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LA OSADÍA DE PENSAR DISTINTO |
ca. Cuatro años más tarde, ese documento fue tomado por la Presidenta
Cristina Fernández como fundamento del proyecto de Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, en un contexto particular de disputa política
con el Grupo Clarín.
Sólo tres puntos para expresar el espíritu de esta norma. Uno, el reconocimiento
de los tres sectores en el campo de la comunicación: privado
comercial, público y sin fines de lucro. Dos, la reserva para este
último del 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Tres, los límites
a la concentración de medios, con un máximo de diez licencias
permitidas, topes para cada tipo de medio y límites por zona geográfica.
Antes de llegar al Congreso de la Nación, el proyecto recibió 512
modificaciones, incorporadas a partir de las instancias de consulta convocadas
por el Poder Ejecutivo a través de foros en todo el país. AMARC
Argentina participó activamente de ese proceso. Una de las enmiendas
que impulsó fue incorporada en el artículo 4º de la Ley, que ahora establece
que las emisoras comunitarias “Son actores privados que tienen
una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones
sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental
es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del
medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento
y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales.
En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura
geográfica restringida.”
En medio de enfurecidos discursos donde pocos intereses quedaron
velados, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada
por el Senado de la Nación el 10 de octubre de 2009 con 44 votos a favor
y 24 en contra[3]. Sin embargo, desde los primeros meses de 2010 su
aplicación se encuentra suspendida por una serie de medidas judiciales
definidas a partir de presentaciones particulares y de discutible legalidad
y legitimidad.
Cinco
El derecho a la comunicación es un derecho humano inalienable y
central. Completa el conjunto de derechos que nos permite constituirnos
como ciudadanos y ciudadanas y es vehículo de otros derechos, es un
elemento necesario para la posibilidad de su cumplimiento o, al menos,
de su conocimiento y su demanda.
Desde su concepción como derecho humano en 1949, la libertad de
expresión comprende las facultades de investigar, buscar, recibir y difundir
informaciones, opiniones e ideas a través de cualquier medio: radio,
prensa escrita, televisión y otros servicios de comunicación
audiovisual, expresiones artísticas, demostraciones culturales o cualquier
otro soporte.
El acceso de todas las personas a la comunicación implica la universalización
de la cobertura y la posibilidad de optar entre una variedad
de mensajes que garanticen la diversidad. La participación ciudadana
en los procesos comunicacionales se manifiesta en la posibilidad de emitir
mensajes, de discutir decisiones editoriales y de incidir en las políti-
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