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LA PRIVATIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO |
Como vemos, en lo que atañe a obras huérfanas, la extensión del
monopolio sobre fonogramas contribuye a profundizar esta situación.
En términos amplios, mientras más demoren las obras en entrar al dominio
público, más riesgos corren de terminar olvidadas y perdidas para
siempre.
La recuperación para el dominio público
Frente a estos problemas, urge la necesidad de comprender el interés
público que revisten las obras de nuestro acervo cultural común.
Un dominio público rico y dinámico nos permite construir, como sociedad,
sobre lo que otros nos han legado, y es también una excelente manera
de promover la participación ciudadana en la formación de su
sentido cultural e histórico. Por otra parte, el dominio público no es 'tierra
de nadie', sino el acervo cultural común, y los gestores culturales y
legisladores deben comprender, con ayuda de la ciudadanía y organizaciones
sociales y civiles, que no proteger este acervo es ir en contra del
interés público, y que privatizarlo con medidas como la extensión de fonogramas,
es tan grave como delegar en manos privadas la gestión de
todos los medios de comunicación o el espectro radioeléctrico, entre
otros tantos bienes comunes privatizados sin evaluación de las consecuencias.
Recuperar para la sociedad el dominio público tiene varias
aristas, conceptuales, políticas y regulativas, pero sobre todo, muchos
opositores; sólo una voluntad política coherente puede impedir que el
acervo común continúe expropiándose de la sociedad para ser otorgado
a manos privadas.
Uno de los proyectos de digitalización de acervos culturales más
importantes que tiene lugar en Argentina actualmente, la digitalización
de los archivos de la Radio y la Televisión Públicas de Argentina, está
notoriamente restringido en su accionar por el marco legal vigente. Canal
7 cuenta con una cantidad incalculable de cintas, registros, grabaciones
de los últimos 50 años del siglo XX que, en peligro de deterioro y
olvido, pueden ser recuperados para el dominio público y la memoria
de nuestra sociedad. Dentro de ese enorme legado se encuentran documentos
históricos de valor incalculable: las transmisiones en cadena nacional
de los discursos presidenciales, los noticieros, programas de
entretenimiento y registros documentales con alto valor testimonial, como
los Juicios a las Juntas Militares realizados en 1985, durante el gobierno
de Raúl Alfonsín.
Parece sencillo y casi obvio decir que las emisiones en cadena nacional
de los discursos presidenciales deben ser de dominio público, sin
embargo, la Ley 11.723 todavía asigna a los políticos y a sus herederos la
“propiedad” sobre sus discursos. Pese a esto, nadie se atrevería a decir
que un discurso presidencial emitido en cadena nacional podría ser de
propiedad privada, aunque sería importante que esto sea explícito en el
texto de la ley. El caso de las noticias es, afortunadamente, bastante más
sencillo: la Ley Noble (en homenaje a su redactor, Roberto Noble) especifica
que las noticias se pueden reproducir y reutilizar en todo o en
parte, con la sola condición de que se cite la fuente cuando se reproduce
textual del original. Esta cláusula legal excepcional en una ley restricti-
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