Discriminación y Comunidad Gitana

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asunto de esterilización sin previo consentimiento informado de una mujer gitana: Sentencia V.C. contra Eslovaquia, de 8 de noviembre de 2011. La demandante era una mujer gitana a la que en un hospital público, tras el parto del segundo hijo por cesárea, y ante los riesgos derivados de un eventual tercer embarazo, se la esteriliza, pero sin solicitarle previamente su consentimiento. El Tribunal considera que esta intervención paternalista habría lesionado su derecho al consentimiento informado, es decir, habría violado su derecho a la integridad personal (art. 3), pero también aprecia un cierto sesgo discriminatorio por motivos racistas. En efecto, la probabilidad de sufrir este tipo de intervenciones es mayor en relación con las mujeres gitanas dados los prejuicios racistas existentes en el país y, en particular, la idea de que las mujeres gitanas tienen demasiados hijos. Apoyándose, de nuevo, como hiciera en Orsus contra Croacia, en los informes de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y de otros organismos europeos que identifican tales estereotipos racistas, el Tribunal concluye que el Estado eslovaco no disponía de efectivas garantías para asegurar la salud reproductiva de las mujeres gitanas, por lo que lesionó el derecho al respeto a la vida privada y familiar del art. 8 del Convenio. Aunque el caso tiene connotaciones raciales en la medida en que la esterilización sin el previo consentimiento afecta de modo especial a personas vulnerables de grupos étnicos, el Tribunal no pasa a examinar, sin embargo, la eventual lesión del art. 14 del Convenio porque el personal médico no actuó de mala fe, ni hay pruebas de la existencia de un plan público sistemático de esterilización forzosa de las mujeres de la minoría étnica. El voto discrepante del Magistrado Mijovic llama la atención, sin embargo, sobre el hecho de que la connotación racial del caso es crucial para entenderlo y resolverlo. III. Conclusión: el Tribunal de Estrasburgo empieza a tomar en serio la prohibición de discriminación racial Así pues, la conclusión más evidente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de discriminación racial es que es posible identificar dos etapas, la primera, escasamente garantista y de argumentación jurídica muy pobre, que llegaría hasta las dos sentencias más importantes, Nachova, de 2005 y D.H. y otros, de 2007; y un segundo momento, a partir de tales sentencias, en el que el Tribunal comienza a tomarse en serio la protección de la igualdad étnica e incorpora las categorías del Derecho Antidiscriminatorio procedentes del derecho anglosajón que a su vez recibe el orde- 75 Análisis en profundidad namiento de la Unión Europea. Como hemos tenido oportunidad de comprobar, este giro copernicano no se hace sin vacilaciones y retrocesos; y no siempre se utilizan correctamente los conceptos relativos a la prohibición de discriminación. Podemos recordar las dos discutibles sentencias de Sala relativas a la segregación escolar de niños gitanos, Orsus y D.H. y otros. O cómo las últimas tres decisiones del Tribunal en materia de violencia racial (incluso con resultado de muerte) no han desembocado en la apreciación de móvil racista, a pesar de los sospechosos indicios en contrario. O, peor aún, cómo en la reciente Sentencia del caso Carabulea ni siquiera se utiliza el estándar de decisión acuñado en el asunto Nachova. En algunos ámbitos, como el de la expulsión de las caravanas, sigue vigente una línea argumental profundamente negativa. En definitiva, la jurisprudencia sigue albergando, a pesar de los innegables progresos, zonas de sombra. Un punto vulnerable de la jurisprudencia sigue siendo la utilización no excesivamente depurada de las categorías del Derecho Antidiscriminatorio. La Sentencia Muñoz Díaz es un buen ejemplo de ello. El Tribunal argumenta desde el (general) derecho de igualdad y no desde el (específico) derecho a no sufrir discriminación racial. Sin duda, el Tribunal ha ido adoptando una línea más garantista como efecto reflejo de lo que él mismo denomina “nuevo consenso europeo” en materia de protección de la igualdad étnica. Hemos podido observar cómo los documentos de otras instituciones del Consejo de Europa, en particular, de la ECRI, han sido determinantes en algunos casos emblemáticos, como el de Orsus contra Croacia, de la Gran Sala, pero también en otros, como V.C. contra Eslovaquia. Y es que la realidad que, en materia de convivencia étnica, retrata el Tribunal, como una especie de fotografía de lo que sucede en Europa, es enormemente preocupante. La violencia contra las minorías étnicas y, en particular, contra el pueblo gitano, es un fenómeno no coyuntural, sino sistemático; no local, sino global (aunque naturalmente mayor allí donde la población gitana es mayor, esto es, en Europa del Este); no leve, sino extraordinariamente grave; no reciente, sino histórico. Estamos hablando de personas que son asesinadas o apaleadas brutalmente, tanto por otros particulares como, con frecuencia, por agentes de la autoridad, tan sólo por ser gitanas. Personas que por ese mismo motivo no acceden a la educación normalizada. Etcétera. Se trata de ataques brutales a la dignidad humana y a los derechos más básicos. En este contexto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se empiece a tomar en serio la prohibición de discriminación racial es una magnífica noticia.
Discriminación y Comunidad gitana 2012 Apéndice: casos del TEDH citados 1) Agresiones racistas por agentes de la autoridad. Leading-case: Nachova y otros contra Bulgaria, de 6 de julio de 2005. Otras Sentencias: Velikova contra Bulgaria, de 18 de mayo de 2000. Anguelova contra Bulgaria de 13 de septiembre de 2002. Bekos y Koutropoulos contra Grecia, de 13 de diciembre de 2005. Bekos y Koutropoulos contra Grecia, de 13 de diciembre de 2005. Ognyanova y Chocan contra Bulgaria, de 23 de febrero de 2006. Stoica contra Rumanía, de 4 de marzo de 2008. Vasil S. Petrov contra Bulgaria, de 10 de junio de 2010. Carabulea contra Rumanía, de 13 de julio de 2010. Mizigárová contra Eslovaquia de 14 de diciembre de 2010. Dimitrova y otros contra Bulgaria, de 27 de enero de 2011. 2) Agresiones racistas vecinales y deficiente tutela judicial posterior. Moldovan y otros contra Rumanía, de 12 de julio de 2005 y Koky y otros contra Eslovaquia, de 12 de junio de 2012. 3) Expulsión de caravanas. Sentencias Beard, Coster, Chapman, Jane Smith y Lee contra el Reino Unido, todas ellas de 18 de enero de 2001 76 4) Segregación escolar. Leading-case: Sentencia D.H. y otros contra Chequia, de 13 de noviembre de 2007. Otras Sentencias: Sampanis y otros contra Grecia, de 5 de junio de 2008 y Orsus y otros contra Croacia, de 16 de marzo de 2010 5) Discriminación en frontera. Timishev contra Rusia, de 13 de diciembre de 2005. 6) Discriminación racial e imparcialidad judicial en juicio por jurados. Remli contra Francia, de 30 de marzo de 1996. Gregory contra Reino Unido, de 25 de febrero de 1997. Sander contra Reino Unido, de 9 de mayo de 2000. 7) Discurso racista y libertad de información. Jersild contra Dinamarca, de 23 de septiembre de 1994. 8) Matrimonio gitano y derecho a la pensión de viudedad. Muñoz Díaz contra España, de 9 de diciembre de 2009. 9) Origen étnico como causa de inelegibilidad electoral. Sejdic y Finci contra Bosnia y Herzegovina, de 22 de diciembre de 2009. 10) Esterilización sin consentimiento informado. V.C. contra Eslovaquia, de 8 de noviembre de 2011.
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