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Discriminación y Comunidad Gitana

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Casos de discriminación. Conclusiones y recomendaciones<br />

1. Conclusiones y recomendaciones<br />

Desde el Área de Igualdad de Trato de la Fundación Secretariado Gitano, tras el trabajo desarrollado de análisis y<br />

atención a las víctimas de discriminación en los 148 casos registrados, destacamos las siguientes conclusiones<br />

y recomendaciones:<br />

Conclusiones<br />

I. Continúa existiendo una alta permisividad, indolencia e impunidad al racismo<br />

y la discriminación hacia la comunidad gitana.<br />

II. Se produce una situación de indefensión de las víctimas de discriminación<br />

en el disfrute de derechos sociales básicos como el acceso al empleo y la<br />

vivienda, vitales en estos momentos de crisis económica.<br />

III. Se constata que los medios de comunicación continúan transmitiendo a<br />

menudo estereotipos negativos sobre la comunidad gitana, que dañan su<br />

imagen y vulneran el principio de igualdad.<br />

IV. Es preocupante el crecimiento del antigitanismo en internet y en las redes<br />

sociales, y las dificultades existentes para combatirlo.<br />

V. Las fuerzas de seguridad son un agente fundamental en la garantía del<br />

derecho a la igualdad, en cambio, seguimos registrando actuaciones<br />

policiales que lo vulneran o no lo protegen.<br />

VI. En España todavía no se ha cumplido con la obligación establecida<br />

por la Directiva 2000/43/CE, respecto a la creación de un organismo<br />

independiente que promueva la igualdad de trato y no discriminación<br />

de las personas.<br />

VII. Constatamos la existencia de discursos discriminatorios proferidos por<br />

algunos líderes políticos, siendo necesario el establecimiento de medidas<br />

contundentes que los impidan.<br />

VIII. La legislación vigente en nuestro país que promueve la defensa de<br />

la igualdad de trato y no discriminación, sigue siendo prácticamente<br />

desconocida e inaplicada en el ámbito jurídico español.<br />

IX. El Estado español a través del poder legislativo, ejecutivo y judicial deben<br />

establecer las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad.

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