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de los argumentos más escuchados sobre la necesidad del copyright como
motor de innovación y cambio, es un postulado falso. Los nuevos
modelos que proponen algunas de estas iniciativas, son parte del horizonte
hacia el cual caminamos, pero también constituyen soluciones
parciales, en la medida en que todavía queda, del otro lado de la cerca,
un enorme acervo cultural que no está disponible para la mayoría de la
población.
Cambiar el paradigma es una acción política, donde es necesario
construir consensos y dialogar con quienes toman las decisiones políticas
en representación de la ciudadanía común. En este sentido, entendemos
que una reforma propositiva de las leyes de derechos de autor y
conexos, y las leyes que regulan el acceso a la cultura en nuestro país, es
una tarea urgente, que no puede ser postergada.
En el contexto mundial actual, y con el rigor que imponen los tratados
internacionales, cambiar el statu quo implica enfrentarse a organizaciones
como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tratados como
el ADPIC (Acuerdos sobre Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio) y el Convenio de Berna, ambos regulatorios
en materia de derecho de autor, deben ser necesariamente evaluados
no sólo para que la mayoría de la población pueda acceder a lo que
es propio (los bienes culturales), sino para analizar en profundidad las
consecuencias que estos tratados tienen sobre la soberanía cultural, tecnológica
y política. Por su rigidez, el sistema de derechos de autor en Argentina
es considerado, según investigaciones independientes, uno de
los peores del mundo y el peor de América Latina.
Por todas estas razones, y con la convicción de que la construcción
de una ley más justa nos atañe a todos, proponemos algunos puntos
esenciales para una ley de derechos de autor más inclusiva, amplia y democrática:
• que se introduzcan excepciones y limitaciones que permitan a las
bibliotecas tanto públicas como privadas, populares, especializadas,
universitarias, sea en sus versiones en papel como en digital, ejercer
su función plena de difusión y acceso a la información;
• que se brinden amplias excepciones y limitaciones al copyright para
materiales educativos, para estudiantes y docentes, que en las condiciones
actuales se encuentran seriamente restringidos para ejercer
con libertad su pleno derecho a la educación;
• que se permita digitalizar y recuperar para el acervo común las
obras huérfanas de nuestra cultura, en particular, aquellas obras
descatalogadas que no están accesibles por la vía del mercado;
• que las penalidades en relación a la elusión de medidas técnicas
sean efectivas sólo en el caso de una comprobada y concreta violación
de derechos de autor, es decir, que no se penalice a quienes
eluden los DRM para hacer un efectivo ejercicio de sus derechos;