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ARTICULO 63 Bis: Balance Social – Las empresas organizadas como sociedades anónimas de capital privado, estatal o mixtas, que hagan oferta pública de sus acciones en bolsa elaborarán anualmente un balance social, a través de sus administradores, el que se agregará a la memoria que prevé el artículo 66 y una copia del mismo se depositará y se remitirá al juez del registro en los términos del artículo 67. • El balance social recapitulará en un documento único los principales datos expresados en cifras que permitan apreciar la situación de la empresa en la esfera social, registrar las realizaciones efectuadas y medir los cambios producidos durante el año transcurrido y los dos años precedentes. Este último lapso de tiempo será obligatorio a partir del tercer balance social. • La información comprenderá los rubros empleo, remuneración y cargas complementarias, higiene y seguridad, otras condiciones de trabajo, capacitación, relaciones laborales y condiciones de vida de los asalariados y sus familias en la medida en que esas condiciones dependan de la empresa. • Los administradores seleccionarán el material que contiene la información y elaborarán el balance, haciendo la aclaración si ha sido o no consultada para ello la entidad o entidades sindicales que representan a los empleados de dichas empresas. • En la reglamentación se fijará la lista de la información, la que se adaptará a la modalidad de cada empresa para conocer mejor la situación social de los trabajadores. • La asamblea ordinaria anual prevista en el artículo 234, considerará el balance social y resolverá sobre su contenido. Para ello se remite a los accionistas el balance proyectado, al mismo tiempo que el balance patrimonial. • La empresa hará conocer a las comisiones internas gremiales con no menos de 15 días de anticipación, el proyecto de balance social que considerará la asamblea ordinaria anual. La comisión interna podrá poner en conocimiento de la asamblea las observaciones que le merezcan. • El balance que en definitiva se aprueba será presentado al Ministerio de Trabajo de la Nación y a las comisiones internas gremiales y se pondrá a disposición de los trabajadores de la empresa. Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 7.- Conclusión Las normativas internacionales, como la recientemente reglada en nuestro país y aún el proyecto de ley propuesto, limitan el rango de empresas obligadas a presentar Balance Social, a aquellas que cuenten con un plantel de trabajadores relevante y a las que coticen sus acciones en la bolsa. Si bien es cierto que existen algunas normas que regulan parcialmente ciertas cuestiones ambientales y sociales (Ej.: nivel de ruidos, afluentes, seguridad e higiene en el trabajo, étc.) que son aplicables a todas las organizaciones, es nuestra opinión que la información suministrada por el balance social debería ser proporcionada por todo tipo de organizaciones, independientemente del número de personal con que cuenten y debería estar accesible para quienes desearan consultarla y no solamente para las organizaciones sindicales que son, en virtud de esta 260 normativa los destinatarios particulares de la misma. Esta clase de informes podrían tener resultados transformadores, si el estado hiciera un buen uso de los mismos y los considerara dentro de programas de evaluación general. La falta de difusión que han tenido en la Argentina a nivel normativo, podría atribuirse al limitado alcance de la Ley, que resulta aplicable sólo a empresas de cierta envergadura; y a nivel de la comunidad académica y profesional, a una falta de vinculación con ciertas tendencias que aún dentro de concepciones tradicionales, están enfatizando la importancia de exteriorizar los impactos sociales de las organizaciones. Un management comprometido, con fuertes convicciones y acciones concordantes con los criterios de sustentabilidad, permite que la empresa sea valorada por sus clientes internos, externos y la comunidad. Y esto se traduce en éxito. En este contexto, el rol de los asesores en gestión es de gran relevancia, fundamentalmente en la capacitación y concientización de los directivos de las empresas, en la elaboración veraz de los índices de sustentabilidad y en la transparencia de la registración de las operaciones. BIBLIOGRAFÍA : • Adela Cortina (ed.), Construir confianza. 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