arcopy

Introducción
Beatriz Busaniche*
El informe 2010 de Consumers International[1] indica que
Argentina es el sexto país del mundo en el ránking de las legislaciones
de derechos de autor más restrictivas. Después de la reciente
modificación de la ley chilena, Argentina pasó a ser el país
con la peor norma de América Latina, seguido por Brasil que está
en proceso de debate y modificación de su ley.
Una investigación realizada por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) da cuenta de que sólo 21 países
entre aquellos que cuentan con regulaciones de derecho de autor
no otorgan excepciones para el trabajo de las bibliotecas: entre
ellos se encuentra Argentina[2].
Argentina no tiene excepciones a bibliotecas que permitan el
acceso a la información y el conocimiento, no tiene excepciones
educativas que permitan un ejercicio pleno del derecho a la educación,
no cuenta con cláusulas de uso justo que faciliten la parodia
o la obra derivada, la cita está sólo permitida con fines
didácticos y hasta 1.000 palabras u 8 compases. En Argentina, la
copia privada también cae entre las conductas penalizadas si se
realizan sin permiso del autor. El pasaje de un CD a un MP3 para
llevar la música de forma más cómoda, la fotocopia de algunos
capítulos de un libro para subrayarlo, trasladarlo o sólo estudiar;
la compaginación de una serie de canciones para compartir con
alguien, la grabación y cambio de formato de una producción audiovisual,
el mash up, el remix, son conductas consideradas criminales,
y violarlas conlleva una sanción penal. A esto se suma
que sucesivas leyes de promoción del libro y la lectura van exactamente
en el sentido contrario de su título: son leyes de fomento
de la industria editorial que les dan poderes de litigio para sostener
y profundizar las restricciones.
Como si esto fuera poco, Argentina también carece de dominio
público pleno, ya que una vez vencidos los plazos de monopolio
privado sobre las obras, estas ingresan a lo que se denomina
dominio público pagante u oneroso. Esto significa que ya no hace
falta pedir permiso, pero aún así hay que pagar por el uso y redistribución
de las obras.