretos u ordenanzas que guíen el
comportamiento y la administración de justicia en la zona que dominamos, tanto las
autoridades como el pueblo están en perfecto descontrol y desacuerdo, imperando el
desconcierto y la anarquía en cada sector;
b. Que debido a lo anteriormente expuesto, los distintos comandos han venido procediendo con
diferente criterio, lo cual ha creado problemas de gran magnitud;

c. Que el pueblo desamparado y desorientado por tales consecuencias se halla agobiado en
gran parte, sin saber a qué atenerse;
d. Que los problemas a que nos referimos anteriormente abarcan en toda su extensión la vida,
honra y bienes de los asociados, como son la agricultura, ganadería, moralidad, etc. y la
administración de Justicia Civil y Jurídica sin reglamentación ni normas de ninguna naturaleza,
y
e. Que debido a la falta de experiencia y capacidad para poder reglamentar y organizar
debidamente la administración pública en todos sus aspectos, los comandos guerrilleros de los
Llanos Orientales propendiendo por el bienestar común y en reunión general de jefes y
comandos, fue aprobado por unanimidad y como aparece el presente proyecto".
Como se observa, se reconocen a sí mismos poder popular, con un control territorial en la
llanura y se sienten con el deber de regular la vida civil, jurídica y militar, temas incluidos en la
primera ley del Llano; se reconoce la dispersión en las formas nacientes de poder que no
tienen pautas comunes para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades del pueblo, más
grave aún en el ejercicio del poder. Se trata de buscar esas reglas del juego diferenciadas y
aplicadas conforme al entender de cada comando, que creaba problemas y eventuales abusos;
se trataba del principio histórico de pasar del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes,
es decir, del poder reglado.
Asimismo, la población no tenía certeza sobre sus derechos y obligaciones, situación propia de
procesos de transición de una legislación preexistente del Estado, considerada ilegítima, a una
nueva con ribetes revolucionarios. Había necesidad de reglar la justicia con principios mínimos
como el de la legalidad de las normas, que permitieran gobernabilidad y legitimidad al ejercicio
de la autoridad realizado por los comandos guerrilleros de los Llanos Orientales y que
propendieran al bien común en el marco de unas reglas del juego precisas, de consenso y
legítimas, ante las comunidades destinatarias y ante las nacientes autoridades revolucionarias,
de justicia o civiles.
Durante este período el conflicto armado estaba sujeto al derecho de gentes, reglado por la
Constitución de 1886, y que era bien conocido por los miembros y ex miembros de las Fuerzas
Armadas, quienes eran instruidos en la reglamentación y conducción de operaciones militares
en el campo de batalla.
Sin embargo, durante el congreso guerrillero de Vega Perdida se expide la segunda ley del
Llano, la cual se constituyó en un aporte al derecho de los conflictos armados, y que se
sintetiza así:
• Hace una distinción clara entre población civil y combatientes, definiendo los derechos y
deberes de cada uno de ellos. Establece las obligaciones de los combatientes para proteger a
la población de los ataques del enemigo y la conducción de las hostilidades. Se determina que
no se pueden aplicar las prácticas de sus enemigos, como saqueo, violaciones, tierra arrasada,
etc. Con esta legislación se hacen realidad los principios humanitarios de distinción, no
reciprocidad y distinción de objetivos civiles y militares, entre otros.
• Define normas relacionadas con la protección del ecosistema, como actividades encaminadas
a la producción de alimentos, la cual se destinaba a la población civil y a la tropa; establece
pautas de caza, teniendo en cuenta la conservación de las hembras necesarias para la
reproducción de la especie y los animales requeridos para la alimentación en el área de
influencia del movimiento guerrillero.
• Define en forma clara que la función de los combatientes es proteger al pueblo de los ataques
de las fuerzas militares del Estado y de sus organismos tanto de seguridad como paramilitares.
El artículo 138 dice textualmente: "El objeto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es la
defensa del pueblo y el enfrentarse en combate al enemigo, hasta obtener el triunfo para el
derrocamiento de la tiranía y la implantación del gobierno popular en Colombia".

• Sus ideales de justicia revolucionaria se hacen muy evidentes en el aspecto que atañe a las
operaciones en predios enemigos, planteadas en el artículo 234: "Cuando la revolución invada
territorio donde se encuentran familias conservadoras, debe respetar sus vidas, honra y bienes
y no practicar el sistema de "tierra arrasada". Es decir, frente a las prácticas y crímenes
cometidos por el adversario no se puede responder de la misma forma; la ética y la moral
revolucionarias imponen nuevas formas de actuación.
• Unifica la estructura de comandos por zonas, bajo un mando responsable, con el propósito de
evitar que cada quien organice operaciones de defensa o de venganza, en lugar de
operaciones de carácter militar.
Durante dicho Congreso se nombra el primer Estado Mayor General, compuesto por cinco
miembros, y se definen sus funciones; queda también elegido el Comandante en Jefe, así
como los comandantes de zona, todos ellos con funciones y responsabilidades claras. Esta ley
planteó lo que hoy en el Derecho Internacional Humanitario se define como el Mando
Responsable, para poder aplicar las normas y costumbres de la guerra.
• Legisla sobre la obtención de recursos financieros para desarrollar la empresa revolucionaria,
con mecanismos que van desde la expropiación de bienes del enemigo hasta el régimen
tributario, en el cual se aplica la premisa de que quien más tiene, más paga; plantea además
que los bienes del enemigo tendrán un impuesto más drástico.
• Dicta normas sobre delitos comunes y delitos contra la revolución y se organiza la
administración de justicia para evitar que la costumbre de actuar en la forma como lo hacían
sus enemigos se transformara en prácticas arbitrarias y autoritarias. Estas normas tienen
carácter educativo, formativo y de preservación de la moral y ética revolucionarias.
Se establecen simplemente los títulos de los delitos, se califican las penas desde seis meses
de prisión a un máximo de seis años, dependiendo de la gravedad del delito, y se determina la
pena de muerte para los casos calificados de gravísimos. Se regula la creación de cárceles y
colonias agrícolas, a cargo de los comandantes de zona, todo lo cual se implementa a través
de los consejos verbales de guerra.
Vale la pena destacar el artículo 133 que trata sobre los prisioneros de guerra: "Los prisioneros
de guerra serán tratados con todas las consideraciones, pero con la estricta vigilancia
necesaria para la completa seguridad".
Determina que la revolución tiene la responsabilidad de los huérfanos y huérfanas del conflicto,
razón por la cual se entregan, para su sostenimiento y educación, a los mejores padres de la
respectiva vereda.
Es importante entonces resaltar el profundo contenido humanista aprobado en la ley que
organiza la revolución; muchos de los aspectos desarrollados en ella no estaban siquiera
pensados por los Estados, ni se pueden especificar simplemente en el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra. La normatividad de la segunda ley del Llano nace de la práctica
revolucionaria, de sus ideales de cambio, igualdad y justicia; es elaborada con base en la
vivencia y no como simple copia de otras realidades. El hecho de haber estructurado pautas
legales para la resolución del conflicto armado en términos más cercanos y prácticos de
conservación de la vida y del ecosistema, revela la importancia del aporte de los
revolucionarios del Llano.
Posteriormente, cuando el movimiento guerrillero rompe con los jefes liberales y se comienza a
autofínanciar, como producto de las recuperaciones e impuestos y la expedición de la
Constitución del Llano, la cual constituía en la práctica un nuevo poder, la oligarquía propicia el
golpe de Estado del general Rojas Pinilla, quien ofrece la reconciliación. Esto lleva a una
amnistía total, general e incondicional, la cual fue incumplida por el Estado. Sin duda, este
antecedente en los acuerdos celebrados implica una aplicación de los usos y costumbres de la
guerra, en este caso para dar por terminado el alzamiento en armas.

Es necesario señalar que, según varios historiadores, murieron cerca de 400 mil personas
humildes y se beneficiaron los jefes de los dos partidos tradicionales y los detentadores del
poder político y económico. Hasta el presente todos estos crímenes han sido cubiertos por el
manto de la impunidad.
Tomado del libro Terrorismo o rebelión, del equipo Nizkor
*. Para mayor información consultar ver, José Alvear Restrepo, una gesta silenciada, Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 2000.